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Los asesinos de Berrueta piden el indulto

Martes 9 de marzo de 2010. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Un policía nacional y su hijo mataron a Anjel Berrueta en Iruñea tras los atentados del 11 de marzo del 2004, después de negarse a colocar un cartel en su tienda.

Seis años han pasado desde que el policía nacional Valeriano de la Peña y su hijo mataran a puñaladas y de varios disparos al panadero Anjel Berrueta en Iruñea (Pamplona), después de que éste se negara a colocar en su tienda un cartel que se responsabilizaba a ETA de los atentados del 11-M. Ahora han solicitado por segunda vez que se les indulte y podrían estar disfrutando de diversos beneficios penitenciarios.

El 13 de marzo de 2004, Pilar Rubio, mujer de Valeriano de la Peña, pretendió colocar un cartel contra ETA en la tienda de su vecino, panadero y conocido militante de Gurasoak (colectivo de padres y madres de jóvenes detenidos por su presunta relación con la kale borroka). Éste se negó y la mujer subió a casa fuera de sí diciendo: “Vamos a matar a ese hijo de puta”. Minutos después su hijo y su marido bajaron a la tienda de Berrueta y le mataron.

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La campaña desatada por la derecha española tras el 11-M había cuajado hasta tal punto en Navarra que los partidos de la clase política legalizada no se atrevían a poner en duda que la autoría de los atentados fuera de ETA. Prueba de ello fue que mientras en las manifestaciones de Madrid y Barcelona del día 12 contra los atentados la pregunta de “¿Quién ha sido”? y el “¡No a la guerra!” eran una constante, en Iruñea la manifestación fue una muestra de apoyo a las tesis del PP y de UPN y la encabezó una pancarta que rezaba “Por las víctimas. Con la Constitución”.

En el juicio por el asesinato de Anjel Berrueta, un jurado popular condenó a 20 años de cárcel a Valeriano de la Peña, impuso 15 años de prisión a su hijo y sentenció que Pilar Rubio era culpable de proponer el asesinato, por lo que fue condenada a diez años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la absolvió posteriormente. Los autores del crimen han solicitado por segunda vez su indulto. Ésta es una medida de gracia que sólo el Gobierno español tiene protestad para aplicar. Sin embargo, otras medidas como los permisos carcelarios o la aplicación del tercer grado corresponden a Instituciones Penitenciarias. Se sospecha que los asesinos de Berrueta han disfrutado ya de varios permisos, y el hijo estaría a punto de acceder al tercer grado, por lo que solo tendría que ir a prisión para dormir.

La familia de Anjel Berrueta considera que “la ley no es igual para todos”, y critica una vez más los beneficios penitenciarios y la posibilidad del indulto. Mari Carmen Mañas, esposa de Berrueta, entiende la solicitud de indulto como “un menosprecio” hacia su familia y remarca que “no existe ni la más mínima muestra de arrepentimiento, ni consideración de género alguno hacia la víctima y su familia, ni reparación del daño causado, ni ninguna otra clase de explicación o circunstancia que permita opinar favorablemente en relación con esta medida, ni con la mayor de las benevolencias”. Mañas denuncia que “a los presos vascos les hacen cumplir las condenas íntegras y los que mataron a mi marido quieren ser indultados. Y si no, probablemente dentro de poco tiempo salgan a la calle. Eso es lo que no queremos”, asegura. El próximo día 13 de marzo, como todos los años, Anjel Berrueta será homenajeado en su barrio por sus vecinos.

Balance: Los datos represivos de 2009 evidencian el estado de excepción encubierto

JOSU ESPARZA ESPARZA

50 años de conflicto y sufrimiento

Las vulneraciones de derechos humanos, civiles y políticos que se recogen en el nuevo Anuario represivo del Movimiento Proamnistía de Nafarroa con los datos referentes al año 2009 dejan en evidencia el Estado de excepción encubierto que vive Euskal Herria en su conjunto. Este Estado de excepción que aplican los Estados español y francés sobre la ciudadanía vasca tiene como objetivo el negar una solución en clave democrática a las legítimas aspiraciones soberanistas de Euskal Herria. Para ello utilizan la tortura; la guerra sucia; la violencia y la ocupación policial; el control social; las ilegalizaciones y el apartheid político resultante; los tribunales de excepción como la Audiencia Nacional; la política penitenciaria más cruel contra el colectivo de presos y presas políticas vascas y sus familiares; la manipulación y la mentira a través de los medios de comunicación de masas... en definitiva, toda una serie de resortes represivos al servicio de una estrategia que busca acabar con el movimiento que a día de hoy es motor de cambio en la sociedad vasca: el sector independentista de izquierdas.

50.000 detenidos en 50 años

El sufrimiento acumulado por la sociedad vasca es incalculable, pero aun así hay ciertos datos que nos pueden ayudar a comprender mejor la dimensión del conflicto existente entre un pueblo tan pequeño como Euskal Herria (con tres millones de habitantes) y los Estados español y francés. En los últimos 50 años 465 vascos y vascas han muerto como consecuencia de la represión español y francesa. Ello supone que, en proporción, en el Estado español, que cuenta con 40 millones de habitantes, habrían muerto 6.200 personas. En este medio siglo, además, 50.000 personas han sido detenidas por motivos políticos. Muchas de ellas bajo la legislación antiterrorista, y más de 10.000 han denunciado haber sufrido torturas. Un total de 7.000 personas han sido encarceladas en prisiones españolas o francesas. En un país como Estados Unidos, el número de detenidos hubiera sido de cinco millones, un millón habría denunciado torturas y más de 700.000 personas habrían sido encarceladas. Pero además han sido cientos las personas que durante estas cinco décadas han tenido que escapar de la represión, un total de 2.500 vascos y vascas. En un país como la República Democrática del Congo, esto hubiera supuesto un éxodo de 50.000 personas. Desde nuestra óptica, el sufrimiento acumulado en un pueblo tan pequeño como Euskal Herria debería interpretarse como un conflicto en toda regla reconocido por la comunidad internacional y no un problema de orden público, como en tantas ocasiones tratan de vendernos.

La izquierda abertzale ha decidido poner en marcha y de forma unilateral un proceso democrático para superar esta situación de negación y lograr un escenario democrático donde todas las aspiraciones políticas sean viables si cuentan con el apoyo de la mayoría social de Euskal Herria. Al movimiento Pro Amnistía le corresponde luchar para que este proceso se desarrolle en condiciones democráticas, forzando a los estados español y francés a que abandonen sus estrategias represivas y respeten los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía vasca. Ése será nuestro trabajo.

Fuente: Diagonal

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