JM Naredo

Público

La tan sonada pelea por el control de Caja Madrid induce a reflexionar sobre unos intereses en juego que poco tienen que ver con los objetivos sociales que justifican en nuestro país la existencia de este tipo de entidades financieras de naturaleza más o menos pública y/o cooperativa.

La explicación del empeño de los políticos en controlar las cajas hay que buscarla en la culminación de dos procesos desencadenados durante la llamada transición a la democracia.

En primer lugar, el proceso de privatización y desmantelamiento total de la antigua banca pública hizo que ya sólo quedaran las cajas como instrumento a manejar por el poder político para financiar proyectos con menos exigencias que la banca privada, ya que las cajas ni cotizan en bolsa ni tienen que rendir cuentas a los accionistas.

En segundo lugar, la refundación oligárquica del poder operada “sin traumas” durante la transición democrática hizo que el renovado caciquismo imperante emprendiera el asalto de las cajas con el fin de arrimar esos rescoldos de financiación pública preferente a sus operaciones y megaproyectos. Se tejió así una red de intereses en la que ayuntamientos y cajas, que deberían velar por los intereses de la ciudadanía, acabaron sucumbiendo a la cultura del pelotazo.

Las cajas han venido siendo la mano financiera utilizada por ese neocaciquismo local y regional para sacar adelante sus grandes operaciones inmobiliarias y los megaproyectos de dudosa rentabilidad que les servían de pretexto. Así, por ejemplo, todos los parques temáticos –que acabaron mostrando pérdidas, para hacer la fortuna de los propietarios de terrenos circundantes– fueron financiados por cajas de ahorros y/o empresas públicas. Desde Port Aventura (La Caixa, 43 %)… hasta el Parque Warner (Arpegio, 44% y Caja Madrid, 22 %), pasando por Isla Mágica (Caja el Monte y Caja San Fernando, hoy fusionadas en Cajasol), por Terra Mítica (Bancaixa y Caja de Ahorros del Mediterráneo)… o por el Reino de Don Quijote y su aeropuerto privado, que hicieron colapsar a Caja Castilla-La Mancha (CCM).

Ciertamente, el Banco de España vela por que las cajas mantengan los obligados ratios de solvencia; sin embargo, el hecho de que la CCM declarara un notable beneficio y, a renglón seguido, tras ser intervenida, se le descubrieran cuantiosas pérdidas, hace dudar de que los controles ordinarios puedan desvelar las trampas de la ingeniería financiera. Sobre todo cuando las cajas han dejado de ser meras entidades de préstamo para convertirse, a través de sus grupos de empresas, en partícipes de esa lucrativa trapisonda constructivo-inmobiliaria que ha recorrido el país en estrecha connivencia –y ósmosis de directivos– con los partidos políticos gobernantes.

El libro Economía, poder y megaproyectos (Fundación César Manrique, 2009) ofrece ejemplos significativos de esta connivencia. Ahora que con la crisis vienen aflorando episodios de corrupción, suspensiones de pagos e intervención de entidades, sería el momento de iluminar y denunciar las irresponsabilidades sociales corporativas y las malas prácticas, cuyo reconocimiento crítico es el primer paso para enmendarlas.

José Manuel Naredo es economista y estadístico

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