Por Eduardo Bayona

De dónde viene el interés por enlazar las estaciones de esquí de Candanchú, Astún y Formigal a costa de los valores naturales de la Canal Roya, uno de los últimos parajes vírgenes del Pirineo? ¿Por qué ese empeño en potenciar una actividad como el esquí en una zona en la que las previsiones climáticas sitúan fuera de servicio la primera y prevén una notable reducción de la superficie de las otras dos por falta de nieve en apenas dos décadas? ¿Sale a cuenta?

Parece claro que no sale a cuenta en términos ambientales, ante la perspectiva de destrozo que supondría instalar en un ‘santuario’ de la montaña como el Anayet un telesilla de esas dimensiones (4,2 kilómetros) con capacidad para trasladar a 2.400 personas por hora, un volumen que, por otra parte, se antoja desmesurado para el potencial de atracción de las estaciones: 134.400 en una semana si funciona ocho horas al día, 168.000 si lo hace durante diez.

Canal Roya. Foto: PDMA

En el plano económico, un relato oficial plagado de mitos, en cuya difusión supone un factor clave la confluencia de intereses de la principal administración, la mayor entidad financiera y el grupo mediático de mayores audiencias del país, distorsiona el análisis y el debate y dificulta la posibilidad de alcanzar conclusiones de ámbito territorial más allá de la obvia conclusión que indica que los gestores de esas instalaciones ven con los mejores ojos la posibilidad de mejorar su oferta, y con ella su negocio, con cargo al erario público, que es lo que supondría financiar la inversión con recursos Next Generation de la UE a fondo perdido.

Pero, más allá de esa obviedad, ¿cuál es el impacto económico real del esquí en el Pirineo? ¿alcanza esos 6% del PIB aragonés (2.200 millones) o 10% del oscense (630), que a su vez sería un 1,6% del primero, del que, con independencia de la diferencia de magnitud, hablan algunas fuentes y comunicadores aparentemente bien informados? No: ni por el forro ni al margen del forro.

¿Cuánto dinero deja el esquí en el Pirineo?

Lo cierto es que no hay una medición oficial de cuál es el impacto económico del esquí en el Pirineo. De hecho, para las próximas semanas se espera que comiencen a estar disponibles las primeras conclusiones del estudio encargado por el Departamento de Economía de la DGA a la Facultad de Empresa de Uesca sobre las consecuencias socioeconómicas de esa actividad en los 16 municipios de su área de influencia.

Hay un antecedente, que es el estudio sobre el Impacto económico y en el empleo del esquí en las comarcas de montaña aragonesas elaborado en 2010 por el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) y por el Servicio de Estudios de Ibercaja, que cifraba en algo menos de 300 millones de euros el dinero que anualmente llegaba por el esquí a las cuatro comarcas aragonesas en las que se practica: Ribagorza, Alto Galligo, la Chacetania y Gúdar-Javalambre.

El desglose contabilizaba un gasto de 700.000 euros en pernoctaciones, otro de 110 millones por los esquiadores que pernoctaban, 109 por los que no lo hacían y 18,5 por los acompañantes que no esquían, a los que se sumaban un máximo de 54 más en ‘forfaits’ (1,8 millones en 2004-2005 a 30 euros).

Eso, trasladado a esta última campaña, daría un total de 66 millones de euros en ‘forfaits’ y, si se aplica la inflación de los últimos doce años a los 238 millones de gasto turístico de 2010, en la que los precios del turismo y la hosteleríaaumentaron casi un 26% en Aragón, otros 300 en alojamiento, manutención, ocio y otros aspectos, lo que daría un total de 366.

¿Dónde se va a poder esquiar?

Sería sobre una escala de esa magnitud, y descontando de la cifra de partida la aportación de Panticosa, Cerler, y seis de las siete estaciones de esquí nórdico del norte del país (Gabardito, Linza, Lizara, Llanos del Hospital, Panticosa y Pineta), Valdelinares y Javalambre, sobre la que en realidad habría que proyectar las estimaciones sobre los retornos de la inversión.

Y, a la hora de hacerlo quizás no sería descabellado tener en cuenta algunas premisas de carácter científico como las que recoge el estudio titulado Impactos y riesgos derivados del cambio climático en el Estado español, que advierte que las estaciones situadas “por debajo de los 2.000 metros podrían desaparecer o reconvertirse hacia otras modalidades turísticas por falta o escasez de nieve", una “situación que es previsible que se agrave incluso con escenarios climáticos más moderados” que los actuales.

Candanchú se encuentra por debajo de esa cota límite, que sí superan aunque solo de manera parcial Astún y Formigal. Tampoco tiene áreas por encima de los 2.000 metros Panticosa, mientras que Cerler, en Ribagorza, es la única estación aragonesa ubicada de manera íntegra en el nivel superior.

Y no es que el documento sea muy exigente con las condiciones que considera mínimas para la práctica del esquí, ya que señala como requisito de viabilidad que en los dominios de las estaciones de esquí se mantenga durante al menos cien días al año un manto de nieve de treinta centímetros de espesor.

Un sector rescatado, concertado y económicamente frágil

Junto con la vertiente económica y la ambiental, el escenario incluye otras claves, que se encuentran en la estructura societaria de las estaciones y en la perspectiva histórica de su evolución.

En este sentido, Aramón nace como instrumento de rescate de una serie de empresas privadas en situación de crisis o en riesgo de estarlo una vez agotado el principal filón de ingresos del esquí, que es la venta de la vivienda que se la asocia, y como consecuencia de la confluencia de dos intereses principales: el del Gobierno de Aragón por mantener una actividad clave en la estructura económica del Pirineo y el de Ibercaja, socios al 50% en la iniciativa, por mantener vivas unas compañías cuya eventual quiebra entrañaba, como ocurrió con otras cajas de ahorros y otros negocios en otros lugares a principios de este siglo, el riesgo de provocar la suya.

El concurso de acreedores de Candanchú, el hecho de que tanto esa estación como Astún, la otra de corte alpino que no está integrada en Aramón, requirieran inyecciones millonarias de dinero desde el Gobierno de Aragón para seguir operando tras los confinamientos y factores como que al hólding le resulte imprescindible mantener vivo el proyecto de Castanesa para evitar un descuadre del balance ilustran la fragilidad de un sector, poco más privado que concertado/público, cuyos gestores han apostado de manera abierta por una unión de estaciones que ha provocado un rechazo social e institucional tan extenso e intenso como inesperado.

No se trata de un proyecto novedoso, y de hecho ni siquiera parece que lo fuera en 2013, cuando el Gobierno PP-Par de Luisa Fernanda Rudi presentó su primera formulación oficial, visto cómo se fueron moviendo, o más concretamente cayendo, las piezas que en los últimos quince años iban a dotar de protección un paraje cuyos valores naturales han ido asumiendo las mismas administraciones que, en la práctica, en los últimos quince años, si no antes, han tendido más a desprotegerlo que a protegerlo.

La desprotección de Canal Roya comienza poco después de que lo hiciera la propia andadura de Aramón, fundada en mayor de 2002 y que hoy contabiliza un capital de 84 millones de euros, y tiene como principal protagonista, aunque no ha sido el único, al Gobierno de Aragón, responsable de proteger el medio ambiente, la actividad económica y el equilibrio territorial en su territorio al mismo tiempo que promotor y dueño en un 50% del hólding del esquí, una combinación de intereses y obligaciones que en ocasiones resulta desgarradora. E incluso disparatada. Y hasta surrealista.

Cronología de la desprotección de la Canal Roya

El PORN de Anayet-Partacua: Cuatro años y medio tenía Aramón cuando en noviembre de 2006 arranca el primer intento fallido, o abortado, de proteger la Canal Roya con el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) de Anayet-Partacua, cuyo decreto de inicio ya advertía que “las instalaciones de deporte invernal unido a las actividades que giran en torno a ellas, provocan una afección sobre el medio que es necesario regular para mantener el valor de los elementos naturales” en un área de 235 kilómetros cuadrados de cinco municipios (Canfranc, Bellanuga, Samianigo, Biescas y Sallent de Galligo) en la que “junto a estas nuevas actuaciones conviven todavía actividades tradicionales ligadas fundamentalmente a la ganadería, las cuales van perdiendo peso progresivamente”.

“Todo ello configura una nueva realidad en la que se debe compaginar desarrollo humano con la protección ambiental de estos espacios, en los que se recogen hasta veinticuatro tipos de hábitats diferentes, cuatro de ellos prioritarios”, añadía el decreto, que establecía un veto que hoy parece olvidado: en tanto el plan no haya sido tramitado, algo que sigue sin ocurrir, “no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica, que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del mismo”.

El PORN lleva una década en el cajón, del que no acabó de salir hace unos meses cuando la Dirección General de Medio Natural trató de reactivarlo sin éxito. El Gobierno lo dio por caducado, una decisión de cuya valoración en Bruselas no hay noticias.

La reserva natural fluvial: El segundo Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, oficialmente previsto para el periodo 2010-2015 pese a que no vio la luz hasta 2014, contemplaba la creación de una red de reservas fluviales en la que figuraban de salida la Canal Roya y la Canal d’Izas, aunque, tras un amago de crecimiento con las propuestas recogidas durante el proceso de participación, acabaron quedándose fuera del listado definitivo para no haber vuelto a ser incluidos nunca más en él.

Las reservas naturales fluviales son una figura de protección ambiental para “tramos de río con escasa o nula intervención humana” que “merecen un especial esfuerzo de recuperación” para “alcanzar una verdadera red de corredores biológicos de índole fluvial”. Una vez declaradas, en ellas solo podrán autorizarse actividades cuyos “efectos negativos no sean significativos ni supongan un riesgo a largo plazo” para ese ecosistema.

Isabel García Tejerina (PP) mutiló las expectativas de protección de esas dos zonas que inicialmente había planteado Cristina Narbona (PSOE) sin que su sucesora, Teresa Ribera, hace movido ficha hasta el momento en otra dirección.

La Ley de Aguas y Ríos: A mediados de 2017, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso que el Gobierno central había dirigido, entre otros preceptos, contra el artículo 19.3 de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, lo que habilitaba al Gobierno de Aragón para “ejecutar las competencias en materia de medio ambiente en relación con la protección de las aguas continentales (…) impulsando la declaración y protección de las reservas naturales fluviales, para su incorporación a los planes hidrológicos de las demarcaciones con territorio aragonés, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana”.

“Estas reservas -añade la norma- se circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico, y serán gestionadas por el Gobierno de Aragón aquellas cuyo territorio se encuentre íntegramente en la Comunidad, en virtud de las competencias en espacios naturales protegidos, sin perjuicio de las competencias de la Administración General del Estado”. Hasta la fecha, el Pignatelli no ha hecho uso de esa potestad para proteger la Canal Roya o la Canal d’Izas.

Las Zonas de Especial Conservación: Entre la aprobación de esa ley en 2014 y su aval por el Constitucional en 2017, el Gobierno de Aragón puso en marcha la declaración de las ZEC (Zonas de Especial Conservación), que acabó viendo la luz mediante un decreto publicado en febrero de 2021 en el que se incluía el Pico y Turberas de Anayet entre los 39 LIC (Lugares de Interés Comunitario) que pasaban a integrarse dentro de la Red Natura 2000.

Su Plan Básico de Gestión advierte de los riesgos que entraña “un aumento de los usos recreativos” en esa zona, por lo que recomienda “la regulación del uso público y de las actividades recreativas para garantizar la compatibilidad de estas actividades con el mantenimiento en un estado de conservación favorable de los hábitats y de las especies que motivaron la declaración del espacio”, así como “gestionar el cambio de usos del suelo debido a la construcción y el desarrollo de infraestructuras”.

¿Supone eso que hay una figura de protección vigente sobre la Canal Roya? Más bien no, si se atiende al mapa en el que el Gobierno de Aragón delimita la zona afectada (ver página 103 del pdf) o a este otro del Miteco, que señalan que el río salvaje queda fuera del espacio protegido.

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