Especial: Juicio contra Gestoras/Askatasuna / Nodo50. Contrainformación en la Red

Especial: Juicio contra Gestoras/Askatasuna

9 de mayo de 2008.

Hace unas semanas comenzó el juicio por el sumario 33/01 contra Gestoras/Askatasuna.

Ante un hecho evidente (la escasa información de que disponemos para entender lo que está sucediendo), procedemos a recopilar entrevistas con algunos de los imputados, declaraciones de las asociaciones de abogados que están siguiendo la marcha del proceso y algunos reportajes que siguen el curso del sumario desde su comienzo, así como textos judiciales del sumario en sí.

Veitisiete personas se sientan en el banquillo, en la continuación de las actuaciones judiciales contra el llamado "entorno".

El movimiento pro amnistía vasco sostiene que la “sentencia está dictada de antemano”

Los 27 integrantes de Gestoras Pro Amnistía, organismo defensor de las y los presos de la izquierda abertzale, cuyo juicio acaba de empezar en Madrid, anuncian que “renuncian a la defensa jurídica”.

“Esto es Gestoras, no Gescartera”, bromea el policía apostado en la puerta de la sala del edificio de la Audiencia Nacional en la madrileña Casa de Campo, cuando le preguntan si hay espacio para entrar a la audiencia pública. Son las 9.30 del lunes 21 de abril y faltan pocos minutos para el inicio del juicio oral contra 27 miembros de Gestoras Pro-Amnistía (ahora Askatasuna) acusados en 2001 de pertenencia a banda armada por el juez Baltasar Garzón. Dos integrantes de la Asociación Dignidad y Justicia, con camisetas con la bandera española, se preguntan por qué una de las abogadas defensoras no está imputada. Otra se ríe y les contesta : “Por fea”.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, abre la sesión : “Gestoras y Askatasuna están integradas en ETA y ejercen la función de control, enlace, asegurar la disciplina de la organización, coordinar las luchas, complementar el frente armado y editar publicaciones elaboradas por los miembros de ETA”. El primero en declarar, Juan Mari Olano, responsable nacional de Gestoras, responde en euskera y se niega a contestar las preguntas del fiscal, Carlos Bautista, y de la acusación popular de la AVT. Sólo responde a su defensa y explica que trabaja “denunciando la represión, las torturas a detenidos y defendiendo los derechos humanos” de los y las presas y de los deportados de la izquierda abertzale. Según Olano, “Gestoras trabaja por la resolución del conflicto, y la amnistía tiene una significación especial para ello, ya que supera sus consecuencias”. Y aclara que se ha reunido con organizaciones de toda índole para “difundir los efectos de la política penitenciaria”. Por ello sostiene que la instrucción de este proceso se inició “por motivos políticos y con objetivos políticos”, por lo que no espera “ninguna justicia”. “Este tribunal me va a condenar pero no me juzgará. Renuncio a mi defensa jurídica”. El resto de acusados hace lo propio.

Otro responsable de Gestoras, Julen Zelarain, explica la denuncia de la situación de los presos y subraya que “en cualquier conflicto éstos tienen su propia entidad política, lo que subraya las medidas de excepción contra ellos. El ex presidente González afirmó que ‘los presos políticos son cuestión de Estado”. Sostiene también que la Audiencia tiene un “protagonismo especial en la negación de sus derechos, creando juzgados de vigilancia central penitenciaria que han aportado doctrinas como la Parot para encarcelarlos de por vida”. Julen Larrinaga, responsable de Vizcaya, que estuvo preso durante cuatro años, explica que Gestoras reivindica “la restitución de las libertades públicas” y que denuncia los excesos de los poderes políticos con “información, interpelación y movilización”. Por su parte, Iker Zubia, responsable del organismo en Álava, recuerda que se incorporó a Gestoras “cuando un detenido murió por torturas”. El delito, dice, “no es denunciar la tortura sino practicarla”.

Ese mismo día, en un comunicado, Askatasuna anunciaba que declina defenderse “en términos de juicio clásico”, pues considera que la Audiencia no tiene “ninguna legitimidad para ello”. “Con este juicio”, explica Olano a DIAGONAL, “quieren dejar indefensos a presos, torturados y huidos de la tortura. Somos testigos molestos y quieren silenciarnos y ganar terreno para la impunidad. Pero el movimiento pro amnistía es más que nosotros. Mientras haya represión la denunciará, apuntando a una salida democrática del conflicto”.

Fuente: Diagonal

Moción de la AED sobre el juicio al Movimiento Pro Amnistía vasco

La Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) ha tenido conocimiento de la apertura del juicio oral en relación al sumario 33/01 contra las organizaciones Gestoras pro Amnistía y Askatasuna, dedicadas a actividades públicas en denuncia de violaciones de derechos humanos y a la solidaridad con las personas presas y con las víctimas de dichas violaciones. En este procedimiento se encuentran imputadas 27 personas, y entre ellas el abogado Julen Arzuaga, representante de Eskubideak en nuestra asociación.

La AED desde hace ya varios años ha mostrado su preocupación en repetidas ocasiones en relación a procedimientos seguidos ante la Audiencia Nacional, entre otros el sumario 18/98, por la aplicación de una serie de leyes de excepción que vacían de contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de la persona detenida y procesada. La interpretación extensiva de tipos terroristas y la aplicación de esta legislación excepcional, ha dado lugar a vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia.

En este contexto, debemos mostrar nuestra preocupación por las condiciones en la que se ha desarrollado la instrucción de este sumario. Entre otras, la entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes; la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones.

Por todo ello, queremos hacer constar que:

Denunciamos la vulneración del derecho a la defensa y al secreto profesional.

Exigimos la derogación de tribunales de excepción tales como la Audiencia Nacional.

Rechazamos la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo.

Rechazamos la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política y social libre.

La AED seguirá de cerca el proceso 33/01 para, en su caso, denunciar y hacer públicas las vulneraciones que puedan producirse en relación al derecho a un juicio con todas las garantías y al ejercicio al derecho a la defensa.

Fuente: CAES

“Nos condenarán, porque el guión político del PSOE lo exige”. Entrevista a Julen Arzuaga, abogado acusado en el sumario 33/01

DIAGONAL : ¿Cuáles son las acusaciones ? ¿Son todas similares ?

JULEN ARZUAGA : Las acusaciones de la mayoría de esos casos, relativos a disidencia política, son de pertenencia. Por una simple cuestión. Garzón empezó a trabajar estableciendo graduaciones, adjudicando los delitos de pertenencia y colaboración por lo que él consideraba diferentes responsabilidades dentro de estos movimientos. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que el tipo penal de colaboración exige individualizar en qué hecho concreto ha consistido esa colaboración –dejar un coche a un miembro de ETA, dar una cantidad de dinero–. Al encontrar que no existían tales hechos dio un salto llegando directamente a la acusación de pertenencia, un tipo penal mucho más ambiguo, etéreo, por el que, según la interpretación judicial de los últimos tiempos, perteneces a la estructura de una organización armada, igualmente etérea, con una estructura difusa, inconcreta, que se expande o reduce, y además, perteneces sin ejercerlo, incluso sin saberlo, solamente por una proximidad ideológica a sus postulados. Pertenencia es lo que nos adjudican a nosotros. Todas las peticiones son idénticas, con idéntica calificación penal.

D. : ¿Es otra vez una investigación basada en ‘informes policiales’ ?

J.A. : Sí, la base de la acusación es nuestra conexión con Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna y la interpretación de que, a su vez, estas asociaciones pertenecen a ETA. Los documentos sobre los que se apoya la investigación son los resultantes de los registros de las oficinas de Gestoras y secuestrados en el registro ilegal de nuestro despacho de abogados, siempre tamizados, traducidos, manipulados, reinterpretados por los “expertos policiales”. Es el estilo ya conocido, acusaciones genéricas sobre actividades que o no son delictivas, pero retorciendo las palabras aparecen como tales –por ejemplo colaborar con el sostenimiento económico de los presos políticos– o hechos que siendo ilegales no aparecen individualizados, como por ejemplo la acusación de “aprovechar la sensibilidad que suscita la presunta vulneración de los derechos de los presos de ETA para realizar captaciones que regeneran la estructura operativa de ésta”. ¿Quién, cuándo, cómo llevó a cabo esa captación ? Todas las personas acusadas han trabajado en el amplio colectivo del Movimiento Pro Amnistía vasco, en el que hay diferentes expresiones. Todos somos, o al menos hemos sido, portavoces públicos, responsables de diferentes áreas, coordinadores de diferentes territorios… 30 años de actividad y denuncia, 30 años organizando a las víctimas del terrorismo de Estado, a los torturados, a los familiares de presos…

D. : En la primera sesión del juicio oral habéis renunciado a ejercer la defensa jurídica. ¿Por qué ?

J.A. : Está claro que no afrontamos un juicio ordinario. La actividad que cada uno de nosotros ha desarrollado dentro del movimiento pro amnistía siempre ha sido pública y transparente, nunca nos hemos escondido para mostrar nuestra opinión, en el ejercicio de nuestros derechos políticos más elementales. Incluso aún sabiendo que esa opinión de denuncia haya sido habitualmente incómoda para quien la ejerce. Es por eso que no vamos a permitir que juzguen el ejercicio de nuestros derechos políticos. Nos condenarán, porque el guión político redactado por el PSOE exige que así sea. ¿Alguien piensa que tenemos alguna posibilidad, en términos jurídicos, después de los esfuerzos que se hicieron en el caso Haika-Segi o del caso 18/98 ? ¿Recordamos su efecto ? Esto ya está ensayado. En este juicio sólo tenemos la oportunidad de que se conozca nuestra actividad y nuestra opinión sobre la represión del Estado y en concreto la que ejerce este tribunal. Por eso el primer día de juicio anunciamos que renunciábamos al ejercicio de la defensa jurídica.

D. : Pero contestar la legitimidad tribunal no evitará sus decisiones...

J.A. : El Estado tiene diferentes instrumentos para ejercer la represión. Si históricamente ésta se llevaba a cabo por medio de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en los últimos tiempos es evidente el papel represivo primordial que ha adoptado el poder judicial en general y la Audiencia Nacional en particular. La intervención en política de este tribunal ha tenido un impacto en los derechos civiles y políticos de las personas sometidas a ella. Creo que ya nadie ve en este tribunal excepcional sino un martillo de herejes, un instrumento de represión a la orden de las últimas estrategias y necesidades del Estado. Han sido tan numerosas las declaraciones en contra de este tribunal, del Parlamento de Vitoria, de juristas internacionales, de la sociedad vasca... pidiendo su disolución, que no podíamos, que no queríamos –siendo además los primeros que lo hemos hecho– quedarnos nuevamente en una denuncia más. Queríamos llevar a la práctica ese rechazo con nuestra actitud, negándonos a defendernos en términos de juicio clásico, renunciando a aportar pruebas, a discutir informes, a realizar periciales y, en suma, a participar en una farsa judicial que otorgue algún tipo de credibilidad democrática a dicho tribunal. Por eso también hemos reducido los testigos de la defensa de 218 a 14.

La batalla ideológica y política en este juicio no es la legalidad del movimiento pro amnistía sino la ilegalidad de la represión. Hemos dado un paso más en la deslegitimación de ese tribunal y ahora toca ver cómo articulamos su rechazo, qué fuerzas acumulamos dentro y fuera de la Audiencia Nacional para terminar con su acción represora de primer orden. En ese objetivo esperamos encontrarnos con todos aquellos que consideran que este tribunal, lejos de administrar justicia, aplica la venganza política.

Fuente: Diagonal