25 oficiales de policía italianos han sido finalmente condenados por falsificación en segundo grado y lesiones graves al ser declarados culpables por el asalto a la escuela Díaz, el día después de la muerte de Carlo Giuliani, manifestante asesinado por los carabineros italianos. La escuela había sido ofrecida entonces por el Ayuntamiento de Génova al Foro Social de Génova, organizador de la protesta contra la cumbre oficial, como residencia para quienes viajaron desde todas partes de Europa para participar en la movilización. Después de la irrupción violenta de un centenar de policías pertenecientes a la unidad móvil de Roma, dirigida por Vincenzo Cantantes, más de 60 activistas de diferentes edades resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad con fracturas cráneoencefálicas, lesiones y contusiones múltiples, hemorragias, perforación de pulmón y trauma craneal o rotura de dientes.

El fiscal general Pío Maquiavelo había solicitado al juez sanciones por más de 110 años de cárcel para los 27 acusados, sin la concesión de circunstancias atenuantes. La sección tercera de la Corte Penal de Apelaciones impuso la mayor pena a Vincenzo Cantantes, ex jefe de la unidad móvil, mientras que los ex jefes asistentes en Roma Miguel Ángel Fournier (el oficial de policía que en su día habló de "carnicería mexicana", arrepentido de lo que había sucedido) y Luis Fazio fueron absueltos gracias a la prescripción de sus delitos después de nueve años de proceso. Los delitos de difamación, detención ilegal y lesiones menores han prescrito.

Un siglo de penas para la policía

El jefe de policía dell’anticrimine Francesco Gratteri ha sido condenado a cuatro años, el ex comandante de la primera unidad móvil de Roma Vincenzo Cantantes a cinco años, el ex director adjunto John dell’Ucigos Luperi (actualmente en la Agencia de Información y Seguridad interna) a cuatro años, el ex jefe de la Digos de Génova Espartaco Mortola (vicario jefe, ahora asistente de Turín) a tres años y ocho meses, el ex diputado de la OCS Caldarozzi Gilberto a tres años y ocho meses. Dos agentes de policía, Pietro Troiani y Burgio Michael, acusados de introducir bombas molotov en la escuela para materializar la farsa por la que se acusó en un primer momento a las personas agredidas, fueron condenados a tres años y nueve meses. Todas las penas de los 13 policías condenados en Primera Instancia han sido endurecidas. En general, la suma de las penas alcanza el siglo.

La Corte revocó la sentencia anterior de Primera Instancia, por la que sólo 13 policías fueron condenados como autores de la masacre, con un total de 35 años y siete meses, mientras que otros 16, la cúspide de la cadena de mando, fueron absueltos. Los fiscales Enrico Zucca y Francesco Albini Cardona habían pedido en Primera Instancia a los 29 policías condenas por un total de 109 años y nueve meses de prisión, pero fueron absueltos entonces los principales responsables de la cadena de mando: Francesco Gratteri, para quien se pidió una pena de cuatro años y diez meses; John Luperi, con idéntica petición; Gilberto Caldarozzi, con cuatro años y seis meses; y Espartaco Mortola, también con cuatro años y seis meses de petición fiscal.

El fallo de la Corte de Apelación de Génova es definitivo. En la noche del 13 de noviembre de 2008, cuando tuvo lugar el veredicto en Primera Instancia, la acusación civil recibió la decisión al grito de "vergüenza, vergüenza". Esta pasada noche del 18 de mayo de 2010, sin embargo, los abrazos y las lágrimas de alegría de numerosas personas llenaron la sala.

Un grito de satisfacción se levantó en el salón de juicios mientras los jueces leían la sentencia. Eran los gritos de muchas personas, principalmente británicos y alemanes que habían sobrevivido al ataque policial en la escuela. El periodista británico Mark Covell manifestaba: "Esta mañana no me esperaba nada; es una decisión dramática que da fuerza y valor a muchos italianos y extranjeros que durante la cumbre del G8 sufrimos injusticias y fuimos golpeados, torturados y encarcelados".

Heidi Giuliani, madre de Carlo Giuliani, señaló que "la sonrisa de Zulkhe fue la mejor respuesta a la sentencia y que una decisión así de la justicia es siempre bienvenida en este país". Zulkhe es la activista alemana fotografiada en una camilla a la salida de la Díaz después de la paliza y cuya imagen fue portada en todo el mundo. Enrica Bartesaghi, presidenta de la Comisión "Verdad y Justicia" y madre de otra joven activista golpeada declaró: "Es increíble, no esperábamos esta sentencia, se vuelve a abrir un resquicio de confianza en el país; es un día único para los fiscales que intervenían; se reconoció la culpabilidad de la cadena de mando, de todos los que fueron responsables". El abogado Stephen Bigliazzi expresó su satisfacción por todos los abogados y abogadas de las personas asaltadas en la Díaz que ejercían como acusación civil y dijo: "Se confirma nuestra tesis de que los altos mandos policiales son los auténticos responsables de la operación".

Para el presidente del Partido de la Libertad (PDL), Fabrizio Cicchitto, esta sentencia "criminaliza a todo y a todos, y apoya la opinión anti-globalización más extrema que está totalmente en contra de las fuerzas del orden y que trajo como consecuencia un gran daño, moral y material, a la ciudad de Génova".

La policía detuvo en 2001 a 93 personas (11 de ellas formaban parte del Movimiento de Resistencia Global de Zaragoza), todas ellas absueltas posteriormente de la acusación de asociación delincuente con fines de devastación y saqueo, resistencia agravada y tenencia de armas. Dos cócteles molotov fueron encontrados en el interior de la escuela Díaz y presentados por las autoridades como parte de un arsenal de las personas detenidas (esta última acusación era fundamental ya que es el único caso que la legislación italiana prevé para una detención masiva sin orden judicial). Sin embargo, los jueces han resuelto finalmente que fueron introducidos en la escuela por la policía para justificar su sangrienta operación y los arrestos posteriores.

El Foro Social de Génova (GSF) denunció que durante el registro a uno de los dos edificios asaltados, que albergaba la sede de los medios de comunicación independientes y de la oficina de asistencia legal, desaparecieron varios discos duros y ordenadores portátiles de los periodistas con las imágenes sobre las manifestaciones y los enfrentamientos, destinadas a la denuncia que el GSF iba a poner a las fuerzas del orden, lo que hacía sospechar que la acción estaba destinada a borrar pruebas. La asociación nacional de periodistas se posicionó como parte civil en la denuncia contra la irrupción en la escuela.

Las imágenes de cuerpos sangrantes, golpeados salvajemente, dieron la vuelta al mundo aquel verano de 2001. Según la mayoría de analistas y protagonistas de aquellos trágicos sucesos, la violencia policial desatada, producto de la impotencia, pretendía hacer frente a un movimiento que no dejaba de crecer.

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http://www.processig8.org

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