Las penas-multa como medio para estrangular a los movimientos sociales

12 de mayo de 2009.

Las penas-multa es un concepto que aparece a raíz de la reforma del código penal que aplica el gobierno del PP en el 96. Consiste en que una condena económica, en el caso de no tener recursos, la pagues con cárcel, en concepto de un día de prisión por cada dos de multa. Esto significa que si te condenan a pagar 6 euros al día durante 8 meses y no tienes medios para pagar, debes cumplir 4 meses de prisión para cubrir tu "deuda con la justicia".

Esta medida surge como una reforma teóricamente progresista en la que, en ciertos delitos, la justicia te da la oportunidad de pagar para que no te metan en la cárcel.

Pero hay otras interpretaciones: de un tiempo a esta parte, mucha gente implicada en luchas sociales, por diferentes motivos, nos vemos condenadas por los tribunales a pagar penas-multa. Luchas y prácticas cotidianas de los movimientos sociales como la okupación, la desobediencia civil, las luchas en defensa del territorio, la participación en manifestaciones, salir a pegar carteles o pintar, se encuentran desde hace tiempo en el punto de mira de ordenanzas cívicas y persecuciones policiales y judiciales. Lejos de entender las penas-multa como una medida progresista de la aplicación de la justicia, la entendemos como una evolución de los métodos de represión hacia los movimientos sociales y una forma de condenar la disidencia y la pobreza.

Pongamos un ejemplo, un joven comprometido con la defensa del medio ambiente, lleva a cabo, junto con su colectivo, una campaña de denuncia y de acciones para detener las obras de un proyecto elitista que se está cargando buena parte de la montaña de Collserola. Después de varias acciones, en las que ni se hace daño a nadie ni se rompe nada, este muchacho es condenado a pagar una pena-multa por su práctica. Supongamos que no tiene medios para abonar la pena-multa. Este joven se va a la cárcel a cumplir la sustitución de la multa que no puede pagar.

Hace unos años, cualquiera, y quiero decir cualquiera, desde un miembro de los movimientos sociales a cualquier juez que se considere "demócrata", pondría el grito en el cielo por el hecho de que una persona por encadenarse a una escavadora acabara en la cárcel . La aplicación de esta condena, dentro de su lógica penal, sería totalmente desproporcionada. Ahora, con el sistema de penas-multa, esto es una realidad. Con este modelo les resulta más fácil lavarse las manos a la hora de aplicar condenas: técnicamente, no te envían a prisión por el delito, sino por tu incapacidad para pagar la multa, cuestión de formas.
Lo mismo sucede con la chica que okupa una casa, con los que van a una manifestación y son identificados por los mossos, o al que descuelga un trapo de colores del mástil de un edificio institucional.

La situación antes expuesta es hipotética, y no tanto. Hipotética en el sentido de que este chico no es que no pueda pagar la pena-multa; tiene un colectivo detrás, y todo un colchón social que le permitirían saldar la deuda económica. Si este chico no pagara sería porque no quiere, porque considera que su lucha merece la pena y porque rechaza la coacción de la justicia.

Penas-multa vs Colectivos

Entramos en otro aspecto de las penas-multa, cómo afectan a los colectivos. Por un lado, la aplicación de estas penas puede llevar a los colectivos a entrar en una espiral de tener que organizar continuamente actividades para conseguir dinero para sufragar los gastos que suponen las multas. Casos que ya se dan. El dinero se consiguen generalmente en espacios liberados con la energía de todas aquellas personas solidarias con la causa. Este dinero va a parar directamente al "erario público", y se incluyen anualmente los presupuestos generales del Estado. Visto así, al chantaje al que nos someten, con el aval de nuestra libertad, hace que el Estado siempre salga ganando, al absorber dinero para mantener su maquinaria represiva en aumento, y tú, de una manera o de otra , acabes pagando tu "deuda con la justicia". Y los colectivos y movimientos sociales que son objetivo de estas condenas se vean cada vez más ahogados económicamente.

Por otro lado nos encontramos con la dificultad de poner en marcha campañas de solidaridad hacia las personas represaliades por penas-multa. Estas condenas, con la sutileza de formas antes comentada, en la que no queda claro que se condene el delito sino la insolvencia, acaba convirtiéndose en una dificultad para señalar las instituciones como promotoras de la criminalización de las acciones de los colectivos y de las personas que las llevan a cabo.

Insumisión a las penas-multa

Ahora mismo, se está intentando promover por parte de una asamblea de afectados y afectadas por condenas, una campaña de insumisión a las penas-multa.

Esto puede suponer ingresar en prisión por no pagar las multas, pero lo que se quiere hacer entender es que los hechos por los que se iría a parar dentro son la criminalización de nuestras formas de lucha. Hay gente que no se quiere someter al chantaje que nos plantea el Estado.

Entendiendo que se ha de ofrecer resistencia a estos procesos represivos, se pretende visibilizar el conflicto al que nos quieren someter las instituciones. Las cárceles son centros de exterminio y nadie quiere pasar ni un solo día, pero cuanto más nos dejamos pisar hoy, más lo harán mañana. Se pide estar atentos a las convocatorias en caso de que alguien tenga que ingresar en prisión y solidarizarse en cualquiera de estos casos.

Fuente: Alespenespunyalades

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