Al confiscar a la menor Najwa Malha su derecho a ejercer su libertad religiosa y el de ser escolarizada bajo la excusa del cumplimiento del reglamento interno, el Consejo Escolar del Instituto Camilo José Cela ha practicado una medida cuanto menos inconstitucional, arbitraria y racista. El reglamento interno del instituto establece normas que están en contradicción con la Constitución, con las leyes españolas sobre la educación y la libertad religiosa y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (Capitulo 2-Art. 10). Este principio implica el reconocimiento y la valoración crítica de las diferencias de tipo social y el rechazo de cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, religión, creencias u otras características individuales o sociales.

La medida arbitraria del Consejo Escolar ha sido apoyada por las autoridades de la Comunidad de Madrid. El Consejero de Presidencia habló del velo como “un elemento de diferenciación y discriminación que es malo fomentar”1 y el portavoz de Inmigración del grupo popular en el Congreso afirmó que la menor intenta “[...] imponer sus creencias a los demás [...]”2. Estas afirmaciones muestran el claro menosprecio y el no respeto de los derechos democráticos establecidos por la Constitución por parte de las autoridades de la comunidad.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos considera que éste hecho, además de inmiscuirse en la esfera privada y el ejercicio de las libertades individuales, implica el cierre de un proceso que apuesta por una sociedad plural y democrática.

Por ello, declaramos lo siguiente:

• La medida adoptada por el Consejo Escolar es una clara vulneración de uno de los derechos fundamentales recogidos y garantizados por la Constitución española (Art. 27), que es el derecho a la educación.

• La medida adoptada por el Consejo Escolar es un claro atentado en contra de las libertades amparadas por la Constitución española (Capitulo 2-Art. 16) y va más allá de la aplicación del reglamento interno. El interés de la menor debe primar sobre las normas efímeras anticonstitucionales del Consejo Escolar.

• La medida demuestra una práctica institucional racista sin paliativos.

• Afirmamos que la escuela pública debe ser un lugar de aprendizaje democrático, de construcción identidaria y en la que se ofrezca la posibilidad de convivir y de reconocer la dignidad de todas y todos.

• Denunciamos la postura apática del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de su Consejería de Educación y les responsabilizamos del desamparo y del empeoramiento de la salud de la menor.

• Expresamos nuestro apoyo incondicional a la menor y su familia y exigimos su readmisión en clase para “corregir” esta situación y evitar posibles perjuicios y daños irreversibles.

• Rogamos al Defensor del Menor y al Defensor del Pueblo intervenir para poner fin a esta discriminación.

Madrid, el 26 de abril de 2010

Asociación Marroquí de Derechos Humanos.

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