Las organizaciones abajo firmantes venimos constatando y denunciando la práctica de la tortura en el estado español, situación que sigue produciéndose todavía hoy. Al mismo tiempo, hemos podido comprobar cómo el sistema penitenciario español, lejos del objetivo de reinserción social que supuestamente lo define, está dirigido en la práctica a la destrucción de las personas privadas de libertad, más todavía cuando los motivos por los cuales fueron encarcelados son reivindicaciones sociales o políticas.

Aun así, hemos comprobado cómo el Estado no ha tenido escrúpulos a la hora de emplear todos los resortes, fueran legales o no, con la finalidad de afrontar los problemas políticos y sociales -especialmente el denominado “conflicto vasco”- en términos puramente represivos.

Estamos siguiendo con verdadera preocupación la estrategia de criminalización de la actividad política y social, que pasa por la suspensión e ilegalización de partidos políticos y asociaciones, así como el cierre de medios de comunicación, utilizando, prioritariamente en el contexto vasco, una legislación antiterrorista y un Tribunal, encargado de aplicarla, que son de absoluta excepción.

Consideramos un importante indicador de la democracia la actitud vigilante de la sociedad civil en materia de derechos humanos, el impulso popular de la promoción de las libertades públicas y su defensa. Es por este motivo que consideramos necesaria la existencia de movimientos que se enfrentan a la vulneración cotidiana de derechos y libertades y que están junto a las víctimas de la violencia estatal. Afirmamos la legitimidad y necesidad de participación de la sociedad civil en la denuncia de las violaciones de derechos humanos así como en la solidaridad con los centenares de personas represaliadas por motivos políticos o sociales, sea en Euskal Herria o en cualquier otra parte del Estado o del resto del mundo.

Estamos profundamente convencidos de que la eliminación de uno de los testigos presenciales de la violencia de Estado, papel que desarrolla históricamente el Movimiento vasco Pro Amnistía, profundamente arraigado a la sociedad, solo sirve para abrir las puertas a la impunidad, a la indefensión de las víctimas de la violencia estatal, a la práctica de nuevas vulneraciones de los derechos humanos.

Es por todo ello que, ante el sumario 33/01 contra Gestoras Pro Amnistía- Askatasuna, queremos manifestar nuestra solidaridad con las personas imputadas, reivindicar y hacer nuestra su necesaria tarea de denuncia de la represión y de solidaridad con las personas que la sufren, y levantar la voz y clamar por el fin definitivo de esta dinámica de criminalización.

Por estos motivos, hacemos público nuestro compromiso de, cada cual desde nuestras ámbitos de trabajo, mantener viva esta actitud de denuncia y solidaridad que ahora se pretende silenciar de forma chapucera.

Acció dels Cristians per a l’Abolició de la Tortura (Països Catalans) • Alerta Solidària (Països Catalans) • Asociación Libre de Abogados (Madrid) • Asociación Contra la Tortura • Associació Memòria Contra la Tortura (Països Catalans) • Ateneu La Torna (Països Catalans) •Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES (Madrid) • Centro de Documentación contra la Tortura (Madrid) • CIEMEN (Països Catalans) • Comisión de Denuncia (Galiza) • Coordinadora contra la Marginació de Cornellà • Corriente Roja • Editorial Virus (Barcelona) • GGEBE-ADDSI Elkartea (Gipuzkoa) • Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia • Grupo de Juristas 17 de Marzo (Andalucía) •Grupo de Solidaridad con Euskal Herría en Madrid • Grup de Treball 18/98 Barcelona • Gurasoak (Euskal Herria) • Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (Universitat de Barcelona) • PreSOS Galiza • Rescat (Països Catalans) • Salhaketa Bizkaia • Salhaketa Gasteiz • Saramaganta (Movemento Social Ourensán, Galiza) • Torturaren Aurkako Taldea –TAT (Euskal Herria) • Etxerat - Euskal Errepresaliatuen senitartekoen Elkartea • Euskal Herriko Abokatuen Elkartea Eskubideak • Santurtziko Torturaren Kontrako Taldea –TKT • CEIVAR-Organismo Popular Anti-repressivo (Galiza)

Fuente: Alerta Solidària

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