Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan

Aunque suela presentarse como imposible, sí existe margen de maniobra para gestionar la salida de esta crisis sin subordinarse a los intereses de los poderes financieros (los «mercados»). Pero para hacerlo, sería necesario desobedecer algunas de las restricciones impuestas en el seno de la UE (el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto del Euro). Esta desobediencia, según se explica en la pregunta anterior, no implica necesariamente una salida automática de la moneda común. Pero lo que sí es imprescindible, si de lo que se trata es de gestionar la salida de la crisis de una forma democrática y social, es comenzar por recuperar cierto grado de la soberanía que ha sido usurpada a la ciudadanía europea en las últimas décadas.

En primer lugar, es prioritario recuperar la cen- tralidad de la política en cuanto a las decisiones económicas se refiere: hay que garantizar que la
gestión económica de nuestros recursos se lleva a cabo mediante procedimientos democráticos. No es posible poner en pie otra forma de gestionar la crisis si previamente no se enfrenta la llamada «dicadura de los mercados». Para ello necesitamos unas instituciones estatales y europeas verdaderamente democráticas y con firme vocación por gobernar al servicio de la mayoría social, en lugar de a favor de los bancos y demás inversores financieros. Los elementos básicos de la hoja de ruta para salir de la crisis han de ser apoyados por la población. El caso de dotar de rango constitucional un tope máximo al déficit público es un caso extremo. Los partidos políticos no pueden aprobar medidas que afectan seriamente a las condiciones de vida presentes y futuras de la población, pero que no formaban parte del programa de gobierno que la ciudadanía tuvo la posibilidad de votar. Ante estos casos, hay que exigir que se organicen consultas vinculantes que aseguren que la población respalda las medidas en cuestión. Países como Islandia demuestran que reclamar el derecho a decidir sobre cuestiones económicas fundamentales es factible.

La otra condición necesaria para librarnos de la autoridad ilegítima de los poderes financieros es dotar a los estados de mecanismos de financiación que no les hagan depender de los inversores privados. Según hemos analizado en las preguntas V y VII, el Estado podría movilizar una cantidad
ingente de recursos; el problema es que en los últimos años ha ido renunciando a esa capacidad. Esta renuncia ha tomado la forma de concesiones a los grupos de población más favorecidos —que han visto cómo se reducían notablemente los impuestos que pagaban— y a los bancos —que se enriquecen enormemente financiando a los estados gracias a unos recursos que una institución pública (el BCE) les facilita. Recuperar una política fiscal potente y progresiva, que grave más a las rentas del capital (que en nuestro país soportan muchos menos impuestos que las del trabajo), acompañada de una lucha decidida y eficaz contra el fraude y los paraísos fiscales, incrementaría sustancialmente los recursos a disposición del Estado. Con ello, se reduciría su necesidad de endeudamiento y así su
dependencia actual de los mercados financieros.

Recuperar la capacidad de movilizar recursos públicos es particularmente urgente en un contexto como el actual, en el que es imprescindible que
el Estado emprenda programas de gasto robustos y bien orientados. Por una parte, esos recursos públicos debieran destinarse a paliar los enormes costes sociales que genera la crisis sobre los sectores más desfavorecidos de la población. Y por otra, la inversión pública es imprescindible para reactivar la economía y generar empleo, reorientando nuestro modelo productivo con criterios de utilidad social y sostenibilidad medioambiental.

La gestión monetaria también debería jugar a favor de esta recuperación de la soberanía económica. Son precisos bancos centrales que asuman sus responsabilidades con la ciudadanía y dejen de actuar como representantes de los acreedores (bancos y otros agentes poseedores de deuda). Cuando los
estados lo necesiten, el BCE debería comprar su deuda pública sin dilación y a unas tasas de interés favorables (lo cual es contradictorio con sus estatutos actuales), en vez de ofrecer esos tipos de interés reducidos a los bancos privados para que sean ellos los que financien a los estados a un coste mucho mayor y enriqueciéndose con la operación (véase la pregunta IV). Lo que un banco central responsable debe garantizar no es la alta rentabilidad de los activos financieros —que es lo que hace prestando
dinero barato a los bancos en vez de a los estados—, sino el establecimiento de condiciones monetarias y financieras que colaboren en la reactivación de la actividad económica y la generación de empleo.

En el ámbito financiero también tendrían que tomarse medidas importantes, que contribuirían a ganar margen de maniobra para una gestión económica democrática y eficaz. En primer lugar, es precisa una regulación bancaria y financiera estricta.

Las normas sobre productos financieros y sobre las operaciones que pueden realizar los agentes deben ser muy precisas (acabando con la llamada «banca en la sombra», actividades financieras al margen de cualquier supervisión), y así evitar que se produzcan prácticas especulativas o, sencillamente, demasiado arriesgadas; se ha comprobado que las pérdidas derivadas de riesgos excesivos terminan siendo socializadas a toda la población. En contra del proceso privatizador en marcha, es vital recuperar la presencia de una banca pública capaz de operar con criterios de largo plazo y utilidad social, que facilite crédito asequible a aquellas actividades
económicas prioritarias para la transformación del modelo productivo y la generación de empleo. Este aspecto, junto con la mayor capacidad financiera de los estados, contribuiría a ganar autonomía frente al sector financiero privado. Por último, medidas dirigidas a controlar los movimientos de capitales, tanto entre unos tipos de mercados financieros y otros como entre distintos países, son imprescindibles para garantizar un compromiso mínimo de esos capitales con los proyectos a los que financian, así como para evitar jugadas especulativas.

Suele argumentarse que la dictadura de los mercados es infranqueable. Se sostiene que si un país optara por instaurar controles de capital que
entorpecieran la especulación, o una normativa laboral favorable a los trabajadores, los inversores lo abandonarían prefiriendo destinos más atractivos.
Sin embargo, la UE brinda un escenario propicio para instaurar este tipo de medidas. Pensemos que casi el 70% del comercio exterior de los países de
la Unión tiene como destino un país europeo. La competitividad externa que principalmente afecta a los países de la UE, por tanto, reside en el propio continente. Por eso sería perfectamente viable, además de necesaria, la creación de un espacio económico europeo basado en la cooperación entre
sus miembros: en lugar de competiciones a la baja —rebajas fiscales, recortes salariales, alargamiento de la edad de jubilación, ausencia de control al capital financiero, etc.—, un espacio europeo que funcionara de forma conjunta y coordinada, no basado en una competición destructiva y cortoplacista frente al país vecino, podría aplicar medidas
de signo completamente opuesto.

En particular, una verdadera integración económica entre los países de la UE permitiría instaurar un modelo laboral y de derechos sociales convergente al alza. Frente al problema del desempleo, se podría reducir la jornada de trabajo (sin reducción salarial) y acortar la vida laboral, de forma que el empleo existente (y con él, el ingreso) se repartiera de forma más equitativa. Un reparto más equilibrado del trabajo remunerado permitiría,
además, una distribución también más justa de los trabajos no remunerados (trabajo doméstico y de cuidados). El salario mínimo debe ser suficiente para garantizar un nivel de vida digno, por lo que se impone su equiparación a escala europea, tomando como referencia los niveles más avanzados. Una vez recuperada la capacidad para tomar decisiones económicas, y desactivado el mecanismo de competencia salarial actualmente vigente entre los países de la UE, sería posible revertir el proceso de ajuste salarial que lleva más de tres décadas en marcha y que se ha profundizado con la crisis.

De esta forma, los costes asociados a la crisis se distribuirían de forma equitativa, recayendo sobre sus responsables y permitiendo a la población trabajadora recuperar su capacidad adquisitiva y los derechos económicos y sociales que le han sido recortados en los últimos tiempos. Estos serían pasos fundamentales que podrían servir como punto de apoyo a partir del cual avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática desde el punto de vista económico.

Bibiana Medialdea.

Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan

Ed. Icaria

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