Para la derecha española el franquismo sigue siendo un referente que no está dispuesta a cuestionar. No es una cuestión de mera nostalgia, sino que son conscientes de cómo el pasado actúa en el presente y en el futuro. Se comprende por tanto la insistencia en que se desconozca la verdad del pasado, y los intentos por conseguir que su falso relato sea socialmente hegemónico, con la intención de legitimar sus proyectos políticos presentes y futuros.

Que en nuestro país, en más de cuarenta años de democracia, no se hayan aplicado políticas específicas para desmontar la falsificación de la historia de los cuarenta años anteriores, ha protegido la impunidad de los criminales, pero también a los negacionistas de las responsabilidades del franquismo, que hoy se posicionan impúdicamente al nivel de los negacionistas del Holocausto.

Es la consecuencia lógica de cómo se hizo la Transición Política española. Como ha dicho el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones judiciales, la transición a la actual la democracia se hizo de ley a ley, es decir, reconociendo la legalidad franquista nacida del golpe de estado de 1936; sin ruptura democrática con la Dictadura Franquista; sin depurar los aparatos de estado franquistas; sin cuestionar los privilegios de las elites franquista; constituyendo uno de pilares fundamentales sobre los que se construye el Régimen del 78: la impunidad de los crímenes del franquismo y la amnesia colectiva como política de estado sobre lo que fue la experiencia democrática de la II República Española, el golpe de estado del 18 de julio, la Dictadura franquista, la represión o la luchas antifascistas. Qué podemos esperar de un estado como el español, donde ni un sólo criminal franquista ha sido juzgado y condenado por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra de España o la Dictadura, donde se puede pasar por demócrata sin ser antifascista. Los franquistas no sólo ganaron la Guerra de España, sino que también ganaron la transición a la democracia.

¿Existe voluntad política y capacidad real para hacer que la Ley de Memoria Democrática (LMD) sea cumplida por todas las instituciones? Hablamos del Ministerio de Defensa y otros; de los ayuntamientos y las comunidades autónomas; de las delegaciones del Gobierno… El absentismo, por no decir complacencia de algunas instituciones, por ejemplo, cuando se han consentido actos de exaltación de la dictadura y menosprecio a las víctimas, no nos permite ser optimistas.

Somos conscientes de que esta nueva Ley tiene los días contados si las derechas llegan al gobierno central. Su intención explícita es derogarla y sustituirla por una llamada “ley de concordia” (¿Por qué lo llaman concordia cuando quieren decir Impunidad?). Es indispensable que el Gobierno empiece a tomar medidas para que, en caso de que sea la LMD derogada en un futuro, ya se hayan llevado a cabo cambios irreversibles, como por ejemplo: la retirada del callejero y la simbología franquista, o la declaración y monumentalización de Lugares de Memoria. Es fácil derogar un texto legal, pero es más complicado derribar un monumento o reponer unas calles franquistas. Y es exigible que el próximo Reglamento o Reglamentos de la LMD sea restrictivo en la interpretación, por ejemplo, de la simbología y nomenclatura a retirar por las administraciones, y contundente al definir la aplicación del régimen sancionador que incluye la ley, por ejemplo para casos de exaltación del franquismo y menosprecio a las víctimas.

Las Administraciones de derechas están aplicando políticas de protección, en el marco de sus competencias, para proteger monumentos y simbología franquista. Es el caso de la cruz de Cuelgamuros por la Comunidad de Madrid, o la intención de catalogar como BIC unos 40 escudos franquistas en fachadas de edificios por la Junta de Castilla y León. Ya vimos lo que pasó con la Ley de Memoria de 2007 y el tema de la simbología franquista, por poner un solo ejemplo: puesto que no se aprobó un Reglamento que desarrollase la Ley, las instituciones retiraron la simbología y el callejero franquista sólo donde hubo voluntad política de hacerlo. La tipología de lo que había que quitar no estuvo nunca clara, no había plazos, ni régimen sancionador para los incumplimientos. Esto no puede pasar con la LMD de 2022.

Los resultados electorales de las elecciones autonómicas de mayo de 2023 han permitido la conformación de varios gobiernos autonómicos producto de alianzas del Partido Popular y de Vox. La participación de esta última fuerza sirve como excusa y justificación para la aplicación de políticas regresivas por parte del PP, que en los temas de Memoria por lo general había venido actuando, donde había gobernado, como una fuerza de la derecha más extrema.

Es previsible que se intente derogar la mayor parte de la legislación memorialista autonómica, comunidad por comunidad, en un plazo más o menos rápido. Es envidiable la celeridad y la rotundidad con que actúan las derechas en este asunto, frente a la actitud de la izquierda en la aplicación de políticas memorialistas democráticas desde las instituciones, que por lo general ha sido pusilánime.

Ya se ha comenzado con los trámites parlamentarios en algunas comunidades autónomas, y en otras los gobernantes han anunciado su intención de hacerlo. Existe también una tercera posibilidad: el vaciamiento presupuestario y de contenido, como se viene haciendo por ejemplo en Andalucía desde la llegada al gobierno del PP.

El problema es cómo oponernos, y en su caso impedir, la derogación de la legislación autonómica.Por ello, la Federación Estatal de Foros por la Memoria propone las siguientes acciones legales e iniciativas sociales, compatibles y complementarias entre sí, complicadas pero viables:

1. La presión social allá donde podamos ejercerla, dentro de nuestras posibilidades, que pasa por vehicular nuestras propuestas por medio de las fuerzas políticas democráticas, así como vincular nuestra lucha con el resto de colectivos y organizaciones que están en el punto de mira del fascismo.
2. Exigir el cumplimiento de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, así como de las recomendaciones de los relatores de la ONU y expertos internacionales.
3. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporando a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional (contenido entre otros en el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
4. Modificación de la Ley de Partidos Políticos, de Asociaciones y de Fundaciones para sean ilegalizadas las organizaciones políticas, fundaciones, asociaciones o cualquier otro colectivo que no condene el Golpe de Estado del 36, la Dictadura Franquista, los crímenes del franquismo.
5. Modificación del artículo 578 del Código Penal para que incluya el reconocimiento jurídico de víctimas del franquismo.
6. Emprender acciones judiciales ante los tribunales.
7. Exigir al actual Gobierno Español que recurra por ser inconstitucionales, ante el Tribunal Constitucional las futuras leyes de “Concordia” ya que suponen una violación flagrante de los derechos fundamentales de las Víctimas del Franquismo y ser contrarias a la actual Ley de Memoria democrática.
8. El desarrollo y aplicación de la ley de Memoria estatal, de rango superior a las autonómicas, puede y debe ser nuestra principal arma contra las políticas negacionistas y regresivas.
9. La solidaridad internacional, recabando el apoyo de instituciones democráticas supranacionales, y de organismos internacionales de Derechos Humanos. Un respaldo, eso sí, que vaya más lejos de meras declaraciones formales.

Porque el fascimo no es una ideología, es un crimen. Ni un paso atrás frente al negacionismo y blanqueamiento del franquismo promovido por el Partido Popular y por Vox.

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Federación Estatal de Foros por la Memoria. Abril de 2024