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Trabajo cultural durante la dictadura franquista (Sin mono azul – II)

Sábado 30 de enero de 2016. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

La SGAE quedó integrada dentro del complejo organigrama del sindicalismo vertical: el SNE disponía de secciones como la de cine, teatro, etc. y su Junta Nacional reservaba a dos miembros representando a SGAE. La Junta del SNE controlaba, además de las distintas secciones del mundo del espectáculo, a los llamados Servicios Sindicales, formados por Derechos de Autor (SGAE), Previsión y Propaganda, Inspección Nacional y la Red Provincial y Nacional del SNE. La SGAE, por tanto, estuvo sujeta a un férreo control estatal.

En el capítulo dedicado a SGAE en el libro CT o la Cultura de la Transición se describe cómo después de la Guerra Civil, se disuelven en 1941 todas las sociedades de autores. Queda así SGAE como entidad única, asumiendo la representación y gestión de los derechos de autor en España y en el extranjero. Esta tolerancia del régimen con la sociedad de autores se explica por su anti-sindicalismo antes aludido y a que la mayoría de sus asociados apoyaron el golpe de estado. Con la creación de la Organización Sindical Española – OSE (más conocida como sindicato vertical), se impulsaron distintos sindicatos, como el Sindicato Nacional del Espectáculo (SNE).

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Reunión de la Sociedad de Autores Españoles de 1912

La SGAE quedó integrada dentro del complejo organigrama del sindicalismo vertical: el SNE disponía de secciones como la de cine, teatro, etc. y su Junta Nacional reservaba a dos miembros representando a SGAE. La Junta del SNE controlaba, además de las distintas secciones del mundo del espectáculo, a los llamados Servicios Sindicales, formados por Derechos de Autor (SGAE), Previsión y Propaganda, Inspección Nacional y la Red Provincial y Nacional del SNE. La SGAE, por tanto, estuvo sujeta a un férreo control estatal.

La dictadura no realizó modificaciones sustanciales en la Ley de Propiedad Intelectual, más allá de ir introduciendo cambios para armonizar los derechos de autor nacionales con los acuerdos internacionales que se fueron suscribiendo. Pero donde sí hubo una intervención estatal fuerte fue en el ámbito sindical: la sindicación se convirtió en obligatoria, por lo que todos los artistas debían estar afiliados al Sindicato Nacional del Espectáculo y obtener después de un examen el carné de Teatro, circo y variedades. El trabajo cultural quedaba totalmente regulado, ya que los periodistas también debían estar afiliados, en su caso al Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas.

En esta etapa el mundo del cine resulta especialmente interesante en lo que a trabajo cultural y sindicalismo se refiere. En “El sindicato nacional del espectáculo y el cine español (1941-1959)” se refleja como los dobladores consiguieron una gran victoria en 1956, al realizar una huelga encubierta que supuso multiplicar por diez sus ingresos y que precipitó la introducción de convenios colectivos en el sector a partir de 1958.

Otra cuestión a analizar es la explosión cooperativista que se produjo durante el franquismo: “con las cooperativas se buscaba la creación de nuevas empresas que diesen una mayor estabilidad al sector, al mismo tiempo que permitiría teóricamente una participación equitativa en los beneficios […] el sistema se puso en marcha en 1952 con la aparición de la primera cooperativa cinematográfica, uno de cuyos fundadores fue el actor y director de cine Fernando Fernán Gómez, […] en 1962 había 15 cooperativas cinematográficas e incluso se llegó a crear una Asamblea Nacional de Cooperativas Cinematográficas. Sin embargo las buenas intenciones pronto chocaron con la realidad y […] las cooperativas se convirtieron más en una fórmula de obtener beneficios estatales que en funcionar como verdaderas cooperativas”.

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Por otro lado, la integración de SGAE en el sindicato vertical acabó generando con los años un conflicto con un grupo concreto de autores. En 1970 artistas como Joan Manuel Serrat, Juan Pardo, Mari Trini, Luis Eduardo Aute o Massiel comenzaron una campaña en los medios con vistas a poder cobrar derechos de autor. La cuestión es que todos estos artistas eran conocidos en el argot del sector como “silbadores”, músicos sin el preceptivo carné de Circo y variedades, al no tener formación musical de ningún tipo. Al no poseer ese carné no podían acceder a sus ingresos de derechos de autor a través de SGAE, ya que ésta únicamente contemplaba pagar a músicos del Sindicato. A pesar de la polémica generada y el apoyo de los medios, los “silbadores” (autores de gran éxito aunque no tuvieran conocimientos de solfeo o armonía) no lograron que la dictadura rompiera el cierre corporativo del Sindicato Nacional del Espectáculo, y su situación no se regularizó hasta los años ochenta.

Pero el conflicto más duro estalló casi al final del franquismo, protagonizado de nuevo por el sector de la cultura históricamente más organizado, el del teatro. El 16 de diciembre de 1974 una asamblea de actores nombró una comisión, que fue conocida a nivel mediático como “comisión de los once”. Se produjo un choque entre esta comisión y el Sindicato Nacional del Espectáculo, al que no se le otorgaba ninguna legitimidad y del que se pedía su disolución. Se plantearon una serie de peticiones como mejoras salariales, pago de dietas, cobro de los ensayos y una función única diaria, pero no se llegó a ningún acuerdo con los empresarios y estalló la primera huelga de actores. El sector de la interpretación secundó mayoritariamente la huelga, que pronto se desbordó ya que comenzaron a sumarse a esta otros sectores del espectáculo, desde los tablaos flamencos a los circos hasta llegar a la propia TVE. Se llegaron a cerrar 21 de los teatros de Madrid y TVE tuvo que sustituir de urgencia su programación habitual, además de suspender la grabación de varios de sus programas.

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Tina Sainz, Juan Diego y a Paco Guijar, entre otros, intentan entrar en la sede del Sindicato

El momento más duro del conflicto se produjo cuando la policía asaltó el Teatro Bellas Artes durante una asamblea, llevándose detenidos a Tina Sainz, José Carlos Plaza, Antonio Malonda y Yolanda Monreal, que ingresarían en prisión acusados de pertenecer al FRAP y tener relación con un atentado de ETA. También fueron detenidos Rocío Dúrcal, Pedro Mari Sánchez, Flora María Álvaro y Enriqueta Carballeira, pero estos fueron puestos en libertad gracias a las gestiones de Lola Flores, que además simuló una enfermedad para no actuar durante el conflicto. La huelga fue desconvocada después de la liberación de Sainz, Plaza, Malonda y Monreal, que aún así fueron condenados a enormes sanciones económicas que fueron pagadas colectivamente. A pesar de la represión y las multas la huelga fue en realidad un éxito, ya que se consiguieron grandes mejoras en las condiciones laborales.

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