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Brutalidad policial: Una herencia sin abordar

Lunes 29 de agosto de 2011. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: Reflexiones de un Salvaje Ilustrado

Recientemente hemos asistido a diversos episodios de abusos policiales que han conllevado un debate público, en torno a la actuación que determinados miembros de las Fuerzas de Seguridad llevan a cabo en sus actuaciones. Las actuaciones desmedidas han pasado de ser consideradas como casos singulares y excepcionales, a ser percibidas por la ciudadanía como un “modus operandi” recurrente. Como veremos en el presente artículo esta realidad no es nueva, y lejos de suponer una reciente problemática por algunos hechos aislados, supone un gravísimo problema estructural que jamás ha encontrado voluntad política para ser abordado.

Herencia franquista e institucionalismo

Tras la caída del régimen franquista, España afrontó una transición política donde se omitió la depuración de las estructuras del régimen. De esta forma, las Fuerzas de Seguridad, que habían llevado a cabo impunemente una actuación represiva basada en la tortura y los malos tratos como forma de proceder diaria, continuaron en el ejercicio de sus funciones. Nuestra singular forma de afrontar el cambio de régimen, con un olvido que obviaba la responsabilidad penal, propició que ese cuerpo prolongase sus funciones sin someterse a ningún tipo de depuración.Sin embargo, el problema es que las instituciones son estructuras vivas que crean, amoldan y heredan patrones de conducta. Éste es un postulado básico de las teorías del neoinstitucionalismo, herramienta básica en el estudio de las instituciones. Dentro de este neoinstitucionalismo, el enfoque del institucionalismo histórico y el institucionalismo sociológico abordan mediante una complementaria perspectiva la reproducción de los patrones de conducta de las distintas instituciones.

El institucionalismo histórico se centra en el análisis de la herencia histórica del “path dependence” (dependencia del sendero), centrado en el análisis de la ruta que toman las instituciones en una constante herencia retroalimentada en lo referente a sus patrones culturales. Por su parte, el enfoque del institucionalismo sociológico identifica la existencia de una “lógica de lo apropiado” que informa los individuos que integran esas instituciones, entendida como una visión de lo que es un correcto proceder, un aspecto que es evidentemente heredable.

Por ello, la cultura de la lógica apropiada de los malos tratos, los abusos y las torturas fueron heredados en el tiempo dentro de las instituciones de las Fuerzas de Seguridad, al no haberse acometido contra esta herencia lo que se conoce como un “momento de contingencia”, mediante la depuración de sus cuadros que propiciara un cambio de la “secuencia” de la institución. Por el contrario, sus cuadros humanos se mantuvieron y con ellos las estructuras culturales de actuación continuaron siendo las mismas. De esta forma, al no ponerse medidas contra esta cultura del abuso policial del régimen franquista, se produjo una reproducción de este deleznable patrón de conducta hasta nuestros días, por lo que la cultura de abuso y maltrato de las Fuerzas de Seguridad no se vio frenada por el nacimiento de la democracia.

Condenas internacionales: ONU, Consejo de Europa y Tribunal Europeo de Derechos Humanos

A comienzos del año 2000 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU comenzó una importante labor en relación a la prevención de la tortura. En el año 2003, el Relator Especial contra la Tortura de la ONU, Theo Van Boven, publicaba un demoledor informe en el que retrataba 110 casos de torturas cometidas por las Fuerzas de Seguridad en España durante el año 2002. En el informe se detallan todos los casos de palizas, vejaciones, y demás conductas llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad en las comisarías de nuestro país. Posteriormente y ante el creciente número de denuncias por torturas presentadas, el Relator Especial contra la Tortura decidió desplazarse a España a llevar a cabo una investigación pormenorizada de la situación de la tortura.

Tras la visita a España de Van Boven en octubre de 2003, el Relator Especial contra la Tortura presentó el 15 de marzo de 2004 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU un devastador Informe sobre la situación de la tortura en España. En dicho informe el Relator Especial aseguraba que las torturas en España a manos de las Fuerzas de Seguridad se realizaban de forma “más que esporádica”, por lo que afirmaba que “no se podían considerar una invención las demandas de malos tratos”. Criticaba abiertamente la incomunicación de los detenidos en los casos en que se aplicaba el régimen terrorista, la falta de grabaciones en los interrogatorios, el papel del poder judicial en las investigaciones sobre las torturas, así como la falta de depuración administrativa en torno a los casos de torturas. Todas ellas, circunstancias que según el relator, favorecían la tortura en España. En su informe terminaba solicitando al Gobierno español que llevara a cabo un “plan para prevenir la tortura y otros tratos crueles”.

Sólo dos años después, en marzo de 2006, se publicaba un nuevo Informe que buscaba controlar el cumplimiento de los Gobiernos en torno a las recomendaciones hechas desde la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en materia de tortura. El nuevo Relator Especial, Manfred Nowak, criticaba en dicho informe el sistemático archivo de las denuncias por torturas, la falta de implicación judicial, recogiendo escabrosos ejemplos que demostraban la falta total de voluntad del Gobierno español por erradicar esta práctica, no habiendo implementado ninguna mejora desde el anterior informe.

En mayo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU volvió a enviar a su Relator Especial, Martin Scheinin, ante la preocupación por la situación de las torturas que seguían cometiéndose por parte de las Fuerzas de Seguridad en España. En este nuevo Informe el Relator Especial volvió a cargar contra el Gobierno español asegurando que en España se continuaban cometiendo torturas ante la pasividad del conjunto de instituciones públicas.

Además de estas condenadas provenientes de la ONU, otras organizaciones internacionales tan relevantes como el Consejo de Europa, a través del Comité para la Prevención de la Tortura, han emitido diversos informes en los que igualmente se ha constatado la existencia de torturas y malos tratos de forma generalizada.

Recientemente, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, incluso se ha trasladado a España para abordar los hechos acaecidos en Cataluña con motivo de los desalojos y posteriores detenciones practicadas contra la acampada del movimiento 15-M.

Todos estos informes señalan abiertamente la falta de implicación judicial, y en ocasiones connivencia de los jueces con las Fuerzas de Seguridad, a la hora de abordar las denuncias de tortura. En relación a estos hechos el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado a condenar a España por la falta de investigación profunda por parte de sus tribunales en materia de denuncias de malos tratos y torturas contra las Fuerzas de Seguridad.

Investigaciones de Amnistía Internacional

Pero las críticas internacionales no sólo vienen de organismos e instituciones internacionales. ONGs como Amnistía Internacional tienen desde hace tiempo en su punto de mira la actuación de las Fuerzas de Seguridad en España. En 2007 Amnistía Internacional publicaba un indignante informe titulado “Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos”, en donde se relatan detalladamente las actuaciones de los agentes de las Fuerzas de Seguridad. Dos años después, en 2009, Amnistía Internacional publicaba un nuevo informe, “Sal en la herida: Impunidad policial dos años después”, en el que se recoge la falta de voluntad política para abordar el desmedido problema de la tortura y los malos tratos por las Fuerzas de Seguridad en nuestro país. Finalmente un último informe publicado recientemente por Amnistía Internacional en esta misma línea, “España: Acabar con la doble injusticia: Victimas de tortura y malos tratos sin reparación”, señala la falta de implicación judicial en estas denuncias, lo que fomenta una situación de impunidad por parte de los agentes.

Rachel Taylor, investigadora en Amnistía Internacional, ha llegado a sentenciar que “no sólo hay malos tratos y tortura infringidos por agentes de seguridad, sino también una impunidad efectiva casi total para los responsables”, señalando que el mayor problema es precisamente “la falta de voluntad demostrada para poner fin a ello.”

Negativa de nuestros gobiernos para atajar el problema y medidas que lo agravan

Nuestras autoridades niegan repetidamente la veracidad de todos y cada uno de los informes, en un descabellado ejercicio de contradecir a la ONU, al Consejo de Europa, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a multitud de ONGs que llevan años reclamando una actuación definitiva por parte de nuestros gobiernos. Resulta bochornoso ver como año tras año las condenas siguen cayendo sobre nuestro país, mientras que se hace caso omiso al hecho, para que al año siguiente un nuevo informe señale la falta de colaboración de las autoridades al no implementar las recomendaciones que se les hace llegar repetidamente.

Sin embargo, mientras los gobiernos españoles hacen oídos sordos a los reclamos internacionales, las medidas que se toman al abordar institucionalmente las Fuerzas de Seguridad, lejos de buscar solventar este primordial problema, lo agravan aún más si cabe.

En 2003 el gobierno anunció un plan de incremento de las plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creándose entre 2004 y 2011, 36.856 plazas, con incrementos anuales de entre 7.000 y 11.000 plazas hasta la llegada de la crisis en 2009 donde bajó el ratio. Estos números han supuesto un incremento de más de un 30% de agentes en estos últimos siete años.

Para el Gobierno la ecuación era simple, más policía es una mejor policía. A nadie se escapa que más policía no significa más calidad policial. Si tenemos en cuenta que existe un problema histórico en este cuerpo, algo que nos hacen ver recurréntemente diversas organizaciones internacionales, tratar de abordar una reforma de este cuerpo aumentando su número sin atacar su gravísimo problema de formación cultural heredada de abusos, no puede ser más que entendido como un dislate.

Si además nos adentramos en el “cómo”, omitiendo abordar el cambio cultural necesario, pero habilitando unas pruebas de “plazas para todos”, exigiendo únicamente la Enseñanza Secundaria Obligatoria, con un exiguo temario para resolver en un penoso tipo test, exigiéndose en ocasiones un ridículo examen de ortografía, entenderemos porque la mayoría de jóvenes parados de larga duración, sin más formación que la elemental y sin motivación alguna, se tiraron con los brazos abiertos a esta oportunidad laboral que era un regalo.

La consecuencia es clara, no sólo no quedó abordado el problema de fondo, la falta de formación y la cultura del abuso, sino que se agravó aumentando masivamente los cuadros con personas de bajísima cualificación que no hicieron más que reproducir multiplicadamente la tendencia institucional del abuso.

Por ello, no es de extrañar que el Departamento de Estado norteamericano recientemente apercibiera a sus turistas sobre la peligrosidad de viajar a España debido a los maltratos cometidos por sus Fuerzas de Seguridad. Algo que resulta vergonzoso para un país democrático.

Y es que el problema reside en que el agente agresor, lejos de sentir que comete una actividad delictiva, entiende que su actuación es adecuada, debido a esa “lógica de lo apropiado” que ha sido heredada y no atajada. Sólo basta preguntar a algunos agentes para observar que suelen entender que la aplicación de abusos físicos sobre los ciudadanos queda a su arbitrio cuando lo estimen conveniente, ya que en su mentalidad, lejos de ser un simple agente del grupo D de la administración, sin jurisdicción para imponer penas, algo que es competencia de los jueces, se consideran atribuidos de la más absoluta potestad jurisdiccional.

Consecuencias

Con este panorama nos encontramos en la situación actual. Unas Fuerzas de Seguridad a las que jamás se pidió responsabilidades penales por su actuación durante todo el régimen franquista, para llevar a cabo una depuración en sus cuadros que crease “un momento de contingencia” que cortase la “secuencia” institucional. Por ello se permitió que se institucionalizase una forma de conducta basada en los malos tratos, el abuso y las torturas. Agravado además por unas instituciones judiciales que amparan estas actuaciones y no las persiguen. Unido a unos gobiernos que no sólo no han tratado de combatir esta cultura siguiendo las indicaciones de las diversas organizaciones internacionales, sino que han agravado la situación mediante un proceso de reclutamiento de bajísima calidad que ha llenado la institución de potenciales reproductores de esas conductas.

Nuestras autoridades no pueden seguir mirando hacia otro lado ante esta realidad. Es necesario abordar un procedimiento profundo de erradicación de esta cultura de la tortura en nuestras Fuerzas de Seguridad.

¿Es que el mundo entero está equivocado al señalar al unísono que existe un gravísimo problema de malos tratos y torturas cometidos por unas Fuerzas de Seguridad que gozan de impunidad ante los Tribunales?

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