![](local/cache-vignettes/L150xH116/arton1508-fe41c.jpg?1723891771)
Petición de apoyo a activistas navarros que se enfrentan a penas de cárcel por practicar desobediencia civil
13 de marzo de 2009.
El próximo 26 de marzo serán juzgadas 12 personas por reivindicar el derecho a la construcción de espacios autogestionados y gaztetxes en la manifestación que tuvo lugar el 16 de mayo de 2007. Este acto formó parte de la campaña de desobediencia civil llamada “Iruñerria piztera goaz” desarrollada durante la semana previa a las elecciones municipales de aquel año. El propósito de aquella campaña fue denunciar públicamente el desalojo de 22 gaztetxes desde el 2004, mostrar una clara oposición al Pacto Cívico y exigir la libertad de Xabier Errea, encarcelado injustamente por su militancia en los movimientos sociales de la ciudad.
Iruñerria piztera goaz
Manifiesto de apoyo: Esta sentada nos hace avanzar
Peticiones de cárcel contra la desobediencia y la ocupación
En aquella manifestación, dos jóvenes se encadenaron a un bidón en el cruce de la calle Amaya con Labrit con el propósito de detener la circulación de vehículos. Junto a ellos, cerca de cincuenta personas llevaron a cabo una sentada de apoyo en la misma calzada. Por estos hechos, tanto los dos jóvenes encadenados, como 10 de las personas que participaron en la sentada, se enfrentan a una petición fiscal de 2 años y medio de cárcel; estando tres de ellas en serio riesgo de ir a prisión por su participación en el desalojo del Euskal Jai.
Entendemos que todo esto es una vuelta de tuerca más en la política represiva planificada desde el Ayuntamiento, ejecutada por la policía municipal y concretada por la fiscalía, puesta en escena de manera patente desde el desalojo del gaztetxe Euskal Jai.
Desde este desalojo, llevado a cabo en verano de 2004, hemos visto cómo las peticiones punitivas a las que nos enfrentamos por nuestra militancia política han ido aumentando continuamente. Mientras el ayuntamiento promete “una ciudad plural y para todos”, la policía municipal nos deleita con multas, cacheos, registros, acosos y palizas, y la fiscalía nos persigue con penas de cárcel desorbitadas buscando castigos ejemplarizantes como el de Xabier Errea. Sin embargo, sabemos que no somos el único espacio social cercado ni los únicos perjudicados por el exceso de autoridad en el gobierno del espacio público; no nos olvidamos del tan sangrante como silenciado caso de la muerte de Maria Antonia Amador Jimenez, tras una brutal actuación de la policía municipal.
El ascenso en la escala represiva a la que nos referimos ha hecho que por los actos para los que hace 10 años se solicitaban simples multas, ahora las peticiones sean de hasta 4 años de cárcel, persiguiendo sentar jurisprudencia con condenas de ingreso en prisión por actos de desobediencia civil.
Además, la reincidencia de la propia fiscalía sitúa ante un riesgo real de ingreso en prisión a las personas que participaron en esta sentada, ya que todas ellas se enfrentan a peticiones superiores a 2 años por acciones de protesta pacíficas. Sin embargo, la gravedad de los hechos no está sólo ahí, ya que 3 de nosotras contamos con condenas de cárcel por nuestra participación en el desalojo del gaztetxe Euskal Jai que, en el caso de sumarse a estas peticiones, supondrían nuestra entrada en prisión, por el hecho de haber defendido, a través de la desobediencia civil, el derecho a la autogestión y la necesidad de gaztetxes o centros sociales.
Exigimos la absolución
Ante estos hechos, los colectivos sociales abajo firmantes queremos hacer público que:
- Nos parece totalmente rechazable, desorbitado y desproporcionado imputar a dos jóvenes a 2 años y medio de cárcel por encadenarse a un bidón en la vía pública si, además, tenemos en cuenta que el proceso contra una acción idéntica llevada a cabo una semana después fue archivada en instancias policiales.
- Pensamos que es igualmente rechazable imputar la misma pena a 10 personas por sentarse en el suelo como forma de protesta, más considerando que su acusación se llevó a cabo de manera selectiva, ya que fueron seleccionadas entre 50, y mediante videovigilancia. Y que se trata de personas reconocidas por su labor pública dentro del movimiento de ocupación, con lo que se prueba una vez más la clara intencionalidad política de este juicio.
- Criminalizar de este modo la protesta colectiva y la desobediencia civil supone un ataque muy preocupante a las libertades civiles y al derecho a la movilización social. Enviar a prisión a personas por haber desarrollado acciones reivindicativas, públicas y noviolentas, coloca a las personas que defienden la okupación, como al resto de miembros de los movimientos sociales, en un marco de indefensión y de clara vulneración de derechos. Además, la arbitrariedad mencionada en los dos puntos anteriores resulta antagónica con respecto a cualquier concepto de justicia.
- Nos reafirmamos en la utilidad y la necesidad de la desobediencia civil como herramienta de transformación social. Históricamente los movimientos sociales han funcionado como motor de cambio y la desobediencia ha sido una de sus herramientas. En este sentido, encarcelar a personas por actos de desobediencia pacífica, utilizar la sanción y la coacción para resolver conflictos y demandas sociales es un camino peligroso, porque consideramos que una sociedad que reprime toda disidencia está incapacitada para transformarse, pensar en sí misma y dar pasos hacia adelante.
- El movimiento de ocupación ha conseguido poner de relieve varios de los problemas más graves de la reciente evolución urbanística: especulación, privatización de espacios públicos, destrucción del patrimonio cultural, aumento desorbitado del precio de la vivienda... Y son estas dinámicas, precisamente, las que están causando graves problemas sociales, tanto por poner en peligro el derecho a una vivienda y una ciudad pública y saludable, como por haber sido la base de una burbuja especulativa que está afectando al conjunto de la sociedad.
Por todas estas razones, entendemos que esta sentada nos hace avanzar hacia un modelo de ciudad más justo, nos solidarizamos con las personas encausadas por este acto de desobediencia civil pacífica, nos adherimos a la convocatoria de manifestación del día 14 de marzo y exigimos la absolución de las personas encausadas en el juicio del próximo 26 de marzo.
Fuente: Tortuga
Noticias relacionadas
- Sólo okuparéis la kárceles. Nodo50