Garantizar una renta para garantizar la vida. La renta básica como medida de redistribución feminista

4 de enero.

Siete de cada diez personas pobres en el mundo son mujeres, en el Estado español hay el doble de mujeres que de hombres sobreviviendo con salarios bajos, y en Cataluña la brecha salarial de género es del 19,9%. Estas son algunas de las cifras que muestran cómo las mujeres ocupan una posición más precaria que los hombres en el mercado laboral, lo que justifica la necesidad de medidas como la Renta Básica Universal (RBU) para avanzar hacia una igualdad de género efectiva.

Por Georgina Monge

En este sentido, la RBU es una vía de redistribución de recursos para equilibrar situaciones de desigualdad social, que garantiza un sostenimiento material mínimo de vida, y que, por tanto, favorece una mayor autonomía y libertad para las personas. Cabe tener en cuenta que el 49,3% de las mujeres serían pobres en caso de autonomía (es decir, si tuvieran que vivir solo de su salario), frente a un 24,2% de los hombres. Esto implica que la mitad de las catalanas serían pobres si solo vivieran de sus ingresos, y en este supuesto habría el doble de mujeres pobres que de hombres. Este dato muestra hasta qué punto muchas mujeres pueden tener que sostener situaciones indeseadas porque son dependientes económicamente.

Seguramente, el ejemplo más claro de esta situación es el de la violencia machista. Hay varios estudios que demuestran que la violencia machista empobrece a las mujeres que la sufren y que el propio proceso de violencia aleja a las mujeres del mercado laboral (bien porque el agresor ha impedido explícitamente que la mujer pueda trabajar, bien porque la vivencia de la violencia afecta a la salud mental y esto impacta en la posibilidad de desarrollarse en el ámbito laboral). La RBU podría mitigar esta vulnerabilidad económica y laboral, dándole a las mujeres libertad económica para tomar decisiones vitales como salir de relaciones de violencia.

Otro colectivo con altas tasas de pobreza es el de las familias monoparentales (un 80% de las cuales están encabezadas por mujeres). Si la tasa de riesgo de pobreza de las familias sin hijos es del 15,3%, esta proporción se eleva al 23,8% en las familias con hijos a cargo, y en el caso de las familias monoparentales se eleva hasta el 39,3%. La RBU puede ser un salvavidas para este tipo de familias.

La autonomía que provee la RBU también aumenta la capacidad negociadora de las personas sobre sus condiciones de trabajo, y facilita que la gente no tenga que aceptar trabajos altamente precarios o incompatibles con las necesidades de cuidado y de la vida cotidiana. Así, las trabajadoras más precarizadas dentro de la estructura productiva son las que más se pueden beneficiar de una RBU, entre las cuales destacan las trabajadoras del sector de cuidados (trabajadoras de residencias de personas mayores, camareras de piso, internas en hogares, etc.), un 32,5% de las cuales son pobres. La RBU puede dignificar su vida y ser una salida a la precariedad y/o pobreza.

También se verían beneficiados otros colectivos como el de las trabajadoras sexuales, las cuales tendrían más margen de negociación en cuanto a servicios y horarios, aumentaría su capacidad de decisión e incluso podrían decidir no tener que trabajar en este ámbito si así lo desearan.

La precariedad económica de las mujeres se ve agravada por una mayor pobreza de tiempo. Según Vega-Rapun, el 87,2% de las personas pobres en tiempo e ingresos son mujeres. Esta presión de tiempo está fuertemente vinculada a la división sexual del trabajo. Concretamente, sumando tiempo de trabajo productivo y reproductivo, las mujeres trabajan 7 horas más a la semana que los hombres y, por tanto, trabajan 354 horas más al año. Además, para las mujeres, el peso del trabajo no remunerado sobre el total de horas trabajadas es del 43,8% y, en cambio, el de los hombres es del 25,9%. Consecuentemente, las mujeres tienen una carga superior de trabajo y menos tiempo a disposición que los hombres, lo que las empuja en mayor medida a situaciones de pobreza material y temporal.

Ante esta realidad, la RBU puede facilitar una mayor conciliación y armonización de los tiempos vitales para las mujeres, puede fomentar su independencia económica y puede contribuir a paliar las tasas de pobreza femenina.

A pesar de ello, la redistribución económica que conlleva la RBU no implicará de forma automática una reorganización de los tiempos o de los trabajos, por lo que es necesario promover que la RBU vaya de la mano siempre y necesariamente de una defensa y ampliación de los servicios públicos (especialmente sanidad, educación, vivienda, dependencia, servicios sociales y cuidados), ya que, si no, podría generar un efecto contraproducente y dar lugar a una intensificación de los roles y desigualdades de género. Por lo tanto, para que la RBU no sea solo una herramienta de nivelación económica de clase, y también lo sea de género, debe ir acompañada de medidas de redistribución de los trabajos (tanto de producción como de reproducción social), de los tiempos y de la riqueza.

Para redistribuir el trabajo productivo, probablemente la vía más efectiva sea la reducción de la jornada laboral (sin rebaja salarial). De rebote, esta acción tendrá un efecto redistribuidor de los tiempos. En segundo lugar, son indispensables medidas de socialización de los trabajos de reproducción social que apunten a acabar con la actual división sexual del trabajo. Esto pasa por promover una corresponsabilidad efectiva de estos trabajos no solo dentro de los hogares (que también) sino entre todos los agentes sociales (tanto a nivel empresarial como del sector público y del tejido comunitario). Por último, se necesitan medidas de reparto de la riqueza. Esto se traduce en políticas para combatir la feminización de la pobreza, actuaciones para atajar la brecha salarial de género (por ejemplo, penalizando a las organizaciones que tengan brechas salariales superiores al 8%), estableciendo escalas salariales y topes salariales (porque como dice Laure Vega, diputada del Parlamento de Cataluña, la renta básica garantiza el derecho a la existencia, pero la renta máxima garantiza la democracia), e incrementando la carga impositiva para grandes fortunas y multinacionales.

Por todo ello, la RBU se presenta como una propuesta necesaria para combatir la feminización de la pobreza, redistribuir los recursos, aumentar la libertad de las mujeres y reducir así las desigualdades. A su vez, esta debe ir siempre acompañada de la defensa y ampliación de los servicios públicos (principalmente los vinculados a la reproducción social), ya que si no se puede dar una reproducción de los roles de género (ya que todo aquello que no asume el Estado lo acaban asumiendo las mujeres).

En definitiva, la RBU debe estar en el centro de las reivindicaciones feministas porque garantizando una renta básica estaremos garantizando la vida de todas, en especial de las más precarias, y nos estaremos acercando a esa idea tan feminista de poder vivir vidas dignas y que merezcan la pena ser vividas.


Fuente: ONG Mans Unides.
Concretamente, hay un 19% de mujeres con salarios bajos como proporción de todos los empleados frente a un 10% de hombres. Fuente: EIGE..
Fuente: Generalitat de Catalunya.
VALLS, Francesc y BELZUNEGUI, Àngel (2017). L’ocultació de la qüestió del gènere en les estadístiques sobre pobresa.Revista Barcelona Societat en Profunditat.
Fuente: Idescat.
Datos de Idescat.
Fuente: Artículo RTVE sobre un informe de Intermon Oxfam.
VEGA-RAPUN, Margarita (2021). An insight on time-use surveys: a case study on time poverty in Spain. Tesis (doctorado). Universidad Pablo de Olavide.http://hdl.handle.net/10433/10104
CARRASQUER, Pilar, RODRÍGUEZ-SOLER, Joan y DO AMARAL, Mariana (2020). “Tiempo de trabajo y corresponsabilidad”.Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña.

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