Por Rosella Alonso Frau

En las últimas semanas ha sido noticia la implantación de una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Alicante por la que la policía ha empezado a multar a las personas que viven en la calle, así como a las trabajadoras sexuales. Se trata de una norma impulsada por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, que ha recibido el rechazo de los colectivos sociales. Desde el Ayuntamiento la defienden con el argumento que “ayuda a la convivencia cívica”, desde los colectivos la califican de “ordenanza de la vergüenza”. A partir de ahora, la Administración Pública alicantina puede desalojar de las calles y multar con hasta 3. 000 euros a las personas sin hogar. Pero esta prohibición no viene acompañada de alternativas habitacionales o habilitación otros espacios. Las personas afectadas denuncian que es una nueva forma de cronificación de la pobreza.

Se trata del último caso de aporofobia del Estado español, pero no es la primera vez que una legislación criminaliza la miseria. Ya en el siglo XIX, en Europa, proliferan los discursos que relacionan pobreza, vicio y crimen y se extienden las propuestas moralizadoras que tratan de combatir la primera. Era una época, tal como dice el historiador de la ciencia Ricardo Campos, en que se daba una explicación biológica a la pobreza, naturalizando su origen y obviando las explicaciones socioeconómicas.

Nos encontramos ante una ideología que se enmarca dentro del higienismo, una corriente de pensamiento que nace en el siglo XIX, con la industrialización y crecimiento de las ciudades, según la cual los médicos higienistas defendían que la pobreza era una enfermedad social causada por la degeneración física y moral de las clases obreras. Buscaban el origen de la miseria económica en los hábitos de vida de quienes la sufrían y no en el sistema que las oprimía, ni en la carencia de las infraestructuras necesarias para neutralizar las profundas desigualdades económicas y sociales que se estaban produciendo.

Igualmente, catalogaban a las clases obreras como peligrosas. Defendían, como solución, el saneamiento de los lugares donde habitaban y trabajaban, pero también su adoctrinamiento moral. Podemos identificar aquí uno de los orígenes del estigma y rechazo contra las capas más pobres de la población. Así como de la persecución legal de la pobreza y otras manifestaciones consideradas como inmorales, tales como la homosexualidad o la prostitución.

Enlaza, también, con el concepto de “mala vida”, que introdujo la criminología italiana en la misma época, entendimiento como una inadaptación moral de la conducta, un situarse fuera de la moral imperante que decidía qué conductas eran o no eran aceptables. Bajo el paraguas de “mala vida” se encuadraba a prostitutas, homosexuales, mendigas, trotamundos, estafadoras, gitanas, etc. Personas a las cuales se consideraba desviadas.

Así, frente a la burguesía, a la cual se definía cómo limpia, sana y honesta, situaban a las clases obreras, a las cuales tildaban de inmorales, subversivas y peligrosas. Con estas definiciones, la burguesía era identificada con la normalidad, en contraposición a aquellas personas que debían ser normalizadas y gobernadas.

Amparadas en estas ideas, se introducen reformas penales en toda Europa basadas en la prevención del delito. Como hay una parte de la población a la cual se considera peligrosa por causas naturales, se legisla buscando una estrategia preventiva del delito al cual se considera que esta población es proclive. Pero en ningún caso se ofrecen mejoras materiales.

Nos encontramos en un momento, los años 20 y 30 del siglo XX, en el que la criminología y la psiquiatría trabajan de la mano desarrollando el concepto de “peligrosidad social”. En España hay dos entidades, fuertemente entrelazadas, que encabezan este debate: la Asociación Española de Neuropsiquiatria y la Liga de Higiene Mental.

La primera fue fundada en 1924 en Barcelona con el objetivo de regular y desarrollar los conocimientos de la incipiente disciplina psiquiátrica en el Estado español. La segunda fue creada dos años después, a instancia de la anterior, y su objetivo era difundir los postulados higienistas entre la población. Mientras la primera estaba formada exclusivamente por médicos psiquiatras, la segunda integraba también a higienistas, psicólogos, militares, juristas, etc.

La Liga de Higiene Mental hablaba, explícitamente, de la necesidad de implantar medidas sanitarias que protegerían a la población de las enfermedades mentales y que prevendrían contra la criminalidad, la delincuencia y el vagabundeo. Con esta finalidad, defendía la necesidad de implantar un Código Penal que recogiera el concepto de peligrosidad potencial de algunas personas.
Esto se materializó en la reforma penal de 1928 propugnada por la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Y se amplió con nuevas leyes instauradas por la II República (1931-1939), como por ejemplo la ley de defensa de la República o la ley de orden público. Pero especialmente con la ley de vagos y maleantes de 1933.

Fruto de las circunstancias bélicas que acabaron con la República y del régimen dictatorial que vino después, se tiende a pensar, desde las izquierdas, que el periodo republicano fue un espacio de libertad, tolerancia e igualdad donde la disidencia política era totalmente respetada. Pero la realidad es que también la República tuvo sus sombras.

Si bien se introdujeron ciertas dosis de libertad y tolerancia en algunos aspectos, también fue un tiempo de represión en varios ámbitos. Así, por ejemplo, a pesar de que en 1931 se abolía el Código Penal de 1928 al que hacíamos alusión antes, fue sustituido por el anterior de 1870, que castigaba toda conducta sexual adversa como “abusos deshonestos”.

El 4 de agosto de 1933 las Cortes de mayoría socialista aprobaban la ley de vagos y maleantes, que suponía profundizar y remarcar la idea de peligrosidad social. Esta ley, según su propio texto explica, perseguía a “holgazanes”, “rufianes y proxenetas”, personas que cometían pequeños robos, “trotamundos profesionales”, jugadores, “bebedores y toxicómanos habituales”, personas que usaban identidades falsas, extranjeros con órdenes de expulsión, personas que no justificaban la posesión de dinero o bienes y personas con “inclinación al delito”.

Del mismo modo, también sirvió para arrestar a militantes anarquistas y comunistas con varias detenciones en manifestaciones o redadas. De hecho, a partir de final de 1933, con la llegada al gobierno de los partidos de la derecha, la indiscriminació en la hora de aplicar esta ley a cualquier disidente político se incrementó significativamente, mostrando el grado de control social al cual se aspiraba.

Una de las cosas que propugnaba el texto legal era que las personas “en estado peligroso” tenían que ser rehabilitadas apartándolas de la sociedad, para la protección de esta. Con este motivo abría en 1934 el primer campo de concentración republicano en Alcalá de Henares, al que seguirían otros, funcionando como una colonia donde las personas detenidas por este motivo cumplirían su pena.

Foto de presos en el Campo de Concentración de Alcalá de Henares. Revista Estampas n.º 345, 18 de Agosto de 1934. J. Quilez Vicente.

Por lo tanto, observamos que los individuos perseguidos por esta ley coinciden con los que señalaba la doctrina de la “mala vida” y del higienismo, a la vez que declaraba que tener trabajo era el principal indicador de normalidad social. La consecuencia última era la criminalización de la pobreza.

Durante los primeros meses de la Guerra Civil, cuando tiene lugar la revolución social anarquista, encontramos cierta apertura en temas referentes a la moralidad y la sexualidad. Como explica el investigador de movimientos políticos disidentes y radicales Piro Subrat, entre las filas libertarias continúa imponiéndose como norma la heterosexualidad y la defensa de la familia, pero es donde encontramos una mayor apertura que en cualquier otro postulado político coetáneo. Prueba de esto son las revistas de contenido sexológico publicadas -por ejemplo Estudios-, la extensión del nudismo, el incremento de la tolerancia sexual o las criticas al matrimonio.

Esta apertura moral tiene como consecuencia un cambio en el trato hacia la prostitución, que si hasta ahora había sido perseguida por las leyes antes nombradas, ahora empieza a leerse en términos de clase, como una explotación económica, y no tanto en términos morales o legales. Desde organizaciones como Mujeres Libres se trabajó por la dignificación de las mujeres que se dedicaban a la prostitución, a través de la formación, evitando la criminalización imperante en momentos anteriores.

Explica Marta Venceslao, en su libro Putas, república y revolución, que las trabajadoras sexuales, si bien se sumaron a las movilizaciones obreras y a las milicias, siempre fueron vistas como clase obrera subalterna, situadas fuera de la norma y necesitadas de “redención”. Esta palabra no es casual, bebe de la herencia católica que continuaba manifestándose en el imaginario alrededor de las mujeres, el cuerpo de las cuales era considerado contaminado. Ejemplo de esto son los carteles de guerra que se hacían desde el bando anarquista, donde encontramos varios casos que muestran a prostitutas en actitud provocativa y a hombres como víctimas y que advierten contra los peligros de las enfermedades venéreas que “contagian” las mujeres.

Si bien, la revolución comportó cambios en el tratamiento de la pobreza y rebajó el peso de la moralidad, no tuvo tiempo de materializar una ruptura radical con los postulados defendidos durante la República y continuó arrastrando visiones machistas. Las mujeres continuaban siendo la alteridad y las trabajadoras sexuales victimizadas y desposeídas de voz. Dentro del anarquismo no se habla de peligrosidad social ni se explica la pobreza en términos de enfermedad o biología, sino como consecuencia de la estructura socioeconómica de un sistema de opresión, pero algunos estigmas no son por complemento erradicados. En cuanto al orden bélico impulsado por el Gobierno republicano, observamos cambios políticos y económicos, pero tanto la ley de vagos y maleantes como el Código Penal se mantuvieron intactos.

La dictadura franquista (1939-1975) no se deshizo de esta ley, que continuó vigente hasta 1995 -si bien después del franquismo no fue aplicada-, pero introdujo algunas modificaciones. Concretamente, en 1954 se incluyó explícitamente la homosexualidad como delito. Estas modificaciones suponen un perfeccionamiento de las formas de control social, que quedan completamente instauradas en 1970 con la promulgación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social. En el punto de mira fascista estaba el adversario político, pero también, casi con tanta obsesión, la mendicidad, la prostitución y la homosexualidad, así como otras víctimas de la ley anterior.

Esta nueva legislación significaba profundizar en la relación entre psiquiatría y criminalidad, al concluir que el “defecto moral” genera patologías y las patologías generan delitos. Era un paso más en el camino de perseguir la disidencia moral y política, puesto que consideraba como peligrosos y perseguía “a cualquiera que pongo en peligro la paz social o la tranquilidad política”. Lo que buscaba con esta ley el régimen franquista era controlar cualquier clase de desviación del sistema de valores imperante, gracias a la ampliación de las definiciones de delito y enfermedad hechas a su medida.

Cartel de la Coordinadora de Colectivos de Liberación Gay (CCAG) llamando a la manifestación del 24 de junio de 1979, primera manifestación del Orgullo permitida en España. Autoría desconocida.

Las mujeres sufrieron especialmente este auge moralizador del fascismo. Así, se creó el Patronato de Protección a la Mujer en 1941, una institución dependiente del Ministerio de Justicia que internaba a mujeres jóvenes por causas como ser denunciada por “vida alegre”, prostituirse, ser lesbiana, beber, drogarse o ser considerada “loca”. Su objetivo era “la dignificación moral de las mujeres” de acuerdo con enseñanzas católicas y sus formas fuertemente violentas. Esta institución no desapareció hasta 1985.

No era este el único organismo franquista ocupado en “reeducar” a mujeres. Fueron diversas las instituciones donde se las internaba por motivos relacionados con pobreza, desestructura familiar, insumisión o rebeldía. Tal como publicaba la revista Vindicación Femenina, en un artículo de 1977, era habitual que en estos lugares se las medicara y se las sometiera a electrochoques, en un paso más dentro de la persecución de la pobreza que, como hemos visto, era la norma desde hacía un siglo. El franquismo supuso un empeoramiento de la violencia y la represión utilizadas hacia las personas pobres y las que manifestaban cualquier clase de desviación de la conducta etiquetada como “normal”.

Los tiempos han cambiado y queremos suponer que nos encontramos en un mejor momento para las manifestaciones disidentes. Los postulados higienistas ya no están en vigor y la idea de la peligrosidad social ha quedado obsoleta. Pero, ¿continuamos criminalizando la pobreza en pleno siglo XXI? Parece que la ordenanza recientemente aplicada por el Ayuntamiento de Alicante así lo demuestra. Desde el Sindicato de Personas Sin Hogar de Zaragoza denuncian invisibilización y acoso policial y reivindican el derecho a una vivienda digna.

El libro Sin habitación propia, coordinado por la periodista Lula Gómez, pone el foco en la feminización de la pobreza con el objetivo de visibilizar a las mujeres sin hogar. Dos son los motivos principales que llevan a las mujeres a esta situación: la violencia machista que las empuja a huir de sus casas y la precariedad de las trabajadoras del hogar internas, en su mayoría mujeres migrantes, que si son despedidas quedan sin casa y sin derecho al paro. El libro explica, también, la violencia sexual que sufren las mujeres que viven en la calle y la doble situación de vulnerabilidad e invisibilidad que tienen que soportar.

Las personas sin hogar son molestas para la orden del sistema, porque nos enfrentan a sus carencias. Por eso se continúan promulgando leyes que las expulsan del centro de las ciudades y las criminalizan. Parece que no es casual que Alicante empiece a desalojarlas de las calles ahora que se acercan las Fiestas de San Juan que atraerán, previsiblemente, un gran número de turistas. El Estado español no ofrece cifras oficiales desde 2012, cuando un informe del INE calculaba 22.000 personas sin hogar para le conjunto del Estado. Cáritas, en cambio, ampliaba la cifra hasta 40.000. Preferimos mirar hacia otro lado y olvidarlas, culpándolas de su situación. Nos faltan, incluso desde las izquierdas, análisis profundos y soluciones estructurales.

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