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Crónica de una visita a los campos de la fresa. El feminismo de las jornaleras de Huelva

Lunes 21 de junio de 2021 NODO50

Cada año, y durante tres meses, en los campos de Huelva, alrededor de 13.000 mujeres recogen esas fresas que tanto nos gustan cuando llegan a nuestras mesas: son “fresas sin derechos”. Así nos lo dijeron las jornaleras a la brigada feminista de observación que, de la mano de la Asociación de jornaleras de Huelva en lucha, recorrió durante tres días los campos de la agroindustria fresera.

Ana Pinto, de familia jornalera, trabajadora en el campo desde los 16 años “hasta que en 2018, tras denunciar las condiciones de trabajo de las temporeras y reclamar derechos, se me empezaron a cerrar las puertas”. Y así, explica Ana, en condiciones adversas donde las haya, luchando por derechos frente a una patronal que emplea todos los mecanismos legales y no legales imaginables de explotación y control, se fue formando Jornaleras de Huelva en Lucha, y tomó cuerpo un sindicalismo feminista basado en la autoorganización de las trabajadoras.

Escucharlas supone adentrarse en un feminismo que lucha por mejorar las condiciones materiales de vida de mujeres sometidas al abuso sistemático y en un contexto patriarcal, racista, capitalista y ecocida. Pastora Filigrana, de la cooperativa de abogadas de Sevilla lo aclara: “Alguna vez ya dije que la comarca fresera de Huelva es un laboratorio donde podemos ver cómo funciona este sistema que entrecruza la violencia del capitalismo, el patriarcado, el racismo y la explotación de la tierra y los recursos naturales. Todas las vertientes del sistema neoliberal en una sola comarca”.

Las tramas de la explotación

Las jornaleras contratadas en Huelva tienen salarios míseros, jornadas de siete horas con un descanso de veinte minutos y, en ocasiones, sin posibilidad de consolidar derechos, incluso llevando dieciséis años en la fresa con contratos continuados de obra y servicio. Muchas veces, teniendo que compatibilizarlo con otros trabajos porque el salario no llega, no ya para un mínimo ahorro, sino para la supervivencia diaria. Trabajan bajo una normativa laboral, la del Convenio del campo de Huelva, cuyos incumplimientos resultan difíciles de denunciar por el temor, fundado, a duras represalias y por la inacción de la Inspección de Trabajo. Sus condiciones de trabajo incluyen la vigilancia para controlar su producción (para lo que les ponen un chip), el control de sus movimientos, de la vestimenta, de lo que hablan, incluso del momento para ir al baño (para lo que tienen que apuntarse en una lista).

Hay que hablar de esta nueva esclavitud del siglo XXI (que a veces raya con la trata), tramada con la migración y el sistema de fronteras. Las jornaleras que llegan a Huelva con contrato en origen, en Marruecos (a donde tienen que regresar al finalizar la campaña), lo hacen bajo una oferta específica de trabajo que ni tan siquiera alcanza las condiciones del convenio colectivo, y que incumple derechos humanos básicos. Y ya se sabe, cuando no hay derechos hay impunidad y los abusos no tienen límite.

«Las jornaleras que llegan a Huelva con contrato en origen, en Marruecos, lo hacen bajo una oferta de trabajo que ni tan siquiera alcanza las condiciones del convenio colectivo»

Llegan para trabajar durante tres meses con un salario algo superior a 40 euros/día más horas extras (que no siempre pueden hacer), pero sin garantías de volver con lo acordado, que es lo que les permitiría mantener a su familia en su país. Las cuentas no salen, porque si un día el empresario dice que no hay producción, no trabajan y no cobran; si decide contratar a otras jornaleras directamente y sustituirlas, no cobran; si se ponen enfermas y no pueden trabajar, no cobran.

Echemos cuentas: el empresario solo paga el billete del ferry de vuelta, pero el billete del traslado desde su pueblo lo pagan ellas; el ferry de ida, lo pagan ellas, igual que el visado. Pagan también un seguro con la Caixa, que están obligadas a contratar, y que firman sin que nadie les aclare su contenido y sin poderse fiar de los intérpretes contratados por la empresa, cuando los hay. La cobertura del seguro es un misterio y su coste puede llegar a los 150 euros. Suma y sigue: la comida la pagan ellas, también los cincuenta euros por el barracón que comparten entres seis u ocho mujeres, cuando la vivienda debería estar garantizada por convenio. Las cuentas no les salen. Antes, explican, les abrían una libreta y podían comprobar los movimientos, pero ahora no tienen una forma accesible de comprobar los movimientos de sus cuentas bancarias. Los mecanismos de control se van refinando.

Las y los capataces de las fincas también controlan su movilidad. Hablar con nosotras fue un acto de generosidad y valentía porque se arriesgaban a represalias y les podía costar hasta la rescisión del contrato. Por eso no pueden dar su nombre ni pueden salir en ninguna foto, y nuestro encuentro tuvo que ser “clandestino”, transitando por carreteras secundarias y alejado de cualquier espacio público.

Los asentamientos

En los asentamientos, las mujeres y hombres, la mayoría subsaharianos, malviven, como en el de Palos de la Frontera (uno de los 11 que hay en Andalucía). Con papeles o sin ellos, viven en chabolas construidas a base de palés por los que también pagan un euro y medio cada uno, que recubren con cartones y plásticos (por los que también les cobran). Sin acometida de agua ni saneamiento ni luz. Sin nada. Con el miedo y la angustia metida en el cuerpo por la situación en la que se les fuerza a vivir en aplicación de la ley de extranjería, que les deja en una situación de ilegalidad, lo que da a los empresarios tres años de margen (tiempo que necesitan para solicitar el permiso de residencia) para convertirlas en fuerza de trabajo esclava y someterles a condiciones de vida insoportables.

Esto sucede en un pueblo como el de Palos de la Frontera, un pueblo rico, gobernado por el PP y donde el voto a Vox experimentó una fuerte subida en las últimas elecciones, con un gran presupuesto municipal, gracias a los impuestos que recaba de las empresas y refinerías del puerto exterior de Huelva. Pocos días antes de visitarlo, un incendio había acabado con parte de las infraviviendas y con lo poco que tenían, porque los bidones con los que acarrean el agua no podían sofocarlo y esperar a los bomberos supuso acabar con sus pocas pertenencias calcinadas. Este drama solo es posible por la connivencia social de las entidades, de todas las administraciones públicas, desde las locales, las autonómicas y las estatales, y la ineficacia de los sindicatos.

El coste de ser mujer y racializada

Existe porque interesa, como señala Pastora Filigrana: “Mientras haya bolsas de pobreza de gente sin papeles, ninguna lucha sindical va a llegar a buen puerto, porque siempre habrá una mano de obra con miedo, barata y explotable con la que intercambiarnos si protestamos”. Y a las más pobres son a las que se les puede desposeer de derechos más impunemente: esas son las mujeres racializadas con estatus migratorios, que las hace vulnerables.

La patronal lo tiene claro, no hay más que ver cómo ha ido cambiando los criterios de contratación. Porque de contratar a hombres se pasó a hacerlo a mujeres de países del Este, y de éstas a mujeres marroquíes con las que ya se establecieron normas: deben tener entre 18 y 45 años, familia en origen con al menos un o una hija menor de edad. Se supone que los mandatos de género y el vínculo familiar garantiza su supuesta “docilidad” y la vuelta asegurada a Marruecos.

«Hablar con nosotras fue un acto de generosidad y valentía porque se arriesgaban a represalias y les podía costar hasta la rescisión del contrato»

Es un racismo de clase que, apoyándose en el discurso de odio a las personas migrantes, busca el máximo beneficio económico sobreexplotando su fuerza de trabajo y tratando de dividir a autóctonas y migrantes. La acción de sindicalismo feminista de la Asociación de Jornaleras de Huelva en lucha anima a las temporeras a organizarse. “Luchamos por cambiar las condiciones de trabajo y de vida de todas las temporeras, para conseguir derechos para todas porque es de justicia y necesario para enfrentar la estrategia patronal del ‘divide y vencerás’”, un viejo mecanismo para que el miedo frene la protesta y para arrastrar a la baja los salarios y precarizar todavía más las condiciones de vida y de trabajo de todas, según explican.

Unas condiciones de vida para las que necesitan tener información, asesoramiento, acceso a los servicios públicos, a la salud, a la vivienda, a la justicia, a la protección en caso de violencia sexual y a tener vidas libres de violencias. “Trabajamos unidas desde los feminismos, el antirracismo y el ecologismo”, señala Ana Pinto.

El coste ecológico de la agroindustria fresera

Ana Pinto mira al futuro, a la necesidad de replantear este modelo de producción intensiva, insostenible social y medioambientalmente, y de avanzar hacia una agricultura ecológica. Pero lejos de plantear otro modelo de producción sostenible con los derechos de las personas y el sostenimiento de la tierra y los recursos, los empresarios están apostando por la expansión a otras zonas con otros cultivos (de arándanos, naranja o aguacate) en las mismas condiciones.

Según Iñaki Olano, responsable de agua de Ecologistas en Acción de Huelva, la agroindustria supone la explotación de las personas, del agua y la tierra de forma intensiva en todos los casos para obtener un beneficio alto. De la tierra, a base de deforestación de pinares y de cambios de usos del suelo; del agua, con extracciones de agua de pozos ilegales, muchos denunciados, localizados, y teóricamente algunos cerrados. “O hay un replanteamiento o hay colapso, y el colapso viene por el agua porque no hay, y le sigue el colapso del empleo. Es un proceso extractivista que deja un desierto de empleo y de tierra”, señala Olano.

Por eso, la apuesta es ir a una agricultura ecológica, que prime la calidad y los mercados de cercanía y el cambio de la concepción del consumo de los productos frescos. Quizá así las fresas vendrían con derechos.

Mensaje a otros feminismos

En 2018, saltó a los medios y las redes sociales la denuncia de varias jornaleras por abuso sexual. Se interpeló a un feminismo que, a diferencia de lo que había sucedido en el caso de la violación “de la manada”, apenas se movilizó. ¿Acaso no valen lo mismo todas las vidas o todos los cuerpos? La organización de las jornaleras, su lucha y resistencia, su feminismo sindicalista interpela la capacidad del movimiento feminista para ser inclusivo, con capacidad para articular la lucha por las condiciones materiales de vida de todas las que están atravesadas por las violencias.

Antes de volver a Madrid, le pregunté a Ana Pinto qué le diría a otros feminismos. Esta fue su respuesta: “Que dejen la violencia de algunos debates, que miren las condiciones de vida de las mujeres, que se sumen a nuestras luchas, feministas, antirracistas y ecologistas, que son también las luchas de las kellys, de las trabajadoras sexuales, de las empleadas de hogar, de las trabajadoras sanitarias, y que deberían ser también las luchas de todas”. Un feminismo de base que no deje a ninguna fuera y ponga la vida digna de todas las mujeres en el centro.

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De la Sección : {Noticias Destacadas}

Stonewall y el origen de clase del Movimiento LGTBI

Por Glòria Marrugat

Domingo 20 de junio de 2021 NODO50

En 1969, la policía entraba en el Stonewall Inn con el objetivo de hacer una redada. No era la primera vez, aunque aquel 28 de junio sería diferente. En el pub gay, situado en Greenwich Village (New York), las operaciones policiales eran frecuentes. A la 1:20 h de la madrugada, los agentes entraron en el bar gritando que «estaba clausurado». Habitualmente, los jóvenes salían y se identificaban. Se procedía a la detención de los hombres que fueran vestidos de mujeres, o las pocas lesbianas que frecuentaban el bar que vistieran de «forma no femenina». Pero esa noche todo cambió. Alguien gritó «no nos vamos». Tres palabras que hicieron estallar el ambiente. Tres palabras que encendieron la mecha de los disturbios de Stonewall.

Las revueltas en la ciudad de Nueva York marcaron un punto de inflexión en el movimiento LGTB estadounidense. Ya nada volvió a ser lo mismo desde aquel 28 de junio, fecha en la que se celebra anualmente el Día del Orgullo. A partir de la revuelta se formó el Frente de Liberación Gay (GLF) con su propio programa y convocatorias a la revolución.

Muchas de las personas alborotadoras eran de origen latino o afroamericanas. El movimiento negro revolucionario de la década de 1960 en EEUU y el movimiento gay tenían una gran cosa en común: la clase, no la clase trabajadora organizada industrialmente, sino la clase trabajadora desorganizada de la calle. Ambos movimientos surgieron de las calles y sus respectivos guetos. En la superficie, el GLF o Black Panther eran organizaciones de personas oprimidas muy diferentes, pero organizadas desde las mismas calles y barrios.

Estos movimientos se construyeron desde y sobre las calles, desde los armarios y hacia las calles, como decía el lema. Las personas sin techo y vagabundas, jóvenes que huían de entornos opresivos, se unieron a un gran número de evasores del servicio militar obligatorio.

En ese momento, Estados Unidos tenía reclutamiento militar y cientos de miles de pobres que no podían permitirse el lujo de evitarlo huyeron y pasaron a la clandestinidad donde había un ejército potencial de hombres y mujeres jóvenes con descontento en las principales ciudades, excluidos de la sociedad en general debido al reclutamiento y abiertos a la política revolucionaria.

La política de los movimientos LGBTI y negros se ha alejado considerablemente de su base original fundamentada en la política de esa clase revolucionaria pero inestable. La economía rosa y la clase media negra han gobernado sus respectivos refugios durante décadas.

Un ejemplo de ello son los festivales como el World Pride de Nueva York (iniciado en el año 2000), que han abandonado la reivindicación y abrazado la fiesta y convertido el Stonewall Inn, donde una vez la gente LGTBI acudía sopesando el riesgo de ser detenida, en una especie de “Disneyland» en el que cientos de turistas se fotografían sin conocer siquiera la historia de lucha que atesora. Hacen fotos a un campo de batalla que envejece, mientras el movimiento olvida sus orígenes, dejando de lado historias de personas transgénero racializadas que de forma significativa, junto a otras, protagonizaron aquellos hechos.

La sociología burguesa de la época de Stonewall nos muestra cómo la ideología dominante empieza a denominar los movimientos de protesta de esa época como “nuevos movimientos sociales” y a desposeerlos de su carácter de clase al desligarlos del movimiento obrero. El sistema aplica de nuevo el viejo lema “divide y vencerás” para poder sobrevivir a su propia barbarie.

En la actualidad podemos ver cómo los entonces incipientes movimientos pacifista, feminista y ecologista se han desarrollado en más y variados grupos y movimientos, cada uno de ellos bajo una reivindicación social concreta sin tener en cuenta las contradicciones de clase que afectan a cada una de ellas y entorpeciendo, por tanto, su resolución.

La persecución de las personas LGTBI en el Estado Español, al igual que ocurrió la noche de la redada de Stonewall, también llegó a una situación límite que se expresó en la manifestación de Barcelona el 26 de junio de 1977 bajo el lema “Nosaltres no tenim por, nosaltres som” para exigir la derogación de la “Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social” de la mano del movimiento obrero de esa época, con organizaciones como la CNT o el PSUC.

Hoy en día, en Barcelona como en New York, la división entre las capas sociales que conforman la clase obrera es un hecho punzante, el origen y los principios de Stonewall, como los del 8 de marzo, han sido manipulados y desposeídos de su carácter de clase, transformados en movimientos de colores para cubrir la oscuridad de la opresión que imponen el patriarcado y el capitalismo, que oculta a las personas en la marginalidad, la pobreza y la guerra.

Por ello es necesario recuperar el espíritu de Stonewall que aunó las luchas por la liberación de género junto a la liberación de clase, “Una sola clase, una sola lucha construyendo proceso revolucionario”

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De la Sección : {Noticias Técnicas}

Ola de spam con origen en cuentas robadas

Miércoles 16 de junio de 2021 NODO50

El martes 15 de junio comenzó un envío masivo de mensajes con enlaces sobre criptomonedas y pornografía. Probablemente se han enviado decenas de millones de mensajes, de los que unos cuantos miles iban dirigidos a direcciones de correo alojadas en Nodo50. La mayoría los hemos detenido con filtros basados en el contenido.
Una característica destacable de esta ola de spam es que el remitente de los mensajes no ha sido falsificado, sino que han usado relamente esas cuentas mediante contraseñas robadas.
Por eso los mensajes que llegaban a nuestros servidores provenían de los servidores legítimos de servicios de correo como Gmail, Yahoo y Hotmail. Y eso hacía mas complicado filtrarlos.

En este artículo de del blog del antivirus Eset podéis ver mas detalles de esta ola de spam.

Los mensajes contenían enlaces del servicio acortador de URLs bit.ly, y también del servicio feedproxy de Google. Nos hemos visto obligados a bloquear todos los mensajes que contengan ambos tipos de direcciones web, lo que implica que también habremos bloqueado mensajes legítimos, e incluso mensajes vuestros reenviándonos ejemplos de este spam. Lo hemos hecho de forma que a la persona que envía se le informe claramente de la causa del bloqueo, para que pueda volver a enviar el mensaje sin ese enlace.

Una pregunta habitual es ¿cómo saben los atacantes cual es la contraseña de esos buzones?

Lo mas probable es que la hayan obtenido de las, cada vez mas frecuentes, filtraciones de datos que se publican en Internet. Son filtraciones de datos de usuarios/as o clientes de servicios concretos. Pero el problema es que muchas veces la gente reutiliza contraseñas, entre ellas la de sus buzones de correo.

Por tanto los atacantes solo tienen que ponerse a probar en múltiples sitios con esas mismas credenciales. Ponemos un ejemplo no real para que se entienda mejor:

Y todo esto sin que sea un ataque dirigido, sin que tengan información especial sobre pepesapo. Lo hacen de forma automatizada con miles o millones de cuentas. Y sin que importe lo segura que sea la contraseña.

Si además tienen algún interés especial en pepesapo, y conocen mas datos, podrían hacer un ataque mas dirigido. Por ejemplo si conocen su NIF intentar entrar en webs de bancos con el NIF y esa contraseña.

Por esto es tan importante no reutilizar contraseñas, en particular las de las cuentas de correo, que son la llave para entrar a otros servicios (para resetear contraseñas, por ejemplo). Y cambiarlas cada cierto tiempo.

En esta web https://haveibeenpwned.com/ podéis comprobar si vuestra direcciones de correo ha estado incluida en alguna filtración de datos. Si es así lo mejor es que cambiéis la contraseña.

Actualización 17/junio/2021: El jueves 17 de junio, por la mañana, hemos retirado el bloqueo a mensajes que contengan enlaces de bit.ly ya que hemos observado que el tráfico de mensajes de esta ola de spam practicamente ha desaparecido, así evitamos bloquear mensajes con un uso legítimo de bit.ly

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Manifiesto e iniciativa popular: Pido saber la verdad sobre los GAL

Jueves 10 de junio de 2021 NODO50

El pasado viernes, 4 de junio, se presentó en Madrid la plataforma B-Egiaz con el Manifiesto titulado #pidosaberlaverdadsobrelosgal.

Pili Zabala (hermana de Josi Zabala secuestrado por los GAL en 1983, torturado y asesinado por la guardia civil) ha sido una de las principales personas que han puesto en marcha esa plataforma y desde la que han impulsado el citado Manifiesto.

Los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organizados desde las instituciones del Estado español bajo el gobierno de Felipe González, funcionaron entre 1983 y 1987. Su primera acción, el 15 de octubre de 1983, fue el secuestro, en Baiona, de los refugiados vascos Joxean Lasa y Joxi Zabala. Ambos fueron trasladados al palacete La Cumbre de Donostia, controlada por la guardia civil de Intxaurrondo dirigida por el general Enrique Rodríguez Galindo, donde fueron torturados brutalmente y, finalmente, trasladados a una zona montañosa de la localidad alicantina de Busot donde les asesinaron y les enterraron tapados con cal y tierra. En junio de 2021 se hizo pública una conversación grabada entre el entonces director del CSID Alberto Perote y el capitán de la guardia civil Pedro Gómez Nieto, en la que este decía “a Lasa y Zabala les hicimos hacer los agujeros antes de matarlos”.

En 1995 se descubrieron sus cadáveres. Cuando sus restos se traladaron a Gipuzkoa para su entierro, la policía autonómica, la Ertzantza, cargó brutalmente contra los familiares de los jóvenes asesinados para impedir que sus féretros fueran sacados de los coches fúnebres y darles el adiós de despedida.

Cuatro años después se abrió juicio contra el crimen en la Audiencia Nacional, que condenó a 73 años al capitán de la guardia civil Ángel Vaquero, a 71 años a Rodríguez Galindo (la condena de ambos la subio a 75 años el Tribunal Supremo), al que en aquellos tiempos fue gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga y a los miembros de esa “benemérita” orden Felipe Bayo y Enrique Dorado, todos ellos implicados en el secuestro, torturas y asesinatos de Lasa y Zabala. Galindo pasó menos de cinco años en prisión y la condena del resto fue extraordinariamente dulcificada.

Los GAL asesinaron en sus años de actividad a 27 personas.

En julio de 1998, el Tribunal Supremo condenó a Barrionuevo y Vera, que fueron , respectivamente, ministro de Interior y secretario de Estado para la seguridad bajo el gobierno de Felipe González, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación por su implicación directa en las actividades de los GAL. Barrionuevo apenas pasó tres meses en prisión y Vera más tiempo pero en condiciones apenas carcelarias.

En las largas investigaciones periodísticas sobre la trama y actividades de los GAL, siempre aparecía en la cúspide de su estructura una mayúscula X que sólo tenía lógica identificándola con el entonces presidente Felipe González. En junio del 2020 dentro de la documentación desclasificada por la CIA norteamericana se decía letra a letra que "Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas".

A la vista de todo ello Pili Zabala presentó en la fiscalía de Gipuzkoa una querella solicitando investigación sobre los GAL y la implicación de Felipe González en tales grupos, que el fiscal feje Juan Calparsoro trasladó a la fiscalía de la Audiencia Nacional; pero esta rechazó darle curso y consideró que, en todo caso, era un tema prescrito. Previamente el Congreso de los Diputados se había negado ya a autorizar la creación de una comisión de investigación sobre los GAL.

A la vista de ello Pili Zabala y otras personas decidieron poner en marcha la plataforma popular B-Egiaz. De ahí ha partido el Manifiesto presentado en Madrid el pasado 4 de junio y otras iniciativas que vendrán.

En la web de la plataforma B-Egiaz -que ya se ha enlazado, también, al inicio- hay una extensa y muy trabajada información, artículos, videos, etc., sobre los GAL y el terrorismo de Estado. El Manifiesto, que reproducimos a continuación, ha tenido el apoyo inicial de más de cien personas muy referenciales que incluye a dos expresidentes de la Comunidad Autónoma Vasca, también a familiares y víctimas de ETA, a personalidades internacionales como Noam Ghomsky, a numerosa gente del cine y la cultura, etc. (la lista puede leerse en el enlace del propio Manifiesto) y está teniendo el apoyo de centenares de personas que puede ampliarse en el propio texto. Os animamos a que lo suscribáis.

***

Manifiesto: Pido saber la verdad sobre los GAL

Los documentos desclasificados de la CIA en los que se señala que “González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”; los audios en los que altos cargos del CESID y la Guardia Civil comentan con pelos y señales determinados crímenes de Estado; el fallecimiento de Enrique Rodríguez Galindo, llevándose consigo el secreto de quién le ordenó cometer graves vulneraciones de derechos humanos; todos estos hechos reafirman las evidencias que apuntan a la posible implicación organizada de los aparatos del Estado en la creación, cobertura y financiación de los GAL.

Las instituciones poco han hecho por aclarar la verdad y, en los casos en los que se ha establecido una responsabilidad penal, se han referido a sus perpetradores como “grupos incontrolados no adscritos” o han sido indultados, como ocurrió con un ministro del Interior. Es más, consideramos que desde algunos sectores se ha intentado obstaculizar la investigación, principalmente con el objeto de impedir que se esclarezca la identidad de sus autores e inductores, incumpliendo flagrantemente los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España, algo incomprensible en un estado de la Unión Europea.

Las personas que firmamos este manifiesto pedimos a las instituciones públicas que investiguen y clarifiquen de una vez por todas la Verdad con mayúscula sobre los GAL. Instamos al Gobierno español a que reconozca su responsabilidad y el dolor ocasionado, y realice gestos decididos de calidad humana para implementar medidas de reparación. Asimismo, le recordamos que no puede ser que, bajo el secreto oficial, queden amparados crímenes contra los derechos humanos.

Los archivos deben estar al servicio de la verdad y de la justicia. En países de nuestro entorno, la Ley de Secretos Oficiales no es obstáculo legal para que los jueces accedan a un dato reservado cuando este es imprescindible para decidir penalmente sobre la culpabilidad o inocencia de alguien.

La democracia real reside en esa separación de poderes y en el respeto a la ley. Creemos que, durante el gobierno de Felipe González, por medio de los GAL, determinadas personas transgredieron ambos preceptos, convirtiéndose a la vez en policías, fiscales, jueces y verdugos, mientras que existen indicios de que a otras, como mínimo, no les tembló la mano a la hora de tolerar crímenes de Estado que conceptualmente no se diferencian del terrorismo perpetrado por grupos organizados.

Esas vulneraciones, junto a todas las demás de cualquier signo, condicionaron nuestra memoria democrática. Aún nos queda la difícil tarea de reescribirla; y eso pasa básicamente por salvaguardar los derechos de las personas, pero también por instar a que nos comprometamos en nuestras obligaciones, llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más graves y reconstruir el tejido social con medidas que animen a la reconciliación y favorezcan una convivencia sin olvido, ni exclusiones, ni recelos.

Las instituciones españolas cumplirán con los estándares internacionales de derechos humanos cuando reconozcan y reparen a todas las víctimas sin excepción. Y la verdad, que jamás prescribe, representa, sin lugar a dudas, el derecho más anhelado por todas ellas.

07/06/2021

* Petxo Idoiaga forma parte de la redacción de la web viento sur

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Voces desde Cuelgamuros

Domingo 6 de junio de 2021 NODO50

Pocas cosas tienen tal poder evocador del pasado como sus restos materiales. Cuando descendimos del todoterreno, junto a una carretera de acceso restringido, al pie del imponente risco del Altar Mayor, todo estaba en silencio. Sin embargo, de inmediato, voces, montones de voces. El llano estaba sembrado de objetos, como olvidados allí solo unos días atrás, pero con la pátina de setenta años de abandono.

Aquí, un orinal de metal esmaltado. Allá, restos de varias botellas de vidrio. Y suelas, decenas de suelas de zapatos, remendadas, fabricadas con restos de neumáticos. Las voces de esos objetos nos hablaban de los obreros, de los presos de la obra faraónica, de sus mujeres e hijos. Pero no era todo. Unos metros más allá, encajando al milímetro con los planos desempolvados en el archivo, los restos de los barracones. Por un lado, el grupo de los trabajadores libres, formando una placita con una fuente aún en pie. Por otro, el grupo de los penados, delatado por una garita en lo alto y un apoyo para la bandera, omnipresente en el universo concentracionario franquista. Ladera abajo, las fosas sépticas, enteras, aún con agua estancada en su interior. Y aún más abajo, las chabolas de las familias de los trabajadores, sus esposas, sus hijos. Por debajo de las aguas fecales, como en una gradación jerárquica dictada por la orografía. Los olvidados entre los olvidados. Estábamos en el destacamento Banús, el más duro de los existentes en Cuelgamuros, donde vivieron los obreros destinados a levantar el viaducto y la carretera de acceso al monumento.

La semana pasada concluyó la intervención arqueológica en los destacamentos penales del Valle, dirigida por Alfredo González Ruibal, del Instituto de Ciencias del Patrimonio-CSIC, como parte de un ambicioso proyecto de resignificación del espacio que parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. A lo largo de un mes de trabajo de campo se desescombraron y excavaron hasta trece estructuras (se documentaron muchas más), se cartografiaron los restos de los tres destacamentos, se prospectaron varias hectáreas y se georreferenciaron miles de piezas. Mucho se ha escrito sobre el mausoleo franquista, pero hasta ahora se había prestado muy poca atención al resto del Valle. El proyecto ha permitido establecer una completa topografía del totalitarismo en el lugar. La arqueología permite ir más allá del discurso oficial del Régimen, posar la vista en lo que el franquismo no quiso que contemplásemos. Y no solo hablo de lo más obvio -los destacamentos penales-: se conservan las canteras, los basureros, los polvorines, varios depósitos de agua, un embalse, lavaderos, el vía crucis (en considerable estado de abandono), el chalet del arquitecto Pedro Muguruza, las viviendas en uso de los trabajadores de Patrimonio Nacional, apriscos de ganado…

La intervención arqueológica se ha centrado en la excavación de las infraviviendas que fueron surgiendo en torno a los destacamentos, en concreto en los poblados de San Román y Banús (las del tercer destacamento, Molán, parecen arrasadas). Levantadas en sus ratos libres por los propios obreros, fueron la residencia de sus familias, de sus mujeres e hijos. Si en los archivos la documentación sobre los barracones de libres y penados es, comparativamente, escasa, la de estas estructuras subalternas es casi inexistente. Su estatus era ambiguo: eran toleradas por las autoridades, pero parecían no existir oficialmente. No existen -o al menos no hemos hallado- planos de su construcción, ni siquiera datos aproximados sobre su número o ubicación. Solo referencias más o menos vagas en informes que trataban otros asuntos. Ni siquiera en las fotografías aéreas, que ofrecen un supuesto registro neutro del terreno, pueden verse esas chozas, camufladas involuntariamente con sus techumbres de ramas de pino. Para reconstruir su historia solo se puede recurrir a los testimonios de quienes las habitaron, cada vez más escasos, y a menudo deformados por el paso del tiempo y la subjetividad del entrevistado. Y también a la materialidad, tozuda, con su registro neutral, inapelable. La arqueología nos devuelve otras voces, otros discursos. La presencia esencial de las mujeres, obviadas del discurso tradicional. El ejemplo de dignidad y resilencia –en palabras del arqueólogo Xurxo Ayán– de las familias empujadas a vivir en condiciones infrahumanas, pero que se empeñaron en convertir las minúsculas chozas en algo parecido a un hogar. Las voces de los marginados, los oprimidos, aquellos siempre excluidos de los relatos oficiales.

Entre las infraviviendas excavadas detectamos en seguida dos tipologías básicas. Estaban las chozas cuadradas, regulares, con cimientos de mampostería. Pero también otras estructuras más esquivas, con menos entidad constructiva. A veces lo único que delataba su existencia eran los restos de una paletada de cemento en la pared de un abrigo rocoso, como anclaje de una precaria cubierta de chapa o de uralita. Esas eran las auténticas "chabolas" a las que los testimonios recogidos en la bibliografía clásica sobre el Valle hacían referencia. Como paredes, quizá unas ramas, quizá los harapos de una lona. En las estructuras más estables comenzamos a apreciar una regularidad constante. La planta del habitáculo tendía siempre hacia un trazado cuadrangular, de unos tres metros de lado. Esto era una evidencia de que debió existir una reglamentación impuesta desde las autoridades, o, al menos, una prohibición expresa de que las viviendas sobrepasasen un determinado tamaño. Frente al esfuerzo regularizador, campamental del poder, el individualismo de sus habitantes: no existían dos chozas con una distribución interior idéntica. En unos casos, la chimenea estaba en el norte, en otros en el este. Aquí, un banquito de piedra. Allá, una fresquera de ladrillo. Unas tenían un suelo de cemento, otras un empedrado. Esa rebeldía individualista contra la norma nos dice más sobre un supuesto ser colectivo de España que la arquitectura neoimperial de la cripta monumental.

El trabajo de campo fue la fase más visible del proyecto, la más frenética, pero no la única. Queda el trabajo de gabinete, en el laboratorio, el procesado de los datos. Meses antes llevamos a cabo la documentación bibliográfica y en los archivos. Hemos contactado también con los supervivientes de los familiares de los habitantes de los destacamentos, y con el único penado vivo del que tenemos noción: Nicolás Sánchez Albornoz. Más voces que se unen al coro de las suelas remendadas y los cristales rotos. Una polifonía a veces armónica, a veces discordante, pero siempre heterodoxa, frente al monótono solo de los apologetas del franquismo.

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