por Gessamí Forner

En el Delta del Ebro, el campo se medía en jornales, que era la unidad métrica que describía lo que un hombre podía trabajar durante una jornada con la ayuda de los animales. Esta medida aún segmenta muchas parcelas de arroz, que mantienen los antiguos márgenes por donde circula el agua, pero los márgenes ya no indican quiénes son hoy los propietarios de la tierra. Son las máquinas y, sobre todo, las segadoras de medio millón de euros las que informan con más precisión si un campo es de un agricultor o de una compañía alimentaria.

El padre de Joan Franc tenía nueve jornales, que pretendía dividir en dos, cuatro y medio para su hija, cuatro y medio para su hijo. Ante las intenciones de su padre, Joan le dijo: “Vende tú la tierra, que si no la venderé yo”. El padre vendió los jornales y Joan se fue a trabajar a una de las grandes empresas que cultivan arroz en Tarragona. “No podíamos competir con la maquinaria, ni tampoco con las plagas. Ya no hay variedades resistentes, sino fármacos para curar y fármacos para prevenir. Todo ello da mucho trabajo, supone mucho dinero y da pocos beneficios”, explica.

El profesor de Biología y Ecología de la Universidad del País Vasco, Arturo Elosegi, resume el sentir de Joan Franc con la palabra “bipolaridad”. “Antes había agricultura en todas partes, incluso en montaña. Pero la agricultura en zonas más marginales como Huesca, León y Palencia se ha ido abandonando, mientras que en zonas buenas como La Rioja, Murcia y la Ribera del Duero se ha intensificado”. La agricultura intensiva de monocultivo va asociada al abandono del barbecho, una técnica natural que solo se puede suplir con el uso, y abuso, de fertilizantes. Mientras que los productos fitosanitarios de control de plagas aseguran, sin contemplar riesgos a medio y largo plazo, la viabilidad de las grandes cosechas.

“No me gusta la palabra fitosanitarios. Son agrotóxicos. Sustancias químicas pensadas para matar la vida y que, para ser eficientes, perduran en el tiempo. Algunos, unos días; otros, muchos más”, indica el responsable del Área de Química del colectivo Ecologistas en Acción, Koldo Hernández. En la semántica se esconden las trampas de una agricultura que solo se entiende desde una perspectiva capitalista. “El Estado concedió el pasado año 62 autorizaciones excepcionales para el uso de agrotóxicos, muchas de las cuales abarcaban más de la mitad del territorio español. Nada es excepcional si se utiliza de forma extensa y, seguramente, regular, con el objetivo de lograr una mayor producción”, señala. Una intuición que Hernández resuelve con otro dato aún más relevante: “Aún no ha concluido 2019 y ya hay peticiones excepcionales para la segunda mitad de 2020”.

Más variedad. Héctor Abad es un agricultor ecológico de Castelló de la Plana que abastece al grupo de consumo del centro social La Verdulería. Sabe lo que es tener una plaga y dejar perder una cosecha por elegir no usar fitosanitarios químicos. “Compenso plantando más variedades, por si alguna verdura no la puedo recoger”, explica. Las cuentas en el campo nunca son exactas, pero Abad siente respaldada su subsistencia por el “compromiso político” de sus consumidores. “Las cajas semanales cuestan 10 euros y unas semanas van más llenas y otras pesan menos”.

Lo que para Abad es una decisión política, para Koldo Hernández también debería serlo, pero a mayor escala: “No podemos frenar el uso masivo de agrotóxicos si la Administración no interviene”, advierte. “La persona más vulnerable de la cadena es el pequeño agricultor y, la más afectada, el consumidor, porque ingerimos una cantidad descontrolada de tóxicos. No debemos olvidar que España ya es el primer país en la Unión Europea en uso de pesticidas, superando a Francia”, indica sobre este ranking de dudosa honorabilidad.

El ecologista pone la mirada en la administración danesa, la cual “ha hecho un verdadero esfuerzo de reducción del 50% de agrotóxicos”. “Aquí ni siquiera se cuestiona cambiar el modelo, sino todo lo contrario. Recientemente se ha propuesto volver a usar el 13-dicloropropeno, un agrotóxico prohibido que constituye un riesgo para la salud, en una propuesta sustentada en argumentos económicos con el objetivo de lograr una producción similar en países que aún se usa”. El 13-dicloropropeno es un componente químico que se utiliza para desinfectar el campo, eliminando toda la vida del suelo que pueda competir con el cultivo.

En la bodega familiar Talai Berri, en Zarautz (Gipuzkoa), prefieren no utilizar fertilizantes. Abonan, reutilizan, analizan y aprenden de otros agricultores técnicas curiosas. Este año, su dueña, Itziar Eizagirre, le pidió a su vecino que le prestara el rebaño de ovejas para podar en verde. A pesar de que sus compañeros de la Denominación de Origen del Txakoli se mostraron escépticos con este deshojado a mordiscos ovinos, Eizagirre pudo comprobar antes de recoger la uva que a las ovejas les encanta comer las hojas de la parra y que no les gusta la fruta cuando aún no está madura. Además, sus heces complementan el abono orgánico que producen en otoño, cuando tras la poda de la vendimia, trituran el sarmiento —las ramas podadas— y lo esparcen de nuevo en el campo. ¿Y si ha sido un mal año? “Compramos más estiércol. Los veranos lluviosos generan hongos en la planta, por lo que tenemos que quemar el sarmiento. Si lo usáramos como abono, reintroduciríamos la enfermedad en la vid”. Si el abono orgánico no resulta suficiente, como ocurrió en 2018, la enóloga se ocupa de analizar las doce hectáreas de bodega “parcela a parcela”. “A alguna le puede faltar magnesio y a otra potasio, por lo que las tratamos una a una en caso necesario”.

Desacoplamiento. Respetar el ciclo de las vidas —de los insectos, de las aves, los mamíferos, de las plantas— es la asignatura que la agricultura intensiva no puede aprobar por la esencia misma de su forma de relacionarse con la tierra. “El modelo agrario intensivo tiene un desacoplamiento total con el funcionamiento de los ecosistemas. Si observamos la fertilidad, vemos como los ciclos biogeoquímicos tienen un ritmo cíclico. Mientras que la agricultura industrial los ignora y perturba, incorporando agroquímicos que la naturaleza no es capaz de asimilar, por lo que produce una contaminación innecesaria, pues debemos recordar que la mayor parte de la producción alimentaria no alimenta a las personas más cercanas, sino que se destina a la exportación”, señala la coordinadora de agroecología de Ecologistas en Acción, Elisa Otero.

“Cuando se transforma una tierra en regadío intensivo, disminuyen las aves agrícolas porque con el uso de fertilizantes y plaguicidas desaparecen los insectos con los que se alimentan los pájaros. La agricultura intensiva desplaza a las aves, degrada el paisaje y amenaza a los ríos, cuyo caudal se ve comprometido”, añade al respecto la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez.

Si España encabeza el uso de pesticidas en la UE, y los pesticidas son una amenaza para el agua, los animales y el consumo humano, ¿cuánta agua se destina al uso de la agricultura? “Un 85% del total”, afirma tajante el experto en aguas de Ecologistas en Acción, Santiago Martín. “Solo el 12% se dedica al abastecimiento humano y el 3% restante, a la industria. En la actualidad, hay 4.050.000 de hectáreas destinadas a regadío, lo que supone un aumento de la superficie del 21% en los últimos 20 años, sin contar el regadío ilegal, cuya estimación nos haría añadir entre un 5 y un 10% más”.

Este ingeniero agrónomo considera que hay que frenar “en seco” la creación de regadíos y reducir su superficie a 3 o 3,2 millones de hectáreas, “que es lo que aguantan nuestros recursos hídricos”. Con esa superficie “se da de comer a la población española y seguiría habiendo una parte importante de exportación hortofrutícola, unas exportaciones que en solo 14 años se han multiplicado por dos”, añade.

Sin embargo, los planes de futuro de las distintas administraciones parece que no tienen en cuenta las peticiones de los colectivos y siguen atendiendo las de la industria agrícola. “Los planes de cuenca de las diferentes confederaciones hidrográficas del Estado apuestan por ampliar la superficie destinada a regadío y esa apuesta, unida a un un panorama de cambio climático en el que descenderá la disponibilidad de agua, debería de hacer repensar la demanda del regadío”, resume una de las autoras del informe Memorias Ahogadas, María Ángeles Fernández.

Tanto Fernández como Martín destacan que los embalses han dejado de ser despensas de agua para convertirse en meros lugares de tránsito. “Las últimas lluvias de septiembre y octubre no han modificado el nivel de los embalses, porque las necesidades del regadío son muy altas”, apunta Fernández. Es por ello que Santiago Martín utiliza la palabra “colapso” al referirse a la agricultura intensiva, y alerta de que la próxima sequía plurianual podría comprometer el abastecimiento del agua para la población de las ciudades. La última tuvo lugar entre 1991 y 1994. Se espera pronto la siguiente.

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