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"Tengo un periódicu prendíu", noticias y realidades sobre el juicio real y mediático a Fernando G.R.

Domingo 15 de febrero de 2009. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

por Paulino Vazquez en Glayiu.org

El viernes 13 de febrero de 2009 terminaba en Madrid el juicio al independentista Asturianu Fernando G.R., acusado de estragos terroristas en grado de tentativa, delito penado con hasta 8 años de cárcel. Ese mismo día el joven regresaba a Asturies en espera de conocer la sentencia, mientras los periódicos continuaban el juicio paralelo que iniciaron en Septiembre de 2005.

El viernes 13 de febrero de 2009 terminaba en Madrid el juicio al independentista Asturianu Fernando G.R., acusado de estragos terroristas en grado de tentativa, delito penado con hasta 8 años de cárcel. Ese mismo día el joven regresaba a Asturies en espera de conocer la sentencia, mientras los periódicos continuaban el juicio paralelo que iniciaron en Septiembre de 2005.

El mismo día en que en Madrid la abogada de la defensa leía el informe que daba por terminada la vista oral el periódico La Nueva España publicaba: “El fiscal solicita 8 años para el nacionalista que intentó atentar contra el PSOE pilonés”, firmado por Modern Press, agencia de noticias madrileña que trabaja principalmente para La Nueva España y el Diario de Mallorca. La noticia que recoge de forma sesgada lo ocurrido durante la vista oral del día anterior, jueves 12 de febrero, y añade pasajes propios de inquietante trasfondo pues a su juicio la bomba sería: “para «llamar la atención» sobre la detención de varios militantes de Andecha Astur”. Recordemos que el hecho que se juzga se produjo días después de la agresión policial en Cangas de Onís a quienes protestaban contra la celebración de un acto racista en el pueblo y que no se detuvo entonces o en otros momentos cercanos a militante alguno de Andecha Astur. Recordemos también que 2 años antes de su detención Fernando G.R. había dejado de participar en Andecha Astur y recordemos, también, todos los titulares y noticias redactadas sobre Fernando G.R. en La Nueva España en las que aparece el nombre del partido político asturiano Andecha Astur.

Pero si hay un relato que llama la atención en la prensa asturiana es el que pública hoy “El Comercio” y firman Jose R. Enguita y Laly Ramos, aunque como veremos la autoría recae sobre la Brigada de la Información de Gijón y nos parece injusto que no se reconozca su labor y no se les pague el trabajo periodístico.

El Comercio titula “Malestar policial por la decisión de acusar al independentista asturiano sólo de un atentado” en su edición del 14 de febrero de 2009. Sin duda el título ya es de por si llamativo, ¿como puede la policía molestarse con el ministerio fiscal y la Audiencia Nacional? ¿acusa a estas instituciones de negligentes o de colaboracionistas con el independentismo en Asturies? ¿quién autoriza estas declaraciones de la policía contra la administración de justicia? ¿debe la policía hacer declaraciones políticas en prensa, de intencionalidad y motivación, sin prueba alguna, sobre casos que investigó y está investigando?... Sin duda cuestiones tan inquietantes como la propia responsabilidad de El Comercio sobre el material publicado. Vamos a analizarlo ahora tal cual se redactó, a pesar de los defectos textuales que hacen que ni su lectura y análisis sea sencillo, tal vez por su redacción coral o tal vez por la aparición de “pegotes” sobre el texto original, como el subtítulo “Rechazo del tribunal”, único apartado que recoge información del juicio y sintetiza los 3 días que duró la vista oral como uno solo, falseando fechas y declaraciones.

"El fiscal pide ocho años de cárcel para el acusado (...) La vista oral dirimió sólo las responsabilidades que pudiera tener en este caso, pero no analizó la presunta vinculación de González con otra veintena de ataques contra sedes políticas y sociales, cometidos en la primera mitad de esta década."

El fiscal, muy beligerante con la defensa, decidió solicitar 8 años de prisión para el acusado por un delito de estragos terroristas, esto es cierto. El hecho delictivo: portar una garrafa de 5 litros de gasolina con 2 aerosoles y 2 petardos adheridos con celofán con la supuesta intención de colocarla a unos metros de la sede del PSOE a las 3 de la mañana, según mantenía la fiscalía. Este hecho fue calificado de “terrorismo” desde el momento de la detención de Fernando G.R. en septiembre de 2005 y, por tanto, fue la Audiencia Nacional, tribunal de excepción al que competen asuntos como el terrorismo, el juzgado donde se desarrolló la causa. Esa misma calificación, de “terrorista”, hace que las penas y delito sean el mismo habiendo consumado el hecho o, como en el caso de Fernando, tratándose de una tentativa, pues el artefacto incendiario no llegó a explotar y se encontraba en su propio vehículo en el momento de la detención, como declararon durante el juicio los policías que efectuaron la detención.

Jose R. Enguita y Laly Ramos dan un paso más para El Comercio y añaden un “pero” a la actuación de Audiencia Nacional y fiscalía ya que para estos periodistas la fiscalía “no analizó la presunta vinculación de González con otra veintena de ataques”. Evidentemente no puede analizarse en el informe fiscal este hecho pues no existen indicios ni pruebas según Angela Murillo, jueza encargada de la instrucción, de que Fernando G.R. participase de esos hechos, a pesar de las creencias de los periodistas. En varias ocasiones a lo largo del juicio la propia jueza reiteró que Fernando estaba siendo juzgado por el único hecho delictivo que ha realizado, portar un artefacto incendiario casero. Artefacto incendiario casero de los utilizados habitualmente para la realización de sabotajes y actos de protesta violentos, como los que los obreros asturianos han protagonizado desde hace varias décadas en sus movilizaciones por las mejoras laborales y las libertades, y donde aerosoles, petardos y gasolina han servido como forma de presentar batalla al despido, la inseguridad laboral, la mala administración...

“eso ha generado malestar entre las fuerzas policiales asturianas que han investigado estos actos delictivos (...) la Policía considera haber aportado suficientes indicios que relacionan el atentado juzgado ayer (...) cuando menos se debería haber abierto un proceso contra Fernando González para determinar si es o no el autor de esos ataques”

Por la sala que presidía Angela Murillo han desfilado un buen número de agentes de la Policia Nacional que a duras penas han podido mantener su versión de los hechos, adornada convenientemente para tratar de influir en la decisión del tribunal sobre la pena a imponer al acusado. Todos ellos han tratado de aludir esa veintena de atentados que no han sido capaces de resolver mediante investigación policial, motivo este por el que tal vez deberían ser relegados de sus cargos ante la incapacidad para el desempeño de sus funciones. En la sala se ha recordado en varias ocasiones que estos hechos no eran juzgados, pues no existían pruebas de ningún tipo contra el acusado, a pesar de la estrategia policial de tratar de sembrar la duda sobre esta vinculación a través de las opiniones personales de los agentes ante la falta de capacidad para resolver los actos y proponer un imputado solvente.

Según la policía, en exclusiva para El Comercio, el artefacto incendiario casero que portaba al ser detenido “determina el modus operandi” y el material incautado (“mecha de yesca, encendedor gancho metálico, guantes de latex y folios”) sirven para achacar a Fernando G.R. otros 17 atentados, según constaba en un informe que envío al Tribunal y que la administración de justicia, ante la inconsistencia del mismo, no utilizó. El fiscal decidió no imputar a Fernando G.R. más que por el supuesto intento en que fue detenido.

En ese relato de objetos incautados en la detención, por supuesto, olvidan las tijeras. Unas tijeras de pequeñas dimensiones que portaba Fernando como declararon testigos policiales en el bolsillo del pantalón y con las que se cortaron las mechas de los petardos según instrucciones de Fernando a la policía en el momento de ser detenido, como declaró ante el juez en el momento de su detención y luego ratificó en la Audiencia Nacional. La pruebas periciales demuestran además que el corte limpio de la mecha fue realizado con algún objeto cortante. ¿Por qué no recogen estos hechos los periódicos?

La vista oral fue pública. Medio centenar de personas han acompañado a Fernando G.R. durante el juicio salvo en la última sesión, no prevista, en la que aún así más de una veintena de observadores y algunos periodistas ocupaban los bancos del público. ¿Por qué la prensa no informa de las exposiciones realizadas por testigos, acusación y defensa? ¿Acaso informar de un juicio es juzgar?

"«defender a los fascistas y reprimir a los trabajadores de Asturias». «Lo de Cangues vais pagalo», decía, en clara alusión a la disolución, por parte de la Guardia Civil, de una manifestación de radicales de extrema izquierda contra un acto del partido Democracia Nacional en Cangas de Onís."

Recientemente, en enero de 2009, el juzgado 33 de primera instancia de Madrid sentenció que llamar “neonazis” a Democracia Nacional no es delito, al ser sus propios miembros los que se manifiestan públicamente en este sentido.

Unos días antes de la detención de Fernando, el 10 se septiembre de 2005, el partido neonazi Democracia Nacional organizó un acto político en Cangues d’Onís para reinvindicar la figura de Pelayo como luchador contra lo moros, a la vez que se llamaba a reconquistar la península y luchar contra los inmigrantes y se lanzaban proclamas incitando al racismo y la xenofobia mientras se portaban objetos contundentes a modo de arma. Antonio Trevín, delegado de gobierno, autorizó dicho acto a pesar de coincidir en fechas con el paso de la Vuelta Ciclista a España por esa localidad asturiana. Numerosas personas del lugar junto con grupos antifascistas y antirracistas asturianos y colectivos de inmigrantes acudieron a mostrar su rechazo a la permisividad con este tipo de actos. El resultado es que en 2 meses 14 jóvenes serán juzgados por una acusación que suma 35 años de cárcel por participar en dicho acto de protesta contra el racismo y haber sufrido agresiones por parte de agentes de la Guardia Civil que acudieron a impedir que los asturianos mostraran el rechazo al acto en el que participaron neonazis de otros puntos del estado.

Sin duda el resumen de la Brigada de Información de Gijón en esta “join-venture” con El Comercio sobre que pasó en Cangas de Onís, aunque es circundante al caso Fernando y poco tiene que ver con lo que se juzga, es cuando menos demoledor: “de una manifestación de radicales de extrema izquierda contra un acto del partido Democracia Nacional en Cangas de Onís”. Una frase que adelanta la línea política y policial que, por desgracia, ante la falta de rigor periodístico, se convertirá en línea mediática.

"La investigación consideró especialmente relevante la proximidad del independentista asturiano al entorno radical vasco cercano a ETA, lo que motivó, de hecho, que se estableciese un seguimiento que acabaría concluyendo con la detención."

Durante 3 años Fernando G.R. tuvo intervenido su teléfono. Durante este periodo la policía siguió al joven, espió sus comunicaciones y movimientos, controlo su vida. Muchas de estas investigaciones quedaron invalidadas en el juicio, en primer lugar por ser irrelevantes, nunca descubrieron nada, y, lo más alarmante, carecían de autorización judicial para algunas de ellas. Así, el teléfono intervenido lo estaba siendo sin validez, sin renovar las solicitudes al tribunal, desde 2002 a 2005 y, seguramente, a día de hoy.

En muchas ocasiones dos vehículos, cuatro agentes, seguían al acusado. Periódicamente investigaban los kilómetros recorridos por su vehículo particular, controlaban sus amistades, vigilaban los puestos de trabajo. ¿Cuantos miles de euros ha costado la Brigada de la Información de Gijón en este periodo? ¿Cuanto dinero público se ha utilizado para espiar la vida de un ciudadano asturiano? ¿Por qué no explican en “El Comercio” la falta de resultados incriminatorios, hasta el punto de que la mayor parte de atentados que intentan atribuirle en prensa fueron realizados cuanto el acusado estaba siendo intervenido y controlado? Sin duda un gasto ingente que hemos pagado entre todos, parte de nuestro dinero se fue a parar a mantener investigaciones que no arrojaron resultados y que han sido desestimadas por Audiencia Nacional y fiscalía. Un gasto que supera con creces los 400 euros que las pruebas periciales estimaban como daño del artefacto incendiario en el peor de los supuestos: que fuera colocado junto a la entrada de la sede del PSOE. Tanto peritos policiales como independientes hablaban de una bola de fuego de escasa duración y entre 3 y 5 metros de diámetro, si bien la perito independiente fue la única que verificó el llenado de los aerosoles (empezados) y rebajo a menos de 3 metros esta estimación.

No existe ninguna relación entre ETA y Fernando G.R. La Audiencia Nacional así lo estima, también la fiscalía y los testigos del juicio, incluidos los policiales, que no establecieron relación real alguna. El propio acusado nunca negó haber participado en movilizaciones políticas y sociales en Euskal Herria, como la Maratón de San Sebastian, o muchas otras actividades en otras partes del Estado. Todas ellas convocadas siempre por organizaciones políticas legales.

"Entre los efectos intervenidos en el domicilio de González (...) se encuentran «un manual en el que se explica la confección de artefactos explosivos», junto a «un cuadro con el anagrama de ETA», «una postal de varias presas de los GRAPO», «un papel manuscrito con nombres de miembros de ETA», «cartas de presos de ETA», «un pañuelo azul de homenaje a Olaya Castresana» -activista etarra fallecida-, «un mechero con el anagrama de ETA» y «dos insignias, una de ETA y otra del IRA»"

Sin duda las irregularidades en los informes poliales han tenido protagonismo en el juicio. Las intervenciones realizadas en el domicilio de Fernando de algunos de estos materiales, otros son invenciones policiales, se produjo excediendo la orden de registro emitida por el juzgado, por lo que la defensa de Fernando en el juicio en la Audiencia Nacional impugnó dichas pruebas. Fernando G.R. poseía una larga colección de propaganda política en su domicilio, entre ellas algunas piezas difíciles de encontrar relacionadas con grupos armados de corte socialista. En ningún momento el acusado las exhibía públicamente o realizaba acto que pudiera resultar delictivo, pues eran objeto de colección. Junto a los trozos de papel que la Brigada de la Información convierte en evidencia había otros de conflictos de la Naval, de la Duro, de luchas ecologistas, de colectivos internacionalistas, del movimiento obrero y un sin fin de propaganda, de las muy diversas organizaciones y luchas que se han dado en Asturies y en el Estado en los últimos años, que el acusado coleccionó hasta la intervención policial e incautación de gran parte de las piezas.

En el juicio también se evidenció la ausencia del supuesto “manual de confección de explosivos de ETA” a los que hace referencia El Comercio, y el policía que analizó los efectos intervenidos declaró en el juicio que no podría determinar el contenido de aquel texto, que no recordaba el manual al que la acusación, basándose en los informes enviados desde Asturies, hacia referencia.

"El último día de la vista oral estuvo marcado por la negativa del tribunal a aceptar que el procesado se expresase en asturiano, dentro del turno de la última palabra. La juez Angela Murillo justificó su decisión por no ser el asturiano «una lengua cooficial» y alegó que ella, nacida en Extremadura, «también podría hacerlo en castúo», pero entonces tampoco se la «entendería». La defensa solicitó que la pena que se imponga finalmente a su patrocinado no sea por un «delito intentado de estragos de carácter terrorista», como solicitó la Fiscalía, en la sesión del jueves, sino por «una falta de daños en grado de tentativa»"

Este párrafo es él único que los periodistas parecen haber trabajado, sin dictado policial, si bien la negativa del tribunal a declarar en asturianu y el dialogo que recogen se produjo el 12 de enero de 2009 y no el día 13 de febrero, último día de la vista oral. Pero claro, uno coge carrerilla en la inventiva y no va a recurrir a Google para comprobar si está dando información verdadera o falsa, se conforma con que parezca veraz y la gente pueda creerla sin importar que cuadren fechas de la vista pública.

La defensa ha pedido que sea condenado por una falta de daños, recordando que estragos son aquellos que arrasan, que destruyen totalmente el objetivo afectado y que ponen en serio riesgo la vida de personas, algo improbable incluso en el peor de los supuestos: una sede política vacía, a las 3 de la mañana y sin nadie en las inmediaciones. Recordaron que no se ha podido determinar el lugar de la colocación, pues el artefacto estaba en el coche del acusado en el momento de ser detenido y avisar, según declaraciones policiales, con la frase: “Tengo un bichu prendíu entre les piernes”

Paulino Vazquez.

Otras informaciones

Audio publicado por Glayiu de una charla realizada a finales de enero por el acusado donde relata el tratamiento mediático de su caso hasta el inicio del juicio, se título "mentires, sumarios y cintes de vidiu":

Noticias sobre el juicio:
Glayiu.org: XUICIU A FER, N’ESPERA DE SENTENCIA
Glayiu.org: CRÓNICA DE LA PRIMERA JORNADA DEL JUICIO A FERNANDO G.R. EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Nodo50: JUICIO AL INDEPENDENTISTA ASTURIANU FER G.R.

Webs relacionadas

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