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La nueva Ley de Familia en Galicia o la política al servicio de la ideología

Viernes 27 de mayo de 2011. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

La Rede Feminista Galega denuncia que la norma vulnera derechos y libertades de las mujeres

La autora explica algunas de las conclusiones y peligros que tiene, según la Rede Feminista Galega, esta nueva ley, promovida tras una Iniciativa Legislativa Popular.

Aunque se acaba de aprobar definitivamente por parte de la Xunta de Galiza la nueva Ley de Familia del PP, surgen ya reacciones desde diferentes sectores ante esta propuesta de retroceso en los derechos y libertades de las mujeres gallegas.

La Ley de Familia surge tras la Iniciativa Legislativa Popular en Defensa del Matrimonio y de la Familia que han promovido en todo el Estado los sectores más reaccionarios de la sociedad, entre otros el Foro Español de la Familia (FEF), o la Confederación Católica de Padres de Alumnos y la plataforma Hazte Oír.

El propio Consejo Económico y Social (CES, órgano consultivo de los Gobiernos) tildó dicha ley de regresiva y patriarcal, ya que recorta los derechos de las mujeres y, además, les impide ejercer libre e informadamente sobre su maternidad.

La ley, cuyo anteproyecto fue aprobado por la Xunta de Galiza en marzo, se compone de dos grandes bloques: el primero contiene el grueso de las medidas que afectan de forma directa a las mujeres (disfrazadas como medidas de apoyo a la familia); el segundo es el dedicado a la infancia y la adolescencia.

- Modelo de familia único y obligatorio. La exposición de motivos que introduce la ley supone un concentrado de declaraciones ideológicas de gran calado. Afirma que en Galiza existe un “aprecio arraigado a sus tradiciones y valores familiares”, así como que “estamos asistiendo a una crisis del modelo tradicional de familia”. En ningún momento se concretiza cuál es ese modelo, pero lamenta la existencia de “grupos de convivencia que se constituyen con cierta analogía a esta institución”, negándolos y distinguiéndolos del modelo de familia nuclear tradicional (heteropatriarcal).

En el capítulo dedicado a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal se usan expresiones como la “voluntaria corresponsabilidad en las tareas y obligaciones familiares...” de manera que se protegen los valores tradicionales de la familia heteropatriarcal. En lugar de llamar la atención sobre la desigualdad en la implicación de los hombres en el trabajo doméstico y en las tareas de cuidados y aprobar medidas para corregir esto.

- Ocultamiento consciente de la verdadera función social y económica de la familia. Tal y como se extrae de la exposición de motivos, se afirma que el apoyo que deben dar las instituciones a la familia es un deber de justicia en reciprocidad a lo que la familia hace a la sociedad. Esto no deja de ser un eufemismo del trabajo gratis que las mujeres hacen día a día y del que la sociedad obtiene beneficio directo (según datos de diferentes informes, como uno del Instituto Nacional de Estadística de 2008) las cargas domésticas representaban un 36% del PIB.

Todo este trabajo se ve enormemente incrementado en épocas de crisis como la actual, ya que son las familias las que soportan el peso del desempleo, de los recortes en servicios, en ayudas, en sanidad... Por eso si esta ley, tal y como afirma, pretende dar soluciones a estos problemas, debería comenzar por incrementar drásticamente los presupuestos destinados al gasto social y establecer mecanismos que vayan en el camino de socializar todas esas tareas que realizan las mujeres y que suponen un obstáculo para una vida plena, ya que el tiempo está limitado por las dobles y las triples jornadas laborales. Estén o no remuneradas éstas.

- Derecho al aborto. A lo largo de toda la ley se perciben consideraciones antiabortistas, pero es en el capítulo VI del Título I, dedicado íntegramente a la “protección de la maternidad, mediante el apoyo y protección a la mujer gestante”.

La ley contempla la realización de “campañas de sensibilización destinadas a la concienciación social de la importancia de la maternidad, al fomento de la natalidad y a la protección del derecho a la vida en formación”. Para ello protege desde la concepción de los futuros seres y llega incluso a considerarlos ya individuos susceptibles de solicitar plaza en guarderías. Las soluciones para los embarazos no deseados están perfectamente definidas: la promoción de “la acogida y adopción como alternativa a que la mujer gestante pueda continuar con su embarazo”. De esta forma, elimina toda referencia a la interrupción voluntaria y anula el derecho básico a decidir cuándo, cómo y si las mujeres quieren ser madres.

-  Responsabilidad de las mujeres por la baja natalidad y de mantener el Estado del bienestar. La ley comienza con la afirmación: “Galiza vive una gravísima reducción de la natalidad que produce un alarmante descenso demográfico que dificulta las posibilidades de manutención del Estado del bienestar”. La pregunta entonces es si realmente la causa de la supuesta falta de dinero público para mantener el Estado del bienestar es la baja natalidad o es provocada por el sistema económico que padecemos. Sin embargo, el sistema prima en sus presupuestos los gastos militares, los subsidios a la iglesia católica, los salarios de la clase política, la financiación de la enseñanza privada antes que los servicios sociales.

Culpar de la falta de dinero a la baja natalidad criminaliza y, además, genera una obligación moral de las mujeres a tener descendencia en favor del bien social.

A estos cuatro puntos hay que sumar uno que no se contempla a la familia como uno de los espacios de dominación patriarcal. Obvia la existencia de la violencia machista en el seno de la familia, en la que se produce un gran número de atentados violentos machistas contra las mujeres.

Fuente: Rocío Fraga en el periódico Diagonal

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