La sanidad pública madrileña se declara en lucha ante los intentos de privatización

Por qué privatizar la gestión de la sanidad pública es una mala idea

El gobierno de la Comunidad de Madrid quiere pasar la gestión de hospitales y centros de salud a empresas privadas. Así queda expuesto en el “Plan de Medidas de Garantía de La Sostenibilidad Del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. Presupuestos 2013″, es decir, justifican esta medida como algo necesario para mantener el sistema público. Sin embargo, cientos de miles de profesionales y usuarios no creen que sea una buena idea. La salud es demasiado importante.

1. Porque no nos fiamos de las grandes empresas

Los nuevos hospitales y un 10% de los centros de salud adscritos pasarían a manos de constructoras y multinacionales: Acciona, Sacyr, Dragados, Begar, Ploder, Hispánica, Capio-Apax Partners y FCC.

Conocemos bien estas constructoras, son las que se han enriquecido con el boom inmobiliario, origen de la actual crisis, es decir, ya han demostrado que no tienen la más mínima preocupación social. Capio-Apax Partners es un fondo de inversiones de los que mucho ha tenido que ver también en el crash económico del país. Ahora se pretende transferir recursos de los impuestos de todos para que sigan obteniendo beneficios a nuestra costa.

Estas empresas obtendrán beneficios reduciendo costes:

1- Contratando sin las exigencias del sistema público; las oposiciones son un sistema meritocrático que asegura que el personal contratado por todos tiene los conocimientos suficientes para ejercer ciertas funciones y evita todo tipo de “enchufe”, es decir, la colocación por amistad o cercanía con los directivos. La contratación pública garantiza la calidad de los profesionales.

2- Contratando menos profesionales; la ratio de médico, enfermera y limpiadora por paciente es un indicador importante de la calidad de la atención. Hay investigaciones que prueban que al reducir el número de estos profesionales, aumenta la mortalidad, el reingreso y la morbilidad hospitalaria.

3- Trampeando en lo posible los mismos acuerdos; por ejemplo, en el hospital de Alzira en Valencia, se ha comprobado que dan prioridad a enfermos de otras áreas sanitarias no incluidas en el concierto porque por estos pacientes pasan un cobro superior a la administración pública; en Alzira también se ha comprobado que desvían a pacientes con enfermedades caras a los centros 100% públicos con la excusa de no tener capacidad.

Las empresas buscan beneficios y el campo sanitario no será una excepción. Aprovecharán al máximo las posibilidades de ahorro y eso incluirá una peor calidad asistencial.

2. Porque no nos fiamos de los partidos políticos

Los partidos políticos han demostrado en los últimos años que su pricipal preocupación no es la población. Alimentaron la burbuja inmobiliaria con las cajas de ahorro, con la dejadez de sus funciones de supervisión y con medidas pro-compra de vivienda. Disminuyeron los impuestos a los ricos y permitieron que los salarios decrecieran. En la gestión de la crisis no están velando por los intereses de la mayoría, sino de los acreedores y las grandes empresas. De forma más que sospechosa, estas medidas de privatización benefician a los mismos.

Es habitual que los políticos de las consejerías de sanidad pasen a las empresas privadas del sector cuando salen de sus puestos. Pasó así en Catalunya con el consejero Boi Ruiz, acusado por otra parte, junto con su predecesora Marina Geli, de cuatro casos directos de corrupción. Y a la inversa, los directivos de las empresas de la salud pasan a puestos en las administraciones; es el caso del actual Director General de Hospitales, Antonio Burgueño, que ha trabajado en Adeslas y Ribera Salud. Su hijo trabaja en esta última empresa, que vive de los conciertos con la sanidad pública.

La privatización de la gestión de la sanidad púbica favorecerá la corrupción. Políticos que no deciden según los intereses de la población, sino según sus intereses profesionales y económicos. La misma corrupción de la “comisión del 3%” que existe en la obra pública se extenderá a la sanidad. Qué empresa se lleva el concierto, qué profesionales se contratan y qué supervisión se ejerce estarán atravesadas por amiguismos y sobornos.

3. Porque no se ha demostrado que sea más eficiente

Si fuera así, lo primero que habían mostrado los partidarios de la privatización serían los informes y las investigaciones que así lo demuestran. Esta medida se justifica en la necesidad, no en la virtud. Las empresas ahorrarán, sí, pero no a igualdad de calidad asistencial; no hay ninguna investigación seria que haya demostrado que con igual población e igual atención, las empresas de la sanidad sean más eficientes.

Lo que se ha demostrado por el momento es que la construcción de los hospitales ha resultado más cara de lo que hubiera costado si los hubiera construido la administración pública. Los hospitales de la fórmula PFI simplemente cambian “deuda” por “transferencia” y así no computan como deuda pública, pero el costo total de las cuotas que la CAM les paga cada año (tan obligatoria como el pago de un préstamo) suma una cantidad mayor que lo que ha costado a gobiernos regionales construir hospitales de semejante tamaño y prestaciones.

Por si no fuera suficiente, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sacó a la luz que el gobierno regional de Madrid modificó al alza, en septiembre de 2010, la cantidad máxima anual (canon) que reciben el hospital Infanta Cristina, el Infanta Leonor, el Infanta Sofía, el Henares, el Tajo y el Sureste: dos millones al año más de lo que constaba en la oferta económica inicial de 2005. Además, el informe destacaba que la empresa pública del hospital Infanta Cristina inició 12 expedientes entre 2008 y 2009 por “infracciones” cometidas por las empresas que se resolvieron sin imponer penas “a pesar de que en cuatro de ellos los hechos se califican como graves”.

Las empresas de la salud pueden amenazar con dejar de prestar el servicio si no se atiende a sus demandas o si se las penaliza por las infracciones cometidas, es decir, la necesidad del servicio que prestan funciona como un chantaje para imponer su beneficio.

4. Porque no es necesario

La voz de mando, como en toda la gestión de la crisis, es: “No podemos hacer otra cosa”. Respecto a la sanidad: “Si queremos mantener el sistema público, debemos externalizar la gestión para reducir costes”. Pero el problema no es de costes, la sanidad madrileña y española es más barata que las europeas para el nivel de prestaciones y la calidad de las mismas. El problema es de ingresos y de a dónde se destinan.

Respecto a los ingresos, una reforma fiscal en profundidad podría proporcionar ingresos suficientes. Los partidos políticos han derogado impuestos tradicionales como el de sucesiones y donaciones que podrían reimplantarse. Se podrían gravar las rentas del capital como las del trabajo; recordemos que las SICAV, fondos de inversión, tributan al 1%. Se podrían revisar los tipos impuestos por tramos del IRPF. Se podría combatir la evasión fiscal de fortunas y grandes empresas, como vienen reclamando los inspectores de hacienda.

Respecto al destino de los ingresos, es de todos conocido que son los intereses de la deuda los que se comen las partidas del gasto social. Una deuda que es privada, de las empresas y cajas, y no pública. Una deuda que crece por especulación de los capitales globales y europeos, no por la situación económica del país. Una deuda que no dejará de crecer solo con políticas de austeridad. La deuda devorará todo el país si no se le pone freno. Quizá nuestra salud sea lo suficientemente importante como para que digamos “No debemos, no pagamos”.

5. Porque queremos una sanidad más pública, no menos

La sanidad pública puede mejorar. Lo sabemos profesionales y usuarios; pero esta no es una propuesta de mejora de la calidad y del uso racional de los recursos. Si algo falla en la sanidad pública, es la participación de lo “público” en la sanidad; la hemos dejado demasiado tiempo en manos de los políticos y a veces nos resulta ajena, como si fuera del Estado y no nuestra.

Conocer mejor y debatir los problemas, las potencias y los límites de nuestro sistema público podría acercar a los usuarios la realidad, muchas veces solitaria, de los profesionales; también nos haría valorar los recursos invertidos, inmensos, y ejercer un uso más equilibrado de pruebas y medicamentos. Pensar otra forma de relacionarnos en los hospitales (a veces tan despersonalizados), maneras de colaborar en la extensión de la medicina preventiva, pasos para convertir los centros de salud en espacios de reflexión sobre la salud pública… no es algo “bueno”, es algo imprescindible para mantener la salud y la cordura en los tiempos que vivimos.

Necesitamos que el sistema de salud sea público para poder decidir cómo es. Supone la base democrática de algo tan importante como la salud. No dejaremos que nos lo roben.

Sanidad pública: una lucha a vida o muerte

Se llama Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, pero su aplicación en 2013 supondrá el desmantelamiento de un plumazo de lo que hasta ahora era el sistema madrileño de sanidad pública, ya de por sí lastrado por la entrada de capital privado en los centros hospitalarios inaugurados en los últimos cinco años.

Presentado el 31 de octubre, el plan, que se acompaña de un recorte del 7% en un presupuesto sanitario más bajo que la media del resto de comunidades, prevé privatizar totalmente los seis hospitales semipúblicos construidos en los últimos años, privatizar parcialmente el resto de hospitales mediante la externalización de los servicios no sanitarios, reconvertir los hospitales Carlos III y La Princesa en un centro de media y larga estancia y en un centro “altamente especializado” para personas mayores de 75 años, respectivamente, privatizar de entrada el 10% de los centros de salud, cerrar el Instituto de Cardiología y reestructurar y centralizar servicios, como, por ejemplo, los laboratorios, que se concentrarán en tan sólo cuatro hospitales. Asimismo, se privatizarán la Lavandería Central Hospitalaria y la Unidad Central de Radiodiagnóstico.

Quince días después se descubría que en el lote de la privatización de algunos hospitales se incluirán también centros dependientes de los mismos, como es el caso de los dos ambulatorios de especialidades de Vallecas, asociados al Hospital Infanta Leonor, por lo que no se descarta que otros ambulatorios puedan correr la misma suerte.

El plan incluye también el pago de un euro por receta, una medida de repago farmacéutico ya aplicada en Catalunya desde julio. Y a pesar de que el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, dictaminó el 15 de noviembre que la instauración de la tasa “vulnera el orden constitucional”, porque las autonomías no tienen competencias en esta materia y se provoca discriminación entre sus habitantes, Madrid se ha reafirmado en su decisión de implantarlo a partir del 1 de enero y Catalunya ha decidido mantenerlo. El caso se presentará previsiblemente ante el Tribunal Constitucional, pero algunos movimientos en defensa de la sanidad universal y pacientes han decidido declararse insumisos desde el primer momento. En Catalunya son más de 6.000, según datos de la Generalitat.

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“La política que está siguiendo el Gobierno de la Comunidad es privatizar, y las empresas quieren que la sanidad sea rentable”, dice Juan Domingo García, portavoz de los trabajadoresmovilizados del Carlos III, que tiene una visión clara del porqué de la reconversión de estos dos centros: “Las empresas que van a quedarse con los seis hospitales semiprivados prefieren tratar a los enfermos agudos, que son más rentables, y que los públicos traten las enfermedades con mayor gasto. Por eso quieren convertir La Princesa y el Carlos III en hospitales de crónicos”.

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“Es todo un plan de rediseño global de la sanidad pública madrileña, y el objetivo es ir hacia el modelo privatizador. Aquí la presa gorda, donde las empresas van a hacer el negocio, es la privatización de los seis hospitales más los centros de salud, por eso no me extrañaría que la Comunidad estuviera dispuesta a retroceder en algunas cuestiones en relación a La Princesa, que es un caso muy grave, pero lo de los seis hospitales va a ser difícil”, explica uno de los portavoces de los trabajadores del 12 de Octubre. “Es una jugada muy compleja. Ellos hacen una ofensiva y están dispuestos a retroceder un poco y a que les comas el peón que han puesto delante, mientras las piezas gordas las están reservando por detrás”, añade.

Seis hospitales a subasta

Los seis hospitales que se privatizarán totalmente –Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo– abrieron sus puertas en 2008 y fueron construidos por constructoras, inmobiliarias y otras empresas, según el modelo PFI (iniciativa de financiación privada). Es decir, ellas gestionan la parte no sanitaria con concesiones a 30 años, mientras que la Administración, que paga un canon anual a las empresas, se encarga de la sanitaria. Ahora se regirán por el modelo PPP (partenariado público-privado), serán enteramente gestionados por empresas y la Comunidad les pagará un canon por habitante, igual que se hace ya en los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón, gestionados por las empresas Capio y, hasta ahora, Ribera Salud, siguiendo elmodelo implantado en Alzira (Comunidad Valenciana).

La privatización y el cierre de algunos centros y servicios o su remodelación y concentración provocará, denuncian los trabajadores, una reacción en cadena de despidos, desplazamientos de plantilla y más despidos. Sanidad ya ha anunciado que prescindirá del personal eventual e interino sanitario contratado en los seis hospitales privatizados, según el sindicato CSIT, y eso es sólo un primer paso. Si a todo esto se añade que en todos los hospitales públicos de Madrid se externalizarán los servicios no sanitarios que todavía no lo estén, entre 7.000 y 8.000 trabajadores podrían perder su empleo según las cifras barajadas por la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios, creada en julio, cuando la Comunidad anunció su decisión de “extinguir” las 26 categorías de personal no sanitario (mantenimiento, lavandería, cocina…), es decir, su progresiva privatización.

Empezaron entonces los primeros paros, cortes de carretera y asambleas, ahora generalizados tras el nuevo envite privatizador. Luis López, de la Coordinadora de Hospitales, explica que “esto es una reivindicación que va más allá de lo laboral, es una reivindicación de salud pública y es importante que los usuarios estén con nosotros”, y añade que las asambleas del 15M y las asociaciones de vecinos se han implicado en las movilizaciones. “La gente está muy concienciada de que esto va a poner en peligro la salud de todo el mundo. Si un tratamiento de quimioterapia de un día son más de 7.000 euros, se lo pagará el que sea más rico porque esto va encaminado a que tengamos una sanidad como en EE UU y no lo podemos consentir”, afirma L., una administrativa también portavoz en el 12 de Octubre.

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El origen: Ley 15/97

El objetivo de los movilizados es la retirada total del plan presentado por la Comunidad de Madrid, pero van más allá. “La raíz de todo es la Ley 15/97, de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. A partir de aquí se empezó a desarrollar la privatización de la sanidad en posteriores reales decretos y leyes”, explica L., del 12 de Octubre. Lo mismo opinan desde la Coordinadora de Hospitales y desde CAS. La ley fue aprobada en 1997 con los votos de PP, PSOE, PNV, CIU y CC. Hoy, muchos movilizados piden también su derogación.

En los últimos días, las reacciones se multiplican. La Princesa ha reunido 368.108 firmas contra su transformación, todos los colegios de médicos del Estado español han rechazado el plan privatizador de la Comunidad de Madrid y la marcha de cuatro columnas convocada por la Coordinadora de Hospitales el día 18 se convirtió en un “tsunami blanco” que inundó el centro de la capital. Entre tanto, la AFEM, una asociación de facultativos especialistas, decidía en una gran asamblea convocar una huelga indefinida para el 26 de noviembre. Diez días después, los sindicatos de la Mesa Sectorial, acusados de “mucho tiempo de inacción” por varios de los profesionales entrevistados y eclipsados en muchos hospitales por las asambleas de trabajadores, han decidido convocar finalmente cuatro jornadas de huelga (26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre).

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