Manifiesto e iniciativa popular: Pido saber la verdad sobre los GAL

10 de junio. Fuente: Por Petxo Idoiaga *

El pasado viernes, 4 de junio, se presentó en Madrid la plataforma B-Egiaz con el Manifiesto titulado #pidosaberlaverdadsobrelosgal.

Pili Zabala (hermana de Josi Zabala secuestrado por los GAL en 1983, torturado y asesinado por la guardia civil) ha sido una de las principales personas que han puesto en marcha esa plataforma y desde la que han impulsado el citado Manifiesto.

Los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organizados desde las instituciones del Estado español bajo el gobierno de Felipe González, funcionaron entre 1983 y 1987. Su primera acción, el 15 de octubre de 1983, fue el secuestro, en Baiona, de los refugiados vascos Joxean Lasa y Joxi Zabala. Ambos fueron trasladados al palacete La Cumbre de Donostia, controlada por la guardia civil de Intxaurrondo dirigida por el general Enrique Rodríguez Galindo, donde fueron torturados brutalmente y, finalmente, trasladados a una zona montañosa de la localidad alicantina de Busot donde les asesinaron y les enterraron tapados con cal y tierra. En junio de 2021 se hizo pública una conversación grabada entre el entonces director del CSID Alberto Perote y el capitán de la guardia civil Pedro Gómez Nieto, en la que este decía “a Lasa y Zabala les hicimos hacer los agujeros antes de matarlos”.

En 1995 se descubrieron sus cadáveres. Cuando sus restos se traladaron a Gipuzkoa para su entierro, la policía autonómica, la Ertzantza, cargó brutalmente contra los familiares de los jóvenes asesinados para impedir que sus féretros fueran sacados de los coches fúnebres y darles el adiós de despedida.

Cuatro años después se abrió juicio contra el crimen en la Audiencia Nacional, que condenó a 73 años al capitán de la guardia civil Ángel Vaquero, a 71 años a Rodríguez Galindo (la condena de ambos la subio a 75 años el Tribunal Supremo), al que en aquellos tiempos fue gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga y a los miembros de esa “benemérita” orden Felipe Bayo y Enrique Dorado, todos ellos implicados en el secuestro, torturas y asesinatos de Lasa y Zabala. Galindo pasó menos de cinco años en prisión y la condena del resto fue extraordinariamente dulcificada.

Los GAL asesinaron en sus años de actividad a 27 personas.

En julio de 1998, el Tribunal Supremo condenó a Barrionuevo y Vera, que fueron , respectivamente, ministro de Interior y secretario de Estado para la seguridad bajo el gobierno de Felipe González, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación por su implicación directa en las actividades de los GAL. Barrionuevo apenas pasó tres meses en prisión y Vera más tiempo pero en condiciones apenas carcelarias.

En las largas investigaciones periodísticas sobre la trama y actividades de los GAL, siempre aparecía en la cúspide de su estructura una mayúscula X que sólo tenía lógica identificándola con el entonces presidente Felipe González. En junio del 2020 dentro de la documentación desclasificada por la CIA norteamericana se decía letra a letra que "Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas".

A la vista de todo ello Pili Zabala presentó en la fiscalía de Gipuzkoa una querella solicitando investigación sobre los GAL y la implicación de Felipe González en tales grupos, que el fiscal feje Juan Calparsoro trasladó a la fiscalía de la Audiencia Nacional; pero esta rechazó darle curso y consideró que, en todo caso, era un tema prescrito. Previamente el Congreso de los Diputados se había negado ya a autorizar la creación de una comisión de investigación sobre los GAL.

A la vista de ello Pili Zabala y otras personas decidieron poner en marcha la plataforma popular B-Egiaz. De ahí ha partido el Manifiesto presentado en Madrid el pasado 4 de junio y otras iniciativas que vendrán.

En la web de la plataforma B-Egiaz -que ya se ha enlazado, también, al inicio- hay una extensa y muy trabajada información, artículos, videos, etc., sobre los GAL y el terrorismo de Estado. El Manifiesto, que reproducimos a continuación, ha tenido el apoyo inicial de más de cien personas muy referenciales que incluye a dos expresidentes de la Comunidad Autónoma Vasca, también a familiares y víctimas de ETA, a personalidades internacionales como Noam Ghomsky, a numerosa gente del cine y la cultura, etc. (la lista puede leerse en el enlace del propio Manifiesto) y está teniendo el apoyo de centenares de personas que puede ampliarse en el propio texto. Os animamos a que lo suscribáis.

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Manifiesto: Pido saber la verdad sobre los GAL

Los documentos desclasificados de la CIA en los que se señala que “González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”; los audios en los que altos cargos del CESID y la Guardia Civil comentan con pelos y señales determinados crímenes de Estado; el fallecimiento de Enrique Rodríguez Galindo, llevándose consigo el secreto de quién le ordenó cometer graves vulneraciones de derechos humanos; todos estos hechos reafirman las evidencias que apuntan a la posible implicación organizada de los aparatos del Estado en la creación, cobertura y financiación de los GAL.

Las instituciones poco han hecho por aclarar la verdad y, en los casos en los que se ha establecido una responsabilidad penal, se han referido a sus perpetradores como “grupos incontrolados no adscritos” o han sido indultados, como ocurrió con un ministro del Interior. Es más, consideramos que desde algunos sectores se ha intentado obstaculizar la investigación, principalmente con el objeto de impedir que se esclarezca la identidad de sus autores e inductores, incumpliendo flagrantemente los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España, algo incomprensible en un estado de la Unión Europea.

Las personas que firmamos este manifiesto pedimos a las instituciones públicas que investiguen y clarifiquen de una vez por todas la Verdad con mayúscula sobre los GAL. Instamos al Gobierno español a que reconozca su responsabilidad y el dolor ocasionado, y realice gestos decididos de calidad humana para implementar medidas de reparación. Asimismo, le recordamos que no puede ser que, bajo el secreto oficial, queden amparados crímenes contra los derechos humanos.

Los archivos deben estar al servicio de la verdad y de la justicia. En países de nuestro entorno, la Ley de Secretos Oficiales no es obstáculo legal para que los jueces accedan a un dato reservado cuando este es imprescindible para decidir penalmente sobre la culpabilidad o inocencia de alguien.

La democracia real reside en esa separación de poderes y en el respeto a la ley. Creemos que, durante el gobierno de Felipe González, por medio de los GAL, determinadas personas transgredieron ambos preceptos, convirtiéndose a la vez en policías, fiscales, jueces y verdugos, mientras que existen indicios de que a otras, como mínimo, no les tembló la mano a la hora de tolerar crímenes de Estado que conceptualmente no se diferencian del terrorismo perpetrado por grupos organizados.

Esas vulneraciones, junto a todas las demás de cualquier signo, condicionaron nuestra memoria democrática. Aún nos queda la difícil tarea de reescribirla; y eso pasa básicamente por salvaguardar los derechos de las personas, pero también por instar a que nos comprometamos en nuestras obligaciones, llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más graves y reconstruir el tejido social con medidas que animen a la reconciliación y favorezcan una convivencia sin olvido, ni exclusiones, ni recelos.

Las instituciones españolas cumplirán con los estándares internacionales de derechos humanos cuando reconozcan y reparen a todas las víctimas sin excepción. Y la verdad, que jamás prescribe, representa, sin lugar a dudas, el derecho más anhelado por todas ellas.

07/06/2021

* Petxo Idoiaga forma parte de la redacción de la web viento sur

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