1. VIOLENCIA INSTITUCIONAL: referente a la tutela de la Ciudad Autónoma de Melilla y a su Consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín que se ocupan del encierro de los niños en el centro de menores “Fuerte Purísima” donde existe maltrato, amenazas y torturas por parte de los que dicen ser educadores, carencias materiales y alimentarias, falta de información, falta de asistencia sanitaria y falta de escolarización.

2. VIOLENCIA DOCUMENTAL: Los niños son engañados entre trámites burocráticos y vacíos legales donde la misma Consejería de Bienestar Social bloquea cualquier trámite e imposibilita que los niños se documenten pasados los 9 meses correspondientes.

3. VIOLENCIA POLICIAL: Esta violencia es más asumida que denunciada, llegando a normalizar esta situación por parte de quienes deberían ser responsables de su seguridad: palizas, humillaciones, amenazas y devoluciones a Marruecos son alguno de los obstáculos a los que se enfrentan los niños de la calle cada día.

4. VIOLENCIA ENTRE IGUALES: Auténticas batallas campales con los niños de los barrios de Melilla (Cañada, Rastro y Monte María Cristina) que luchan por obtener un nivel superior en la escala jerárquica y conservar su estatus social reafirmando día a día su identidad.

5. VIOLENCIA SOCIAL: donde aparece la opresión, el autoritarismo y la discriminación. Este tipo de violencia acompaña las interacciones diarias de una forma invisible, ocasionando un gran impacto social y mediático y teniendo graves consecuencias para la vida en comunidad.

De toda la información expuesta se puede afirmar dos cosas:

• El abandono institucional y la incapacidad de las políticas sociales actuales en dar respuesta a las necesidades de los niños de la calle.

• La impunidad con la que actúa las Fuerzas de Seguridad del Estado y las Instituciones de la Ciudad Autónoma de Melilla al vulnerar los derechos de los niños sin que tengan que rendir cuentas a nadie.

La punta del Iceberg de esta violencia y de este abandono institucional la pudimos vivenciar en su faceta más salvaje el pasado 27 de Mayo tras enterarnos de la muerte de Oussama al precipitarse por el acantilado del faro donde, días antes a las elecciones, las políticas de la Ciudad Autónoma de Melilla decidieran instalar vallas que dificultan (no impiden) el acceso al acantilado –lugar por el que descienden para conseguir saltar al barco, ya que los otros accesos, que son algo menos peligrosos los cerraron al poner presencia policial 24h al día- .

Por este motivo, la ONG Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) decidió sumarse al dolor y acompañamiento de los niños de la calle con la realización de dos pancartas que servirían de homenaje y de despedida a Oussama. En el transcurso de la tarde, la actividad fue interrumpida varias veces por las Fuerzas de Seguridad del Estado, que finalmente terminaron abandonando el lugar.

Para nuestra sorpresa, el 26 de Junio recibimos una carta de la Delegación del Gobierno en la que se nos exige pagar una multa de 1500€ por alteración del orden público.

Por si esto no fuese poco, el 1 de Julio a las 00.45 de la mañana, cuando nos encontrábamos con alguno de los niños en la plaza, aparecieron varias patrullas de Guardias Civiles con intenciones de llevarlos al centro de menores y bajo las continuas amenazas de “dar palizas” si permanecían en la calle.

Otro agente de la Guardia Civil, se dirige a nosotras y nos informa de que con la entrada en vigor de la “Ley Mordaza” se nos puede acusar de reunión subversiva y alteración del orden público puesto que es el propio Guardia Civil quien considera bajo su juicio de valor la perturbación grave de la seguridad ciudadana.

No vamos a obedecer las leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta.

¡Contra la gran represión impuesta por parte de todas las instituciones del Estado!

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