Luego de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, decretada por el Congreso en 2003, y a pesar de numerosas demoras en los juicios que se reiniciaron a partir de ese año, en diciembre de 2010 concluyeron 19 juicios que arrojaron 110 condenas y 9 absoluciones, contra militares y policías que estaban siendo juzgados por crímenes cometidos en el marco del Terrorismo de Estado. Actualmente se encuentran en trámite 15 causas en todo el país, y hay otras tres que comenzarán durante el presente año. Son datos de la Unidad Fiscal de Investigación y Seguimiento en las Causas por los Derechos Humanos, que depende de la Procuración General de la Nación.

Esta política de juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, ha adquirido en la Argentina rango de "política de Estado". Quiere decir que ningún gobierno puede ya volver atrás con ninguna ley de "reconciliación", "caducidad" o "amnistía", que vuelva a poner un manto de impunidad a estos crímenes considerados de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) aprobado en 1998.

En la justicia

Parecería que los argentinos nos hemos acostumbrado a estos juicios y a las condenas a altos mandos militares y policiales, también a algunos civiles. Incluso de a poco, la verdad y la justicia van llegando a otros estamentos del poder que fueron cómplices y actores en aquellos crímenes, como el Poder Judicial. Un juez fue condenado en Santa Fe, Víctor Brusa, aunque su condena tuvo un alto precio, pues a los pocos meses de haberse dictado sentencia, una de las testigos que lo inculpó, Silvia Suppo, fue asesinada en Rafaela, donde vivía.

En Mendoza, el camarista Luis Miret fue destituido por el Consejo de la Magistratura, por no haber denunciado las vejaciones y torturas a las que estaban siendo sometidos detenidos políticos que llegaban a su despacho, en particular el caso de una adolescente de 16 años, quien le refirió que había sido violada, sin que el entonces juez de instrucción investigara los hechos como era su obligación.

En Córdoba, un defensor penal también fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de esa provincia, por haber ocultado su pasado como Personal Civil de Inteligencia, entre los años 1981 a 1983, mientras a la vez se desempeñaba como empleado judicial en un juzgado de instrucción.

Unos y otros

En los testimonios de los juicios que se van desarrollando lentamente pero sin pausa en distintos tribunales del país, se van descorriendo los velos de la impunidad y los cómplices civiles van siendo señalados, y en algunos casos investigados y sometidos a juicio. Así son mencionados en las declaraciones de los testigos las complicidades de la Iglesia y su jerarquía, del empresariado, del periodismo y de los funcionarios judiciales. Sin hacer generalizaciones porque hay que señalar que en todos estos sectores hubo personas dignas que resistieron la dictadura y también víctimas, como el obispo Enrique Angelelli o los curas palotinos, los Graiver, Rodolfo Walsh, y tantos otros periodistas y hasta funcionarios judiciales como Nicolás Moreno, secretario del Juzgado de Instrucción 9 de los tribunales de Córdoba, que fue asesinado en 1977 cuando investigaba el accionar de la policía.

Violencia sexual

A la vez que se van conociendo detalles y complicidades, también se va corriendo otro velo, el que se autoimpusieron las víctimas de las torturas y vejámenes, que contaron sus padecimientos, pero no todos.

Así, la violencia sexual que sufrían tanto las mujeres como los varones en los centros clandestinos de detención, no ocupó un lugar preponderante en las declaraciones que hicieron los sobrevivientes en los primeros años de la democracia, cuando testimoniaron en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personal (Conadep), que presidía el recientemente fallecido Ernesto Sábato.

En algunos casos, porque las ocultaron por vergüenza o por no poder poner en palabras el horror padecido. Y en otros casos, porque estas vejaciones quedaron subsumidas en la generalidad de "torturas" y porque la figura de la "desaparición forzada" era la que prevalecía en los testimonios, y la que había que incorporar a la legislación tanto nacional como internacional.

Luchas feministas

Para Matilde Bruera, directora del Centro "Juan Carlos Gardella" de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, "el reconocimiento de la violencia sexual a la que fueron sometidas las mujeres en los centros clandestinos de detención durante la dictadura, se está dando recién ahora porque el Estado ha comenzado a impulsar políticas públicas en materia de género y derechos humanos".

Según Bruera, fueron las luchas feministas las que ubicaron a las mujeres como sujetos de derecho y les permitieron lograr derechos políticos, laborales, el reclamo por igualdad de oportunidades para el desarrollo personal y también el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Así se incorporó la lectura de género en los derechos humanos, y se impulsó como eje de la lucha feminista el rechazo a la discriminación y el reclamo de "una vida libre de violencia".

Ensañamiento

En cuanto a la situación de las mujeres en la década del ’70, Bruera resaltó que la mayoría de las mujeres que pasaron por los centros clandestinos de detención eran jóvenes estudiantes, trabajadoras, activistas sindicales o políticas. Esto es, mujeres que se habían incorporado plenamente no sólo a la vida laboral, sino también a las luchas políticas y sociales.

Por ello, dice Bruera, la represión y la dictadura tuvieron un especial ensañamiento con ellas. Para esta investigadora "si se aspira a terminar con la impunidad y hacer realidad el derecho a la Justicia para las mujeres víctimas del terrorismo de Estado, no se puede seguir encubriendo prácticas aberrantes ni subsumirlas bajo otras denominaciones".

También madres y abuelas

Pero no sólo las activistas y militantes fueron las protagonistas femeninas de la década del ’70. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ya durante la dictadura, fueron un puntal de la resistencia a la dictadura, a pesar que la mayoría eran el prototipo de la mujer ama de casa, "que no se metía en política". La mayoría irrumpió a la Plaza y a las marchas, de la mano de sus hijos, ya desaparecidos, para reclamar por ellos.

Mientras los juicios siguen su rumbo, juzgando y condenando a los genocidas, resta lograr que los Tribunales declaren como delito de lesa humanidad las agresiones sexuales, pues ningún crimen puede ser investigado fuera de contexto. Y en el caso de las violaciones sexuales cometidas durante la vigencia del Terrorismo de Estado, tanto contra mujeres como contra varones, es fundamental enmarcarlos dentro del plan sistemático en el que ocurrieron todas estas violaciones a los derechos humanos. De otra manera resulta imposible comprenderlos y muchísimo menos sancionar a los responsables.

Fuente original: Insurrectas y Punto - Colectivo de Lesbianas Feministas Josefa Camejo

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