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Comunicado de la Asociación de Vecinas y Vecinos Pablo Iglesias de Rivas-Vaciamadrid

Martes 24 de febrero de 2009. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

El pasado día 9 de este mes de febrero emitimos un comunicado informando del dramático falleci-miento de un vecino que iba a perder su vivienda. Era uno de los que habían sido llevados a juicio por su comunidad de propietarios al no poder pagar la elevadísima derrama de las obras de rehabilitación en curso. Había ofrecido una fórmula de pago diferido y pedido amparo al Ayuntamiento. Como otras decenas de veci-nos del barrio no obtuvo respuesta.

Al poco apareció en la página web del Ayuntamiento (gobernado por una coalición de IU-PSOE, cuyo alcalde, José Masa, pertenece a la primera formación política) una nota sin firma, de aparente carácter institucional, negando la evidencia de los hechos y atacando a esta Asociación. Exigimos que el Ayunta-miento dé la cara y confirme o desmienta de manera oficial y contundente dicho escrito y en el primer caso aporte pruebas. Porque no se trata de algo trivial o anecdótico: se ha perdido una vida humana como consecuencia de un grave problema de exclusión social provocado por unas comunidades de propietarios y amparado por un Ayuntamiento con fama de progresista.

El último párrafo del comunicado oficioso del Ayuntamiento dice textualmente: “El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha sido garante, en todo momento, del proceso. Se revisaron todas las solicitudes de ayuda de aquellas personas que así lo hicieron explícito, con el fin de evitar que se produjera ninguna situación de exclusión social por esta circunstancia. Toda aquella persona que acreditó documentalmente una situación de desprotección ha recibido la ayuda de los Servicios Sociales Municipales”.

Veamos cual es, a nuestro juicio, la realidad. Se trata de una rehabilitación impulsada por el Ayunta-miento con una doble trampa:

- Se presenta como inevitable al estar próxima la I.T.E. (Inspección Técnica de Edificios), estableciendo una relación falaz entre ambas. Las obras de rehabilitación eran voluntarias y no obligatorias. Se parte de un error de bulto que condiciona todo el proceso posterior.

- En el folleto que la EMV (Empresa Municipal de la Vivienda) entrega a los vecinos en noviembre de 2005, firmado por el alcalde José Masa, se plantea un gasto por vivienda de unos 9.500 euros. La cifra se ha duplicado sin ofrecer jamás el alcalde y el resto del consis-torio explicación alguna, como si no estuvieran obligados a rendir cuentas de su gestión ante los vecinos.

Las obras se ponen en marcha y, desde el primer momento, denunciamos un sinfín de irregulari-dades. Las comunidades de propietarios y el Ayuntamiento hacen oídos sordos. Se llega al extremo que en algunas viviendas que no habían tenido problemas en 25 años, aparecen humedades y otros daños a conse-cuencia de las obras. Y esta debilidad de la que hacen gala las comunidades de propietarios frente a las em-presas constructoras, contrasta con su mano dura hacia los vecinos que no pueden pagar derramas en torno a los 15.000 euros. Personas en paro, o con pensiones o sueldos raquíticos, mujeres separadas con hijos a su cargo y sueldos muy menguados, vecinos que han comprado la casa recientemente y tienen hipotecas muy grandes.

Los acuerdos para perseguir judicialmente a los vecinos “morosos” (sin ofrecer en muchísimos casos posibilidad alguna de pago diferido) son tomados legalmente. Nunca lo hemos cuestionado. La Ley de Pro-piedad Horizontal en vigor en España permite adoptar acuerdos vinculantes por una mayoría simple de los asistentes a la reunión de la comunidad de vecinos. Pero estos acuerdos, contra lo que creen algunos y cons-tantemente remacha el Ayuntamiento, no han sido tomados por una abrumadora mayoría. De hecho, en la asamblea general más numerosa celebrada en el proceso de rehabilitación (convocada por el grupo de veci-nos que luego fundó esta Asociación), el 11 de junio de 2007, hubo una clara repulsa al rumbo que esta llevaba. Y esta repulsa no se materializó por la estructura que tienen las comunidades de propietarios de un barrio de menos de mil viviendas, con diez comunidades restringidas o parcelas distintas en donde no se ha permitido desarrollar un proceso de discusión, utilizando todo tipo de trampas y engaños.

Las que no han tenido un carácter legal han sido algunas medidas tomadas por presidentes y administradores de las comunidades de propietarios. Vecinos privados del derecho a voto porque no habían hecho efectivos los segundos pagos (aceptados) de las derramas y, por tanto, no tenían deudas pendientes con la comunidad. Denuncias puestas en el Juzgado sin contar con la autorización de la Junta facultada para ello (hecho que estamos investigando y del que daremos detalles próximamente). Y, lo que es mucho más grave, vecinos a los que se ha impedido expresarse (contraviniendo la libertad de expresión y la propia Cons-titución Española), personas a las que se ha vejado, insultado y perseguido por atreverse a disentir. En suma, una auténtica vergüenza para un barrio que tiene el nombre de uno de los dirigentes históricos de la clase obrera española.

Hace un año pedimos al Ayuntamiento que mediara para impedir que se hicieran efectivas las denun-cias puestas por las comunidades de propietarios que tanto sufrimiento están produciendo entre muchos vecinos del barrio. Prometieron que actuarían, pero no cumplieron sus promesas y la “cacería del moroso” siguió adelante. Dicen que este es un conflicto vecinal del cual ellos son ajenos. La realidad, a nuestro juicio, es que han tomado claro partido por las comunidades de propietarios y en contra de los intereses de los vecinos más desfavorecidos y por lo tanto de la comunidad en su conjunto. Pero es que, además, desde las oficinas municipales se ha amenazado a algunos vecinos con quitarles la subvención (concedida por la Co-munidad de Madrid y el Estado Central) con argumentos, a nuestro juicio, falsos.

La EMV (Empresa Municipal de la Vivienda) montó una oficina para atender a los que tenían problemas para pagar las derramas. Algunos vecinos recibieron ayudas pero otros se quedaron desatendidos. Esto es así. No nos lo inventamos. Lo podemos demostrar de manera fehaciente. Lo más grave es que, bajo nuestro punto de vista, se presionó para que muchos se endeudaran peligrosamente y ahora los bancos se van a quedar con sus casas. Y aquí hay una gravísima responsabilidad política del Ayuntamiento de Rivas-Vacia-madrid que ha cometido el mismo error que otros poderes más encumbrados y, quizá, menos progresistas.

La pérdida de una vida humana, desgraciadamente, terriblemente, no tiene remedio. Pero sí lo tiene el grave problema de exclusión social que existe aquí en Pablo Iglesias, en Rivas-Vaciamadrid. Decenas de familias se pueden ver en la calle, en breve, a consecuencia de unas obras de supuesta rehabilitación (en rea-lidad, una reforma meramente estética, carísima, y, en muchos aspectos, injustificada) que, a nuestro juicio, han sido un tremendo engaño. Son personas de carne y hueso, vecinos que están padeciendo una persecución feroz. Esto es, en nuestra opinión, una afrenta y una vergüenza para toda la comunidad.

Por todo ello exigimos:

- Que el Ayuntamiento asuma sus responsabilidades y medie en el problema social existente para encontrar soluciones efectivas.

- Que la Mancomunidad de Propietarios actúe para que se retiren las denuncias y se abra un proceso de negociación que impida que nadie se quede en la calle.

- Que los partidos políticos dejen de adoptar la postura de la avestruz y actúen en defensa de los vecinos más desfavorecidos y no permitan en ningún caso que alguno de sus militantes esté secuestrando libertades y derechos que costó mucho conseguir en nuestro país.

Y pedimos a la ciudadanía que se solidarice de forma activa con los vecinos de Rivas-Vaciamadrid que están padeciendo el estado de cosas descrito. Ni mentimos ni exageramos. La exclusión social que se da en nuestro barrio es una vergüenza para todos. Y por el bien de todos es imprescindible acabar cuanto antes con ella.

25 de febrero de 2009

www.avpabloiglesias.org

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