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“Si se aprueba la ley habrá desobediencia”

Lunes 7 de julio de 2014. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: Articulo de Teresa García Espejo - Federación Estatal de Organizaciones Feministas

El anteproyecto de Ley del aborto propuesto por el ministro de Jus­ticia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha provocado un rotundo rechazo social, liderado por el movimiento feminista, en todo el Estado español.

La movilizaciones más numerosas tuvieron lugar en febrero, pero las concentraciones y manifestaciones de repulsa no han cesado. En países europeos como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido también se han producido protestas, así como en algunos Estados latinoamericanos, como Perú y Ecuador. Incluso Naciones Unidas ha instado al Gobierno español a garantizar la plena aplicación de la ley que actualmente está en vigor, según denuncia Amnistía Internacional. Esta organización considera que el texto planteado por el Ejecutivo vulnera los derechos humanos y ha puesto en marcha distintas acciones para evitar su aprobación. A través de una acción internacional de recogida de firmas, más de 100.000 personas de 150 países han mostrado su rechazo a la propuesta del Gobierno.

De aprobarse la nueva ley, sólo podrán abortar legalmente el 3% de las mujeres que decidan hacerlo

Amnistía Internacional ha enviado también una carta a la vice­presidenta, Soraya Sáez de Santa­ma­ría, suscrita por 176 entidades, para pedir la retirada del anteproyecto. Marta Mendiola, responsable de derechos económicos sociales y culturales de esta organización declara que el nuevo texto es “una medida regresiva con serios impactos sobre el derecho a la salud que hace peligrar la vida de mujeres y niñas, en especial, las que están en situación de vulnerabilidad”. En este sentido, Mendiola subraya que introduce “obstáculos para acceder a un aborto legal y seguro, cuestiona la capacidad y el derecho a decidir de las mujeres, y restringe su autonomía”.

El delito de abortar

El aborto siempre ha estado tipificado como delito en el Código Penal. Tras el franquismo, la primera regulación se aprobó en 1985 y sólo permitía abortar en tres supuestos: violación, durante las 12 primeras semanas; grave riesgo para la salud psíquica o física de la madre, sin límite de tiempo; y malformación del feto, en 22 semanas. Según la Aso­ciación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Emba­razo (ACAI), esta norma generaba una grave situación de indefensión legal, tanto para las mujeres como para el conjunto de profesionales médicos que practican abortos. La siguiente ley, hoy en vigor, es de 2010 y reconoce el aborto libre en las primeras 14 semanas. Después de este período, también fija supuestos para abortar dentro de la legalidad: en caso de grave riesgo para la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto (22 semanas) y, en cualquier momento, si son anomalías fetales incompatibles con la vida.

El anteproyecto de Ley que ahora quiere aprobar el Gobierno elimina el aborto libre y, aunque el texto inicial limitaba a dos los supuestos para abortar, es previsible que también se incluya un tercero, el de malformación fetal. Los otros dos casos son el de violación, dentro de las 12 primeras semanas y siempre que la mujer haya presentado denuncia, y por riesgo para la salud psíquica y física de la madre, en 22 semanas, “cuando el embarazo produzca un menoscabo importante a su salud, con permanencia o duración en el tiempo –especifica textualmente el anteproyecto– y así se constate en un informe motivado y emitido por dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología”, puntualiza el texto.

Para Amnistía Internacional, la obligación de que las víctimas de una violación tengan que poner una denuncia “puede suponer una gran barrera para mujeres migrantes en situación irregular que, al denunciar, podrían ser expulsadas del país”, señala Marta Mendio­la. Por otro lado, el Código Penal prevé penas para los médicos que intervengan en la interrupción del embarazo de entre cuatro a ocho años de prisión, y de hasta diez años de inhabilitación. Justa Montero, de la Asam­blea Feminista de Madrid, considera que “se crea una absoluta inseguridad jurídica para las mujeres y para los profesionales” y vaticina un panorama de juicios y denuncias en los casos de las mujeres que puedan abortar dentro de nuestras fronteras, aunque en su opinión, “la mayoría tendrá que recurrir al aborto clandestino o hacerlo en otro país”.

Una Ley contra las mujeres

Montero sostiene que la nueva ley es “inaplicable” y, de aprobarse, sólo podrán abortar legalmente el 3% de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, es decir, el porcentaje que suponen los casos de malformación fetal. Además, el hecho de que las mujeres tengan que demostrar graves y permanentes daños en su salud psíquica es, para Justa Mon­tero, someterlas “al maltrato y la humillación”. Por su parte, la Asocia­ción de Clínicas Acreditadas ha criticado que “el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)” haya conseguido que este órgano apruebe un informe favorable a “la Ley Gallardón”, según informa ACAI en una nota de prensa. Esta Asociación considera que el CGPJ ha legitimado la pérdida de derechos básicos de las mujeres y “se redunda en la estigmatización” del grupo de profesionales médicos que se dedican a la interrupción voluntaria del embarazo. La mayoría absoluta con la que gobierna el Partido Popular también ha permitido que se celebre el Seminario Interna­cio­nal por el Derecho a la Vida, de clara inclinación antiabortista, en las instalaciones del Congreso de los Dipu­tados entre los días 3 y 4 de julio, y la nueva ley del aborto podría ser aprobada a lo largo de este mes. En opinión de Montero, “esta ley contiene una profunda carga ideológica que tiene que ver con el encuentro de parlamentarios por el derecho a la vida. Se trata de la negación de la capacidad de decisión de las mujeres, que no son consideradas como sujetos con capacidad para decidir sobre su vida”.

En la misma línea, Aitana Garí, del colectivo Las Lilas, añade que “el PP está intentado imponer una moral que nos impide decidir, es machismo puro y duro, y lo que quieren es controlarnos y meternos en casa”. En este sentido, Justa Mon­tero acusa al Gobierno de erigirse en portavoz de la jerarquía católica, “de los sectores más de ultraderecha y más patriarcales” que se han opuesto a todo avance en igualdad. La portavoz de la Asamblea Feminista de Madrid recuerda que el calendario de movilizaciones sigue abierto y advierte de que la lucha feminista no va a parar. “Si se aprueba la ley, habrá desobediencia civil en la práctica y la vamos a librar todas las organizaciones feministas y todos los sectores que apoyan el derecho a decidir de las mujeres. Esta ley no se puede aceptar”, concluye Montero.

17 mujeres presas en El Salvador por abortar

Llegaron desangrándose en busca de ayuda a establecimientos públicos de salud. Las denunciaron, las procesaron y condenaron por homicidio agravado, obligándolas a dejar el hospital para entrar en la cárcel. Ahora 17 mujeres cumplen condena en El Salvador acusadas de haber abortado, una práctica castigada con la prisión en este país centroamericano. Coincidiendo con el Seminario Internacional por el Derecho a la Vida, donde figuran parlamentarios de El Salvador, el 1 de julio ha sido convocada una concentración frente a la embajada de este país en Madrid.

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