Garzón y las fosas franquistas / Nodo50. Contrainformación en la Red

Garzón y las fosas franquistas

6 de septiembre de 2008.

Ante el anuncio del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, de elaborar una lista de desaparecidos durante el franquismo. Numerosos colectivos que trabajan por la recuperación de la memoria histórica han emitido comunicados que denuncian las carencias y los fallos de esta iniciativa y de la regulación relativa a la reparación de las víctimas el franquismo.

Comunicado de Amigos de de los caídos por la libertad (1939 - 1945)

Todas las asociaciones de Memoria Histórica (MH) y de víctimas del franquismo comparecientes ante la Comisión Interministerial creada por el gobierno en 2004, planteamos –entre otras- una reivindicación común en nuestras comparecencias en la Moncloa: la investigación sobre los crímenes franquistas y el paradero de los "desaparecidos" republicanos como consecuencia de la guerra y de la represión franquista posterior,

El régimen franquista resolvió el caso de los muertos, los asesinados y los desaparecidos de su bando, así como la atención a sus familias, poniendo todos los recursos del estado al servicio de este objetivo. Caso resuelto.

La llamada "ley de la Memoria Histórica" (LMH) contempla únicamente la "privatización" de estas búsquedas, estableciendo subvenciones de cuantías ridículas a entidades privadas, sin garantía de continuidad ni control judicial alguno. En ningún caso el estado asume este deber de localización, ni investigación de estos crímenes estableciendo sus causas, circunstancias y autorías, tal como establece la legislación internacional de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el estado español y en consecuencia, de obligatoria vinculación para los jueces españoles, que no pueden inhibirse ante su invocación.

La iniciativa del Juez Garzón, no se realiza al amparo de la LMH, precisamente porque esta obvia cuidadosamente la implicación jurídica de la administración de Justicia, conformándose con dar una salida "humanitaria" a las peticiones de los familiares de desaparecidos, al margen de la investigación judicial. Pero la Justicia no es una o nG, ni los descendientes de las víctimas piden estos gestos de beneficencia; lo que exigen es Justicia, la misma que se está aplicando en estos momentos en Argentina o Chile, la misma que Garzón apoya en Colombia, visitando las fosas comunes investigadas por sus colegas de állá.

En algún momento del recorrido de la iniciativa de Baltasar Garzón, deberá de apoyarse en el artículo 607.bis del código penal español, incorporado tardíamente a este cuerpo legal, que establece las penas para los delitos tipificados como "de lesa humanidad", como son los cometidos por el franquismo, calificándolos como imprescriptibles, motivo por el que carece de valor el manido argumento de que se encuentran amnistiados desde el decreto preconstitucional de 1977, tan frecuentemente exhibido para amparar la impunidad.

Así pues, el juez Garzón debe actuar desde la jurisdicción ordinaria en el esclarecimiento, no solo del paradero de los "desaparecidos", (asesinados y sepultados en enterramientos ilegales), si no controlando las exhumaciones, e indagando y resolviendo sobre las circunstancias de estos crímenes de lesa humanidad, señalando a sus responsables, estén vivos o muertos.

Sin embargo, y valorando únicamente las informaciones difundidas hasta este momento por los medios de comunicación, nos produce extrañeza la elección de algunas de las instituciones elegidas por el juez, para requerirles información a través de providencias, como la Conferencia Episcopal o el abad del Valle de los Caídos. La jerarquía eclesiástica española, se ha mostrado muy beligerante durante el debate y tramitación de la LMH, mostrándose contraria a la misma. No es la Iglesia, en consecuencia, un órgano al que podamos atribuirle la necesaria objetividad y espíritu de colaboración con la justicia, vistos los antecedentes. La consulta de los 2.300 registros parroquiales, solo permitirían comprobar el fallecimiento de los llamados "Gloriosos Caídos por Dios y por España", cuya memoria ha sido objeto por la iglesia de todo género de veneraciones y homenajes, pero no se consignan en éllos en forma identificable, la muerte de personas asesinadas por el franquismo por dos razones: porque no aparece la causa directa de la muerte, y menos aún lo escabroso de tratarse de brutales muertes sumarias, y por que muchos de los asesinados no eran católicos practicantes o eran manifiestamente ateos o agnósticos,, por lo que sus familiares no procedieron a su registro fuera de plazo –ni los párrocos lo hubiesen permitido siguiendo instrucciones de su jerarquía-, en razón del terror reinante y de la actitud inquisidora de la Iglesia para con los vencidos.

La información que la Iglesia estará encantada de facilitar al juez Garzon, será en todo caso la relativa a los "Caídos por Dios y por España", cuya localización fue preocupación preferente de los vencedores en la guerra civil, y cuya investigación a través de la Causa General, se saldó con el fusilamiento de los instigadores, autores, los cómplices, los encubridores y de todo el que fuese visto por allí (así es como se resolvió en su día el caso de Paracuellos que ahora algunos tratan de resucitar, como si nunca se hubiesen investigado).

Curiosamente, el Juez ha evitado dirigir la misma providencia indagatoria al ministerio de Interior (datos de los archivos de la policía y guardia civil), ni su propio ministerio, el de Justicia, competente en los Registros Civiles de toda España, tan manifiestamente hostiles al trabajo de los investigadores. En ambos campos documentales sí es posible encontrar –como es el caso de investigadores de esta asociación- referencias a muertes violentas sumarias, es decir, al margen de la aplicación de sentencias de los tribunales militares franquistas, producidas fundamentalmente a consecuencia de las palizas, del hambre y en otros casos, a causa de enfermedades carenciales o epidémicas padecidas en las condiciones de vida inhumanas de las prisiones; muertes que en muchos casos se ocultaron a las familias y de las tuvieron noticias muchos años después, ignorándose en muchos casos el lugar exacto del enterramiento, aún conociéndose el establecimiento penitenciario en donde el fallecimiento se produjo. Varios de estos casos se registraron entre los presos-esclavos de los llamados "Batallones de trabajadores penados" en la península, en Canarias, Baleares y en el Protectorado español de Marruecos. Estas víctimas pertenecen igualmente a la clasificación de "desaparecidos", como lo son las víctimas innominadas de los bombardeos, de las fosas comunes tras las batallas o de los hospitales de campaña, y los miles de huidos ametrallados en la evacuación de Málaga a Motril en 1937 o en la retirada de Cataluña a Francia (enero de 1939).

Estamos de acuerdo y aplaudimos esta iniciativa de Garzón, para que la investigación del paradero de los desaparecidos y la localización y exhumación de las fosas, se haga por orden y bajo la vigilancia de un juez, pero no acabamos de ver claro qué pretende Garzón al pedir la colaboración informativa de la Iglesia, ni renunciando a la investigación de estos crímenes indagando en los archivos de los institutos armados y Registros Civiles, ni apelando a la colaboración de las más de cien asociaciones de víctimas del franquismo repartidas por toda España, así como a los departamentos universitarios de Historia Contemporánea, que sí están en condiciones de aportarle información contrastable.

Igualmente nos inquieta la posibilidad de que, tal como Garzón está abriendo este procedimiento buscando en donde no hay, y obviando hacerlo en las fuentes que sí pudieran aportarle pruebas masivas del programa de exterminio franquista, pudiera finalmente declararse incompetente, archivando el caso y cerrando con este precedente cualquier actuación posterior, bien fuese a instancias de los familiares o de cualquier otro juez.

Murcia, 4 de septiembre de 2008

AMIGOS DE LOS CAÍDOS POR LA LIBERTAD (1939 - 1945)
FUNDADA EN 1995
PRIMERA ASOCIACION REGISTRADA EN ESPAÑA EN TORNO A LOS FUSILADOS DEL FRANQUISMO
e-mail: murcia1939@yahoo.es – www.galeon.com/murcia1939
REGION DE MURCIA
30800 LORCA

Fuente: Comunicado sobre el juez Garzón y los desaparecidos de la guerra civil. Amigos de de los caídos por la libertad (1939 - 1945)

Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

La Federación Estatal de Foros por la Memoria va a analizar en los próximos días cómo colaborar en la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha realizado en los últimos años una serie de exhumaciones en Asturias, La Rioja, Huelva, Córdoba, Málaga, Ávila, Segovia y Toledo. En cada una de ellas ha presentado denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente por razón del lugar donde la fosa se encontraba y por el delito de crímenes contra la Humanidad. Invariablemente los Juzgados han resuelto la prescripción de los crímenes denunciados, lo que para la Federación es contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En cuanto a los argumentos que desde diferentes ámbitos judiciales y políticos se están utilizando para atacar la investigación propiciada por el juez Garzón, la Federación Estatal de Foros por la Memoria opina que defender que los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad se "inventaron" en 1948, es una afirmación de un cinismo impresentable. La II República española formaba parte de la Sociedad de Naciones, antecedente de la o nU, y era firmante de todos los Convenios y Resoluciones suscritos en su momento en materia de derechos humanos y de gentes en los que, ya antes de 1936, se recogían los crímenes contra la Humanidad. Por lo tanto, estas normas internacionales entraron a formar parte del Derecho interno español.

Por otra parte, la Federación Estatal de Foros por la Memoria recuerda que el franquismo no es un régimen que abarcó exclusivamente los años 30 ó 40 del siglo XX, sino que se extiende legalmente y en sus efectos al menos hasta las primeras elecciones democráticas de 1977, e incluso hasta la promulgación de la Constitución de 1978.

Por tanto, la Federación Estatal de Foros por la Memoria entiende que coincidiendo en el tiempo con los crímenes que cometidos en el cono sur americano han sido perseguidos por la Justicia española, en nuestro país se producían detenciones arbitrarias, maltratos y torturas para reprimir lo que el franquismo consideraba "delitos", pero que durante la República y tras la promulgación de la Constitución de 1978, fueron y son derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas.

Asimismo, entre la muerte del dictador y la promulgación de la Constitución se produjeron en España execrables crímenes de estado, tales como los de Montejurra y los de Vitoria en 1976, que a día de hoy permanecen impunes. La Federación Estatal de Foros por la Memoria nunca ha entendido porqué los jueces de la Audiencia Nacional, en su afán de perseguir crímenes contra la humanidad, se empecinan en cruzar océanos cuando sólo tienen que cruzar la calle.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria cree que en 2008 es inexcusable que las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad española se planteen la nulidad de la siniestra Ley de Amnistía de 1977, una aberración en términos de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, y que convierte a nuestro país en un "oasis de impunidad". Debemos recordar que en los últimos años, en Latinoamérica la justicia y las instituciones democráticas han venido derogando todas las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida heredadas de las respectivas dictaduras, y se han abierto procesos para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad supervivientes.

Al mismo tiempo, la Federación Estatal de Foros por la Memoria opina que los acontecimientos de los últimos días son una muestra de los límites (y del previsible fracaso) de la Ley de Memoria Histórica, que la Federación valoró en su momento como completamente insatisfactoria. Tal y como manifestaron públicamente Amnistía Internacional, el Equipo Nizkor y otras organizaciones de Derechos Humanos españolas e internacionales, no se puede hacer una Ley que pretende proporcionar verdad y reparación, de espaldas a las normativa internacional de DD.HH.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria recuerda que en su página web existe un apartado específico donde se recogen datos de más de 6.000 desaparecidos y represaliados del franquismo, proporcionados por sus familiares y por investigadores, en busca de más información. Esta base de datos está a disposición de la Justicia y de todos los ciudadanos:

3 de septiembre de 2008

Fuente: Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria en relación con la solicitud del Juez Garzón sobre desaparecidos

Comunicado de Ahaztuak

Ante la iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para recabar información del Gobierno central, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, AHAZTUAK 1936-1977 realiza la siguiente valoración:

En primer lugar, queremos situar en su verdadera dimensión el significado de esta petición judicial para conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro. El mero hecho de que se produzca esta iniciativa en 2008 deja en evidencia el vacío existente en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo.

Es tan esclarecedor como interpelativo el hecho de que más de 70 años después del golpe fascista del 18 de Julio de 1936 y más de treinta años después de la muerte del dictador Franco y del inicio del actual régimen democrático todavía no exista un censo oficial de los represaliados, asesinatos y desaparecidos por el franquismo.

Si bien no sabemos en qué derivará una investigación de estas características, si avanzará en la búsqueda de los desaparecidos o si llegará a investigarse los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Estado. Todo esto refleja que el modelo español de impunidad en el que se cimentó el final de la dictadura no es sostenible. Ha quedado en evidencia que la labor que debería haber desarrollado la Justicia o una Comisión de la Verdad, ha sido llevada a cabo durante décadas por iniciativas populares, asociaciones de familiares y colectivos de recuperación de la memoria histórica.

Para Ahaztuak esta nueva situación es positiva porque supone un nuevo impulso para esclarecer los hechos y poder avanzar hacia medidas reales de Justicia, pero sin olvidar que la elaboración de un censo completo es una reivindicación antigua de todos los que trabajamos en este ámbito, queremos saber y que se sepan “Todos los Nombres” para que todos seamos conscientes de la magnitud de los crimenes cometidos por los franquistas. Por eso, es necesaria la implicación de todas las instituciones, pero no con un único objetivo historicista o de documentación de lo ocurrido, sino que se convierta en un herramienta útil para la difusión, concienciación y sobre todo para conseguir Justicia para todas esas miles de víctimas: anulando sus sentencias, reparando sus nombres y esclareciendo las responsabilidades de los culpables.

Desde Ahaztuak cosideramos que el compromiso de tantas personas está dando sus frutos, queno sólo se ha conseguido mantener vivo el debate sobre la denuncia política del franquismo y sus consecuencias en la actualidad, sino que cada vez es más evidente la necesidad de seguir reivindicando la memoria de todos los represaliados por el franquismo como una herramienta democrática de presente y futuro.

Ahaztuak

Fuente: Ahaztuak. La iniciativa de Garzón deja en evidencia "el modelo español de impunidad"

Comunicado de CGT

CGT quiere informar que está personada y forma parte, como organización sindical, junto con otras Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña, Aragón, Andalucía, Valencia…en el procedimiento del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional 399/2006 sobre búsqueda de desaparecidos como consecuencia de la guerra civil y posterior represión del régimen franquista.

Desde CGT queremos resaltar que estamos ante un procedimiento previo, ya que todavía el juez no ha decidido la apertura de este caso. Está siendo, como siempre, la sociedad civil, los trabajadores y trabajadoras, quienes marquen la pauta de progreso social y exijan a la administración pública, la búsqueda de la justicia y la verdad del verdadero genocidio que supuso el golpe militar franquista y su posterior represión brutal.

Igualmente, queremos resaltar que este procedimiento previo planteado por el juez Garzón no está relacionado con la Ley de Memoria Histórica aprobada el año pasado por el gobierno socialista y el parlamento, sino que representa un proceso paralelo de revisión histórica, ya que, la ley de Memoria Histórica vuelve a ser una ley de punto final incapaz de dar respuesta democrática a las victimas, de todo tipo, provocadas por el régimen fascista y golpista.

Este procedimiento ha debido ser presentado ya que la ley de Memoria contempla que la administraciones públicas hagan dejación de sus responsabilidades en las localizaciones de desaparecidos, exhumaciones, identificación de víctimas enterradas en fosas comunes, así como en la anulación de todas las sentencias franquistas o la reapertura de revisiones de sentencias como las de Granado y Delgado o Joan Peiró.

CGT seguirá aportando su trabajo y colaboración con las Asociaciones de Recuperación de la Memoria y sociedad civil en general, hasta que se haga verdadera justicia social, se conozca la verdad, se condene y esta democracia rompa todo tipo de lazos con el régimen dictatorial franquista.

Secretariado Permanente del Comité Confederal.

Sagunto,15 - Madrid. 28010 - Tf: 91 447 57 69. Fax: 91 445 31 32. sp-general@cgt.es www.cgt.es

Madrid 2 de Septiembre de 2008

Fuente: Comunicado de CGT sobre el procedimiento del juez Garzón