Jaime Pastor

I. ¿Más neoliberalismo o cambio de rumbo por la izquierda?

La presidencia española de este primer semestre de 2010 se va a desarrollar en una coyuntura especialmente crítica para el futuro de la UE. Porque es ahora cuando se está comprobando la mezcla explosiva, por un lado, de las consecuencias nefastas de la convergencia monetarista fijada en Maastricht y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que, además, fomentaron el fraude de más de un gobierno, como se ha podido comprobar ahora en Grecia) con, por el otro, el “efecto dominó” de la crisis financiera y sistémica desencadenada desde Estados Unidos. Pero es que, además, el “tsunami” financiero y social no ha terminado todavía y está sacudiendo fuertemente no sólo a países procedentes del extinto bloque soviético (con varias quiebras financieras y caídas de gobierno) sino también a otros como Grecia (verdadero polvorín desde finales de 2008), Irlanda, Gran Bretaña o el Estado español; sin olvidar a otros candidatos como Islandia, en donde se anuncia un referéndum popular sobre las escandalosas compensaciones que se propone hacer su gobierno a los especuladores extranjeros, la mayoría de la UE.

En este contexto las desigualdades y la heterogeneidad de intereses dentro de la UE saltan con mayor motivo a la vista, como ya hemos podido verificar con el paso atrás de Van Rompuy y Zapatero en sus tímidas amenazas de sanciones a los países miembros que no se comprometieran a volver pronto a la aplicación estricta del “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” (no superar el 60 % de deuda sobre el PIB y el 3 % del déficit). Porque, en efecto, la existencia de un “centro” (Alemania y Francia), de un aliado firme de EE UU (Inglaterra) que se mantiene fuera del euro y de una “periferia” (a la que ya se está incorporando la economía española), crecientemente endeudada y enfrentada a un paro masivo, es cada vez más evidente y genera un creciente riesgo incluso para el futuro del euro, debilitado ahora frente al dólar.

No sorprende, por tanto, que ahora ya todos reconozcan que la famosa “Estrategia de Lisboa” de convertir a la UE en la “economía más competitiva del mundo” en 2010 ha sido un “fracaso”, pese a los duros ataques que se han ido asestando a la clase trabajadora y a la población con sus políticas neoliberales. Porque la relación de fuerzas geoeconómica y geopolítica de la UE frente a las viejas y nuevas grandes potencias sigue deteriorándose y en este semestre se buscará un nuevo “consenso” para tratar de frenar esa tendencia mediante una nueva vuelta de tuerca neoliberal y autoritaria. El objetivo, de nuevo, es un “crecimiento” económico, medido siempre con el falso baremo del PIB y destinado únicamente a restaurar la tasa de ganancia de los grandes capitalistas y a facilitar nuevas “burbujas” que no harán más que prolongar y agravar el estancamiento de la “economía real” por un largo período, especialmente en países como el español.

Ése es el propósito de la “Nueva Estrategia de Crecimiento y de Empleo 2020” que pretenden promover las elites europeas y no es casualidad que la primera reunión con la “sociedad civil” que ha tenido Zapatero haya sido con el “lobby” de la ERT (Mesa Redonda Industrial), ya que son los grupos empresariales representados en el mismo los que han ido marcando directamente la agenda de la UE desde, al menos, 1985. Una estrategia todavía por concretar pero que probablemente suponga dar nuevos pasos en las políticas de liberalización y privatización de servicios públicos (este año se inician la liberalización de las líneas ferroviarias de largo recorrido y la mercantilización de las Universidades con el Plan Bolonia), de congelación salarial ( incluyendo mayores diferencias entre hombres y mujeres) y precarización de la fuerza de trabajo (con la “flexiguridad”, además de seguir sobreexplotando los trabajos de cuidado y querer reanudar la discusión sobre la directiva de 65 horas), de deterioro y desmantelamiento progresivo del sistema público de pensiones y, por supuesto, de reforzamiento de la “Europa fortaleza” y autoritaria (con la ayuda de la “directiva de la vergüenza” y aprovechando el ascenso del racismo, como estamos viendo en tantos lugares, desde Calabria hasta Catalunya, y la “lucha contra el terrorismo”). Al lado de toda esta agenda y pese a la “decepción” de algunos gobiernos europeos por la “Cumbre” de Copenhague, la aspiración a luchar contra el cambio climático se va a quedar en mera retórica y sólo la “carbonocracia” parece que va a seguir funcionando como disfraz de un capitalismo “verde”.

La competencia con las grandes potencias en el plano económico y comercial va a ir en detrimento, una vez más, de los pueblos del Sur, especialmente los de América Latina, el Caribe y Africa. La Cumbre que se va a tener con Marruecos en Granada el 8 de marzo, por ejemplo, va a confirmar sin duda el apoyo al régimen dictatorial marroquí en su papel de gendarme de los intereses de la UE en el Norte de Africa, pese a la enorme solidaridad que se ha desarrollado a escala europea y española con Aminatou Haidar y la justa lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia. Las Cumbres con gobiernos de América Latina y el Caribe del mes de mayo servirán también para hacer valer ante los pueblos que se siguen rebelando contra el neoliberalismo y el golpismo que deben respetar el “derecho” al expolio de sus recursos por parte de las empresas transnacionales europeas y las oligarquías locales.

En el plano geopolítico y militar tampoco quedan dudas sobre la firme voluntad de las elites europeas de subordinar su presunta “política de defensa y seguridad autónoma” a los intereses de su principal aliado, Estados Unidos. Por eso la Cumbre del 24 y 25 de mayo con Obama en Madrid adquiere especial relevancia, ya que en ella se pretenderá revalorizar la función de la OTAN como gendarme global de un capitalismo en crisis y su papel crucial en la guerra de Afganistán-Pakistán en la lucha por el control de una zona geoestratégica clave. Tampoco, desde luego, la reunión de la “Unión por el Mediterráneo” del 6 y 7 de junio en Barcelona, va a contribuir a acercar las dos orillas más distantes del mundo por sus diferencias en desigualdades sociales y, muy probablemente, se limitará a lamentos “humanitarios” por la situación del pueblo palestino para a continuación seguir considerando Estado asociado a Israel pese a ser un régimen “canalla” y genocida.

Frente a ese panorama, las campañas que se están desarrollando contra la presidencia española deberían servir para volver a poner de actualidad la necesidad de otra Europa y de una salida a la crisis por la izquierda que permita avanzar hacia una ruptura abierta no sólo con el actual “modelo de crecimiento” sino también con el capitalismo neoliberal que lo sustenta. Por eso los 7 puntos que en el número 66 de Corriente Alterna ya presentamos con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo continúan teniendo vigencia: Queremos una Europa que garantice trabajar menos para trabajar todos y todas; que aspire a la socialización de los bienes comunes y de la banca y al reparto de la riqueza; que luche contra el cambio climático y siente las bases de otro modelo civilizatorio; que se base en la igualdad plena de todas las mujeres, en su derecho a decidir y en el respeto a la libertad sexual; sin muros, vallas, guetos ni CIEs; que sea democrática y laica y reconozca todos los derechos para todas las personas, todos los pueblos y todas las culturas, y que respete la soberanía de los pueblos del Sur y esté fuera de la OTAN.

II. El Tratado de Lisboa. Una Constitución que no se atreve a decir su nombre

La ratificación final del Tratado de Lisboa, gracias al Sí finalmente conseguido en el segundo referéndum celebrado en la República de Irlanda en octubre de 2008, ha venido a satisfacer la aspiración neoliberal de dotar a la UE de un blindaje legal y de una maquinaria institucional al servicio de los intereses de los grandes poderes económicos europeos y transnacionales. Queda así superado el obstáculo interpuesto por el No al anterior proyecto constitucional en Francia y Holanda en sendos referendos, aunque haya tenido que ser al precio de mostrar una vez más el despotismo antidemocrático de la eurocracia.

En realidad, el Tratado que ahora entra en vigor coincidiendo con la Presidencia española no es más que una nueva versión del Tratado Constitucional Europeo, sólo que eliminando la denominación de “Constitución” (para así evitar la celebración de nuevos referendos en el resto de países, como reconoció el mismo padre de aquel Tratado, Giscard d’Estaing) y una simbología oficial (bandera, himno...) que parecía molestar a determinados países, aunque, como estamos ya sufriendo, se mantiene su (ab)uso. Es además mucho más farragoso que el anterior, ya que se basa en dos Tratados reformados (el de la UE de Maastricht (TUE), con 55 artículos, y el de la Comunidad Europea, ahora denominado de “Funcionamiento de la UE” (TFUE), 358 artículos) y en una larga relación de Protocolos (37), Declaraciones particulares (65 más las de Irlanda y Chequia, generalmente dirigidas a facilitar la exención de los gobiernos en el respeto a determinados derechos sociales o de las mujeres o a seguir permitiendo los “paraísos fiscales” dentro de la UE) y 2 Anexos.

En lo fundamental, este conjunto de documentos conserva los rasgos que en su momento criticamos ya desde la izquierda anticapitalista al anterior proyecto: impone un modelo económico neoliberal (el “principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia” es archirrepetido a lo largo de los documentos), subordinando al respeto al mismo cualquier política social o ambiental y de relación solidaria con el Sur; impide cualquier restricción al libre movimiento de capitales no sólo dentro sino también fuera de la UE (art. 63 TFUE) y al “libre comercio” y fomenta el desmantelamiento gradual de los servicios públicos; incluye una Carta de Derechos Fundamentales que supone un mero reconocimiento “por abajo” de los derechos existentes en los Estados miembros, siempre además que sean compatibles con el “libre movimiento de capitales” y el creciente “dumping” fiscal y laboral, como ha venido justificando el Tribunal Europeo de Justicia con sentencias como las de los casos Laval, Viking, Ruffert y Luxemburgo; respeta los compromisos contraídos en el marco de una OTAN (art. 42.2 TUE) bajo hegemonía estadounidense, como estamos comprobando en Afganistán, obliga a los Estados miembros a “mejorar progresivamente sus capacidades militares” (art. 42.3 TUE) y amplía su campo de intervención militar a la “lucha antiterrorista”, ya formalizado con el Documento Solana en el marco de la “guerra global preventiva” no abandonada por Obama; no reconoce plenos derechos de ciudadanía para todas las personas “nacionales de terceros países en situación de residencia”; tampoco asume la realidad plurinacional de muchos de los Estados miembros, ya que exige el respeto a la “integridad territorial” de cada Estado (art. 4.2 TUE), negando así el derecho de autodeterminación a aquellos pueblos que lo soliciten; no hay un reconocimiento efectivo de la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres ni de los trabajos de cuidados, permitiendo además que países como Malta y ahora Irlanda sigan prohibiendo el aborto; refuerza la independencia del Banco Central Europeo (que seguirá teniendo como objetivo la “estabilidad de precios” y la “disciplina presupuestaria” dentro del marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y, si bien aumenta las competencias del Parlamento Europeo, éste sigue sin poder disponer de capacidad de iniciativa legislativa (igual que los Parlamentos estatales) y tiene que codecidir con el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno. Éste último es de hecho el organismo que, desde su puesta en marcha en 1974, ha ido convirtiéndose en el verdadero “núcleo duro” de decisión (confirmado, además, mediante su transformación ahora en “institución”, el protagonismo de su Presidencia permanente y la Alta Representación Exterior y la inclusión de más materias –principalmente económicas- en su sistema de aprobación por mayoría cualificada), a cuyo servicio está la Comisión presidida por el anfitrión del “trío de las Azores”, Durao Barroso. A todo este galimatías se suma también la existencia de una Presidencia del Eurogrupo.

La única “guinda” que sigue apareciendo en todo esto es la del reconocimiento del derecho a la “Iniciativa Ciudadana Europea”, pendiente todavía de reglamentación, y que en cualquier caso y tras el arduo esfuerzo de recoger un millón de firmas en un cuarto o un tercio de países miembros, sólo podrá “invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requiere un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados” (art. 11.4 TUE); o sea, que cualquier “cuestión” que entre en conflicto con alguno de los artículos del Tratado tendría una difícil aceptación por la Comisión, la cual deberá además trasladarla al Consejo y el Parlamento Europeos.

Ésa es, por tanto, la Constitución escrita con la que va a iniciar la UE una “nueva aventura” (en definición de su Presidente permanente, el conservador Van Rompuy). Pero no hay que dejarse engañar por la aparente euforia de sus líderes porque ellos mismos saben muy bien que la crisis financiera y sistémica que les afecta no se resuelve con estos acuerdos ni con una arquitectura institucional cada vez más complicada (y costosa) que pretende dar la falsa imagen de una “Unión política” que no existe.

Fuente:Viento Sur

---