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A 6 años de la Masacre de Avellaneda

Sábado 28 de junio de 2008. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

A seis años de la Masacre de Avellaneda, la causa sobre los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki aún continúa paralizada. Ninguna pena pesa sobre estos funcionarios. La lucha popular logró la cadena perpetua para los autores materiales y hoy la exigencia por juicio y castigo se mantiene intacta. Anred

"A punto de cumplirse 6 años de la Masacre de Avellaneda -la violenta represión diseñada por el gobierno de Eduardo Duhalde contra la protesta social que asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y provocó heridas de bala a más de 30 manifestantes-, ninguno de los responsables políticos está siquiera procesado. Muchos de ellos, instituciones y personas, aparecen en estos tiempos en posiciones protagónicas en torno del conflicto agrario, ese que estuvo jalonado de cortes de rutas no reprimidos encabezados por los que llamaron a la represión aquel junio de 2002, o de hipócritas defensas de los cortes de los desocupados y excluidos de parte de los mismos que vienen protegiendo a los asesinos del Puente Pueyrredón." Prensa de Frente

Masacre del Puente Pueyrredón: Memoria, resistencia e impunidad

26 de Junio de 2002: La planificación de una matanza

Los militantes Darío Santillán (MTD-Lanús) y Maximiliano Kosteki (MTD-Guernica), pertenecientes en aquel entonces al Movimiento de Trabajadores Anibal Verón, estaban en la primera línea, en la seguridad del piquete, protegiendo al grueso de la manifestación. No era un piquete como tantos otros. Esta medida de fuerza se organizó en una coyuntura altamente represiva con un gobierno que dictaba día tras día formulas exclusivas y que amenazaba con desalojar cuanto camino sea cortado.

Sin embargo, los cortes de ruta se alzaban y fue el 26 de junio de 2002 que diferentes organizaciones piqueteras deciden efectuar una medida de fuerza para exigir al gobierno de Eduardo Duhalde la resolución de reivindicaciones concretas: el pago de los planes de empleo, aumento de los planes de 150 a 300 pesos, implementación de un plan alimentario gestionado por los propios desocupados, insumos para las escuelas y los centros de salud en los barrios, desprocesamiento de las y los luchadores sociales y la defensa de los obreros de Zanón.

La represión planificada entre las cúpulas de todas las fuerzas de seguridad y los funcionarios del gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde, se desplegaba brutalmente en los márgenes dispuestos, se disponía a actuar, a aplicar el plan represivo y liberar los puentes: el 26 de junio de 2002 fue la primera vez que actuaron conjuntamente las tres fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) y la Policía bonaerense. Se convocó además a personal retirado para que actuara como paramilitar.

Darío y Maxi permanecían junto con sus compañeros, fieles al rol que le adjudicaba la autodefensa, cuando las balas de plomo impactaron sobre sus cuerpos, las balas asesinas que terminaron con sus vidas. Kosteki fue baleado en la entrada del supermercado Carrefour, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Recibió una lesión en el pecho; otros dos perdigones atravesaron sus piernas. Una vez herido, sus compañeros lo llevaron hasta la estación de trenes de Avellaneda para pedir una ambulancia. Allí también estaba Santillán, quien, al advertir que policías entrarían a la estación, dijo a sus compañeras y compañeros: "Me quedo yo, salgan".

El disparo sobre Darío no tardó en llegar y, en los cinco metros que recorrió desde que se puso de pie y buscó la salida, la perdigonada completa de munición de plomo dio en su espalda.

Las responsabilidades en la masacre

Los días posteriores a la movilización piquetera, el discurso directo del Gobierno y aquel que levantaron los medios de comunicación funcionales al poder político, dio muestras claras de hacia dónde debían dirigirse las responsabilidades de lo sucedido aquella tarde en la jornada de lucha: "Fue simplemente un enfrentamiento entre la policía y los piqueteros causados por la gran crisis que atravesaba el país", como dejó entrever en su titular y en el desarrollo de las publicaciones del 27 de Junio de 2002, el Gran Diario Argentino, eludiendo la posibilidad de que existiese una orden política de reprimir.

"El grupo que actuó en la estación (de Avellaneda) al momento del asesinato de Darío estuvo conformado por el comisario (Alfredo) Fanchiotti, el principal Quevedo, el oficial De la Fuente y los cabos Colman y Acosta. Junto al parapolicial Robledo y al menos otros dos infantes, se movieron en forma coordinada desde antes de que se iniciara la represión. El resto de los policías fueron expresamente contenidos por el oficial De la Fuente, quien dirigió el cordón de Infantería, y por otro agente apostado junto a la entrada de la estación, señalando a sus camaradas que volvieran a la formación", se describe en el libro "Darío y Maxi, Dignidad Piquetero", investigación publicada en 2003 acerca los hechos acaecidos en el Puente Pueyrredón. Sobre el movimiento efectuado por las fuerzas de seguridad, la misma publicación agrega: "El proceder de Acosta y Fanchiotti, como evidencian las fotografías y testimonios, consistió en aplicar sobre los manifestantes una particular versión de la ley de fugas con la que represores y guardiacárceles fraguan enfrentamientos: alentar una huída para fusilar por la espalda. El principal Quevedo y el cabo Colman patearon a Darío en el piso cuando agonizaba y le levantaron las piernas a Maxi para garantizar que se desangrara. Ambos se preocuparon por encubrir las pruebas que los incriminaban, recogiendo los cartuchos que dejaron rastros del plomo utilizado".

Juicio y castigo

La lucha incansable de los familiares, movimientos populares, organizaciones y abogados de Derechos Humanos se materializó el 17 de mayo de 2005 con el inicio del juicio por la masacre. Luego de seis meses de indagatorias, el 9 enero de 2006 el Tribunal Oral N° 7 de Lomas de Zamora sentenció a pena de prisión perpetua a Alfredo Fanchiotti y a Alejandro Acosta por los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Condenó por tentativa de homicidio por otros siete heridos de bala de plomo a Félix Vega, Carlos Quevedo, Mario de la Fuente, Gastón Sierra y Lorenzo Colman, ex efectivos que actuaron en la masacre, acusados de encubrimiento agravado, quienes recibieron entre cuatro y dos años de prisión. El veredicto para Celestino Robledo, policía retirado que realizó detenciones, fue de 10 meses de cárcel en suspenso.

Desde el Frente Popular Darío Santillán, días posteriores a la sentencia, dejaron en claro: "Deben ser condenados quienes decidieron esa represión criminal y dieron las órdenes", es decir, deben ser juzgados los autores ideológicos y responsables políticos de la represión que dejó como saldo dos manifestantes asesinados y más de 40 heridos con balas de plomo.

Sin embargo, a pesar de la exigencia de juicio y castigo para los autores intelectuales de los hechos del 26 de Junio, hasta ahora ningún funcionario fue juzgado. La presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien se declara como defensora de los Derechos Humanos y pinta su mandato con tonos de tinte popular, no cuestiona ni denuncia los cargos institucionales que aún poseen los responsables políticos de la Masacre. Sigue coherente con la línea de acción característica de su antecesor: nula voluntad política para avanzar sobre hechos represivos que marcan una continuidad con las modalidades propias de las fuerzas de seguridad, las mismas que se desempeñaron durante los diferentes golpes militares y las mismas que actuaron en el secuestro de Jorge Julio López y los mismos funcionarios que reivindicaron y reivindican esas prácticas genocidas. Es decir, la justicia aún continúa paralizando la causa que investiga las responsabilidades políticas de la Masacre del Puente Pueyrredón, que se tramita en el juzgado federal Nº 4 a cargo de Ariel Lijo. Y las promesas que el ex presidente Néstor Kirchner realizó a Alberto Santillán cuando asumió en 2003, quedaron envueltas en las mareas de falacias relacionadas a la defensa de los Derechos Humanos que han representado a ese mandato y que también caracterizan al actual: Ir a fondo, caiga quien caiga, fue la expresión que utilizó al referirse a las responsabilidades políticas de los asesinatos de Maxi y Darío. Sumado a esta declaración, el ex presidente prometió también conformar una Comisión Investigadora que pudiera tener la atribución no sólo de abrir los archivos de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) sino también los archivos de inteligencia de la Federal y la Bonaerense.

La denuncia que se plasma en la reedición del libro "Darío y Maxi, Dignidad Piquetera", contiene claramente las irregularidades y mentiras esgrimidas por el oficialismo en torno a la investigación sobre las responsabilidades ideológicas de la masacre del 26 de junio de 2002: "Media hora después del encuentro con el presidente, en una reunión más informal, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, sería más transparente respecto a las verdaderas intenciones presidenciales detrás de aquellas promesas que nunca se cumplirían: ’El presidente puede avanzar como les dijo, pero quiere que ustedes dejen de cortar el puente Pueyrredón, primero tenemos que ponernos de acuerdo en eso’."

La arenga presidencial corrió a un costado a un hecho que revuelve y denuncia, una vez más, a la totalidad de una institución que mantiene en sus funciones activas a más de 9000 efectivos que participaron en la dictadura militar iniciada en 1976. Al tiempo que indaga y cuestiona a todo el aparato estatal: a aquel gobierno que planifica cómo se debe liberar un puente con la represión organizada y a aquel que modula ciertos gestos de comprensión, que dialoga con los familiares de las víctimas y que promete investigar la intelectualidad de lo acontecido.

Fanchiotti y Febres, mucho más que coincidencias

En febrero de este año, otra denuncia sobre la impunidad que gozan los represores en la Argentina llegó a los medios. El Frente Popular Darío Santillán (FPDS) denunció que el ex comisario Alfredo Fanchiotti, supuestamente sentenciado a prisión perpetua por los asesinatos de Kosteki y Santillán, salía de su lugar de reclusión cuando se le antojaba. Anteriormente, las organizaciones habían hecho saber que el represor contaba con condiciones de privilegio en el Penal de Olmos, donde estaba alojado. "Los presos comunes denuncian que el Pabellón 25 de Olmos se destina a los "amigos" del servicio penitenciario. Con la excusa de tratarse de una unidad evangelista (bajo control de pastores de esa religión), allí Fanchiotti goza de un régimen de visitas permanentes que viola los criterios que se aplican al resto de los reclusos, se le permite tener objetos que se le niegan a los demás presos, como teléfonos celulares sin identificación, y se le facilita el acceso a los estudios universitarios "arreglando" los informes psicológicos que funcionan como un filtro insalvable para la mayoría de los reclusos pero que no resultan una dificultad para este criminal que cuenta con la complicidad de sus ’camaradas’ del servicio penitenciario". Después de hacerse públicas sus "excursiones", Fanchiotti fue derivado desde el penal de Olmos a la cárcel de máxima seguridad de Florencio Varela.

Los privilegios del ex comisario no son un dato aislado. Cualquier similitud con las condiciones de detención del torturador de la ESMA Héctor Antonio Febres no es mera coincidencia: Es parte de la construcción de impunidad en la Argentina. El ex prefecto mantuvo unas condiciones de excepción durante su reclusión, justamente en una dependencia de su propia Arma, que sentaron las bases para su asesinato. A pesar de los discursos presidenciales que afirman el deseo del Poder Ejecutivo de que "todos los represores" vayan a cárcel común, nada de esto fue llevado a la práctica mientras Febres era enjuiciado en diciembre último por sólo cuatro crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica, un centro clandestino de detención por el que pasaron más de 5000 mil detenidos-desaparecidos. Con el aval de la justicia, el dejar hacer del Gobierno y la custodia de sus camaradas, Febres fue asesinado para sellar el muro de silencio que mantienen los genocidas.

"Esta situación de impunidad cobra un grado mayor de peligrosidad si tenemos en cuenta que, además del asesinato del ex prefecto Febres para que no declare en el juicio, una de las líneas de investigación por la desaparición de Julio López llevó a las condiciones operativas (virtuales oficinas y visitas que no quedan registradas) que Miguel Etchecolaz y sus cómplices disponen en las cárceles por complicidad del servicio penitenciario, similar situación que ahora denunciamos gozan los asesinos de Darío y Maxi", habían trazado las evidentes vinculaciones las organizaciones nucleadas en el Frente Popular Darío Santillán.

Darío y MAxi: Ejemplos de lucha

"La base social organizada y en crecimiento, demostraron, en esa jornada de lucha y resistencia, la voluntad política de pelear por esas reivindicaciones como una muestra real de la necesidad de exigir sus derechos", enfatiza Mariano Pacheco de la agrupación estudiantil La Nausea en el Frente Popular Darío Santillán. Y agrega que "el corte coordinado de los puentes constituyó una decisión política acertada ya que implicó, ni más ni menos, que la acción concreta de sostener el derecho a la protesta". Se jugaba allí la vigencia histórica de la posibilidad de ocupar las calles, las rutas y los puentes como medida de fuerza.

"Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directo con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre. Cortar rutas es un esfuerzo y una acción que tenemos que hacer para cambiar la situación que estamos viviendo, cambiarla de fondo. Nosotros no nos vamos tranquilos porque tenemos el plan de 150 o 200 pesos, hay un montón de cosas para cambiar y es a través de esta medida como se pueden llegar a ese cambio. Esta es nuestra visión sencilla de lo que es cortar una ruta, de lo que puede llegar a ser piquetero", expresaba Darío Santillán en una entrevista realizada en una de las medidas de fuerza efectuadas por el movimiento piquetero.

Los militantes asesinados el 26 de Junio de 2002 en el Puente Pueyrredón, "con su nivel máximo de compromiso, expresan la transformación necesaria de cada uno en justos, nobles y generosos. Es esa la enseñanza mayor. La historia de Darío y Maxi no se resume solamente en su muerte, lo importante es el compromiso durante la vida. Ellos no se definen porque fueron asesinados por la represión, sino que se definen por esa vida cotidiana de construcción que se expresa esos gestos de fraternidad, en ese encuentro entre ambos en el momento de la represión. Como los militantes de la década del 70, los piqueteros fusilados estuvieron dispuestos a vivir por un proyecto. El compromiso de los luchadores es por la vida y no por la muerte. Luchar por la vida pero no de cualquier modo sino construyendo el socialismo para transformarnos en hombres y mujeres libres", expresaba Graciela Daleo en un encuentro que se efectuó en la Facultad de Filosofía y Letras al cumplirse cinco años de la Masacre.

Fuente: Anred

La actual farsa de los que generaron la tragedia de la Masacre de Avellaneda

A punto de cumplirse 6 años de la Masacre de Avellaneda -la violenta represión diseñada por el gobierno de Eduardo Duhalde contra la protesta social que asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y provocó heridas de bala a más de 30 manifestantes-, ninguno de los responsables políticos está siquiera procesado. Muchos de ellos, instituciones y personas, aparecen en estos tiempos en posiciones protagónicas en torno del conflicto agrario, ese que estuvo jalonado de cortes de rutas no reprimidos encabezados por los que llamaron a la represión aquel junio de 2002, o de hipócritas defensas de los cortes de los desocupados y excluidos de parte de los mismos que vienen protegiendo a los asesinos del Puente Pueyrredón.

En un primer plano en la defensa de las protestas y cortes de los propietarios rurales está hoy el mismísimo Duhalde, el máximo responsable de la matanza del 26 de junio; el mismo que, cuando las fotos de la estación de Avellaneda dieron un violento mentís al relato que intentó su gobierno de las muertes de Darío y Maxi -"los piqueteros se mataron entre ellos"- debió adelantar el fin de su presidencia y prometer que abandonaba la carrera política. Ahora, curiosamente, a caballo de la defensa de los cortes patronales, decidió volver para convertirse en el articulador de una "alternativa" de la derecha al actual gobierno.

En ese primer plano está la Sociedad Rural, cómplice de cuanto golpe militar recuerda la historia argentina del siglo XX, incluido por cierto el del 24 de marzo de 1976. Su titular, Luciano Miguens, llora ahora por las "penurias" de sus representados y justifica los cortes de ruta patronales y su constitución en aduanas interiores de facto para determinar quién pasa y quién no. Miguens es el sucesor en el cargo de Enrique Crotto, quien en los primeros días de junio de 2002 asumió junto al banquero Eduardo Escasany la tarea de representar al poder económico en el reclamo público de represión a lo que denominaba como "subversión" de los desocupados en lucha, los que cortaban las rutas para luchar por su supervivencia.

También se desgañitan en la defensa de las protestas de los patrones rurales Federico Pinedo y otros diputados y dirigentes del PRO, o de Recrear. Son los mismos que hasta el año pasado compartían bancada, orgullosos, con Jorge Vanossi, el ministro de Justicia de Duhalde que también hablaba de la "subversión piquetera" y procesó a los numerosos detenidos de aquella movilización del 26 de junio con la acusación de que habían atentado contra la ley de Defensa de la Democracia.

Los grandes medios de comunicación son otros que juegan a la trágica paradoja entre un proceso y el otro. Todos ellos, con La Nación y el grupo Clarín a la cabeza, demonizaron, calumniaron y ningunearon todas las protestas populares. Propagandizan y alaban sin matices, en cambio, los cortes de ruta de los productores rurales y hasta crean supuestos nuevos líderes políticos de entre sus dirigentes.

En el otro polo del conflicto, el del gobierno kirchnerista, las presencias de personajes ligados a la Masacre de Avellaneda no son menos significativas. Néstor Kirchner recurrió con oportunismo al recuerdo de la más flagrante de las canalladas "informativas" de Clarín, aquel título del 27 de junio de 2002 que atribuía a "la crisis" las muertes de Darío y Maxi, para compararla con la cobertura que el mismo diario hizo del módico operativo de desalojo por unos minutos de la ruta 14 ocupada por ruralistas y de detención, por un lapso no mucho mayor, del mediático Alfredo de Angeli. Es el mismo Kirchner que, al llegar al gobierno, en 2003, le había prometido a Alberto Santillán la investigación "caiga quien caiga" de las responsabilidades políticas de la Masacre, para exigir después a los movimientos sociales pasarse al oficialismo con armas y bagajes, y sin más protestas, como prenda de cambio.

También ensaya hoy miradas comprensivas de las protestas populares, en comparación con las de los ruralistas, el actual ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien como secretario Técnico de Duhalde integró el elenco de autores intelectuales de la matanza.

Y como principal vocero y patotero "oficioso" campea la figura de Luis D’Elía, ése que no dejó programa de televisión sin recorrer el 27 y 28 de junio de 2002, para reiterar la tésis duhaldista de los "piqueteros malos", los "encapuchados". El mismo que, además, trató de sabotear el acto unitario de repudio a la represión de Avellaneda organizado inmediatamente después.

Fuente: Prensa de Frente


Más información

- Video: 6 años del asesinato de Santillan y Kosteki. Indymedia Códoba

- Fotogalería: Seis años, por Darío y Maxi. Prensa de Frente

- Fotogalería: 26 de Junio a 6 años. Indymedia Argentina

- Fotogalería: A seis años de la Masacre. Anred

- Web del juicio por el asesinato de Santillán y Kosteki: Masacreadeavellaneda.org

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