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“Quieren criminalizarnos para frenar las movilizaciones sociales en Brasil”

Lunes 9 de noviembre de 2009. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

MST denuncia ofensiva en contra de movimientos sociales y sindicatos

La primera semana de noviembre fue la del inicio de la contraofensiva internacional. Primero, el lunes 2, la denuncia fue presentada en Ginebra ante Juan Somavía, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien la acogió con gran respeto y preocupación. Cuatro días más tarde, en Washington, en una comisión de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El grito de alarma del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es preciso: “...la represión a los movimientos sociales, en particular al MST, expresa el irrespeto a la Constitución Federal, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el mantenimiento de la injusticia en las relaciones agrarias”. El portavoz de este maratón internacional que lo llevó de Ginebra a Washington en pocas horas, es João Paulo Rodrigues, miembro de la dirección nacional del MST y responsable de la oficina en San Pablo. Entrevista exclusiva realizada después de su visita a la OIT en Ginebra.

P: Difícil entender desde fuera la represión que viven el MST y otros movimientos sociales y sindicales en un país con un Gobierno democrático. ¿Cómo se explica esta realidad contradictoria?

João Paulo Rodrigues: El MST vive una situación muy difícil. Porque al mismo tiempo que tenemos un Gobierno, el de Lula, que no reprime al movimiento social, nos confrontamos a un conjunto de aparatos e instrumentos del Estado brasilero que continúa con la vieja práctica de reprimir y no acepta que las organizaciones del movimiento popular o sindical tengan autonomía tanto en la movilización como en la organización de su base.

P: ¿Puede darnos ejemplos precisos de esos mecanismos o instrumentos...?

JPR: Me refiero, por ejemplo, al Poder Judicial; y al Ministerio Público tanto a nivel federal como estadual, con poder para investigar y criminalizar a los movimientos sociales, sean urbanos o rurales. También el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que es un órgano parlamentario de mucho poder. Y no podemos olvidar, además, a muchos de los principales medios de comunicación, que, a su modo, criminalizan a los movimientos populares.

P: ¿Su misión a Ginebra y Washington es alertar sobre una ofensiva en su contra?

JPR: Denunciar en importantes espacios internacionales esta situación preocupante. Y promover una activa presión internacional para asegurar, sobre todo, la libertad de organización de los trabajadores, tanto del movimiento social como de los sindicatos. Fuimos muy bien acogidos por nuestros interlocutores en Ginebra y por el mismo Director General de la OIT. Es importante que nuestros movimientos sean realmente reconocidos y respetados por el Estado brasilero. Un buen funcionamiento de la democracia, por más que ésta sea capitalista, burguesa, debe respetar la libre organización y movilización de los trabajadores.

P: Hace algunos años se hablaba más de la represión militar contra el MST y sus militantes. Ahora, pareciera que los métodos son más jurídico-institucionales.... ¿O se combinan formas diferentes de represión?

JPR: En nuestro caso percibimos una combinación de métodos. Hay Estados, como Sao Paulo o Río Grande del Sur, donde hay una represión militar de parte del mismo Estado.

En otros lugares, como Pernambuco y Pará, el principal instrumento represivo son las milicias armadas de empresas privadas ligadas al agronegocio.

En las últimas semanas, otro hecho especialmente preocupante es la instalación de una Comisión Parlamentaria, propuesta por la bancada ruralista, los grandes terratenientes, los más atrasados, para investigar al MST.

Lo que más nos preocupa es que esta escalada represiva se da aunque nosotros, como movimiento, no hemos modificado ni radicalizado nuestros métodos de lucha a pesar que no hemos sido beneficiados por la reforma agraria. Nuestros enemigos, sin embargo, pasan a la ofensiva. Son los banqueros, los grandes terratenientes, los que defienden el agronegocio, la bancada ruralista.

P: En sí misma, una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), vista desde el exterior, no sería un elemento tan preocupante.

JPR: El problema, en nuestro caso, es que es ya la tercera CPI formada para investigar al MST en los últimos cuatro años. Se convierte en una especie de palco ideológico, aprovechado también por los medios de comunicación, para enjuiciar al MST ante la sociedad.

No tememos para nada que nos investiguen. Ya las dos Comisiones anteriores no pudieron probar ni un solo acto o acción incompatible con la democracia. Tenemos 25 años de existencia y nunca pudieron acusarnos de nada antidemocrático. Pero insisto, esa CPI implica un desgaste político ante la sociedad. Pareciera que el MST debe estar permanentemente demostrando su inocencia.

Es evidente que el objetivo no es sólo desgastar al MST sino nuestra propuesta-reivindicación de Reforma Agraria.

P: ¿Qué relación tiene esta ofensiva contra el movimiento social en el marco de la etapa preelectoral? ¿Puede ser también entendida como un medio de desgastar la base social de las fuerzas políticas progresistas?

JPR: 2010 será año de elecciones pero también de movilizaciones sociales, ocupación de latifundios improductivos, exigencia al Gobierno para que las tierras improductivas sean destinadas a la reforma agraria, etc. Y en el marco del debate electoral se pondrán de relieve, en el plano político, dos proyectos básicos y confrontados que están ligados a dos visiones o programas de nación. El de los patrones ruralistas. Y el nuestro, con una agricultura familiar, de asentamiento. Hay estudios que demuestran que nuestro modelo es mucho más productivo y más económico, sustentable y ecológico. En ese sentido, la actual criminalización del movimiento social tiende a parar las movilizaciones sociales, a ponernos a la defensiva.

P: Imposible finalizar este diálogo sin tratar de comprender mejor el papel del presidente Lula en esta situación tan ambigua del Estado hacia los movimientos sociales...

JPR: Ese es el término: ambigüedad. El Gobierno Lula impulsa una política seria de no criminalizar los movimientos sociales. Pero peca en no realizar la reforma agraria. Hay un dicho en Brasil que sostiene: “El Gobierno Lula es nuestro amigo pero es también amigo de nuestros enemigos”. El mismo grupo que propuso la Comisión Parlamentaria de Investigación contra nosotros, está entre los aliados del Gobierno.

Otro elemento importante. El Gobierno Lula invirtió 15 billones de reales para apoyar la agricultura familiar y de asentamiento, lo que es un monto considerable. Pero al mismo tiempo, destina 90 billones para los ruralistas. ¡Seis veces más! Esperamos que el 2010, último año de su gestión, el Gobierno invierta esas prioridades para priorizar las familias acampadas que son 90 mil sin tierra en Brasil.

Sergio Ferrari

Fuente: Rebelión

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