Una iniciativa ciudadana buscó, en 1978, edificar una democracia que no olvidara a los desaparecidos en fosas comunes del franquismo y que juzgara a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Se trataba del Tribunal Cívico Internacional contra los crímenes franquistas, formado por políticos de la Segunda República, jueces, abogados, jóvenes militantes, periodistas, profesores, escritores, artistas.

El magistrado Enrique Álvarez Cruz, el subdirector de Mundo Diario Eduardo Álvarez Puga, el escultor Ferran Soriano, el periodista de Interviú José Luis Morales, el presidente de la Diputación de Huesca durante la República Jaime Pla y el teniente de las milicias populares durante la Guerra Civil, Juan José Garrido, que afrontó cinco consejos de guerra, fueron algunas de las personalidades que promovieron la iniciativa.

A finales de octubre de 1978, los miembros del Tribunal intentaron sentar las bases de un programa político que incluyera la investigación y la condena moral y pública de los crímenes e injusticias del franquismo; indemnizaciones morales y materiales a las víctimas y homenajes nacionales e internacionales "a todos los luchadores antifascistas y republicanos españoles represaliados".

Después de tres años convulsos de transición a la democracia -que se saldaron con cerca de 600 muertes por violencia política- el Tribunal se propuso también "denunciar y condenar la continuación de la represión fascista y de los cuerpos represivos del franquismo, así como las flagrantes violaciones de las libertades democráticas que prosiguen bajo la monarquía", según las bases de su programa. Este ideario debía transformarse en un proyecto de ley que reconociera el carácter fascista de la dictadura de Franco, la condenara y, también, determinara las medidas para reparar a las víctimas. La previsión era que este proyecto fuera defendido en las Cortes por los parlamentarios Audet y Xirinachs, que había apoyado públicamente al Tribunal.

Esta iniciativa ciudadana surgió a raíz de un grupo de militantes del PCE marxista leninista, y puso en entredicho el espíritu de la Transición probando que, en el proceso del consenso, la salida de la dictadura podía realizarse de una manera diferente. El Tribunal visibilizó la realidad de quienes se quitaron la losa del miedo e intentaron alcanzar una democracia distinta a la dirigida por las fuerzas franquistas. Pero les apagaron la voz casi antes de empezar a alzarla.

El 28 de noviembre de 1978, una semana antes del referéndum constitucional, miembros del Tribunal se reunieron en el hotel Convención, en Madrid, para asentar las bases de su programa y dar forma a sus siguientes acciones. A las dos horas, la policía asaltó la sala de reuniones y detuvo a una veintena de integrantes de la junta promotora del Tribunal, junto a cinco periodistas que iban a cubrir las conclusiones del encuentro.

"Imagino que nos temían, y eso les movió a detenernos", elucubra Pablo Mayoral, uno de los últimos sentenciados del franquismo a pena de muerte y miembro entonces del PCE marxista-leninista. Mayoral fue también uno de los detenidos. Pasó tres días en la Dirección General de Seguridad [DGS] dando todo tipo de explicaciones. "Insistían en saber qué pretendíamos, a qué organización pertenecíamos y qué actividades hacíamos", detalla. Algunos de los detenidos fueron el expresidente del PSOE de Navarra Jesús Zalacaín, el escritor Enrique Cerdán y la jurista y profesora de la Universidad de Zaragoza Katia Acin, entre otros. "En la reunión también se encontraba el senador Audet, pero le llamaron por teléfono justo antes para que abandonara la sala", añade Mayoral. No procesaron a ninguno de ellos.

Antes de la que policía política, por entonces ya denominada Brigada de Información, disolviera el encuentro, los miembros del Tribunal llegaron a aprobar las bases de su programa. Tenían claro que la ciudadanía no pedía revanchas, ni permanecer anclada en el pasado, sino exigir "libertad, justicia y honradez". Y el modo de lograrlo, a su juicio, era la rehabilitación de la lucha de los hombres y mujeres que dieron su vida por la democracia. "Los crímenes contra la humanidad no prescriben, y solo entendiéndolo así puede edificarse la democracia y liquidar el franquismo en todos sus aspectos", defendieron en un comunicado en noviembre de 1978.
La transición como burla al antifascismo

El Tribunal calificó como política del borrón y cuenta nueva los ‘pactos de silencio’ sobre el pasado reciente, consensuados por la mayoría de fuerzas políticas y convertidos en la piedra angular de la transición. "Llamar reconciliación al silencio sobre los 40 años de terror, tal y como pretenden el poder continuista y algunos políticos arribistas [en constantes referencias a Felipe González y Santiago Carrillo], sería burlarse de los sentimientos antifascistas del pueblo español", sostenía.

La democracia incipiente iba a reducir al silencio y al olvido los crímenes cometidos por el franquismo y, según los miembros del Tribunal, esto iba a suponer "una mutilación de la historia de graves consecuencias". "Pretender edificar así una democracia es una empresa utópica o una maniobra de quienes quieren ocultar sus propósitos de perpetuar la opresión fascista bajo otras formas", anunciaron.

Como reacción ante las detenciones en Madrid, el Tribunal emitió varios comunicados condenando los hechos y lamentando que "en la España de 1978, tres años después de la muerte del tirano, sigue siendo delito ser antifascista". El escritor José Bergamín dijo al respecto: "Hoy, todo lo que es o se llama político es policiaco, y se trata en el fondo de que la guerra civil tradicional española se convierta en una cuestión de aparente orden público".

Asimismo, miembros de la junta promotora del Tribunal deploraron que ese mismo mes se habían autorizado manifestaciones de corte fascista, como la de Fuerza Nueva el 19 de noviembre en memoria de Franco, con un servicio de autobuses hacia la plaza de Oriente de Madrid, y otro acto de homenaje a Primo de Rivera un día antes . Además, en el caso del Tribunal, aseguraron haber alquilado la sala al gerente del hotel, comunicando expresamente el motivo la reunión, "y cumpliendo los requisitos de la legislación vigente", explicaron en la publicación Vanguardia Obrera.

42 detenidos en Valencia

Un mes antes de las detenciones en Madrid -episodio que supuso el inicio del declive del Tribunal- la iniciativa se dio a conocer en un acto de homenaje a represaliados en Paterna, Valencia. Diez días después, se presentó el Tribunal en Alicante. A tierras valencianas volvieron para recabar información sobre los fusilados allí y abordar el asunto de levantar un monumento de homenaje a los desaparecidos.

A finales de diciembre de 1978, el Tribunal sufrió otro varapalo con la detención de 42 miembros en Valencia en una reunión en la que iban a presentar a la prensa local sus objetivos. El cambio de nombres a las calles que rendían homenaje a responsables de la dictadura era una de estas metas.

Desde José Bergamín a Marisol

De manera continuada durante los meses que perduró, el Tribunal fue recibiendo adhesiones de relevantes figuras del mundo intelectual, político y cultural de España, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda. "Había que exigir responsabilidades, también en el plano internacional porque la dictadura estuvo ligada al régimen nazi en Alemania y al fascista en Italia", explica Mayoral.

El cineasta holandés Joris Ivens expresó su apoyo recordando su lucha en España en la Guerra Civil con las Brigadas Internacionales. "Si España tiene realmente la voluntad de ser una democracia, tiene que acabar radicalmente con el fascismo", manifestó en su carta de adhesión.

El 2 de diciembre de 1978, el Tribunal recaló en Ginebra, en un acto ante 300 personas entre las que se encontraba uno de los vicepresidentes de la ONU, que visibilizó su simpatía pero no ratificó su adhesión. Sí lo hicieron los diputados suizos Peregaux y Longuet, el consejero de Estado André Chavanne y el abogado y miembro del parlamento Suizo por el partido socialista Jean Ziegler.

También se formó una sección en Francia, país del que llegaron adhesiones de escritores como Jean Pierre Chabrol, quien rememoró a los españoles que lucharon en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. "Recuerdo que en el ‘maquis’ de Cevennes, los primeros cuadros que teníamos eran los españoles que habían vivido la Guerra Civil; al lado de ellos, nosotros éramos chiquillos", plasmó en su misiva de apoyo.

En España, personajes del mundo del espectáculo como la actriz Josefa Flores ‘Marisol’, el bailarín Antonio Gades y el entonces músico y poeta José Antonio Labordeta fueron algunas de las figuras públicas que expresaron su apoyo hacia la iniciativa.

Estos personajes públicos tuvieron un papel importante en la prolongación del ideario del Tribunal una vez extinguido. La acción del mismo llegó a realizar algunos homenajes a víctimas y a publicar boletines informativos. En abril de 1979, uno de sus últimos actos congregó en Vallecas a un millar de personas en un homenaje al cantante andaluz y militante de izquierda Luis Marín, muerto tras ser atropellado por un coche en pleno Paseo de Recoletos. "Visto que no había voluntad de procesar al franquismo, reconvertimos todo en homenajes en los que unimos a muchas fuerzas políticas y a gente de la cultura", relata Mayoral.

En la nueva etapa, a mediados de los 80, con el impulso de los apoyos recibidos pero ya sin el nombre del Tribunal, miembros de la junta que lo promovió editaron un disco con cantautores como Luis Llach y Joan Manuel Serrat, organizaron cuatro exposiciones con pintores del momento como Saura, Cánovas y Gordillo y congregaron a multitudes en actos culturales en Madrid y Barcelona. Todo, con la reivindicación de fondo de que las víctimas del franquismo no cayeran en el olvido.

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