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Entrevista a Carlos Slepoy, abogado

Martes 15 de abril de 2014. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: KAOS en la RED

Carlos Slepoy es el abogado impulsor de la querella argentina que en abril de 2010 dio el pistoletazo de salida a la investigación y petición de responsabilidades por los crímenes del franquismo. Entrevista desde Buenos Aires para Kaosenlared.

Referencia internacional en causas de derechos humanos, Slepoy vivió en primera persona las torturas de la represión argentina dos semanas antes de que estallara el golpe de Estado, y fue forzado al exilio a fines de 1977 estableciéndose en España.

Gracias a su incesante batalla contra la impunidad de las dictaduras, logró que se juzgara en España al militar argentino Adolfo Scilingo, condenado en 2007 por la justicia española a 1.084 años de cárcel, y participó en las causas contra el exteniente argentino Ricardo Cavallo, el exdictador chileno Augusto Pinochet y el exdictador de Guatemala Ríos Montt. Ahora, se muestra esperanzado con los primeros juicios que a petición de la justicia argentina se están llevando a cabo en España para exigir responsabilidades por los delitos cometidos durante la dictadura franquista.

La querella abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo parece haber dado un paso importante con la personificación de dos representantes del Estado argentino en las audiencias de extradición de los primeros torturadores imputados, los antiguos guardia civil Muñecas Aguilar y el inspector González Pacheco ¿Qué rol desempeñarán estos enviados para avanzar en el curso de la denuncia internacional?

La primera vista pública sobre la extradición a Argentina del imputado Muñecas Aguilar, celebrada el 3 de abril en la fiscalía de la Audiencia Nacional española, contó con la presencia de dos representantes del Estado argentino pero ninguno de los dos intervino. Nuestra pretensión [la de los querellantes] era que hubiesen participado porque queríamos que defendieran la postura de la justicia argentina, favorable a la extradición. Era previsible que los requeridos se iban a negar a ser extraditados e iban a intentar deslegitimizar el pedido planteando por Argentina.

En este país, como es sabido, se realizan permanentes homenajes al ex juez Baltasar Garzón, se destaca la enorme importancia que han tenido sus investigaciones para acabar con la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura argentina y en correspondencia los abogados de la querella queríamos que el Estado argentino hubiera defendido la extradición, en aplicación del mismo principio de justicia universal que se utilizó en España para juzgar a los responsables del genocidio argentino. No lo ha hecho, lo lamentamos y hasta pensamos que todavía tiene la posibilidad de intervenir en la próxima audiencia del día 10 de abril sobre la extradición del segundo imputado, Juan Antonio González Pacheco.

¿Cambiaría una intervención de los enviados por el Estado argentino la posición de la fiscalía española sobre la posible extradición de Pacheco cuando se ha denegado la de Muñecas?

Se mantendrá la misma postura, previsiblemente.

¿Qué va a hacer la justicia argentina frente a las denegaciones de extradición de los primeros acusados en la querella?

Primero de todo, hay que destacar que por primera vez en la historia comparece ante la justicia española un responsable de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. En estas vistas, la fiscalía de la Audiencia Nacional debía pronunciarse respecto de la petición de extradición demandada por la justicia argentina. En materia de crímenes internacionales se extradita o se juzga en el propio país. En este sentido, lo que planteó el fiscal es que no correspondía que extraditaran al acusado a Argentina porque los delitos se habían cometido en España, por personas de nacionalidad española y en consecuencia debían ser juzgados por un tribunal del lugar donde se cometieron los hechos, que en el caso del acusado Muñecas sería en el País Vasco.

Estaría muy bien que fuera así, es lo que queremos, pero el juez agregó que los delitos estaban prescriptos. Llamativamente no habló de la Ley de Amnistía, eso es interesante. Sienten que esta ley está totalmente deslegitimada porque niega el carácter de los crímenes contra la humanidad. Lo importante es que el fiscal ha dicho que ante un pedido de la justicia argentina se deben abrir diligencias en el lugar en el que se cometieron los delitos.

Entonces ¿Debe ser la judicatura argentina la encargada de presentar una nueva denuncia para que se puedan investigar los crímenes en España?

Exacto. Es necesario que haya una petición de denuncia internacional del Estado argentino para que estos delitos se investiguen en el lugar donde se cometieron. Sobre esto, dos observaciones. Primero que tratándose de crímenes contra la humanidad tendría que ser el propio fiscal español el que, al tener conocimiento de los delitos como consecuencia de la resolución de la jueza argentina, debería interponer la denuncia para que se investiguen los hechos en España. Por tanto, lo que tenía que haber hecho el fiscal en su caso es decir que se debían investigar los hechos en España independientemente de que el juzgado argentino lo pidiera o no.

En segundo lugar, al plantear que deber ser juzgados en tribunales del País Vasco lo que se pretende es quitarle su carácter de delito cometido en el conjunto del estado y que afecta a la totalidad del pueblo español. Esto está en correspondencia con la idea de que son delitos que prescriben, que son delitos comunes y no de lesa humanidad como deberían ser considerados los crímenes del franquismo.

¿Puede verse como algo positivo que la justicia española haya accedido a juzgar a los responsables de los crímenes del franquismo, pese a mantener el carácter prescriptible y la amnistía legal de este tipo de delitos?

En principio, si la jueza argentina que lleva la causa, María Servini de Cubría, pide que se haga una investigación en España se tendrá que abrir. Es cierto que lo previsible es que un juez español, vasco en este primer caso, diga que los delitos están prescriptos o que la Ley de Amnistía impide investigarlos. Pero el hecho de que se abra un procedimiento, que se vuelva a abrir la causa que se instruyó contra Garzón en su momento, cuando el Tribunal Supremo estableció que estos delitos no podían ser investigados por ningún juzgado, es un avance muy importante.

También podría ser que un juez español aproveche esta ocasión para investigar estos crímenes. Esto puede generar una movilización muy importante de la sociedad española para que los responsables de las torturas sean juzgados. Esta es la idea que tiene este procedimiento, de crear unas condiciones cada vez más favorables para que los delitos sean investigados en el lugar donde se cometieron.

No dejan de ser suposiciones…

Yo era uno de los abogados de la causa cuando se inició el procedimiento que llevó adelante Garzón contra los responsables del genocidio argentino. No pretendíamos ni sabíamos que iba a juzgar a todos los militares argentinos, lo que queríamos era poner de manifiesto a nivel internacional la situación de impunidad existente en Argentina, de decir que estos crímenes debían ser juzgados, que debían ser perseguibles para que se abriera la posibilidad de que se haga justicia en Argentina como finalmente ocurrió. Ésta es la vocación que tiene la querella argentina por los delitos del franquismo.

¿Y si la experiencia en Argentina no sirve de precedente para el avance de la causa en la sociedad española?

La importancia del juicio ocurrido el pasado 3 de abril es extraordinaria porque es la primera vez que comparecen responsables de crímenes del franquismo ante un tribunal de justicia. El gobierno del PP podría haberse negado a trasladar la querella a la justicia española, el tratado internacional así lo establece. Sin embargo, dada la presión social y el enorme desprestigio internacional que tiene el gobierno español por amparar los crímenes del franquismo los ha obligado a que sea la justicia la que decida. Esto ha hecho que los responsables tuvieran que declarar ante un juez y que ahora hayan tenido que comparecer ante una vista pública. Algo que no ha ocurrido jamás en España. No ha habido ni una comisión por la verdad, no ha habido una sola persona que prestara declaración por estos crímenes. Se ha avanzado enormemente.

La querella argentina suma cada vez más nombres a la lista de acusados. Los últimos días se han añadido a cinco ex ministros franquistas, dos miembros de la justicia franquista y ocho policías de la dictadura. Van a por todo…

Y no vamos a parar. Efectivamente, hemos pedido más imputaciones y siguen su curso las realizadas el año pasado. La jueza argentina está muy entusiasmada con la causa y nos ha adelantado que planea viajar a España para tomar declaración directa a aquellas personas que por imposibilidad física, de edad o minusvalías, no puedan trasladarse ni siquiera al consulado argentino. También pretende visitar las fosas, tomar muestras de ADN, entre otras cosas. Está haciendo lo que deberían hacer los jueces españoles y, a su vez, está influyendo mucho en aquellos que se plantean que no puede ser que se estén investigando estos crímenes fuera del país. También se prevén hacer nuevas videoconferencias a partir del mes de junio, es decir, una serie de medidas muy importantes que demuestran que esta causa está avanzando. A parte de la cada vez más visible conciencia y movilización social.

¿Se podrían añadir nombres de actuales cargos del poder judicial o ejecutivo a la lista de denunciados?

No tengo registro de que en este momento consten miembros del actual ejecutivo en la querella. Por el momento, tenemos imputados a tres exministros, de los que confiamos se pida la detención internacional las próximas semanas, y hemos presentado un nuevo escrito culpando a los cinco exministros Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio; además de otros torturadores. No integran el actual Gobierno pero algunos tienen un poder importante en España, como Rodolfo Martín Villa para el que avanza la causa. Lamentablemente la querella llega tarde y hay gente que ya tiene una edad muy avanzada.

¿Se puede afirmar que tras casi treinta y siete años de democracia impune se empezarán a exigir responsabilidades por los delitos del pasado en España?

Sin duda. A parte, hay que tener en cuenta el ejemplo mundial que esto implica. El enorme fortalecimiento que tendrá esta idea de persecución universal de los crímenes. Aquí no se la está jugando solo la sociedad española, se la está jugando muchísima más gente.

Este año el legislativo español ha eliminado la justicia universal de su competencia jurídica. Precisamente, Argentina puede juzgar los delitos del franquismo gracias a la aplicación de este principio que, paradójicamente, España utilizó antes para juzgar a miembros de la dictadura argentina ¿Es un signo de debilidad democrática?

La querella argentina es tributaria de lo que fueron las actuaciones de la justicia española en su momento, cuando los argentinos pensábamos que los indultos y las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) eran irreversibles porque se habían votado en un parlamento democrático. Las víctimas de la dictadura argentina viajaban a España porque en Argentina no se podía hacer justicia. Sin embargo, esto se revirtió gracias a la movilización social argentina y, muy importante, a la actuación de la justicia internacional impulsada por los jueces españoles. Ahora, bajo el mismo principio de justicia universal, las víctimas del franquismo viajan a Argentina en busca del amparo jurídico que en España se les niega.

El principio de jurisdicción universal lo empleó por primera vez España para detener al exdictador chileno Pinochet en Londres, convirtiéndose en un referente internacional, y ahora por presiones económicas el Gobierno del PP lo deroga. Aun así, los demás grupos políticos han acordado restablecerlo cuando el Partido Popular deje de tener mayoría parlamentaria.

¿Llegará a estar institucionalizado y naturalizado el juicio a los crímenes del franquismo en territorio español?

A diferencia de Argentina, donde hubo una dictadura más corta, menos periodos de impunidad y una sociedad más movilizada; en España han pasado muchos años desde la dictadura y la sociedad no tiene un fuerte reclamo social. El papel protagónico para resolver los delitos del franquismo lo están teniendo los nietos. Es esta generación la que ha comenzado y a la vez ha despertado a otros sectores de la sociedad. La cantidad de asociaciones de niños robados que están participando, las víctimas del trabajo esclavo del cual no se habló en España durante décadas, los exiliados, la gente que fue víctima de fusilamientos, los torturados…todo esto ha emergido con mucha fuerza. La gente se ha alineado detrás de esta querella porque es la única alternativa que existe en este momento.

A medida que la causa avance, y no me cabe duda de que así será, vamos a estar cada vez más cerca de acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo.

Laura Safont, Buenos Aires.

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