Por Iñaki Egaña

Desde la época de la Segunda República, por no citar tiempos anteriores, la presencia de la Guardia Civil había sido contestada por amplios sectores de la población navarra que pidió, según coyunturas y agentes sociales o políticos, su «disolución», «expulsión del territorio» o «sustitución por policías forales».

El resumen de más de 80 años de esa reivindicación llegó hace un par de años y lo dio el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sala de lo Civil y Penal, en el auto nº18/2016 que sobreseyó las diligencias abiertas contra Hasier Arraiz, «porque las frases proferidas por el querellado respecto a la Guardia Civil –la reclamación histórica de una parte de la sociedad vasca de que abandone el País Vasco– aunque supongan el rechazo de la propia existencia del Cuerpo, simple y llanamente por lo que es: un Cuerpo de Seguridad del Estado, evidentemente rechazables moral y socialmente, no pueden ser sancionadas penalmente, a riesgo, claro está, de perjudicar la pluralidad ideológica de nuestro sistema».

En el propio Altsasu, en octubre de 1934, la Guardia Civil detuvo a Constantino Salinas, médico, vicepresidente de la Diputación Foral y dirigente del PSOE, mientras participaba en una manifestación. Desde la puerta del bar Txoko, el obrero Emilio Igusquiza Gómez, que se encontraba con su hijo Justiniano en brazos, de 14 meses, afeó la conducta de los agentes. Uno de ellos le disparó tres tiros que le causaron la muerte instantánea. El hecho produjo gran consternación en Altsasu y repetidas manifestaciones contra la Guardia Civil de todo el espectro político. Se cantó una jota escrita por sindicalistas de la UGT: «Ya no se llaman civiles/ los del gorro atravesado/ que se llaman asesinos/ del trabajador honrado».

En la Segunda República fueron numerosos los ayuntamientos navarros que debatieron mociones para la expulsión de la Guardia Civil de sus poblaciones. La campaña estuvo dirigida, en la mayoría de los casos, por el sindicato UGT. En octubre de 1938 fue juzgado Félix Blanco «por haber promovido una moción municipal en la que se pedía la salida de esta fuerza militar del pueblo». Interrogado sobre sus gestiones para lograr la salida de la Guardia Civil de Peralta, Félix Blanco aclaraba que fue «el concejal Jesús Boneta quien presentó una moción pidiendo que se suprimiese la Guardia Civil del pueblo, que el Ayuntamiento aprobó la propuesta y le dio curso al Gobernador Civil de Pamplona, pero el resultado fue opuesto porque enviaron nuevos guardias de caballería para reforzar los que había de infantería».

Hubo mociones para la retirada de la Guardia Civil al menos en Lodosa, Fustiñana, Sartaguda, Buñuel, Carcastillo, Fitero y Tudela. En el juicio contra Aquiles Cuadra (alcalde de Tudela) se dijo que «presionó constantemente a las autoridades en el Gobierno de Navarra para la retirada de la Guardia Civil de Tudela». Cuadra fue ejecutado el 19 de octubre de 1939. Entre otros ejemplos a rescatar, el de la campaña electoral de febrero de 1936 en Fustiñana, cuando el Frente Popular llevó en su programa la «expulsión de la Guardia Civil».

Con motivo del golpe de Estado de julio de 1936, dirigido por Emilio Mola gobernador militar de Navarra, que provocó posteriormente la guerra civil, las primeras instrucciones golpistas conminaron a la Guardia Civil a la disolución de los ayuntamientos y en su caso a la detención de alcaldes y concejales que no mostraran su adhesión al golpe de Estado. Antonio Goikoetxea, alcalde de Altsasu en 1931, sería ejecutado, así como Martín Somocurcio e Isidro Zornoza, concejales. Estas muertes provocaron una gran animadversión hacia la Guardia Civil, a la que se le hizo responsable de las detenciones y muertes.

La apuesta golpista de la Guardia Civil y su alineación generalizado de mandos y agentes con las tesis franquistas, llevaron a que el Gobierno vasco republicano, con sede en Bilbao, procediera a su disolución y a la orden de arresto a todos sus mandos. La medida se llevó a cabo en octubre de 1936 y fue avalada por las fuerzas que componían en Gobierno de coalición: PNV, PSOE, PCE, ANV e IR. También contó con el apoyo del sindicato UGT.

En octubre de 1976, Víctor Manuel Arbeloa, dirigente del PSOE navarro escribía entonces poesía: «Señores guardias civiles dejen en paz sus fusiles… Que están matando sin tiento y no tienen escarmiento… ¡Es tan fácil disparar en lugar de razonar». Arbeloa fue presidente del Parlamento de Navarra, senador en dos legislaturas y europarlamentario.

El 14 de julio de 1978 la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Errenteria (órgano transitorio entre antes de las primeras elecciones municipales democráticas) aprobó por unanimidad «solicitar del Gobierno Civil la retirada de todas las Fuerzas de Orden Público». Siendo aún ayuntamiento franquista, el primero en proponer la retirada fue el de Tolosa (diciembre de 1976): «Solicitamos de la autoridad competente que la Guardia Civil sea sustituida». Durante 40 años han sido más de un centenar los ayuntamientos que han solicitado la retirada de la Guardia Civil, uno de los últimos el de Eibar, en sesión de octubre de 2015.

En 1978 se publicaron dos libros con el título “Que se vayan” (Javier Bordagaray seudónimo de Javier Sánchez Erauskin, Editorial Hordago) el primero y “Que se vayan ya” el segundo (Landazuri, Editorial Mugalde). Ambos fueron secuestrados y su difusión prohibida. Sus editores señalaron al diario “El País” en el primer secuestro que «el libro había cumplido la tramitación legal pertinente. ‘Que se vayan’ es un trabajo de recopilación de datos de hemeroteca y la opinión de todos los partidos políticos, desde UCD hasta la izquierda vasca, sobre la actuación de las fuerzas del orden».

El 4 de junio de 1979, el Ayuntamiento de Pamplona (con los votos favorables de PNV, HB y PSOE), se ratificó en un acuerdo anterior de retirada de las FOP de Navarra y acordó «pedir al Parlamento Foral que encargue a la Diputación de Navarra en pleno la negociación inmediata con el Gobierno de los plazos y formas de retirada de las FOP y sus sustitución». UCD del Ayuntamiento de Iruñea se abstuvo en la propuesta pero elevó la petición a Diputación para que «la Policía Foral asuma responsabilidades y funciones de Orden Público en Navarra». Con esa misma fecha, y al calor de las declaraciones institucionales, numerosas fuerzas políticas y sindicales firmaron un documento conjunto en el que se exigía «la retirada inmediata de las FOP de Navarra». La lista completa de formaciones que firmaron el documento fue: PCE, LKI, MCE, OIC, PTE, ORT, HASI, LAIA, ASK, HB, Partido Carlista, PSOE, EE, ESEI, CCOO, CSUT, LAB, SU, UGT y USO.

La expansión de la idea de que las FOP se retiraran adquirió semejante dimensión que, el 31 de agosto de 1978, la CIA norteamericana (Central Intelligence Agency) elevó un informe secreto, desclasificado recientemente (CIA-RDP80T00634A000400010006-6), con el título “Spain: Que se vayan! Security aspects of the basque problem” (“¡Que se vayan! Aspectos de seguridad en el problema vasco”). El documento reflexionaba sobre la posibilidad de que el Gobierno de Madrid accediera a la creación de una nueva policía autonómica que «permitiría cierto repliegue de la Policía Nacional». La central de espionaje remarcaba que la campaña “Que se vayan” estaba liderada por EIA (Euskadiko Ezkerra) y su diputado en Madrid.

Como cité en el artículo anterior, el partido EIA, el único grupo entonces integrado en Euskadiko Ezkerra y con fecha el 18 de julio de 1978, dio publicidad a una campaña para la retirada de las fuerzas policiales de Hego Euskal Herria. El nombre de la campaña fue “Que se vayan”, “Alde hemendik”, en euskara. La campaña fue tan popular que surgió una melodía con ella y una canción que fue la banda sonora de la película “El pico”, de Eloy de la Iglesia (1983).

El 14 de julio de 1978, Juan María Bandrés hizo unas significativas declaraciones a la agencia Efe: «La presencia de las Fuerzas de Orden en Euskadi es, de por sí, una provocación». Bandrés fue senador de 1977 a 1979 y diputado a las Cortes españolas de 1979 a 1989, por Euskadiko Ezkerra. En 1993 ingresó en el PSE-PSOE. Tras su fallecimiento en 2011 le fue otorgada la Gran Cruz de Isabel la Católica.

El 30 de agosto de 1977, EIA había abandonado la Coordinadora KAS que, entre sus objetivos marcaba la llamada Alternativa KAS que se había presentado justo un año antes, el 30 de agosto de 1976. El punto cuarto de la Alternativa decía textualmente: «Disolución de los cuerpos represivos». En marzo de 1982 EIA se convirtió en Euskadiko Ezkerra. En enero de 1993 Euskadiko Ezkerra se integró en el PSOE, llamándose desde entonces su sección federal PSE-EE (Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra). El documento de EIA con el que comenzó la campaña “Que se vayan”, contenía una decena de eslóganes. Entre ellos: «Que se vayan hoy mismo de Euskadi porque queremos paz» y «Que se vayan ahora como señal de una gran victoria del pueblo en la conquista de la democracia».

La exigencia de la retirada de las FOP (Fuerzas de Orden Público), reinventadas en FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), siguió siendo una reivindicación transversal incluso después de la Transición. Dos grandes hitos marcaron esas reivindicaciones, ya en 1979, con la Constitución española en vigor.

El primero tuvo lugar el 5 de junio de 1979, cuando el Ayuntamiento de Donostia aprobaba una moción en la que se afirmaba que «no es deseada la presencia de las actuales Fuerzas de Orden Público», por 19 votos a favor y 3 en contra. Ese mismo día, en Navarra, diversos ayuntamientos exigieron «la disolución y retirada de las FOP». Fueron los de Estella, Zizur, Ansoain, Goizueta, Olazti, Iturmendi, Bakaikoa, Etxarri Aranatz, Arbizu, Lakuntza, Ergoiena y Altsasu. Era alcalde de Altsasu Gerardo del Olmo, cabeza de lista de una candidatura popular, aunque el PSOE había sido la lista más votada.

Unos días después, el 24 de junio, un total de 43 municipios navarros se reunieron en la Casa Consistorial de Tafalla, tras haber recibido el permiso de Jaime Ignacio del Burgo, entonces presidente de la Diputación Foral. Entre los asistentes había concejales de todos los partidos políticos, incluidos de UCD, en el Gobierno en Madrid. Los ayuntamientos reunidos decidieron «ratificar el acuerdo de la Corporación de Tafalla de 5 de junio (de 1979) en el que se solicitó la devolución a los ayuntamientos de las responsabilidades en materia de Orden Público. Solicitar de la Diputación Foral de Navarra que agilice las gestiones para la retirada progresiva de las fuerzas del orden y su sustitución gradual por fuerzas forales. De forma provisional y mientras no se produzca la retirada de las FOP, solicitan que su presencia sea los más reducida posible en los pueblos navarros».

A la muerte de Gladys del Estal en 1979, el Ayuntamiento de Tudela se reunió en la sala consistorial, abriendo las puertas a partidos políticos, sindicatos y vecinos. Conjuntamente dieron luz a un comunicado que, entre otros apartados, pedía «retirada inmediata de la Policía de Euskadi y disolución de todos los cuerpos represivos del Estado español». Firmaban el documento, los partidos políticos PTE, EMK, OIC, HASI, KAS, HB, EGG, JGRE. ORT, Partido Carlista, UJM, LKI, PSOE y Juventudes Socialistas, así como los sindicatos CCOO, UAGN, LAB, UGT, SU, CSUT, ELA y CNT.

Fue notorio que las declaraciones de ayuntamientos e instituciones navarras estuvieron condicionados por la muerte de la ecologista Gladys del Estal en la concentración de Tudela, a manos del agente de la Guardia Civil José Martínez Salas, condenado por esos hechos en 1981 a 18 meses de prisión. Pero anteriormente a la muerte de Gladys del Estal las iniciativas por la retirada de las FOP eran tan intensas que el gobernador civil había dado publicidad a una nota reveladora, el 12 de mayo de 1978, semanas antes del fallecimiento de la ecologista: «Este Gobierno Civil quiere poner especial énfasis en la abnegada y eficaz colaboración de las fuerzas de Orden Público, instituciones que están haciendo cada día gala de su absoluta entrega y disciplina sin que se vea compensada por la opinión pública navarra».

La Alternativa KAS, fue remodelada en enero de 1978. Del 4 punto, la retirada policial pasó al tercero: «Expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía». En 1989, Miguel Sanz entonces parlamentario foral y entre 1996 y 2011 presidente del Gobierno de Navarra dijo que «la Alternativa KAS contiene puntos que pueden ser perfectamente modulables y que, en algún porcentaje, no quebrarían el marco jurídico establecido».

Dos años más tarde, el 4 de septiembre de 1991, el entonces candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Allí, también del partido UPN como Sanz, concretó que «dos de los cinco puntos de la Alternativa KAS eran negociables, mientras que los otros tres no tendrían ninguna posibilidad de ser tenidos en cuenta». Inquirido para que explicara cuáles eran unos y otros, señaló que los negociables se referían «en concreto a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y al repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado para la expansión de la Policía Foral».

Con la entrada del siglo XXI, a la reivindicación de la retirada de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se sumaron nuevas generaciones que organizaron iniciativas diversas (Malatxa, Fan Hemendik…). A las mismas hay que añadir las permanentes institucionales, la más destacada de ellas la del Parlamento vasco que en su proposición no de ley 111/2013 pidió «La retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado español» en la CAV.

El 17 de noviembre de 2016, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, hizo unas declaraciones al programa Boulevard de Radio Euskadi en las que señaló exactamente: «Decir que aquí hay órdenes de ETA, que esto sigue exactamente igual, que aquí hay un movimiento organizado, que se puede considerar terrorismo, etc, etc., es una auténtica barbaridad. Y quiero decir algo muy alto y muy claro. Esto que ahora parece ser que la Fiscalía está impulsando y no sé que pasará en la Audiencia Nacional y que ‘Alde Hemendik’ y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se vayan de Euskadi que esto es una estrategia de ETA, etc. etc. Lo quiero decir alto y claro. Esto lo dice el Partido Nacionalista Vasco también».

Anteriormente, el 9 de junio de 2016, EGI (Juventudes del PNV) comenzó una campaña con el título: "La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen que marcharse de Euskadi". El documento, que fue socializado para recoger firmas, comenzaba «La Guardia Civil y la Policía Nacional no nos representan ni nos dan seguridad. Pedimos que se vayan de Euskadi».

En otro apartado del mismo se decía: «Solicitamos que con la mayor brevedad posible tanto Guardia Civil como Policía Nacional cesen su activad en Euskadi, transfieran todas sus competencias a la Ertzaintza y se clausuren todos los cuarteles». El 26 de septiembre de 2010, en el acto anual del Partido Nacionalista Vasco, Alderdi Eguna, celebrado en las campas alavesas de Foronda, EGI desplegó una pancarta con el lema «Que se vayan de una puta vez».

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