El comandante Timoleón Jiménez está en las montañas de Colombia, bajo el ruido de los aviones y los helicópteros de combate de la Fuerza Pública que lo buscan con afán. Quieren exhibir otro trofeo de guerra.

Se cuida lo necesario pero está al frente de las tropas insurgentes y en permanente comunicación con los miembros del Secretariado, del Estado Mayor Central, de los Bloques y frentes.

Conoce a diario la situación y, en los últimos días, de cómo transcurrió la tregua unilateral, decretada por las FARC desde el mes de noviembre con vencimiento el 20 de enero.

Está informado al dedillo de todos los incidentes de la Mesa de Diálogos de La Habana. La comunicación con Iván Márquez y los miembros de la Delegación de Paz de las FARC-EP es fluida.

Es necesaria para mantener informada a toda la organización, clave de su cohesión y decisiones colectivas.

Como lo asegura en la entrevista, todas las FARC-EP están comprometidas con el proceso de paz y la orientación política y militar.

Desmiente lo de supuestas divisiones por los lados del Bloque Sur, porque no hay una sola declaración, un solo pronunciamiento, de Joaquín Gómez o Fabián Ramírez en que rechacen los diálogos de paz. “No hay divisiones ni nada que le parezca”, dice sin ambages.

Es una sola política y una sola orientación a toda la guerrillerada, se desprende de sus palabras. Advierte de la existencia de un comunicado reciente del Estado Mayor del Bloque Sur a sus unidades en que las orienta al respecto.

Acepta como obvio que existan opiniones tan dispares entre las partes. Para eso es el diálogo, si pensaran igual no habría conflicto ni necesidad de sentarse en una mesa a buscar acuerdos políticos y sociales.

“Por eso, dice Timoleón Jiménez, creemos que dicha posición está sujeta a cambios en el curso de las conversaciones”, refiriéndose al inamovible de no aceptar discutir el modelo económico y social.

Se ha cumplido lo que podríamos llamar el “arranque” de la Mesa de Diálogos de La Habana, que culminó el pasado 21 de diciembre, ¿qué balance se podría hacer? ¿Pinta bien el proceso o la perspectiva es de otro fracaso como lo anuncian los pesimistas?

Me parece que la expresión el arranque, que ustedes usan, es apenas la más apropiada para describir lo cumplido hasta ahora.

Se han producido anuncios, actos formales de instalación, ruedas de prensa y múltiples declaraciones, pero la verdadera discusión de los temas de la agenda apenas comienza.

El Foro sobre desarrollo agrario integral abrió la puerta a la participación de la población colombiana en el proceso.

También han llegado a la Mesa por otros conductos innumerables propuestas sobre la materia. Se ha empezado a hablar en la Mesa con distintos sectores vinculados al problema de la tierra.

Todo eso tiene gran importancia, es indicativo de que las cosas marchan bien, sobre todo porque como informan los delegados nuestros desde La Habana, esa oleada de voces coincide en un auténtico clamor por cambios estructurales.

La posición del Gobierno ha sido pública y enfática, en el sentido de no admitir debates sobre modelos de desarrollo en ninguno de sus aspectos.

Pero bueno, es su posición, la posición de una de las partes que se sienta con otra a buscar la solución política al conflicto. Por eso creemos que dicha posición está sujeta a cambios en el curso de las conversaciones. Para eso es una mesa de diálogo.

Nosotros podríamos partir de exigir el poder o la extinción total de la gran propiedad rural, que siguen siendo parte de nuestras metas, pero sabemos que de ese modo no llegaríamos a ningún lado.

El Gobierno debe tener compromisos políticos y pactos de lealtad con intereses muy poderosos en el campo, sin embargo, ellos no pueden constituir la exclusiva guía para su conducta.

La dinámica política puede conducir a la prevalencia de otros intereses. Al respecto somos optimistas. No cabe duda que las movilizaciones sociales que seguramente se producirán este año tendrán grandes repercusiones en todo esto.

Respecto a la duración de este proceso que es complejo y difícil, ¿cuál es el “tiempo razonable” para las FARC-EP, porque el Gobierno Nacional tiene un plazo hasta noviembre del presente año?

Lo razonable es no comprometer plazos, aunque voces interesadas interpreten esto como la eternización de unos diálogos inocuos. Los enemigos de la paz y de este proceso siempre se hallan prestos a las exageraciones y distorsiones. Se trata es de partir de realidades.

En mayo cumpliremos 49 años de confrontación armada, que se prolongarán quizás cuántos más si no se logra un acuerdo de reconciliación.

Frente a esto ¿qué sentido tiene armar un escándalo por unos meses más o un par de años más de diálogos, cuando de lo que se trata es de consolidar la terminación del conflicto y la paz en nuestro país?

Tras uno o más lustros de guerra siempre se volvería a una Mesa, así que es mejor, sin afanes, ahorrarle toda esa sangre a Colombia.

La participación social y popular ha sido uno de los temas de debate. Es evidente que el Gobierno Nacional prefiere un proceso aislado de la realidad nacional, sin “ruido” como dice con desprecio. ¿Cree que la positiva experiencia del Foro Agrario debe repetirse en los siguientes puntos de la Agenda contenida en el Acuerdo de la “fase exploratoria”?

Le decía que la experiencia del Foro Agrario Integral abrió la puerta a la participación popular en el proceso. En adelante, esta debe crecer como una bola de nieve que rueda nevada abajo.

El pueblo colombiano no necesita permisos del gobierno para pronunciarse y movilizarse. En gran medida esa es la paz que buscamos, la de la participación decisoria de la nación en las grandes definiciones que atañen a su futuro. Eso ya no se puede seguir prohibiendo en Colombia.

El Gobierno al parecer tiene dos discursos respecto al proceso de paz. Algunos voceros gubernamentales dicen que el Ministro de Defensa suele salirse del “libreto”, pero nadie lo pone en cintura. ¿Será una táctica del Gobierno en el sentido de que unos hagan de “buenos” y otros de “malos”? ¿O es abierto desafío al presidente Santos del sector ultraderechista y guerrerista en el Gobierno?

No creemos que se trate de tácticas o desafíos de la extrema derecha al Presidente Santos. Más bien es el reflejo político de los distintos intereses económicos que bullen en las alturas.

El actual gobierno es heredero de la seguridad democrática, un practicante devoto del credo neoliberal, desempeña a cabalidad su papel de agente del imperio en el sur del continente, confía ciegamente en la Espada de Honor, su plan militar de exterminio.

Su apuesta a la paz por vías del diálogo pone de manifiesto la fuerza que en el interior de su coalición toman determinadas conveniencias de momento, pese a la tozudez de algunos contradictores internos.

Lo que está claro es que su idea de paz no coincide con la de las grandes mayorías desfavorecidas, y ese es el verdadero debate.

A propósito de este tema, algunos “analistas” de la derecha le atribuyen la misma conducta a las FARC-EP (la de los dos libretos) y ponen como ejemplo la ausencia del Bloque Sur en la delegación de Paz que está en La Habana. ¿Qué opina al respecto?

Gran parte de la intelectualidad y la academia cooptadas por el unanimismo neoliberal desde los años 90, se especializó, no sabemos de qué modo, en el estudio de las FARC. Ustedes los escuchan o leen todo el tiempo pontificando sobre nosotros.

En realidad todos ellos son agentes a sueldo del gran capital, cumpliendo con su deber de satanizar las alternativas políticas y sociales al modelo depredador, cuando no hacen parte de las operaciones sicológicas desarrolladas por la inteligencia militar.

No hay una sola declaración de Joaquín Gómez o Fabián Ramírez que exprese algún tipo de discrepancia con el resto del Estado Mayor Central de las FARC.

En aras de la información objetiva, podemos entregarles para su publicación, la circular emitida por el Bloque Sur de las FARC a todos sus combatientes con relación al actual proceso de paz. Ella sola pone en su lugar toda esa charlatanería barata.

En las organizaciones sociales y populares existe una preocupación, porque el Gobierno Nacional mientras hace presencia en La Habana, en Colombia tiene una agenda antipopular, neoliberal y reaccionaria, como el fuero militar (ya aprobado), la reforma tributaria (ya aprobada), la reforma pensional en camino y otras medidas para descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores. Son mensajes equívocos gubernamentales. ¿Cómo hacer para que ello no le quite legitimidad y peso a la Mesa de La Habana?

La Mesa de La Habana está muy lejos de ser la Notaría encargada de avalar las antipopulares y antipatrióticas políticas del gobierno de Juan Manuel Santos.

Precisamente allá estamos sentadas también las FARC con el propósito indeclinable de denunciar y contradecir esas políticas que por servir de modo exclusivo a unas élites se convierten en combustible permanente del conflicto.

La Mesa es una conquista del pueblo colombiano, una ventana a la verdad, una puerta que se le abre a la muralla de la intolerancia y la violencia, para luchar por grandes transformaciones en el país.

Su legitimidad y peso real se encuentra en el protagonismo que el movimiento popular y social de Colombia asuma por la conquista de una nueva patria.

En esa lógica, las políticas neoliberales de Santos sólo podrían fortalecer la importancia de la Mesa de La Habana como instrumento de lucha para combatirlas.

¿Están las FARC dispuestas a mantenerse en la mesa, hasta el final, cuando haya un acuerdo de paz estable y duradera?

Eso está fuera de toda duda.

El ELN y el EPL están planteando la decisión de abrir el diálogo con el Gobierno, ¿cómo lo ven las FARC-EP y cree que en algún momento esos procesos puedan encontrarse?

Nos parece un planteamiento correcto, la guerra no puede ser el destino de esta nación. De hecho en el primer punto del Acuerdo General quedó planteada la invitación a los demás grupos insurgentes a sumarse a este proceso.

Guardamos el más absoluto respeto por las decisiones de las direcciones de esas organizaciones revolucionarias, lo que no nos impide considerar que en una sola Mesa la unidad del movimiento popular tendría mucha mayor relevancia.

Sobre todo cuando voceros de la oligarquía, como Enrique Santos Calderón, se han expresado en términos tan despectivos con relación a la importancia de esas organizaciones.

Para algunos partidos y sectores de la izquierda, los procesos de paz de las guerrillas deben ser útiles para estimular la unidad popular, para una nueva realidad democrática y social que le dé al pueblo colombiano la opción de poder. ¿Cree usted eso posible?

No solamente es posible, sino absolutamente necesario y urgente.

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