Militarismo argentino frente al conservadurismo thatcheriano

El estallido bélico se inició el 2 de abril de 1982 con la ocupación del puerto Stanley en las islas Malvinas por parte de las tropas militares argentinas, y bajo las órdenes de la Junta Militar. El gobierno argentino dictatorial consecuencia del Golpe de Estado de 1976, y que situó al frente inicialmente al General Videla en un periodo de terror y persecución política auspiciada por la CIA estadounidense, daba un golpe simbólico de efecto nacionalista y autoritario.

Enfrente se encontró con la no menos autoritaria Margaret Thatcher, la conocida como laDama de Hierro, azote neoliberal contra la clase trabajadora británica, y que aprovechó la propaganda nacionalista igualmente para la reelección de su gobierno conservador. Ambos países cortaron sus relaciones diplomáticas hasta 1990, y actualmente la ONU sigue considerando los tres archipiélagos como territorios disputados; es decir, un conflicto siempre latente y convenientemente utilizado como herramienta nacionalista y distracción de los problemas materiales de las clases populares.

El interés argentino en estos archipiélagos obedece a varias razones ideológicas y mercantiles: primeramente como una reclamación nacionalista fundamentada en la idea del ‘Territorio Irredento’, la soberanía sobre los antiguos territorios del Virreinato de la Plata, ligada a la visión populista argentina. Por otro lado, su posición estratégica sobre el cruce austral Atlántico y su tráfico marítimo, así como la riqueza pesquera de la plataforma continental sobre la que se asienta, y estudios que confirmaron yacimientos de crudo.

En 1981 la Junta Militar argentina padecía una grave decadencia política debido a la grave crisis económica del país y las fuertes críticas internacionales por vulneración de los Derechos Humanos. El nuevo gobierno, dirigido por el General Fortunato Galtieri, decidió realizar una operación militar sobre los territorios del Atlántico Sur reclamados bajo soberanía argentina. Se pretendía una rápida toma de los archipiélagos para minimizar la acción británica, cuya Marina Real se encontraba preocupada ante la reducción de la flota, y el descontento social con Margaret Thatcher era absoluto, sumida en huelgas obreras lideradas por los trabajadores de la minería y otros sectores contrarios al proceso de neoliberalización.

Los acontecimientos se precipitaron desde el 19 de marzo de 1982 con el izamiento de la bandera argentina por trabajadores de la Compañía Georgias del Sur S.A. en Puerto Leith y el anuncio en la televisión británica del envío de dos submarinos nucleares al Atlántico Sur desde Gibraltar. La Junta Militar argentina aprobó la Operación Rosario, mediante la cual una expedición anfibia conquistaría las islas Malvinas desalojando a la autoridad británica y estableciendo una gobernación militar.

Al día siguiente, el 3 de abril de 1982, el Consejo de Seguridad de la ONU solicitaba el cese inmediato de las hostilidades. El Reino Unido, sin embargo, lanzó la Operación Corporate para recuperar las islas. La búsqueda de aliados por parte de Argentina en América Latina fue un absoluto fracaso salvo Perú, Venezuela y Panamá. Las negociaciones diplomáticas de las que participó el Secretario estadounidense Alexander Haig en los siguientes días fracasan, y se inicia durante diez semanas una guerra marítima y cultural entre el nacionalismo argentino y la fuerza bruta colonialista británica.

El hundimiento del crucero General Belgrano argentino rompió cualquier diplomacia pacífica, de hecho en ese suceso murieron 323 militares argentinos, la mitad de todos los argentinos muertos en el conflicto bélico. Gran Bretaña impuso su superioridad naval y armamentística, de declaró una Zona de exclusión marítima, recibieron el apoyo internacional estadounidense y el Gabinete de Guerra británico movilizó a miles de hombres. No fue una guerra típica del periodo de la Guerra Fría, ya que enfrentaba a países de la misma órbita ideológica, en un conflicto territorial-colonialista. Tras varias semanas de ataques navales y aéreos fundamentalmente, y el desembarco británico en varias bahías para retomar el control de las islas Malvinas, el 14 de junio de 1982 el General argentino Mario Benjamín Menéndez firma la rendición. El 19 de octubre de 1989 tanto Argentina como Reino Unido firmaron en Madrid una declaración conjunta, suscrita por el embajador Lucio García Solar en el lado argentino, y Crispin Tickell por el lado británico, que se ratificó en un encuentro en la capital española nuevamente en febrero de 1990.

Una guerra cultural y sangrienta de graves consecuencias psicológicas y sociales

En el año 2009 se llevaron a cabo en Argentina una serie de juicios cursados contra oficiales del ejército argentino en plena contienda que maltrataron a soldados y reclutas. Ernesto Alonso, presidente de la CEIM (Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas) afirmaba en uno de estos procesos judiciales: ‘Se servían whisky de los pubs, pero no estaban preparados para la guerra. Desaparecieron cuando las cosas se pusieron serias. Muchos de los oficiales habían trabajado previamente como torturadores para la dictadura argentina. Nos usaron a nosotros, los reclutas, para sus fantasías sádicas.’ Sin embargo, aquellos crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos acreditados contra tropas argentinas, cometidos por británicos o superiores militares argentinos han quedado en el olvido. Los excombatientes apelaron un fallo de la Corte Suprema en favor de uno de los oficiales investigados archivando su caso judicial, y lo llevaron a la comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando continuar con las investigaciones a los demás miliatares denunciados. Las Abuelas de la Plaza de Mayo argentina, en un informe realizado en 2019, denunciaban las demoras sistemáticas que se registran en la causa que a día de hoy sigue abierta.

Menos aún se consiguió siquiera en Gran Bretaña, donde a principios de los años 90 se realizaron denuncias e investigaciones oficiales sobre eventuales delitos aberrantes cometidos por las tropas británicas contra tropas argentinas. Ante las objetivas evidencias existentes sobre el asesinato de prisioneros, en 1992 el procurador general del Reino Unido, Nicholas Lyell, abrió una investigación oficial sobre los crímenes denunciados. La investigación se extendió durante un año y medio y en su curso se identificaron otros casos. Una vez finalizadas las investigaciones, en 1994, la directora de Enjuiciamientos Públicos, Barbara Mills, bajo fuerte presión de las Fuerzas Armadas británicas y otros estamentos del Estado, concluyó no imputar ningún crimen a ninguno de los militares británicos investigados, alegando que no había suficiente evidencia y que quienes habían luchado por el Reino Unido merecían el beneficio de la duda.

La cobertura mediática durante el conflicto armado en 1982 fue intensa y repleta de triunfalismo falaz argentino, por un lado, y prepotencia nacionalista británica desde el otro lado. Los suicidios y consecuencias psiquiátricas por las condiciones de apresamiento fueron numerosas en ambos contendientes. Los hijos de la clase obrera utilizados como carne de cañón en un desangre por los colezatos del colonialismo. La popularidad de Margaret Thatcher creció y ganó de manera amplia en las elecciones de 1983, lo que la permitió continuar las agresiones contra los sectores laborales ingleses. Se generó una oposición popular embrutecida canalizada a través del hooliganismo futbolístico, una juventud profundamente castigada y hastiada psicológicamente, y se expandieron las acciones xenófobas en la sociedad inglesa. También marcó una profunda brecha social en argentina, se restauraron los cauces de un régimen parlamentario, pero en general las clases populares iniciaron una devaluación de sus vidas en espiral descendente hasta la miseria provocada por el Corralito argentino de 2001.

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