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El tardofranquismo (1969-1975). El crepúsculo del dictador y el declive de la dictadura

Martes 24 de noviembre de 2015. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: Sin Permiso

Por Glicerio Sánchez Recio

La revista digital Hispania Nova, fundada en 1998 por Ángel Martínez de Velasco y Julio Aróstegui, dedica su último número al análisis de la interpretación de la guerra civil española y del franquismo del libro de Stanley G. Payne y Jesús Palacios Tapia (P/P), Franco. Una biografía personal y política. Coordinados por Ángel Viñas, toda una serie de conocidos y respetados historiadores demuestran hasta que punto es posible “dar gato con liebre a base de banalidades”. El numero completo de la revista se puede descargar libremente.

La erudición al servicio de la ideología es, sin ninguna duda, la expresión que mejor sintetiza el conjunto de impresiones, ideas y reflexiones que surgen en la mente de un lector desapasionado e intelectualmente distante del libro de P/P. En efecto, a lo largo de las más de ochocientas páginas los autores se manifiestan como personas subyugadas plenamente por la personalidad y la obra política del general Franco, al que habitualmente denominan “Caudillo” o “Generalísimo”, además de “Franco”. La obra ha sido elaborada y escrita desde posiciones conservadoras muy acendradas por lo que calificarla como “estudio objetivo y desapasionado” y “biografía académica rigurosa”, tal como figura en la contraportada, es puro sarcasmo.

La fascinación que experimentan P/P por la personalidad del general Franco les conduce a exaltar su inteligencia y la lucidez de sus análisis en las cuestiones militares, políticas y económicas hasta el extremo de llegar a otorgarle una aguda clarividencia respecto al futuro y situarlo, a escala internacional, por encima de otros dirigentes políticos, tanto contemporáneos como de décadas posteriores. En cuanto a la valoración de su obra política, a pesar de afirmar que se trató de una dictadura personal y de reconocerle algunos excesos verbales, errores programáticos y declaraciones falsas, los autores minusvaloran su significado o repercusión en aras de la magnitud de la tarea que había asumido bajo su responsabilidad, trasformando la anterior fascinación en auténtica veneración.

El conservadurismo de P/P es asimismo patente, en particular desde las páginas en que se hacen cargo de la trayectoria del general Franco durante la Segunda República. A la vez los autores expresan un descarado desdén por lo que significó el régimen republicano. En este sentido se alinean con los políticos y periodistas conservadores europeos de los años treinta del siglo XX, sobre todo británicos y franceses, que fustigaron permanentemente a la República. También elevan el tono de sus críticas a partir de las elecciones de febrero de 1936 (Frente Popular) y califican a la coalición vencedora como revolucionaria, violenta, generadora de inestabilidad política y del caos social y económico. En definitiva, causante de la rebelión del general Franco junto a otros militares. P/P se adscriben sin el menor reparo a la tendencia de los historiadores que legitimaron la dictadura franquista durante su existencia y que actualmente adoptan posiciones para reivindicarla.

Los autores, además, no precisan conceptualmente su punto de partida, en concreto cuando desarrollan la larga etapa de la dictadura, a partir del capítulo séptimo (p. 191). En ninguna página del libro se plantan para describir cómo funcionaba ni, mucho menos, para explicar en qué consiste una dictadura. Esta carencia y la falta de precisión conceptual llevan a P/P a moverse en un terreno inseguro y difuso, en el que prevalecen la descripción acrítica o la narración interesada, cayendo reiteradamente en la incoherencia discursiva, como se verá más adelante.

Llama la atención que P/P se refieran a la “oposición” al régimen, a organizaciones sindicales y políticas “izquierdistas” e, incluso, a otras “conservadoras”, como si olvidaran que el régimen de Franco fue una dictadura que se apoyaba en un partido único o Movimiento Nacional, creado desde la Jefatura del Estado por el mismo dictador. Partido de extrema derecha, fuera del cual no se reconocía oficialmente ninguna otra organización. Por tanto, no tiene sentido hablar de conservadores ni de izquierdistas como si el Gobierno del general Franco ocupara el centro del tablero político. En la dictadura franquista no hubo centro político porque no había pluralismo reconocido y organizado. El famoso y discutido “pluralismo limitado” lo hallan algunos historiadores y sociólogos de puertas adentro del régimen (Movimiento Nacional) para cumplir determinadas funciones, teniendo en cuenta que todos los grupos habían de observar la más completa lealtad al Jefe del Estado y acatar sin reserva alguna los Principios del Movimiento Nacional.

La única diferencia que podría existir entre los diversos grupos se cifraba en su procedencia ideológica, dentro de la amplia gama antidemocrática de la derecha política y social1. Fuera de la dictadura, por consiguiente, no había conservadores ni izquierdistas sino solo antifranquistas de distinta procedencia, cuyo objetivo común era el restablecimiento de las libertades democráticas en España.

P/P afirman repetidamente que la dictadura de Franco fue de tipo personal pero, aunque esto no es cierto, como se expone en otro artículo, el declive del régimen (tardofranquismo) coincidió con el crepúsculo del dictador por el carácter absolutista que le imprimió.

Por último, P/P caen y reinciden en errores de difícil justificación, por ser cuestiones tratadas con profundidad en la historiografía sobre el régimen franquista, como la confusión entre el Tribunal de Responsabilidades Políticas, según la ley de febrero de 1939, y la justicia militar que se aplicaba mediante los consejos de guerra (pp. 487-488), o la imprecisión en torno a la competencia del Tribunal de Orden Público y la de los tribunales militares en virtud de la Ley de Bandidaje y Terrorismo de 21 de septiembre de 1960 (p. 520), cuestiones tratadas con amplitud y claridad por Juan José del Águila en su artículo. Errores del mismo calibre se destacan en otros textos de este dossier.

Punto de partida y objetivos

En esta contribución se procederá a realizar un análisis sistemático de la decadencia fisiológica e intelectual del general Franco a la par que el de la desintegración de su régimen. Pero antes es preciso delimitar el marco en el que hay que situar este artículo como parte de un dossier en el que se critican las carencias, errores y olvidos que se detectan en la reciente biografía de Franco de P/P, tal como lo expone Ángel Viñas en su presentación.

Por lo tanto, ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que no se llevará a cabo un estudio completo y ordenado de la etapa de la dictadura franquista comprendida entre 1969 y 1975 (tardofranquismo), sino solo desde la perspectiva ya indicada en el título. El régimen franquista en aquellos años puede definirse con precisión, usando las palabras de Julio Aróstegui, citadas en otro artículo de este mismo número, como una dictadura conservadora tradicional, en la que, sin dejar de lado la imitación del modelo fascista en los primeros años, se refleja la estrecha connivencia de intereses entre los grupos sociales dominantes, apoyada por el poder fáctico del ejército. Pero esta estructura política, social, militar y policial bien trabada entró en crisis, situación que fue claramente percibida a partir de 1969, aunque, al mismo tiempo, su largo declive fue una prueba de la profundidad de sus cimientos.

Desde el punto de vista institucional, la dictadura franquista se hallaba plenamente configurada desde finales de 1966, a raíz del referéndum de la ley orgánica del Estado; pero este cierre institucional no supuso ningún cambio importante en el funcionamiento del régimen ya que los poderes absolutos de Franco se hallaban por encima de las leyes fundamentales y estas, en definitiva, no habían cumplido otra función que la de sancionar el ejercicio previo del poder y las prerrogativas asumidas por el dictador. Es decir, que la praxis había precedido siempre a la teoría2. A pesar de esto, los comentaristas y corifeos de la dictadura presentaron la ley orgánica del Estado como la constitución del régimen franquista3; y la prensa de la época, sometida a un férreo control, en sus artículos editoriales se hizo eco de este objetivo tan valioso para el franquismo4.

Pues bien, esta construcción política entró en crisis poco tiempo después, cuando las facultades físicas y mentales del dictador comenzaron a disminuir de forma palmaria y, aunque no se trataba de una dictadura estrictamente personal, esta disminución de facultades afectó al funcionamiento completo del régimen, como se verá en las páginas siguientes.

Por último, ha de decirse algo sobre la orientación que se le ha dado a este artículo. En este número de HISPANIA NOVA se incluyen otros que tratan diversos temas referentes a la dictadura franquista de forma transversal. Es decir, los dedicados a la represión, la economía y la política exterior abarcan también la época del tardofranquismo; de ahí que haber aludido a ellos de manera específica habría supuesto incurrir en un inevitable solapamiento y el que esta contribución perdiera mucho de su posible interés. Por ello se concibió este artículo como un análisis crítico de la época a partir de la obra citada de P/P y tomando como ideas cardinales el crepúsculo del dictador, que actuó como factor, aunque no fuera el único, del declive de la dictadura. Tal era el poder que había acumulado y que los grupos sociales y políticos dominantes habían consentido. Poder que el general Franco no estuvo dispuesto a abandonar hasta que se le presentó una situación personal irreversible, que le incapacitó completamente, tal como sucedió tres semanas antes de su fallecimiento. Este planteamiento, como se verá más adelante, no fue tenido en cuenta en absoluto por P/P.

Primeros síntomas de la debilidad política del general franco

El 29 de mayo de 1969 el general Camilo Alonso Vega visitó a su viejo amigo, el Jefe del Estado, para solicitarle el cese como ministro de la Gobernación, ya que ese día cumplía ochenta años. P/P, respecto a aquella visita, escriben que “se encontró a un Caudillo con un Parkinson muy avanzado; estaba pálido, encogido y tenía las manos temblorosas” (p. 529). En efecto, los mismos autores afirman que aquella enfermedad se le había diagnosticado en torno a 1960, poco antes de cumplir los setenta años; pero continúan: “No era la especie más severa y virulenta, y en cierta medida podía controlarse con medicamentos, pero en la década siguiente comenzó a pasarle factura. Aunque nunca afectó a su claridad mental, en los últimos años las manos le temblaban de manera considerable” (p. 452).

Pero, a pesar de esta opinión benevolente, no podía ocultarse el deterioro progresivo que sufría el general Franco, sobre todo en los encuentros que celebraba con dirigentes extranjeros. Estos son los casos de los que mantuvo con el general De Gaulle en junio de 1970 (p. 558), con el presidente norteamericano Richard Nixon a comienzos de octubre del mismo año y con el enviado de este, un mes más tarde, el general Vernon A. Walters (pp. 559-560). De Gaulle lo encontró “envejecido y débil”. Respecto a Nixon dicen los autores: “Ambos mandatarios mantuvieron un breve encuentro en el que pudo apreciarse que el declive físico de Franco era evidente. Sus labios y su mano izquierda temblaban, y durante los minutos en que Nixon, Kissinger y López Bravo estuvieron hablando en inglés, el Caudillo se quedó dormido”; y en cuanto al general Walters, después de describir la penosa presentación y el saludo, P/P se remiten a la opinión y las palabras del primero: “En general, a Walters le pareció que el Generalísimo estaba ya ‘viejo y débil. Su mano izquierda temblaba a veces con tanta intensidad que tenía que sujetársela con la derecha. A veces parecía ausente, pero otras veces se ajustaba bien a lo que tratábamos’”.

La debilidad fisiológica e intelectual del general Franco había de afectar a sus decisiones políticas, que P/P no valoran de forma acertada por la subyugación que sienten por su personaje. En la segunda mitad de 1969 se encuentran tres claros ejemplos de dicha debilidad: la designación de D. Juan Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado a título de rey en el mes de julio, el estallido del caso MATESA en agosto y el nombramiento de un nuevo gobierno a finales de octubre.

Con la designación del sucesor (pp. 526-527) Franco ejerció la facultad principal que se había otorgado a sí mismo en la ley de sucesión, a la vez que sometió su voluntad a las presiones hechas por el sector del gobierno partidario de dicho nombramiento, que encabezaban Carrero Blanco y López Rodó, y a lo que el dictador se había resistido mientras le fue posible. Esta resistencia a cumplir lo previsto en las instituciones está dentro de la lógica de una dictadura muy personalizada, de la que no se aperciben P/P, ya que cualquier paso en aquella dirección significaba una disminución del poder personal. Esta consideración contribuye a entender las razones por las que Franco tardó treinta años en completar la institucionalización de su régimen.

Una vez nombrado el sucesor, los autores delimitan el campo de los siguientes enfrentamientos entre los dos sectores del gobierno, los políticos de ascendencia falangista y los tecnócratas, en el interior del régimen, “en los cambios y reformas que podrían surgir desde dentro” y “de cara a la transición, cualquiera que esta fuera” (pp. 587-588). Sin embargo, pasan por alto, dada la superficialidad de su relato, que el estallido del caso MATESA, a su juicio el de mayor corrupción de la historia de la dictadura, tiene más que ver con los enfrentamientos anteriores a la designación oficial del sucesor, como lo pusieron de relieve los principales implicados en el asunto5, pero que a P/P les pasa totalmente desapercibido.

El nombramiento de Juan Carlos de Borbón fue interpretado por la Secretaría General del Movimiento como una derrota política. López Rodó, en sus Memorias, titula el párrafo referente a este asunto como “velatorio en la Secretaría General del Movimiento”6. El periodista Alberto Anaut se refirió a la relación entre ambos acontecimientos de la siguiente forma:

Matesa significa, pues, la declaración formal de una batalla larvada que tiene un antecedente clave: el nombramiento del Príncipe Don Juan Carlos como sucesor a la Jefatura del Estado. Eran las siete de la tarde del 23 de julio cuando, tras la lectura del acta de aceptación, Don Juan Carlos de Borbón prestó juramento ante las Cortes. Ese día, a esa misma hora, los falangistas perdieron una larga batalla que pretendía perpetuar el Movimiento. Ese día y a esa misma hora, los tecnócratas del Opus Dei ganaban una vieja aspiración. El estallido de Matesa tenía ciertos aires de revancha7.

Juan Vilá Reyes, el principal implicado en el asunto, dijo al mismo periodista en 1985:

No olvide que en aquellas fechas los falangistas, con la proclamación del Príncipe Don Juan Carlos como heredero, acaban de perder su última guerra. Matesa les vino muy bien para contraatacar contra los tecnócratas, que además de ocupar las carteras económicas, habían sido los defensores de la reinstauración monárquica8.

Mariano Navarro Rubio –Gobernador del Banco de España en 1969- confirma que el caso MATESA, además de un problema económico, fue el resultado de una lucha política, sirviéndose del informe que emitió el administrador judicial el 29 de octubre de 1982. De él se deduce que la empresa era solvente en el momento de descubrirse el problema cuando, en lugar de intervenirla para recuperar los créditos, se optó por la vía política y judicial9.

El caso MATESA, por lo tanto, pone de manifiesto que la decadencia fisiológica e intelectual del dictador le impidió controlar a sus ministros y mantener el orden cerrado en torno a su política y a la información que trascendía a la sociedad. Su reacción, además, fue muy lenta: tardó más de dos meses en remodelar el gobierno y cuando intervino en la administración judicial dio una muestra clara de la arbitrariedad propia de las dictaduras. En una cena celebrada en diciembre de 1969, a la que asistían cuatro de los ministros cesados en el anterior mes de octubre: Fraga, Solís, Nieto Antúnez y Díaz Ambrona, se comentó irónicamente “en la época de Franco, esas cosas no habrían ocurrido”10, dando a entender las limitaciones a las que se hallaba sometido.

P/P, a pesar de reconocer la gravedad del caso MATESA y el cambio de ambiente que se había producido en el interior del régimen, “ya que en el pasado este tipo de irregularidades se habrían tapado sin más” (p. 550), no apuntan hacia la decadencia del general Franco, tal es la veneración que sienten hacia su personaje. El asunto, afirman, molestó mucho a Franco y a Carrero Blanco, ordenando el primero al ministro de Información y Turismo –Manuel Fraga Iribarne- que parara la campaña en los medios de comunicación. Pero lo más sorprendente, y que refleja la inanidad del relato de P/P, es que pasen por alto el encadenamiento de aquellos acontecimientos y se queden en la mera descripción, como simples amanuenses.

Un régimen corrupto por naturaleza

La fascinación que sienten los autores por el general Franco y la persona de su máxima confianza, el almirante Carrero Blanco, y, a la vez, una muestra de sus fuertes querencias conservadoras, se manifiestan en el siguiente párrafo, tomado de la Conclusión de su obra:

El autoritarismo político estuvo acompañado de favoritismos, de monopolios económicos y, a menudo, de una considerable corrupción, ligada al peculiar funcionamiento del régimen. Pese a todo, ni Franco ni Carrero Blanco saquearon las arcas del Estado ni malversaron fondos públicos, y la honestidad y la eficacia de la burocracia estatal aumentaron notablemente en los últimos años del régimen. Después de los años cuarenta no se produjo nada equiparable a la masiva y directa corrupción de los gobiernos socialistas españoles de 1982 a 1996 y de 2004 a 2011, o de los gobiernos de centro derecha entre 1976 y 1981, de 1996 a 2004 y de 2011 en adelante. Y esto viene siendo así porque en la España formalmente democrática desde 1977 se ha instalado un sistema de corrupción sin límite que afecta a todas sus instituciones, administraciones y gobiernos (p. 639).

De este texto se deduce, en primer lugar, que durante la dictadura franquista hubo una gran corrupción en España, aunque, a juicio de P/P, fue de baja intensidad, nada comparable a la que se ha dado en la etapa democrática y que, por supuesto, no afectó a Franco ni a Carrero Blanco. Según los autores, “Franco no se involucró en la especulación financiera, pues confiaba en sus políticas públicas” (p. 463) y “solo hizo una inversión en terrenos en 1951, cuando compró, en unas condiciones muy ventajosas, Valdefuentes, una gran finca de cultivo y explotación ganadera de unos diez millones de metros cuadrados (1.000 Has.), situada en Arroyomolinos, a unos 30 kilómetros al suroeste de Madrid” (p. 464).

Respecto a la corrupción, de manera cínica, P/P distinguen, primero, entre Franco y Carrero Blanco, por un lado, y su régimen, por otro, como si fueran entes que se moviesen en esferas distintas; y segundo, entre el régimen –la honesta y eficaz burocracia estatal- y la corrupción de la época democrática. Los autores, lógicamente, no explican en qué consistió “la considerable corrupción” que existió en España durante la dictadura ni analizan las “condiciones muy ventajosas” en las que adquirió la finca de Valdefuentes; y en cuanto a las actuaciones de la burocracia estatal, quizá les hubiera venido bien repasar la obra de Mariano Baena del Alcázar, quien estudia las asociaciones que se crean desde los organismos públicos, en las que intervienen empresas públicas y privadas y se utiliza el procedimiento del decreto-ley durante la dictadura, llegando a los siguientes resultados: a través de 256 puestos ocupados en organismos públicos, con nombramiento por decreto-ley, se producen 433 asociaciones con empresas públicas y 1.150 con empresas privadas. De los 256 puestos, 101 estaban ocupados por procuradores en Cortes que creaban 178 asociaciones con empresas públicas y 531 con empresas privadas11. Así pues, todo un ejemplo de honestidad y transparencia.

En cambio, P/P no son tan indulgentes con los demás miembros de la familia, de los que dicen que “de un modo u otro, sí se hicieron bastante ricos”, justificándolo de la siguiente forma: “No se trataba de que robaran directamente o de que malversaran fondos, sino de que no se encontraban con trabas para sus negocios, pues existía un vacío legal de hecho” (pp. 464-465). La esposa del dictador, Da Carmen Polo, y una amiga íntima compraban apartamentos y edificios en Madrid para alquilar. Uno de estos edificios fue el inmueble situado en la calle Hermanos Bécquer, No 8 (barrio Salamanca), en el que vivió la familia y la misma Da Carmen después de morir su esposo12. Para agrandar aún más su fortuna, continúan diciendo los autores: “Los Franco recibieron infinidad de regalos de todo tipo procedentes de particulares, entidades, sociedades, instituciones, gobiernos locales y regionales y del extranjero. No existía una normativa que regulase los regalos personales –no de Estado- a los funcionarios públicos, y la mayor parte se fue guardando en un enorme depósito que había en El Pardo...” (p. 465).

La veneración de P/P hacia Franco y el cinismo con el que tratan el asunto de la corrupción les conduce a una situación extravagante: Franco sería un personaje transparente y el régimen, honesto y eficaz, pero sus parientes próximos eran corruptos, no por robar o malversar fondos sino por las facilidades que encontraron para hacer negocios y “los regalos personales –no de Estado” que recibieron. Los autores no hallan inconveniente para negar la corrupción en el régimen franquista y escribir en páginas más adelante, a propósito del proceso judicial seguido por el caso MATESA y citando una carta de Vilá Reyes a Carrero Blanco desde la prisión, el 5 de mayo de 1971, para advertirle de que:

Si el gobierno no resolvía el asunto y lo indultaba, publicaría un dosier con abundante documentación sobre evasión de divisas y fuga de capitales durante los años 1964-1969. La carta incluía un “apéndice documental” con un listado de distintos papeles que podía presentar, en el que presuntamente estaban implicadas 453 personalidades relevantes y empresas, muchas de ellas cercanas y muy relacionadas con el régimen (p. 553).

Como ya se ha dicho, seis meses después Franco concedió un indulto en el que se incluyó a los procesados por el citado caso; pero la devoción que P/P sienten por su personaje les lleva a afirmar que “esta medida se solapó parcialmente con un perdón general a otras 3.000 personas”. Aserto difícil de justificar, ya que en el artículo primero del citado indulto puede leerse:

Se concede el indulto de las penas y correctivos de privación de libertad y pecuniarias, impuestas o que puedan imponerse... cometidos desde el 21 de julio de 1965 hasta el 23 de septiembre de 1971, con el alcance que a continuación se expresa:

a) La totalidad de las penas y correctivos de privación de libertad hasta seis meses, y en las pecuniarias cualquiera que fuese su cuantía13.

Pero, a juicio de P/P, estas prácticas no eran corruptas. Como máximo podrían considerarse fruto de la extorsión de un delincuente a las más altas autoridades del Estado y, además, el privilegio del indulto se hallaba entre las facultades del poder absoluto con el que se había investido Franco.

Volviendo al entorno familiar de los Franco, hay que hacer alguna referencia a las operaciones corruptas de Nicolás, el hermano mayor del general y persona muy influyente en el régimen. Nicolás Franco estuvo implicado en el asunto del “aceite de Redondela”, un caso de corrupción por la desaparición de aceite de la empresa Reace. Según Julio Gil Pecharromán, la difusión que el juicio sobre este caso tuvo en la prensa influyó en el cese del ministro de Información y Turismo, Pio Cabanillas, a finales de octubre de 197414. Un año después, según el relato de P/P, “un banquero tuvo la osadía de presentar una demanda a Nicolás Franco por impago de un crédito de cuatro millones de pesetas. El banquero fue arrestado y acusado de corrupción (puede que incluso fuera verdad). Al momento retiró la demanda y Nicolás se quedó con el dinero y no devolvió el crédito” (p. 465). Asimismo, el almirante Pedro Nieto Antúnez, amigo íntimo de Franco y ministro de Marina entre 1962 y 1969, estuvo implicado, como otros muchos militares de alta graduación, en el caso SOFICO, un asunto de corrupción inmobiliaria en la Costa del Sol, cuyos primeros síntomas se manifestaron a finales de 1973 y que estalló en 1974 (p. 579)15.

De acuerdo con estos datos y siguiendo su lógica expositiva, los autores deberían replantearse claramente la cuestión sobre el grado que alcanzó la corrupción en la dictadura franquista, porque la corrupción, además del robo y el saqueo de las arcas públicas, consiste también en el entramado legal y el poder político que la consiente y ampara.

El gobierno de octubre de 1969. Franco rompe con la tradición de “ni vencedores ni vencidos”

Otra muestra fehaciente de la debilidad fisiológica e intelectual del general Franco, reconocida en parte por P/P, se halla en el cambio de gobierno en octubre de 1969. Ante la sugerencia de Carrero Blanco de que “abriera una crisis ministerial” para responder a los efectos del “caso MATESA”, escriben los autores que “el Caudillo aceptó, pese a que ya no disponía ni del vigor ni de las ganas para designar un nuevo gobierno con el habitual equilibrio de fuerzas” (p. 551).

En efecto, en la recomposición del gobierno Franco repitió solo la primera parte de la que había sido su forma habitual de actuar en circunstancias semejantes. Es decir, cesar a los ministros implicados en el “caso MATESA” de uno y otro grupo –Movimiento Nacional y tecnócratas-, entre ellos a Fraga Iribarne; pero en los nuevos nombramientos no mantuvo la correlación de fuerzas ni incorporó otra nueva que inyectara dinamismo al régimen sino que reforzó sobremanera al grupo de los tecnócratas, hasta el punto de que a este gobierno se le calificó como “monocolor”.

En apariencia había diversidad en cuanto al origen ideológico, tecnócratas del Opus Dei, Movimiento y Asociación Católica Nacional de Propagandistas, pero los miembros de los dos últimos grupos, de hecho, giraban en torno a la órbita de los primeros. Operación que, sin duda, trasluce la influencia de Carrero Blanco sobre la voluntad debilitada de Franco. Este, en principio, parecía satisfecho pero, pocos días después, según P/P, mostró su preocupación a Fraga Iribarne sobre la capacidad de su gobierno, cuando el primero “le llamó para despedirse” (p. 552).

Este gobierno de escasa capacidad tuvo que enfrentarse a serios problemas políticos de orden interno, en concreto, al crecimiento de los movimientos y organizaciones antifranquistas que procedían de la Universidad y del mundo laboral y que los autores, de forma incorrecta, insisten en llamar “la oposición”. Los trabajadores pretendían “sobre todo” mejorar sus condiciones económicas y laborales (p. 554), pero olvidan los autores, o más propiamente no lo reconocen, que la mejora de dichas condiciones implicaba cambios políticos que el régimen no estaba dispuesto a conceder porque atentaban en contra de su propia naturaleza16. Pero el problema más serio al que se enfrentó aquel gobierno fue el del terrorismo de ETA, que P/P aprovechan para denigrar al máximo lo que califican como “oposición de izquierdas”. Escriben los autores:

Bajo la dictadura, los grupos de la oposición, principalmente de la izquierda, justificaban los asesinatos de ETA afirmando que ‘luchaba por la libertad’ y ‘contra la dictadura’, aunque en realidad los etarras rechazaban cualquier alternativa democrática que no fuera conseguir su objetivo político de la independencia de las provincias vascongadas de España y de Francia, así como la anexión del antiguo reino de Navarra (p. 555).

En relación con los actos terroristas de ETA, en diciembre de 1970 se celebró un consejo de guerra en Burgos contra seis etarras que, primero, fueron condenados a muerte y, al fin, indultados por el general Franco por la fuerte presión internacional ejercida. Asunto que aprovechan P/P para aseverar una vez más que, a pesar de la citada presión internacional, “una buena parte de la sociedad española seguía siendo partidaria del statu quo” (p. 556); pero que no se deciden a cuantificar, a pesar de los datos disponibles, aunque no sean muy precisos, y que, como se verá a continuación, aquella “buena parte” no era la mayoritaria de la sociedad española.

En la sociedad española, a comienzos de los años setenta, existía de hecho un elevado nivel de pluralismo ideológico y político, al margen de la dictadura y de manera clandestina: en un estudio sociológico efectuado en 1969 se constataba que entre un 55% y un 80%, según los distintos grupos encuestados, respondían positivamente al enunciado: “No es posible una democracia sin partidos políticos”, y estos mismos grupos se situaban en una horquilla que iba desde el 32% al 84% a favor del pluripartidismo (de dos a múltiples partidos)17. Pluralismo que el historiador Santos Juliá, refiriéndose a los mismos años y analizando dichos informes sociológicos, matizaba al descubrir que en la sociedad española existía “un fondo de consistente conservadurismo” porque la mayoría de los españoles, a pesar de optar por un régimen político representativo, en el que las decisiones se tomaran de forma descentralizada, situaban los valores de “la paz y el orden” por encima de los de “la democracia y la libertad”, en una proporción de 44 a 40, observando también que entre 1966 y 1976 estos últimos valores habían crecido de 20 a 40 mientras los primeros habían descendido de 68 a 44. 18

Asimismo, P/P muestran un conocimiento impreciso sobre las competencias de la jurisdicción militar y la civil respecto a los delitos de terrorismo. Al parecer, alguno de los capitanes generales no estaba de acuerdo en que fueran los tribunales militares los encargados de juzgar los delitos de terrorismo (p. 555) y lo mismo opinaban otros oficiales más jóvenes. Escriben al respecto los autores:

Las fuerzas armadas permanecieron unidas en todo momento; la mayoría de los mandos veteranos seguían siendo leales a su comandante supremo y se oponían a esta relativa permisividad frente a la oposición, mientras los oficiales más jóvenes lamentaban que fueran los tribunales militares los encargados de enjuiciar a la oposición política. Dicha modificación se produciría en noviembre de 1971 19 cuando se redujo de forma considerable la jurisdicción de los tribunales militares, al pasar la competencia de tales causas a los tribunales civiles (p. 557).

Esta afirmación no es completamente cierta, a pesar de que los autores insisten reiteradamente en hallar alguna señal de liberalización en la dictadura de Franco. En este caso se trata de reconocer a los tribunales militares la posibilidad de inhibirse cuando consideren que los casos de terrorismo enjuiciados puedan ser competencia de los tribunales que tanto el texto de la ley como ellos llaman civiles. Sorprende sobremanera que P/P tengan un conocimiento tan ligero de la legislación represiva franquista, tratándose de un asunto muy importante para aquel régimen político.

Pues bien, durante todo el régimen de Franco la ley de referencia para los actos calificados como delitos de terrorismo fue la de “Represión de los delitos de bandidaje y terrorismo”, de 17 de abril de 1947. A comienzos de los años sesenta, ante el tiempo trascurrido desde el final de la guerra civil y los cambios que se estaban produciendo en la sociedad española, se dio una cierta especialización en la persecución de estos tipos de delitos, creándose el Tribunal de Orden Público en 1963, de acuerdo con la ley de 1959, que P/P consideran “tribunal civil”, sin advertir que se trataba de una jurisdicción especial (represiva). Asunto que asimismo ha tratado con amplitud Juan José del Águila en su artículo citado 20.

A partir de entonces, los supuestos actos de bandidaje y terrorismo efectuados con armas de fuego y que causasen muertes, serían competencia de los tribunales militares, según la ley de 1960, y los que solo tuvieran una finalidad de naturaleza política, competencia del Tribunal de Orden Público. A título de ejemplo, el artículo 2o de la ley de 1947 fue objeto de sucesivas enmiendas, en función de las circunstancias, y rezaba de la siguiente forma:

La mera colocación o empleo de substancias, materias o artificios adecuados con los propósitos a que se refiere el artículo anterior, será castigada con la pena señalada en su número segundo, aunque no se produzca la explosión, incendio o efecto pretendido 21.

La debilidad del gobierno de 1969 le incapacitó también para desarrollar las competencias atribuidas al Consejo Nacional del Movimiento respecto a la creación y regulación de las asociaciones políticas, dentro del rico contraste de pareceres, según la jerga del régimen, y que los autores constatan diciendo simplemente que “el proyecto se estancó”, sin añadir que el principal gestor de aquella incapacidad fue el mismo ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, del que se recoge aquí su famosa metáfora de la “trampa saducea”, expuesta desde la tribuna de las Cortes en noviembre de 1972 y que P/P parecen haber olvidado:

Decir sí o no a las asociaciones políticas es, sencillamente, una trampa saducea. No caeré en la trampa de decir sí o no al asociacionismo político, porque de este modo no se aclarará el tema. El tema está en ver si diciendo sí al asociacionismo político, se dice también sí o no, o no se dice sí sino no, a los partidos políticos (...) Nosotros queremos asociaciones políticas que no sean partidos políticos. Pero para hacer esta afirmación hay que hacerla con todas sus consecuencias, y entonces hay que buscar cuáles son las notas características del partido político, y si nosotros quitamos de esas notas algunas echamos agua al vino, pero seguirán siendo partidos políticos más o menos modificados. Y si quitamos todas las notas, más o menos destruidos. ¿Queda algo que se pueda llamar de verdad asociaciones políticas? 22.

Así pues, la incapacidad, la falta de coherencia interna del gobierno y la debilidad física e intelectual del general Franco movieron a este a tomar la decisión, de acuerdo con la Ley Orgánica del Estado, de separar las funciones de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno, nombrando, por fin, para este cargo al almirante Carrero Blanco.

El nombramiento de Carrero Blanco como presidente del gobierno confirma la decadencia del dictador

Antes de entrar en el meollo de la cuestión, conviene hacer algunas consideraciones, siguiendo la lógica expositiva de P/P, sobre la personalidad política de Carrero Blanco.

Ha de tenerse en cuenta que en 1973 Carrero Blanco llevaba junto a Franco 32 años, primero como secretario general de la Presidencia del Gobierno y, después, como subsecretario de la Presidencia y miembro del Consejo de Ministros. Ante esto es del todo pertinente preguntarse por las capacidades políticas del personaje. No parece suficiente, en contra de la opinión de P/P, que la prolongada y estrecha colaboración entre Franco y Carrero Blanco se basara solo en la lealtad del segundo respecto al primero y en “su falta de ambición personal” (p. 552). Además de esto, Carrero Blanco debió de actuar como un muro de protección de Franco, filtrándole los problemas y las personas que tenían acceso a él y, en definitiva, ejerciendo una fuerte influencia, que el primero consideraría como una recompensa holgadamente satisfactoria 23.

Asimismo, es sorprendente el retrato personal y político que P/P hacen de Carrero Blanco, a pesar del respeto y el reconocimiento que manifiestan hacia su obra política a lo largo del libro. Escriben:

Era un hombre introvertido y gris, de ideas fijas, y estaba convencido de que el mundo estaba dominado por ‘tres internacionales’, como él las llamaba: el comunismo, el socialismo y la masonería (...) Pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y escribiendo (...) y seguía preparando largos informes para el Caudillo. En términos generales, era un inmovilista en lo referente a las instituciones domésticas, y veía los asuntos exteriores en términos igualmente intransigentes (p. 552).

Retrato que no favorecía en absoluto a quien lo designaba como presidente del Gobierno ni al régimen cuyo futuro se ponía en sus manos.

Parece que Franco, en octubre de 1969, al efectuar los cambios en el gobierno, pensó en que quizá debiera transferir la Presidencia a Carrero Blanco, a lo que, según P/P, en un gesto de máxima lealtad, “el almirante se negó, insistiendo en que el Caudillo no debería ceder su jefatura mientras conservara la suficiente energía” (p. 551). Pero a mediados de enero de 1971 fue el mismo Carrero Blanco, en un informe, quien “le apremiaba para que nombrara a un presidente del gobierno para que el Caudillo pudiera preservar las fuerzas y las energías que le quedaban y mantener indemne el prestigio como Jefe del Estado” (p. 564). A pesar de esta imperiosa petición de Carrero Blanco, Franco mantuvo la Presidencia del Gobierno dos años y medio más, en los que a las razones personales y políticas, su obsesión por el ejercicio del poder, deben añadirse otras de carácter doméstico, debidas al nuevo estatus familiar que había adquirido su nieta mayor al casarse con Alfonso de Borbón Dampierre. Finalmente, a comienzos de junio de 1973, Franco, reconociendo su estado de debilidad, transfirió la Presidencia del Gobierno a Carrero Blanco.

Carrero Blanco formó su gobierno con el beneplácito de Franco, quien le impuso a Carlos Arias Navarro en Gobernación. El presidente intentó formar un gobierno con mayor perfil político que el anterior, para lo que aumentó de forma importante la presencia de ministros de procedencia falangista y nombró a otros de cariz técnico y aperturista; pero, debido a su corta duración –seis meses-, este gobierno no pudo llevar a cabo ninguna actuación política importante en un sentido u otro, salvo intensificar la represión contra la disidencia24, que P/P soslayan cuidadosamente.

El almirante fue asesinado en un atentado terrorista de ETA, el 20 de diciembre. Al tratar de la trama que concluye en el atentado mortal, los autores aprovechan la oportunidad para referirse al “apoyo y la ayuda de miembros del Partido Comunista” (p. 575), sin especificación de ningún tipo porque, si existió dicha colaboración, la prestaron algunos miembros disidentes del PCE, como indicó en su momento Santiago Carrillo25 y que P/P pasan por alto. Asimismo, estos autores sugieren una compleja trama conspirativa. Escriben:

Pero entre los enigmas que aún quedan por resolver de este agujero negro (en expresión feliz del catedrático Manuel Pastor) de la reciente historia contemporánea española está desvelar la clave de quién fue la persona o personas que, desde dentro del régimen, y probablemente vinculado a algún servicio de información o de inteligencia, citó meses atrás a los miembros del comando de ETA en el hotel Mindanao de Madrid para ofrecerles la diana de Carrero Blanco y facilitarles la información fundamental de sus movimientos (p. 575)26.

Debilidad de Franco y disgregación del movimiento nacional. Los tácitos

El asesinato de Carrero Blanco prestó la oportunidad de mostrar a todo el país la extrema debilidad de Franco. P/P dejan a través de sus páginas abundantes testimonios de su estado aunque, en un incomprensible ejercicio de incoherencia, como se verá más adelante, se esfuercen en hallar señales de una patente lucidez política.

Carrero Blanco, dos días antes de su muerte, había comentado a Fernández Miranda: “Franco no es lo que era. Y quienes lo rodean, su propia familia, no es lo mejor, ni lo que necesita. Me da la sensación de que lo agobian continuamente...” (p. 578). Testimonio que conduce a P/P a referirse a la existencia de la “camarilla de El Pardo”, a cuyos miembros definen e identifican en la página 580. La camarilla la dirigía la esposa de Franco. Este grupo ya intervino en la designación del nuevo presidente del Gobierno aprovechando las dudas e indecisiones del jefe del Estado. Este manejó la idea de nombrar a su viejo y leal amigo, el almirante Pedro Nieto Antúnez, idea tan desacertada que obliga a los autores a exponer un breve retrato de la siguiente forma: “Nieto era un anciano de 75 años, prácticamente sordo, sin experiencia ni talento y con un historial lleno de altibajos y no muy limpio”, pues se hallaba implicado en un escándalo inmobiliario en la Costa del Sol –el caso Sofico-, como ya se ha dicho (p. 579). Es, con todo, extraño que los autores aleguen esta implicación de Nieto Antúnez a finales de diciembre de 1973 ya que el caso no estalló propiamente hasta finales de noviembre de 1974. Se trata, por lo tanto, del uso de una implicación ante post27.

A continuación, P/P exponen el retrato de Arias Navarro: “Un hombre de lealtad probada y un católico estricto, y tenía cierta reputación de buen administrador (...) y una larga y dilatada experiencia y de servicio al régimen. Bastante ilustrado, disponía de una gran biblioteca y de cierto sentido de la imagen mediática” (pp. 579-580).

Los biógrafos no especifican la “larga y dilatada experiencia y de servicio al régimen” de Arias Navarro, dentro de la cual se hallaban las destacadas funciones represivas que había ejercido. En efecto, Arias Navarro, entre 1944 y 1957, había sido sucesivamente gobernador civil de León, Tenerife y Navarra; entre 1965 y 1973, alcalde de Madrid; entre 1957 y 1965, director general de Seguridad, siendo ministro de la Gobernación Camilo Alonso Vega, años en los que la dictadura no solo no moderó su afán represivo sino que adaptó los procedimientos a los cambios que se estaban produciendo en la sociedad española con la Ley de Orden Público de 1959 y la de bandidaje y terrorismo de 1960, ya citadas.

Entre noviembre de 1962 y abril de 1963 tuvo lugar el procesamiento de Julián Grimau, que comenzó con la detención y terminó con su ejecución; pero Carlos Arias Navarro se hallaba en el cuadro cruel de la represión franquista desde febrero de 1937 cuando, a raíz de la ocupación de Málaga por las tropas franquistas, fue nombrado Juez Togado Militar, distinguiéndose por la dureza de sus acusaciones y la crueldad de sus sentencias; por lo que se ganó el apodo de “carnicerito de Málaga”.

Arias Navarro había ejercido como fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga desde 1933. Producida la rebelión militar, sus compañeros de la Audiencia y otras personas lo ocultaron y protegieron por el peligro que suponían sus ideas derechistas y antirrepublicanas; pero, ocupada la ciudad, de manera cobarde y artera los acusó y condenó a las penas más graves, algunos a la de muerte y fueron ejecutados. Es más, la labor represora de Arias Navarro no se redujo a Málaga ya que se unió al ejército que mandaba el coronel Alonso Vega, el que más tarde sería su jefe político, en las tareas de limpieza de la retaguardia, imponiendo severas penas a los vencidos28. Estos detalles de la biografía de Arias Navarro, evidentemente, P/P los pasan por alto.

La esposa de Franco y la camarilla, según los autores, hubieran apoyado a Nieto Antúnez pero prefirieron a Arias Navarro, aunque concluyen su discurso diciendo: “Pero la decisión la tomó Franco y, en gran medida, porque en realidad no sabía a quién elegir” (p. 580). La candidatura de Arias tenía otro argumento a su favor, la estrecha relación que unía a Da Carmen Polo de Franco con la esposa de aquél.

Respecto a la gestión política de la Presidencia de Arias Navarro, las expectativas reformistas del “espíritu del 12 de febrero” duraron poco tiempo y el Gobierno quedó paralizado entre las indecisiones del presidente, la división interna del gabinete y la presión sobre Franco de la camarilla y el búnker. El ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, mantuvo una política aperturista que P/P expresan de la siguiente forma:

La censura fue cediendo paso a un sentido de la contención, que aún existía entre los escritores, periodistas y editores, o se dejó en manos de los fiscales de un sistema judicial que carecía de personal para ocuparse de tales asuntos (p. 582).

Pero el gobierno persiguió con ahínco las actuaciones que denominaba delitos de opinión y manifestación, tal como lo han expuesto Pere Ysàs y Francisco Rojas Claros29. Incluso aplicó la pena de muerte en marzo de 1974, por garrote vil, contra dos personas, Salvador Puig Antich 30, un militante anarquista, acusado de matar a un policía en un tiroteo, y Georg Michael Welzel (alias Heinz Chez), que procedía de la República Democrática Alemana, de la que había huido, por la muerte de un guardia civil. Parece ser que las autoridades franquistas, con la muerte del segundo, trataron de desviar la atención de la ejecución de Puig Antich31; pero todas estas cuestiones no interesan lo más mínimo a P/P.

En diciembre de 1974 se promulgó el decreto de creación de las asociaciones políticas dentro del Movimiento Nacional, que las Cortes aprobaron en enero de 1975, y en agosto se publicaron los decretos que desarrollaban la ley. Los autores, no por casualidad, se refieren solo a los requisitos sumamente restrictivos que se imponían para dicha creación, obviando el desarrollo posterior que muestra el alto grado de disgregación que había alcanzado el Movimiento Nacional y resistiéndose, según la forma habitual de su relato, a extraer alguna conclusión que pudiera mermar la alta consideración que muestran hacia el régimen franquista.

Una vez publicada esta normativa, los grupos políticos, que como tales habían perdido su entidad en los gobiernos de Carrero Blanco y Arias Navarro, se apresuraron a inscribirse, tratando de definir su espacio político y recuperar el protagonismo perdido. La más importante por el número de afiliados, 32.000 a finales de año, fue la Unión del Pueblo Español (UPE), creada desde el gobierno para controlar el proceso de apertura y cuyos promotores eran un conglomerado de políticos del régimen: unos inmovilistas, como José Solís, que había vuelto a la Secretaría General del Movimiento tras la muerte de Herrero Tejedor, acaecida en accidente de tráfico el 12 de junio, Emilio Romero y Jesús Fueyo, y otros de tendencia aperturista, como Juan Antonio Samaranch y otros.

El presidente de la asociación era Adolfo Suárez que contaba con un importante currículo político dentro del Movimiento Nacional. Los falangistas formaron dos asociaciones: una de carácter ortodoxo, Frente Nacional Español, que presidía Raimundo Fernández Cuesta, y otra de tendencia “izquierdista”, Reforma Social Española, fundada por Manuel Cantarero del Castillo. Asimismo los tradicionalistas crearon Unión Nacional Española, dirigida por Antonio María Oriol y Urquijo, y los católicos, a su vez, organizaron la Unión Democrática Española que presidía Silva Muñoz. Y otras de menor entidad 32.

P/P no se muestran interesados en absoluto por esta disgregación del Movimiento Nacional; por lo que la pasan totalmente por alto. En 1974 y 1975 el grado de deterioro fisiológico e intelectual del dictador se había trasferido a su régimen y la función de P/P en las últimas páginas de su obra, aparte del elogio que realizan en la conclusión, parece reducirse a dejar constancia de dicho deterioro.

Podría pensarse que la intención del gobierno de Arias Navarro y de otros altos dirigentes del régimen franquista fuera la organización de un amplio y disperso movimiento, a semejanza del peronista en Argentina, en el que cupieran diversas formas de interpretar el posfranquismo; pero la trayectoria de la dictadura franquista, después de casi cuarenta años, era una losa demasiado pesada que la mayoría de la población española no podía soportar, aunque se suavizaran sus formas y se liberalizaran un tanto sus instituciones. Pero todas estas cuestiones no están entre los intereses historiográficos e ideológicos de P/P.

El caso de los Tácito es notablemente distinto. Estaba formado por un grupo de jóvenes militantes católicos que expusieron de forma conjunta sus planteamientos desde el 23 de junio de 1973, bajo dicho seudónimo, en la tribuna que les brindaron el diario Ya y otros periódicos. El pensamiento de los “Tácitos” no era equiparable al de los aperturistas ya que su modelo político se hallaba fuera del régimen franquista, pero pretendían alcanzarlo a través de sucesivas reformas, partiendo de la legislación vigente 33.

En marzo de 2002, con la perspectiva del tiempo a su favor, los Tácitos se definieron a sí mismos como “un grupo de abogados del Estado, catedráticos, médicos y periodistas de ideología democristiana, que en los últimos años de la dictadura franquista (...) empezaron a difundir ideas democráticas a través de artículos de periódicos y medios de la época” 34. Pero esta definición no es completa ya que se ha de añadir que dicho trabajo se realizaba desde el interior del régimen porque conocidos miembros del grupo colaboraban con él, aunque desde cargos de segunda fila. Tales eran los casos de Marcelino Oreja, Leopoldo Calvo Sotelo, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Alejandro Royo Villanova, Alfonso Osorio y Landelino Lavilla 35.

Dados los planteamientos del grupo Tácito y la personalidad de los miembros que lo componían, no es extraño que su existencia y sus escritos estén al margen de los intereses de P/P, aunque no es fácil de entender que sometan de una manera tan palmaria la existencia de fenómenos históricos de este tipo a la intransigencia de su ideología.

Las etapas por las que pasó el grupo, según su propio testimonio, fueron tres: la primera, la de la formación del grupo como plataforma de ideas, resultado de las reuniones con Abelardo Algora, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas entre 1965 y 1985, en la biblioteca de la Asociación. Más aún, afirman que la formación del grupo fue “una idea propia” de Abelardo Algora. La segunda se corresponde con el gobierno de Carrero Blanco, y dentro de esta etapa, desde junio a finales de diciembre de 1973, ha de destacarse la publicación del artículo del 4 de septiembre: “El sucesor ante la sucesión” 36, que Marcelino Oreja resumía de la siguiente forma:

Fue un gran revuelo. La exigencia del grupo Tácito en ese artículo iba encaminada a lo que debía ser un sistema democrático y se pedía al Príncipe de España un cambio pacífico con la exigencia de una serie de cosas muy concretas: el respeto al Convenio de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, el pluralismo político y una democracia sin apelativos.

Y la tercera comienza con la formación del gobierno de Arias Navarro, con el que colaboraron inicialmente muchos miembros del grupo pero del que fueron apartándose después, para luchar por una verdadera democracia como sucedió con Pío Cabanillas Gallas, Marcelino Oreja y Alejandro Royo Villanova. El trabajo de los Tácito produjo sus frutos en la transición a la democracia con la formación de la UCD, organización en la que se integraron la mayor parte de ellos, lo que supuso a la vez la disolución del grupo.

Por último, es sorprendente que P/P, que despliegan una curiosa aunque a veces extensa erudición, caigan en errores como referirse al “habitual discurso [de Franco] a la nación el día 24 de diciembre” de 1973 (p. 580), siendo así que el Jefe del Estado no pronunciaba discursos de Navidad sino de Fin de Año, el 30 de diciembre, o confundir el nombre del entonces Cardenal Primado de Toledo Marcelo González Martín, llamándolo Manuel (p. 583).

Aferrarse al poder contra toda evidencia de la incapacidad. La incoherencia de los autores. El reality show de la agonía de Franco

A partir de 1973, como se ha visto antes, una constante de la evolución fisiológica e intelectual de Franco fue su progresiva debilidad. Así lo reconocían las personas y los políticos que se hallaban en su entorno más próximo y así lo constatan P/P, quienes escriben: “Arias ya se había convencido de que el Caudillo se encontraba demasiado débil y acariciaba la ambición de ser el primer ministro de la transición” (p. 587).

El deterioro se acentuó a comienzos de julio de 1974 por la “feblotrombosis iliofemoral” que sufrió, por la que requirió hospitalización y fue la causa del traspaso de poderes de la Jefatura del Estado al entonces Príncipe de España, D. Juan Carlos de Borbón. Traspaso que se llevó a cabo con la oposición de la mayor parte de los miembros de la camarilla de El Pardo y que consiguieron que los retomara el 3 de septiembre, 43 días después de haberlos cedido (p. 592).

Fue sorprendente e irresponsable asumir de nuevo los poderes absolutos por parte del dictador, por su manifiesta incapacidad, aunque P/P se abstienen de opinar al respecto. Dicha incapacidad le obligó a someterse “a una dura y laboriosa terapia” impuesta por su nuevo médico de cabecera, el Dr. Pozuelo, con el fin, según los autores, de “volver a aprender a caminar con normalidad. Pozuelo utilizaba cintas con marchas militares, especialmente el Himno de la Legión, para animarlo y lograr que hiciera un poco de ejercicio”. Y continúan los autores diciendo: “Fueron necesarias muchas horas y práctica para mejorar su voz y la articulación de su discurso, y, por alguna razón, su logopeda le hacía repetir una y otra vez la palabra “Gibraltar”, quizá con cierta crueldad. Pero su voz, que había perdido intensidad en los últimos tiempos, se volvió algo más fuerte” (p. 592).

El empecinamiento de Franco por mantenerse en el poder aumentaba con su creencia de estar cumpliendo un designio divino (p. 593), como le había dicho y reiterado la jerarquía eclesiástica, y a ella permaneció asido hasta tres semanas antes de morir, cuando los médicos aseguraron que el estado de su enfermedad era irreversible (p. 612).

Ante esta situación de deterioro fisiológico e intelectual, es preciso subrayar la incoherencia de P/P al insistir en la lucidez mental de Franco y, por lo tanto, en su capacidad para gobernar. En el contexto político de finales de 1974, escriben los autores: “Franco frenó cualquier apertura convencido de que una mayor libertad solo conseguiría que el sistema se viniera abajo. Pensaba que el único modo de poder llevar a cabo con éxito una restauración monárquica se apoyaba en el mantenimiento de las instituciones del régimen” (p. 597).

La permanencia, inmutabilidad e inalterabilidad de tales instituciones se apoyaban en la Ley de los Principios del Movimiento Nacional, de mayo de 1958, que P/P se olvidan de citar. Pero la afirmación anterior en parte se suaviza y, en parte, se contradice con el siguiente párrafo:

Durante el último año de su vida o en los dos últimos, Franco a veces aparecía con los ojos cerrados, incluso cuando había gente delante. Parecía estar dormido, pero a menudo no era más que una forma de conservar la fuerza y la energía, y de vez en cuando decía algo que revelaba que estaba despierto. También podía sacarlo de sus largos silencios una afirmación o un hecho que pudiera afectar a sus sentimientos personales o despertar una profunda emoción, llevándolo incluso al borde de las lágrimas (p. 603).

A pesar de este deplorable estado físico de Franco, P/P no hallan empacho alguno en presentarlo como un lúcido estadista y con facultades proféticas, aconsejando al secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, en marzo de 1975, y al presidente Gerald Ford, dos meses después, sobre la política interior de Portugal, que se hallaba en la fase más radical de la revolución que había comenzado un año antes, el 25 de abril de 1974 (pp. 585 y 600). Lo que solo puede considerarse como una patraña más pergeñada por los autores.

A propósito de la revolución portuguesa, P/P no dejan pasar la oportunidad para mostrar la contrariedad que les producen tanto el estallido como la trayectoria que siguió, sensaciones que les aproximan a las que en su día sintió el general Franco, que ellos describen de la siguiente manera: “un sector de los militares había promovido una revolución socialista y en parte controlada por los comunistas, [lo que] acabó por desconcertar momentáneamente al Caudillo” (p. 584).

Pero a lo que no hacen referencia P/P es al impacto que produjo en el ejército español el Movimiento de las Fuerzas Armadas portuguesas, que fue evidente pero que ellos optan por dejar de lado. Según Gabriel Cardona, en este contexto político y militar debe situarse la organización clandestina de la Unión Militar Democrática [UMD] en el verano (agosto-septiembre) de 1974, con el objetivo de difundir las ideas democráticas en los cuarteles y contrarrestar en lo posible la influencia que estaban ejerciendo los militares inmovilistas de alta graduación 37. En este mismo contexto encuentra su lugar más adecuado el cese del teniente general Manuel Díez Alegría, jefe del Estado Mayor del Ejército, el 13 de mayo de 1974, después de su viaje a Rumanía, a pesar de haberlo realizado con el consentimiento de Arias Navarro, quien no se atrevió a defenderlo ante Franco. El mismo general Díez Alegría dijo que el cese se debió a “una mala interpretación comparativa de la revolución portuguesa” ya que proyectaban sobre él la imagen del general Spínola 38. Pero P/P prefieren presentar el cese solo como una muestra de la debilidad y cobardía de Arias Navarro y de la fortaleza del búnker.

Sin embargo, la veneración que P/P sienten por Franco se convierte en inexplicable desdén cuando se refieren al heredero de la Jefatura del Estado. Sobre el contexto político de 1974, antes del mes de julio, escriben:

Con alguna precipitación y bastante insistencia, Juan Carlos pedía a Arias que acelerase el ritmo de los asuntos de gobierno para que el Caudillo se diera cuenta de que ya no podía seguir ocupándose de ellos y cediera los poderes, mientras que a Franco le aseguraba que lo veía tan agudo como siempre y que no tenía el menor deseo de asumir el poder hasta que él decidiera que había llegado el momento. El príncipe no deseaba una cesión de poderes temporal, pues, por un lado, podría comprometerle y, por el otro, limitaría su autoridad (p. 588).

Ante el deterioro de Franco y las indecisiones del presidente, el gobierno estaba dividido y prácticamente paralizado; sin embargo, continuó ejerciendo una fuerte represión contra todo tipo de disidencia, vasca, revolucionaria, política, sindical y estudiantil, aunque los autores pasan muy encima estas cuestiones (p. 593). En septiembre de 1975 la dictadura volvió a aplicar la pena de muerte contra cinco personas, dos militantes de ETA y tres del FRAP, imponiendo la interpretación más estricta del artículo 2o de la ley de 1947.

Para apoyar a Franco ante las críticas internacionales por las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975, se celebró una concentración en la Plaza de Oriente de Madrid el 1 de octubre. Al mismo tiempo se produjeron en la ciudad cuatro atentados realizados por cuatro comandos del GRAPO (p. 608), en uno de los cuales participó un polígrafo muy próximo a los planteamientos ideológicos de P/P39, lo que lógicamente pasan por alto (p. 608).

Por último, la información que se ofreció a la población y a los medios de comunicación sobre la enfermedad y agonía de Franco, podría calificarse de reality show. Dicha información puede sintetizarse de la siguiente forma:

Durante la enfermedad fueron facilitados 56 partes médicos y 115 comunicados. La insuficiencia coronaria tras un proceso gripal fue anunciada oficialmente por un comunicado de la Casa Civil, el día 21 de octubre. El día 25 del mismo mes fue el que mayor número de partes médicos registró (4), pero el día de máxima actividad fue el 27, en que hubo tres partes y seis comunicados. Al día siguiente, y a través de dos partes y seis comunicados, se anunciaba por primera vez que la situación era “extremadamente grave”. El día 3 de noviembre se anunció la primera operación, realizada en el Palacio de El Pardo. El día 7, la segunda operación efectuada en “La Paz”, y el día 14, en el mismo lugar, la tercera intervención. El 8 de noviembre, las Casas Civil y Militar facilitaban siete comunicados, además de dos partes médicos, para informar del postoperatorio. Por término medio, desde que el Caudillo ingresó en “La Paz”, se facilitaron dos partes médicos y cuatro comunicados 40.

P/P narran con detenimiento el proceso seguido por la enfermedad de Franco y terminan con la relación de enfermedades que aparecen en el último parte oficial como causa de la muerte, que califican como “un vademécum médico” (p. 617). Solo les ha faltado referirse a las “heces hemorrágicas en forma de melena41”, cuyo significado intrigaba a la población al repetirlas en los sucesivos partes médicos.

En resumen, este libro de P/P, que se presenta como “objetivo” y “desapasionado”, ha resultado ser un conjunto incoherente de manipulaciones, falsedades y omisiones. Los autores han construido una imagen de Franco alejada de la realidad hasta tal punto que no resiste el contraste de la documentación auténtica y veraz, pero ante la que han subyugado su inteligencia y a la que se han puesto a servir sacrificando los principios y procedimientos que los historiadores legítimos deben de respetar. Esta obra, por lo tanto, es una mala biografía y, a la vez, un ejemplo de la forma en la que no debe de escribirse la historia.

P.-S.

Notas:

1 Glicerio SÁNCHEZ RECIO: Sobre todos Franco. Coalición reaccionaria y grupos políticos, Barcelona, Flor del Viento, 2008.

2 Glicerio SÁNCHEZ RECIO: “La praxis y la teoría del régimen franquista”, en Roque MORENO FONSERET (Ed.): Plebiscitos y elecciones en las dictaduras del sur de Europa (siglo XX), Alcoy (Alicante), Marfil, 2003, pp. 61-77.

3 Rodrigo FERNÁNDEZ CARVAJAL: La constitución española, Madrid, Editora Nacional, 1969, pp. 30-34.

4 “La nueva constitución” (art. edit.), en Pueblo, 14 de diciembre de 1966, p. 3. ABC dedicó su artículo editorial del 2 de diciembre a la misma cuestión (“Beneficios de la futura constitución”), reproducido por Informaciones, 2 de diciembre de 1966, p. 4.

5 Glicerio SÁNCHEZ RECIO: Sobre todos Franco..., op. cit., pp. 272-279.

6 Laureano LÓPEZ RODÓ: Memorias. Años decisivos, Barcelona, Plaza y Janés, 1991, p. 466.

7 Alberto ANAUT: “La guerra entre “azules” y tecnócratas”, en Historia del Franquismo. Franco, su régimen y la oposición, Segunda Parte, Diario 16, Madrid, 1985, pp. 722-727.

8 Ibiden, p. 724.

9 Mariano NAVARRO RUBIO: “Una campaña orquestada por la Prensa del Movimiento fue la motora del escándalo”, en Historia del Franquismo. Franco, su régimen y la oposición, op. cit., pp. 728-730.

10 Paul PRESTON: Franco. Caudillo de España, Barcelona, Grijalbo, 1994, p. 927.

11 Mariano BAENA DEL ALCÁZAR: Elites y conjuntos de poder en España (1939-1992). Un estudio cuantitativo sobre Parlamento, Gobierno y Administración y gran empresa, Madrid, Tecnos, 1999, p. 654.

12 Mariano SÁNCHEZ SOLER: Los Franco, S.A., Madrid, Oberon, 2007.

13 Texto citado en Glicerio SÁNCHEZ RECIO: Sobre todos Franco..., op. cit., p. 278.

14 Julio GIL PECHARROMÁN: Con permiso de la autoridad. La España de Franco (1939-1975), Madrid, Temas de Hoy, 2008, p. 306.

15 http://www.elrincondenaredo.org/Bib.... Consulta: 17/III/2015.

16 Álvaro SOTO CARMONA: “Huelgas en el franquismo: causas laborales-consecuencias políticas”, en Historia Social, No 30 (1998), Valencia, UNED, pp. 39-61.

17 Informe sociológico sobre la situación social de España, 1970: Vida política y asociativa [Capítulo inédito, censurado después de la paginación (pp. 371-432)], Madrid, Fundación FOESSA, 1970 (ejemplar policopiado, pp. 5.78 y 5.81).

18 Santos JULIÁ: “Orígenes sociales de la democracia en España”, en Manuel REDERO (Ed.): La transición a la democracia en España. Ayer, No 15 (1994), Madrid, Marcial Pons, pp. 165-188.

19 Se trata de la Ley 42/1971 de 15 de noviembre (BOE del 16) por la que se adicionan al Código de justicia Militar cinco artículos (294 bis: a, b, c, d, e) bajo la rúbrica de “Terrorismo”.

20 Ver también: Juan José del ÁGUILA: El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001.

21 “Primero. Con la pena de muerte, si se produjese la muerte de alguna persona. Segundo. Con la de reclusión menor a muerte en los demás casos” (art. 1o).

22 Texto citado en: Historia del Franquismo. Franco, su régimen y la oposición.., op. cit., p. 750. De los debates en el Consejo Nacional del Movimiento sobre la ley de asociaciones políticas: Carme MOLINERO y Pere YSÀS: La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 209-218.

23 Javier TUSELL: Carrero: la eminencia gris del régimen de Franco, Madrid Temas de Hoy, 1993.

24 Pere YSÀS: Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004.

25 Carlos ESTÉVEZ y Francisco MÁRMOL: Las razones ocultas del Asesinato de Carrero Blanco, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1998.

26 Manuel Pastor Herrero, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, es un autor muy próximo ideológicamente a los planteamientos de Payne y Palacios.

27 “Caso Sofico”, en http://www.elrincondenaredo.org/Bib.... Consulta: 19/III/2015.

28 http://antigua.revistaelobservador....

29 Pere YSÀS: Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista..., op. cit.; Francisco ROJAS CLAROS: Dirigismo cultural y disidencia editorial en España (1962-1973), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2013.

30 Gutmaro GÓMEZ BRAVO: Puig Antich. La transición inacabada, Madrid, Taurus, 2014.

31 http://es.wikipedia.org/wiki/Salvad... Consulta: 13/04/2015.

32 Julio GIL PECHARROMÁN: Con permiso de la autoridad.., op. cit., pp. 307-310.

33 Glicerio SÁNCHEZ RECIO: Sobre todos Franco..., op. cit., pp. 307-317.

34 “Pío Cabanillas, en el homenaje al Grupo Tácito celebrado en el Colegio Mayor de San Pablo (CEU)” (7 de marzo de 2002). http://www.universia.es/portada/act... Consulta: 6/II/ 2015.

35 Otros miembros del grupo que aparecerán en la primera línea de la política durante la transición a la democracia fueron: Fernando Álvarez de Miranda, Oscar Alzaga, José Luís Álvarez, Iñigo Cavero, José Manuel Otero Novas y Juan Carlos Guerra Zunzunegui.

36 Por error en la transcripción o desliz de la memoria citaban el artículo como “Los sucesores del sucesor”.

37 Gabriel CARDONA: El poder militar en el franquismo. Las bayonetas de papel, Barcelona, Flor del Viento, 2008, pp. 331-332 y 348-350.

38 Javier TUSELL, y Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO: Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición (1973-1976, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 110-113; y Gabriel CARDONA: El poder militar en el franquismo..., op. cit., pp. 321-322 y 327-329.

39 Pedro J. RAMÍREZ: “El día en que nació el GRAPO”, en Historia del Franquismo. Franco, su régimen y la oposición.., op. cit., pp. 803-808.

40 http://www.generalisimofranco.com/2... Consulta: 6 de marzo de 2015.

41http://www.march.es/ceacs/bibliotec... Consulta: 6 de marzo de 2015.

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