Según la primera valoración del equipo de abogados, esta condena no pone en peligro el estatus de refugiada política de Leyla. Pero para evitar que se siente un precedente, es importante que esta sentencia sea recurrida ante la Corte Suprema de Justicia. El coste del recurso judicial rondará los 8.000 €, por lo que se inicia una campaña de recaudación de fondos.

Apoyo económico para el recurso de Leyla ante la Corte Suprema de Colombia

Se pueden hacer ingresos a la cuenta de La Caixa nº 2100-1582-33-0100645264

Comunicado de la Plataforma de Solidaridad con Colombia

Desde la Plataforma de Solidaridad con Colombia, manifestamos nuestro enérgico rechazo a esta sentencia condenatoria:

Con sorpresa hemos recibido la noticia de que nuestra compañera Leyla Ordoñez, fue condenada en ausencia en Colombia el 28 de febrero a 8 años y 33 días de prisión por un delito del que no fue acusada durante el procedimiento penal. En palabras de la defensa es “UNA SENTENCIA INSÓLITA PORQUE SE DICTÓ UNA SENTENCIA CONDENATORIA POR UN DELITO POR EL CUAL NO FUE INVESTIGADA NI ACUSADA, ES DECIR UNA INCONGRUENCIA ENTRE LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA”. La sentencia del delito por el que se le procesó fue absolutoria. Cabe recordar que nuestra compañera fue pedida en extradición por el gobierno colombiano, fue detenida y llevada a la audiencia nacional de Madrid, en febrero de 2011, fue dejada en libertad condicional sin fianza. Este caso fue archivado en España el pasado mes de octubre de 2012, por absoluta falta de pruebas. Leyla goza en España de protección internacional por haber sido reconocida como refugiada política.

Es evidente que el gobierno colombiano continúa con su persecución a los activistas que desean paz con justicia social, pese a los diálogos habidos con la insurgencia en La Habana. Mientras que a las autoridades colombianas se les ha llenado la boca hablando de libertad de expresión, de garantías para la participación política, y una sarta de buenas palabras, han seguido con su política sistemática de persecución y hostigamiento, encarcelando a miles de luchadores y luchadoras, activistas sociales y populares, defensores de derechos humanos, líderes campesinos, indígenas, estudiantes, sindicalistas, profesores, oposición política bajo la acusación de “rebelión”, y que decir si alguien se atreve a denunciar los crímenes estatales y paraestatales, inmediatamente es acusado de terrorista.

La persecución a los representantes de movimientos sociales es una realidad dramática en Colombia que, incluso, va más allá de sus fronteras como hemos visto con la compañera Leyla, que se vio obligada a optar por el exilio, huyendo de una persecución que muchas veces puede incluir la muerte, y cuando no la desaparición, la tortura, el acoso y, por supuesto, la estigmatización.

En Colombia en los últimos 10 años se ha asesinado a más de 300.000 personas, por motivos políticos sin que el aparato judicial haya hecho lo más mínimo por remediarlo. Todo lo contrario, se ha afanado en impedir la persecución de los criminales y el castigo de los verdugos con total impunidad y con la complicidad de los medios de comunicación al servicio del capital, que han encubierto, no solamente la exclusión económica, social y política en que las élites de ese país mantienen a la mayoría de la población, sino incluso los crímenes de lesa humanidad que el Estado comete.

La guerra y su lógica de exterminio y criminalización se traduce en más de 9 mil presos y presas políticos, de los que solamente unos 800 son miembros de la insurgencia. La mayoría son civiles encerrados en las prisiones del Estado colombiano bajo acusaciones inventadas, con falsos testigos y pruebas prefabricadas, como ha sido el caso de la compañera Leyla, acusada únicamente con pruebas que fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de Colombia

En los procedimientos judiciales se cuenta con el proceso ilegal de informaciones de inteligencia militar obtenidas de manera irregular y tergiversadas según a ellos les conviene. Así la Fiscalía de Colombia sostiene, cuando le interesa, que diversas organizaciones y personas forman parte de la estructura del Partido Comunista clandestino de las FARC-EP, lo que ha dado lugar a numerosas detenciones y persecuciones más allá de sus fronteras.

La condena de Leyla obedece a las ansias de venganza del gobierno colombiano y al incansable intento de acallar las voces que, tanto dentro como fuera, denuncian el verdadero carácter del estado colombiano.
Por eso llamamos a la solidaridad a todos los hombres y mujeres, asociaciones, agrupaciones políticas conscientes y solidarios con la realidad colombiana, a colaborar en esta causa, denunciando los manejos del gobierno y apoyando a la compañera Leyla, a fin de evitar esa injusta condena.

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Dirección para enviar adhesiones a este comunicado: plataformasolidaridad.colombia@gmail.com

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