Nodo50. Contrainformación en la Red

La LISI o la sociedad del conocimiento

Nodo50 — 2007-10-22T12:56:00Z

Samuel Luna,experto en Sociedad del Conocimiento

El proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) se encuentra en su última fase parlamentaria y sigue levantando ampollas entre la comunidad de internautas.

El proyecto de la LISI, enviado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a las Cortes fue valorado desde el principio por parte de la comunidad internauta española como poco ambicioso políticamente.

El texto iba en la dirección de establecer la factura electrónica, propiciar cambios menores en las leyes de comercio y eliminar alguna traba burocrática para la actividad privada por vía telemática. Poco más.

Desgraciadamente, el proyecto de ley también llevaba en su articulado una reforma de la LSSI-CE, aprobada por el anterior Gobierno del PP, y que es aún menos ‘garantista' que la actual sobre el secuestro de publicaciones electrónicas y la restricción de servicios telemáticos. En la anterior ley no quedaba claro cómo y quién tiene potestad para censurar servicios y contenidos en internet, dado que establece que será “la autoridad competente” sin que tenga porqué ser ésta el poder judicial.

Este hecho ha generado durante los últimos cinco años gran incertidumbre en usuarios, empresas e incluso entidades públicas, y es una de las principales razones por las que la Sociedad de la Información no ha evolucionado a buen ritmo en nuestro país. Sin embargo, numerosas asociaciones, colectivos de internautas y profesionales de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) realizaron una llamada de atención sobre la necesidad de abordar los temas necesarios para acometer dicho impulso de la Sociedad de la Información.

Las demandas planteadas a todos los grupos parlamentarios comenzaron con la petición de que la libertad de expresión, de información, de cátedra, de opinión y de creación artística, científica y tecnológica, estuvieran tuteladas por los juzgados y tribunales siempre que se realizasen por medios telemáticos. Esto es, que un secuestro o restricción de un servicio temático sólo pueda ser realizado por un juez.

El siguiente punto solicitaba que el acceso a la banda ancha sea un servicio universal y constituya un derecho universal y no la prerrogativa de las compañías de telecomunicaciones en su estrategia comercial.

El tercer asunto fue la petición de que la LISI estableciera garantías para que no sea posible la injerencia ni interferencia de los operadores en el tráfico de internet por razones ajenas a la propia voluntad del usuario (la reivindicada ‘neutralidad de red' o net neutrality, principio aplicable a las redes de banda ancha cuyo tratamiento del tráfico no jerarquiza ni prioriza).

La última gran petición que se ha realizado es que se transfiera el conocimiento y la tecnología de titularidad pública a la sociedad. Algo que, a pesar de ser obvio, todos los gobiernos han evitado realizar hasta el momento.

Enmiendas a la ley

Los colectivos y asociaciones, capitaneados por Hispalinux, enviaron a todos los grupos parlamentarios 26 propuestas de mejora, algunas tan concretas como la eliminación del canon por copia privada a las Administraciones Públicas, o la posibilidad de que los ayuntamientos pongan redes WIFI que permitan al vecindario conectarse a internet. IUICV, Cha, Grupo Mixto han recogido todas las propuestas y PP, CiU, ERC, PNV, sólo algunas.

Tras un primer análisis de las enmiendas finalmente presentadas, los cuatro grandes temas tienen un gran respaldo en la cámara. Incluso alguna ha obtenido mayoría absoluta, ya que el texto presentado por los distintos grupos ha sido el mismo. Sin embargo, el grupo mayoritario no ha recogido ninguna de las demandas.

La constitución de la ponencia, primer trámite de refundición de enmiendas, ha tenido un difícil camino. La primera propuesta de enmienda transaccional que el PSOE envió al resto de grupos no reflejaba con claridad que sólo un juez pudiera restringir publicaciones y servicios telemáticos. Aún así fue aceptada como mejora por parte de los partidos que sostienen al Gobierno, pero la comunidad internauta mostró su desacuerdo con el texto y la preocupación porque algo tan básico, y en lo que todo el mundo está de acuerdo, no quedara definitivamente solucionado. En la segunda reunión, los grupos recapacitaron sobre este punto y decidieron que dicho texto no entraría a formar parte de la ponencia sino que se debatiría con más profundidad en la reunión de Comisión del 17 de octubre, donde está previsto que se vote la ley.

La enmienda transaccional remitida por el Gobierno a los grupos para establecer dentro del servicio universal el acceso a la banda ancha tiene una redacción confusa, pues circunscribe a la normativa comunitaria las condiciones en las que tiene que producirse. La desconfianza proviene de que, precisamente, la normativa comunitaria establece un “servicio universal” sólo para banda estrecha. Sabiendo que una reciente comunicación de la Comisión Europea informa de que no es previsible que en un corto período de tiempo se modifique dicha directiva, todo el mundo teme que no sea más que una estrategia para que nada cambie, enmarcada en el Plan Avanza (2006-2010).

En cuanto a la net neutrality y la transferencia tecnológica, los dos grupos mayoritarios están muy influidos por las grandes empresas de telecomunicaciones y por las sociedades de gestión de derechos de autor, que tradicionalmente se han opuesto a que se tomen dichas medidas. Estando a menos de cinco meses de las elecciones, las primeras en las que la opinión en internet va a ser determinante para dirimir quién se llevará la mayoría, es posible que los dos grandes partidos sean, por una vez, conscientes de que su verdadero objetivo ahora es la ciudadanía, sus posibles votantes.

Publicado en Diagonal

Lo que nos jugamos con la LISI

Nodo50 — 2007-10-18T12:54:00Z

La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, AKA LISI, que lleva ya tiempo dando vueltas por los despachos ministeriales a ver si de una vez por todas se alcanza un acuerdo en su redacción definitiva, acaba de sufrir un nuevo aplazamiento en su discusión parlamentaria, que por lo visto tendrá lugar el próximo martes.

Por lo general la política es un tema que nos aburre, pero con esta ley los usuarios de Internet nos jugamos mucho en España, así que conviene estar al tanto de lo que nos jugamos, resumido del artículo Jugándonos el futuro en el Parlamento de Enrique Dans:

* El que sólo los jueces puedan decidir la retirada de contenidos de la Red, no ciertos órganos competentes que autorizaría la LISI, como pretendían colarnos en el artículo 17 bis de la ley, aunque las últimas noticias son que ese artículo no encontraba apoyo en el Parlamento.

* En que la información pública y pagada de nuestros bolsillos sea puesta a disposición de todo el mundo para su uso, copia, modificación y redistribución.

* El establecimiento del acceso a Internet de banda ancha como un servicio universal y por tanto garantizado, pues es sorprendente la cantidad de lugares de España en los que todavía eso no es posible.

* La neutralidad de la Red desde el punto de vista de los operadores de telecomunicaciones, para que no puedan influir en cómo funcionan las conexiones de sus clientes -nosotros- en función de acuerdos económicos y/o estratégicos. Y ojo, que defender la neutralidad de Internet no es pedir que la conexión a Internet sea gratis.

A ver con qué nos sorprenden sus señorías.

Actualización, más reacciones sobre este tema:

Juan Freire: La LISI y la corrupción moral de los políticos.

El FBI intenta acallar al IMC (Independent Media Center) y amenaza la Libertad de Expresión

Nodo50 — 2001-04-30T12:48:00Z

Comunicado del IMC Seattle

En la tarde del 21 de abril, un día en el que se manifestaban miles de personas contra el FTAA (Free Trade Area of the Americas) en las calles de Quebec, el Independent Media Center de Seattle recibía una orden judicial por vía de dos agentes del FBI y un agente del Servicio Secreto Norteamericano. El contenido de la orden prevenía y prohibía a los miembros del IMC hacer público su contenido. Los voluntarios del IMC inmediatamente comenzaron a debatir con asesoramiento legal sobre las posibilidades de ignorar la orden. Esta mañana, 27 de abril, la jueza Monica Benton ha dictado una orden modificada permitiéndonos la difusión pública de la noticia sin la amenaza de cometer delito alguno.

La primera orden, también dictada por la jueza Benton, obligaba al IMC a proporcionar al FBI "todos los logs de conexión de los usuarios" (nota: log es un archivo que se guarda en el servidor y registra algunos datos de la actividad realizada por cada usuario) de los días 20 y 21 de abril de un servidor web cuya direccion IP (nota: manera tecnica de identificar ordenadores en internet) era considerada por el Servicio Secreto Norteamericano como perteneciente al IMC. La orden mencionaba esta acción como parte de una "investigación criminal en curso" sobre actividades que podían constituir violaciones de la ley Canadiense.

El asesor legal del IMC, David Sobel, del Electronic Privacy Information Center declaró: "Tal y como reconoce la Corte Suprema norteamericana, la Primera Enmienda protege el derecho a comunicar anonimamente en la prensa y con propósitos o intereses políticos. Una orden que fuerce a identificar información privada de un número indiscriminadamente grande de usuarios de un website dedicado a cuestiones políticas amenaza derechos constitucionales muy serios. Para proporcionar la misma protección a la prensa y a las fuentes anónimas de informacion en Internet que a los media tradicionales, el Gobierno debe estar fuertemente limitado a la hora de poder demandar y solicitar las identidades en Internet (las direcciones IP)". Un estatuto federal requiere que tales injerencias contra la prensa sean aprobadas por la Attorney General (Fiscal General) y solo cuando todas las vías alternativas se hayan agotado. No parece que esas condiciones se den en este caso.

La orden dictada contra el IMC prohibía revelar "la existencia de esta orden o apelación, o la existencia de esta investigación a no ser o hasta que sea ordenado por este tribunal". Esa restricción tan tajante y rigurosa en un media o en una organización dedicada a la comunicacion va directamente contra la Primera Enmienda. Ironicamente, el Seattle Post-Intelligencer (periódico local) supo de la existencia de la orden por "fuentes federales" sugiriendo que el propósito de la orden de censura pretendía simplemente facilitar al gobierno el llevar el asunto de la mejor manera posible.

La orden no especificaba que actos en concreto están siendo investigados y el agente del Servicio Secreto reconoció que el IMC mismo no era sospechoso de actividad criminal. Tampoco se alegaba la violación de ninguna ley norteamericana. No esta claro hasta que punto las leyes federales permiten a la Fiscal General estos tipos de injerencias en medios facilitando investigaciones extranjeras. De acuerdo con el asesor del IMC Lee Tien de la Electronic Frontier Foundation, "este tipo de intromisión es una mas en una larga cadena de intentos onerosos y fuera de toda logica para acallar la disidencia política y el activismo. En 1956, el estado de Alabama intento forzar al NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, organizacion antirracista) a proporcionar su lista de afiliados pero la Corte Suprema le paró los pies. Esta orden contra el IMC, incluso sin el intento de silenciamiento, es una amenaza clara a la libertad de expresión, de asociación y de privacidad."

Ante las preguntas de los miembros y colaboradores del IMC, los agentes aseguraron que su investigación tenía como objetivo la fuente de uno o dos mensajes los cuales, aseguraron, fueron "posteados" al sistema de noticas del IMC el sábado por la mañana. Estos mensajes, siempre segun los agentes, contenían documentos robados a una agencia del gobierno canadiense, incluyendo informacion clasificada relacionada con el itinerario del viaje de George W. Bush (quien se encontraba en aquellos momentos en Quebec participando en la Cumbre de las Américas). Los agentes comentaron que el Servicio Secreto fue informado de la existencia de esos mensajes gracias a un aviso de una gran red de noticias comercial (cuyo nombre no fue revelado). Los agentes fueron incapaces de indicar las direcciones, URLs o títulos de los mensajes que mencionaban. Mas aún, la orden judicial contiene direcciones IP que no son utilizadas o no están en servicio en vez de direcciones IP asignadas a websites del IMC. Sin embargo, los colaboradores del IMC han sido capaces de identificar los dos artículos mencionados y que fueron publicados en el IMC de Montreal y que coinciden parcialmente con la descripcion dada por los agentes. Estos artículos, colocados primeramente en francés y mas tarde en su versión inglesa son:

http://montreal.indymedia.org/front.php3?article_id=505

http://montreal.indymedia.org/front.php3?article_id=514

http://montreal.indymedia.org/front.php3?article_id=515

y contienen secciones de documentos pretendidamente robados de un coche de policía de la ciudad de Quebec el viernes por la noche durante las manifestaciones y disturbios contra el FTAA. Los documentos detallan las estrategias policiales para obstaculizar, dificultar y molestar a los manifestantes y sus acciones. No parece que se haya posteado absolutamente nada en alguna web del IMC relacionado con los viajes de Bush.

Aunque los agentes estaban en principio interesados unicamente en esos dos mensajes, la orden judicial exige "todos los logs de conexiones" durante un periodo de 48 horas, lo que incluye direcciones IP individuales para cada persona que envio mensajes o que visitó las páginas de la web del IMC durante las protestas anti FTAA. La asesora legal del IMC, Nancy Chang, del Center for Constitutional Rights, comenta que "la petición exagerada de información por parte del FBI suscita la duda sobre si realmente la orden pretende desanimar o amedrentar al IMC."

Los agentes llegaron al IMC hacia las 7pm. Los voluntarios que trabajan en el IMC de Seattle habian estado ocupados durante toda la tarde reuniendo información de la cobertura regional de cada IMC sobre las protestas antiFTAA recién iniciadas en Seattle y Blaine, Washington y coordinando la cobertura informativa con otras webs de la red del IMC. También se encontraban en el local en ese momento numerosos visitantes utilizando los ordenadores de uso público. Mientras los agentes hablaban con un voluntario del personal otro se dedicó a hacer llamadas telefónicas con la idea de recabar asesoramiento legal. Cuando los agentes se fueron, los miembros del IMC se reunieron para valorar la parte de la orden judicial relativa al silenciamiento del procedimiento y volvieron a contactar con unas cuantas personas que ya habían sido llamadas para asegurarse que los terminos de la orden judicial no fueran violados antes de que la asesoría legal tuviera tiempo de apreciar la situación.

Las primeras medidas intentaron contolar la difusión de la visita del FBI y el Servicio Secreto; sin embargo, algunos detalles de la historia fueron difundidos enseguida mediante un informe relativamente preciso retrasmitido en la versión radiofónica por Internet del IMC de Vermont. Inmediatamente el IMC de Seattle se inundó y saturó con llamadas solicitando información sobre lo que rápidamente se ha dado en llamar el "asalto del FBI" y diversos rumores y especulaciones empezaron a crecer y esparcirse velozmente a través de varios sistemas de noticias del IMC.

Durante unas tres horas, un grupo de voluntarios técnicos del IMC intentaron cumplir la orden federal borrando esos mensajes del IMC de Seattle y de otros websites del IMC segun iban apareciendo. Sin embargo, esto tuvo el efecto contraproducente de confirmar las peores sospechas de los periodistas independientes que colaboran con el IMC y que, al postear mensajes especulando sobre ciertos sucesos que ocurrian en el IMC de Seattle, veían como sus mensajes desaparecían pocos minutos después. Los voluntarios desistieron hacia media noche de esa táctica patosa para controlar los rumores cuando quedó patente que su intento solo servía para alimentar los rumores y que, seguramente, la historia ya había traspasado las fronteras del IMC y se extendía imparablemente. La acción de borrado de mensajes fue únicamente motivada por el miedo a violar la parte de silenciamiento que acompañaba a la orden judicial incluso antes de que los asesores legales hubieran tenido oportunidad de echar un ojo al documento. Nos arrepentimos de la confusión y abatimiento que se creó en la mayoría de los usuarios del IMC durante este borrado de mensajes y de la frustración general debida a la orden de silenciamiento.

Desde que el incidente ocurrió numerosos rumores falsos pero persistentes han tomado forma; algunos de ellos se deben a la cobertura que le dedicó el Settle Post-Intelligencer en su edición del lunes y otros medios comerciales. Podemos ahora refutar algunos de los mas comunes: ninguna orden de búsqueda (busca y captura) fue recibida por el IMC en relación con la orden judicial, nadie relacionado con el IMC de Seattle ha sido arrestado, ningun equipo ni logs han sido arrebatados y no hubo ninguna redada o asalto por parte del FBI.

Ahora, sin ordenes judiciales restrictivas, el IMC de Seattle puede cubrir esta importante historia para continuar desvelándola.

El IMC de Seattle fue organizado en el otoño de 1999 para proporcionar una cobertura objetiva, en tiempo real y de base de las protestas contra la WTO (World Trade Organization). Justo un año y medio mas tarde, la red del IMC cubre casi todo el mundo, con docenas de sitios repartidos por los seis continentes. IMC esta autónomamente organizado y administrado pero comparte unos principios colectivos y ciertos recursos tecnológicos. La cobertura de noticias se centra en su sistema de noticias público y abierto, un sistema innovador y democratizante que permite a cualquiera con acceso a una conexion de Internet convertirse en un periodista informando de eventos y sucesos desde su propia perspectiva en vez de verse forzado a confiar en las estrechas miras que proporcionan los media oficiales en manos de corporaciones empresariales.

Durante las protestas del último fin de semana contra el FTAA, muchos websites del IMC han colaborado para dar una cobertura sensata y objetiva de la manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad de Quebec y Sao Paulo y de las acciones en solidaridad con ellas de varias ciudades en Estados Unidos y en las fronteras mejicana y canadiense. La extensión, amplitud y profundidad de la cobertura alcanzada por la red global del IMC eclipsó todos las informaciones dadas por los medios oficiales.

El IMC de Seattle continúa comprometido en su misión inicial: "El IMC es una organización de base comprometida en el uso de los media (producción y distribución) como herramienta de mejora social y justicia económica. Es nuestra meta promover la autogestión de la gente olvidada por los media y abordar y analizar temas tanto locales como globales que tengan impacto en ecosistemas, comunidades e individualidades. Buscamos generar alternativas a la mediación de los medios oficiales dirigidos únicamente por el beneficio e identificar y crear modelos positivos para una sociedad igualitaria y sustentable."

IMC Seattle

Mas información:

http://seattle.indymedia.org/display.php3?article_id=3013

http://seattle.indymedia.org

http://www.indymedia.org

Orden judicial:

http://www.indymedia.org/front.php3?article_id=36912&group=webcast

El Estado Laboral Policial por Endika Zulueta

Nodo50 — 2000-11-29T13:46:00Z

El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores autoriza la realización de registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, pero solo en determinadas circunstancias (cuando sea necesaria para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa), y con determinadas condiciones (dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo; respetando al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y contándose con la presencia de algún representante legal de los trabajadores).

De un tiempo a esta parte, y haciendo una interpretación extensiva del artículo 18 citado, los empresarios, con la opinión favorable de determinados sindicatos, consideran que tienen facultades para intervenir el correo electrónico y los archivos personales de los trabajadores de sus empresas.

La cuestión a dilucidar a estos efectos es la siguiente: ¿los archivos personales y el correo electrónico de los trabajadores son simples "efectos particulares", o pertenecen al ámbito de la intimidad del trabajador?.

Optar por una respuesta u otra tiene importantes consecuencias, porque si se opta por la primera opción (correo electrónico y archivos personales = efectos particulares), tendrán razón los que aplican el artículo 18 del E.T. con todas sus consecuencias (que, recordemos, faculta al empresario a registrar los efectos particulares del trabajador). Sin embargo, si optamos por la segunda opción (correo electrónico y archivos pertenecen al ámbito de la intimidad personal), la vulneración de dicha intimidad (que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución), solo podrá hacerse con autorización y control judicial.

INTERPRETACION EXTENSIVA (contra los derechos fundamentales):

El mundo empresarial, famosos sindicatos y el director de la Agencia de Proteccion de Datos (A.P.D.) aceptan en algunas ocasiones la intervención del correo, o del ordenador entero, en base a lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.

Según los defensores de esta interpretación, el citado precepto podría autorizar el registro en la terminal de ordenador que utiliza el trabajador, pues el ordenador a estos efectos podría asimilarse a la taquilla, ya que dicho ordenador es un instrumento de trabajo propiedad de la empresa y que no debe ser utilizado para otros fines distintos y diferentes que la realización de la actividad laboral, por lo que, bajo esa concepción, no cabría hablar de documentos personales incorporados al mismo.

En cualquier caso, esta posibilidad de efectuar registros en las terminales de ordenador de los trabajadores no es un derecho absoluto e incondicionado de la empresa, pues el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, precepto al amparo del cual se efectúan los registros, lo condiciona a que ello sea necesario para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, y ello debe ser acreditado. En caso contrario, el registro violaría el derecho a la intimidad del trabajador, garantizada en el plano estrictamente laboral por el artículo 4.2 e) del Estatuto de los Trabajadores y con carácter general en el artículo 10 de la Constitución.

En el proceso de tutela de la libertad sindical, una vez acreditada la vulneración del derecho fundamental, se presume la existencia del daño y debe decretarse la indemnización correspondiente, sin necesidad de que el sujeto que haya sido víctima de la lesión deba probar que se le ha producido un perjuicio.

CRITERIO A DEFENDER:

Un correo electrónico, entendido como "mensaje electrónico de persona a persona", es un correo como otro cualquiera, una correspondencia privada protegida por el derecho al secreto de las comunicaciones postales, derecho, no lo olvidemos, reconocido en la Constitución.

No tengo duda alguna que ésta es la opción correcta, pues aunque el ordenador sea una herramienta de trabajo, no lo es su contenido. De la misma forma que el teléfono de la oficina es una herramienta de trabajo, y, es obvio que el empresario no puede intervenir legalmente las conversaciones; si el trabajador recibiera correo ordinario privado en el domicilio de la empresa, al empresario le parecerá mejor o peor, pero no podrá ser abierto legalmente sin autorización y control judicial.

En este sentido ya se ha pronunciado el Tribunal de Trabajo de Bruselas en sentencia de 2 de mayo de 2000. El Tribunal analiza el despido de un trabajador (responsable del sistema informático) que, al parecer, usaba el correo electrónico del trabajo para mantener una relación epistolar con una compañera de trabajo. El empresario, con la excusa de un supuesto bajo rendimiento, decidió acceder al correo del trabajador, despidiéndole posteriormente por una falta grave. El Tribunal mantiene, con base en el artículo 8 de la Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el envío de correos personales desde la empresa pertenece a la vida privada del trabajador. El Tribunal, tras analizar si el atentado a la vida privada del trabajador era indispensable y proporcionado al supuesto perjuicio causado, concluye que, la mera constancia del número de correo, su tamaño y su carácter privado, eran datos suficientes para proceder a su sanción, sin necesidad de intervenir el correo.

Más lejos parece haber ido la sentencia dictada por el Tribunal Correccional de París de 2 de noviembre de 2000, que condena a tres altos cargos de la Escuela Superior de Física y de Química Industria (ESPCI) de París por violación del secreto de la correspondencia de los mismos. Los condenados habían interceptado correos electrónicos recibidos o enviados por un estudiante kuwaití, llamado Tareg Al Baho, al sospechar que utilizaba su correo electrónico del trabajo con fines personales. Al Baho ha obtenido una indemnización de 10.000 francos (253.654 pesetas) por daños y perjuicios.

Esta resolución era muy esperada por los juristas en Francia, ya que ninguna decisión judicial había determinado a qué régimen jurídico responde el correo electrónico de carácter privado pero que transita al descubierto por Internet. Los jueces han deducido que "la Red y la totalidad de los servicios que ofrece, como el de mensajería electrónica, entran en el campo de aplicación de la legislación relativa a las telecomunicaciones".

PERSPECTIVAS DE FUTURO.- Las perspectivas de futuro no son nada halagüeñas.

GRAN BRETAÑA: Este país es pionero en la legalización de la intervención de las comunicaciones electrónicas sin autorización judicial. Existe una Ley según la cual el Gobierno británico puede intervenir todas las comunicaciones electrónicas. Esta ley ha sido desarrollada por el Departamento de Industria, una agencia gubernamental de este país, esta vez para dictar otra ley, que entró en vigor el pasado 24 de octubre, según la cual los empresarios tendrán "acceso rutinario" a los correos electrónicos y a las llamadas telefónicas de sus trabajadores.

La medida ha creado polémica y está siendo cuestionada en el propio Reino Unido a la luz del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos y, por ello, los sindicatos han anunciado que recurrirán hasta el Tribunal de Estrasburgo para conseguir la derogación de esta normativa, pero, al menos de momento, por ahí van los tiros empresariales.

EE.UU.- En Estados Unidos se calcula que un 45% de las grandes empresas tienen instalados sistemas de vigilancia interna para controlar el correo electrónico de sus empleados (abarcando a más de 50 millones de trabajadores). De ellos más del 30% almacena y revisa los correos electrónicos enviados y recibidos por sus empleados. El 20% de las compañías tiene instaladas cámaras de videovigilancia. Es el Estado policial laboral por excelencia.

Los sindicatos claman por una Declaración de Derechos de los Trabajadores que salvaguarde su intimidad, pero, por una parte, los Republicanos han tumbado en el Capitolio la iniciativa de los sindicalistas y, por otra, los Tribunales siempre han dado la razón a los empresarios.

La legislación estadounidense actual autoriza a los empresarios la vigilancia electrónica rutinaria permitiendo incluso que los altos ejecutivos no informen a los subordinados sobre su política de videovigilancia.

Según una encuesta de una organización empresarial norteamericana citada por Bussinesweek, un 46% de las empresas encuestadas habían sancionado a alguno de sus empleados por un mal uso del correo o por infringir las normas de navegación en Internet dentro del horario laboral.

En un país donde el despido es libre, el espionaje laboral se ha convertido en el arma letal de los patronos y en una fuente de tensión y paranoia para los trabajadores y, aunque es más frecuente que se produzca en las grandes corporaciones industriales, en los últimos años se ha extendido a todo el paisaje laboral de EE.UU., y la razón es muy simple: la tecnología es cada vez más barata y está al servicio fundamental del poder.

ESTADO ESPAÑOL.- Una sentencia de noviembre de 2000 de la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que se juzgaba la denuncia efectuada por un trabajador contra el empresario que le intervino y copió todos sus correos y ficheros personales, aún en presencia del comité de empresa, se inclina por el criterio empresarial, (a pesar de que la sentencia en cuestión da la razón al trabajador, pero solo por el hecho de no se justificó el registro como obliga el artículo 18). La resolución afirma, aún implícitamente, que el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores autoriza el registro en la terminal de ordenador que utiliza el trabajador, pues, a estos efectos, el ordenador lo asimila a la taquilla, basándose en que el ordenador es un instrumento de trabajo propiedad de la empresa y que no debe ser utilizado para otros fines distintos y diferentes que la realización de la actividad laboral, por lo que no cabe hablar de documentos personales incorporados al mismo.

LEGISLACION ESPAÑOLA VIGENTE.-

A nuestro juicio, y a pesar de la interpretación extensiva y contra los derechos fundamentales del artículo 18 del E.T., si un empresario, como cualquier otra persona pública o privada, interviene el correo electrónica de un trabajador está cometiendo un delito previsto y penado en el artículo 197 del Código Penal. Es un delito contra la intimidad.

El artículo 197 del Código Penal, tan invocado frente a hackers, protege la intimidad (sin excepción alguna), estableciendo penas de hasta cuatro años de cárcel para aquellos que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otros, sin su consentimiento, se apoderen de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepten sus telecomunicaciones o utilicen artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación. Un enunciado de lo más exhaustivo, y que no prevé excepción alguna.

En el Estado español no existe todavía jurisprudencia respecto a este tema, todo está por dilucidar. Por ello, va a ser muy importante el papel que adopten los sindicatos y los comités de empresa, pues, frente al rigor de la norma penal, los empresarios pretenden introducir cláusulas en los contratos, por las que los trabajadores renuncien "voluntariamente" a su derecho a la intimidad. Los trabajadores, al renunciar por escrito a su intimidad, se convierten automáticamente en actores de Gran Hermano, dentro de la empresa. Entrar a trabajar a la empresa, sería como entrar al Bus televisivo.

Este ha sido el caso de unos laboratorios españoles, con 7.000 trabajadores, cuya empresa introdujo el control del correo electrónico con la inicial oposición del comité de empresa. Tras las oportunas negociaciones, los mismos sindicatos accedieron, aún condicionando a que ese control se hiciera en función de unas normas internas, estableciendo cómo y en qué circunstancias se produciría el control. El caso es que renunciaron a su intimidad.

Sin embargo, mientras dichas cláusulas no estén firmadas, el trabajador tiene pleno derecho a la intimidad en sus comunicaciones y la intervención empresarial, a mi juicio, sería delictiva.

Mientras tanto, quizás hay que popularizar el uso del CIFRADO en los lugares de trabajo para todo tipo de documentos personales o correo electrónico, mediante aplicaciones fáciles de usar, y en tanto los contratos en vigor no lo prohiban, los trabajadores podrán seguir usando el correo electrónico para lo que les salga del casco.

PRODUCTO PARA CONTROLAR TRABAJADORES: SPECTOR 2.1:

Se puede obtener en Internet y la publicidad del producto ya habla por sí sola: "Espíe secretamente a su mujer, sus hijos o sus empleados mientras están conectados". Spector 2.1 se basa en una idea muy sencilla pero, por eso mismo, terriblemente eficaz: Spector lleva a cabo pantallazos cada pocos segundos que, posteriormente se pueden contemplar como si se tratara de un show de diapositivas- del ordenador en el que está instalado. Las imágenes se almacenan en un servidor, al que el espía puede acceder por contraseña o bien recibir las imágenes vía correo electrónico.

Las contramedidas tecnológicas tradicionales que se utilizan normalmente no sirven para Spector. ¿De qué sirve cifrar los mensajes con PGP si Spector toma una instantánea del correo mientras se escribe con el procesador de textos?, ¿Qué función puede tener ocultar las huellas en la web mediante un programa anonimizador si el jefe puede tener imágenes de las webs visitadas durante el día y durante cuanto tiempo?.

Sin embargo, ya existen en el mercado gratuito de Internet detectores de este programa pudiéndolo borrar del ordenador o instalar programas llamados cortafuegos, haciendo creer al jefe que está utilizando el programa cuando no es así.

Seguramente, el próximo e-dispositivo será un lector de ondas cerebrales, con el que el empresario podrá analizar si el trabajador está pensando en la empresa o en las musarañas (ya están haciendo experimentos con monos). Por ello mismo, debemos ponernos las pilas ahora, antes de que de que el control de los trabajadores a través de las nuevas tecnologías sea más sofisticado. Y, lo que es más denigrante, que el control pueda estar avanzando con nuestro consentimiento.

Endika Zulueta.

Abogado

endika@nodo50.org

El Reino Unido autoriza a los empresarios a vigilar el correo electrónico de sus empleados. (El País)

Nodo50 — 2000-10-05T12:43:00Z

El Pais (5/10/2000)

Los empresarios británicos tendrán el amparo de la ley para controlar el correo electrónico y las llamadas telefónicas de sus empleados en su lugar de trabajo. El próximo 24 de octubre, el Gobierno de Blair dictará una norma que permitirá el "acceso rutinario" a los correos y llamadas de los empleados para comprobar si se refieren a cuestiones de trabajo. La secretaria británica de Comercio Electrónico, Patricia Hewitt, ha matizado que habrá "limitaciones legales" como la de no poder interceptar llamadas personales sin razones justificadas.

La norma británica no exigirá el consentimiento del empleado. El texto oficial en el que se anuncia la medida anticipa el marco genérico en que se justifica la inspección de las comunicaciones telefónicas o digitales de los trabajadores. Situaciones que van desde la sospecha de conducta criminal a garantizar el cumplimiento de las normas de conducta internas. Los sindicatos británicos se oponen rotundamente a la medida ya que consideran que dará carta blanca a los directivos para inmiscuirse en los asuntos privados de los trabajadores y vulnera los tratados de Derechos Humanos.

Juan Manuel Fernández López, director de la Agencia de Protección de Datos española, manifestó a este diario que este tipo de inspecciones es totalmente legal con una única condición: que lo sepa el afectado.

"Es absolutamente lícito indagar en el correo electrónico del trabajador, porque el correo es una herramienta del empleador. Lo único que debe hacer es advertirlo". Fernández López asegura, además, que este criterio es compartido por sus homólogos europeos. "En reuniones comunitarias lo hemos analizado y estamos de acuerdo en ello". Sin llegar a la sospecha de una conducta delictiva, prosigue Fernández López, el empresario puede necesitar abrir el correo electrónico del empleado que no está para saber si han llegado nuevos pedidos, por ejemplo.

Sin jurisprudencia

En España no hay jurisprudencia sobre el barrido empresarial del correo electrónico de los trabajadores, y en el caso de la vigilancia de las llamadas telefónicas, el rastreo de sentencias da resultados contradictorios.

En algunas decisiones judiciales se ha admitido el pinchado telefónico por parte de la empresa como prueba de la conducta desleal del empleado, y, en otras, se ha rechazado por considerarse que la prueba se ha obtenido por métodos ilegítimos.

El Estatuto de los Trabajadores de 1980 protege la inviolabilidad de los efectos personales del trabajador y cita en qué condiciones la empresa puede registrar la taquilla del empleado. El abogado Xavier Ribas, especializado en el sector, coincide con Fernández López en que el correo electrónico no es una herramienta que sea propiedad del trabajador. "Junto al derecho a la intimidad del trabajador, un derecho renunciable, está la responsabilidad de la empresa por la conducta de sus empleados en el trabajo. Es lo que se llama culpa in vigilando . ¿Cómo puede responsabilizarse a la empresa si no tiene instrumentos de vigilancia sobre esta conducta?".

El propio Ribas intervino en el caso de unos laboratorios españoles con 7.000 trabajadores que introdujo el control del correo electrónico. Inicialmente, los sindicatos se opusieron, pero tras el establecimiento de unas normas internas de cómo y en qué circunstancias se produciría el control, el colectivo laboral aceptó la medida. "Generalmente no se vigila de manera indiscriminada todo el correo electrónico" porque se trata de un flujo muy importante de mensajes que es imposible controlar. "En la mayoría de los casos, primero surge la sospecha sobre la conducta de un empleado, y es a partir de entonces cuando se instalan los controles", concluye Ribas.

Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas (AI) se mostró particularmente preocupado al conocer la noticia ya que teme que la medida vulnere el derecho a la intimidad y genere un ambiente de desconfianza en el seno de las empresas. La AI asesoró a los sindicatos españoles en un contencioso con una entidad bancaria que quería restringir el uso del correo electrónico de sus empleados. Objetivo del que desistió finalmente. "Permitir el control rutinario del correo del trabajador es introducir los hábitos del estado policial en la empresa. El correo electrónico debería contemplarse como las taquillas personales, que sólo pueden abrirse ante sospechas ciertas y con determinadas garantías en el proceso".

En Estados Unidos se calcula que un 45% de las grandes empresas tienen instalados sistemas para vigilar el correo electrónico de sus empleados. En California se elaboró una ley que prohibía este tipo de supervisión, pero fue retirada antes de entrar en vigor. Hace pocos meses, un senador demócrata propuso una liviana normativa federal para obligar a las empresas a informar a sus trabajadores de que podían escudriñar su correo electrónico. La iniciativa tampoco prosperó.

El principal argumento empresarial para controlar el correo electrónico de sus empleados es la prevención del espionaje industrial por parte de un trabajador desleal. Pero también se han dado otros argumentos más imprevistos como el vigilar el intercambio por correo electrónico de jueguecitos digitales que se guardan en el ordenador de la empresa y ocupan espacio en la memoria del sistema. En Estados Unidos hizo furor en las oficinas un juego de éstos, ElfBowling, que ocupaba un megabyte y cuya instalación masiva en centenares de despachos de una firma mermó la capacidad de su sistema.

Los programas que monitorizan el correo del empleado acostumbran a trabajar con palabras o frases clave -los nombres de las compañías de la competencia y de los productos de la empresa- y husmean el contenido de los mensajes cuando el programa alerta de que un correo contiene alguna de las palabras sospechosas. La iniciativa británica coincide con otra del mismo Gobierno que pretende obligar a los servidores de acceso a Internet a suministrar a la policía todos los datos sobre los movimientos en la red de un sospechoso. La medida ha levantado un importante debate porque no exige permiso judicial.

La medida británica se suma a la existencia de programas de espionaje sobre el correo y uso de Internet por parte de un ciudadano investigado, como el Carnívoro del FBI, y otros más globales, como Echelon, lanzado por el Gobierno norteamericano. Los satélites de Echelon son capaces de escudriñar el contenido de cualquier comunicación sospechosa en cualquier soporte.

El rastro del mensaje

El correo electrónico ha perdido la imagen de algo volátil que tuvo al principio. El rescate electrónico de correos con tres años de antigüedad como prueba en juicios o el despido de trabajadores por un uso indebido del mismo, como sucedió en el diario The New York Times , han demostrado que el correo electrónico más que una carta es una postal. Y de la misma manera que han proliferado programas para su control, han surgido sistemas de cifrado para dificultar la intromisión ajena. Una empresa con un apellido premonitorio, AbsoluteFuture.com, ha colgado de Internet un servicio que permite el envío de correo cifrado. Es más, el remitente puede fijar en qué fecha y hora quiere que se destruya totalmente y si el receptor podrá o no sacar copias.

El acceso al contenido de un correo electrónico es muy fácil cuando se utilizan los sistemas corporativos de la empresa. Si el trabajador se sirve de una cuenta propia de correo gratuito a través de una web, el proceso de inspección desde la empresa es más laborioso pero igualmente factible.

Sentencia 389/00: sobre el control de correo electrónico en las empresas de la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Nodo50 — 2000-09-18T12:44:00Z

Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Rollo de Suplicación 2207/99

Sentencia 389/00

Contra la sentencia de instancia que desestima la demanda sobre tutela de derechos fundamentales promovida por el actor y absuelve a la empresa demandada, interpone recurso de suplicación el demandante por infracción de lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución y en los artículos 4-2 e) y 18 del Estatuto de los Trabajadores.

Considera el recurrente que el registro efectuado por la empresa en su ordenador sin estar presente el mismo y la copia de sus ficheros personales constituye una violación de su derecho a la intimidad. De lo actuado se desprende que con fecha 22 de junio de 1998 se procedió por parte de la empresa a la inspección de tres terminales de ordenador, la del actor y la de otros dos trabajadores, encontrándose presentes varios miembros del Comité de Empresa, copiándose de la terminal de ordenador del actor, el cual se encontraba ausente en dicho momento, la carpeta denominada "Mis documentos" en un disco, y la carpeta denominada "Pepote" en dos discos más.

El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, precepto al amparo del cual la empresa realizó el registro informático, autoriza la realización de registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo; debiéndose en su realización respetar al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y debiéndose contar con la presencia de algún representante legal de los trabajadores. Por lo tanto, dicho precepto autoriza el registro en la terminal de ordenador que utiliza el trabajador, pues el ordenador a estos efectos puede asimilarse a la taquilla, ya que no podemos olvidar que dicho ordenador es un instrumento de trabajo propiedad de la empresa y que no debe ser utilizado para otros fines distintos y diferentes que la realización de la actividad laboral, por lo que no cabe hablar de documentos personales incorporados al mismo.

Ahora bien, esta posibilidad de efectuar registros en las terminales de ordenador de los trabajadores no es un derecho absoluto e incondicionado de la empresa, pues el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, precepto al amparo del cual la demandada efectuó el registro, lo condiciona a que ello sea necesario para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, cosa que la demandada ni siquiera ha alegado en el supuesto de autos, pues de un somero examen del acta de registro se desprende que la empresa ni siquiera adujo causa o motivo alguno para la realización del registro en cuestión. Por ello, consideramos que dicho registro violó el derecho a la intimidad del trabajador, garantizada en el plano estrictamente laboral por el artículo 4-2 e) del Estatuto de los Trabajadores y con carácter general en el artículo 10 de la Constitución. Todo lo anterior, nos lleva a estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto para declarar que se ha producido una lesión del derecho de intimidad del demandante, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por dicha declaración, debiendo estimarse en este punto concreto el recurso.

Que por lo que se refiere a la indemnización solicitada, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de 9 de junio de 1993, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, ha declarado que en el proceso de tutela de la libertad sindical, una vez acreditada la vulneración del derecho fundamental, se presume la existencia del daño y debe decretarse la indemnización correspondiente, sin necesidad de que el sujeto que haya sido víctima de la lesión pruebe que se le ha producido un perjuicio.

La Sala entendía que esa interpretación era la adecuada, pues así se desprende del artículo 15 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical que establece con carácter imperativo que el órgano judicial decretará el cese inmediato del comportamiento antisindical, así como la reparación de sus consecuencias ilícitas, si entendiese probada la violación del derecho fundamental, criterio que se refuerza con el mandato del artículo 180-1 de la Ley de Procedimiento Laboral de reparar, en tal caso, las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización que proceda. Ahora bien, la anterior doctrina - presunción del daño moral resarcible con motivo de la violación del derecho fundamental - no significa que la parte quede exonerada automáticamente del deber de alegar en su demanda los indicios o fundamentos que permitan apoyar su concreta pretensión indemnizatoria, justificando suficientemente que la compensación exigida procede en el específico supuesto de hecho, por ser razonable y proporcionada al perjuicio sufrido, atendidas las circunstancias caso y la gravedad de la lesión sufrida (en ese sentido, sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1997 y 2 de febrero de 1998, dictadas en recursos de casación para la unificación de doctrina).

En el presente caso, la Sala considera que la indemnización que debe fijarse en favor del actor debe alcanzar la suma de cincuenta mil pesetas, pues, aunque resulta incuestionable que la vulneración del derecho de intimidad ha producido un perjuicio al demandante, dicho perjuicio debe cuantificarse en la suma antes indicada, ponderando las circunstancias concurrentes en el caso, la naturaleza de la lesión, la ausencia de perjuicios materiales acreditados, el período de tiempo que ha durado la vulneración del derecho fundamental y la falta de prueba del demandante de los indicios o elementos que sustenten la cuantía concreta de la indemnización reclamada.

Manifiesto por la libertad de expresión y la legitimidad de la defensa de la república (IU, IR,...)

Nodo50 — 2000-07-30T12:42:00Z

Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida

Asociación de Abogados Progresista de Andalucía

Izquierda Republicana

El pasado 8 de Mayo los reyes visitaron Huelva y, tras recibir la medalla de oro de la ciudad, salieron al balcón del Ayuntamiento onubense. En ese momento un grupo de jóvenes de las Juventudes Comunistas desplegaron una pancarta que rezaba "Algunos viven como reyes, nosotros reclamamos la República", a la vez que varios de ellos corearon frases como la de "España mañana será republicana".

El reducido grupo de manifestantes fue acordonado por miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Real, que los condujo al portal de un edificio cercano, donde fueron identificados y, seguidamente, puestos en libertad. La retención duró una hora, y en ese intervalo, fueron amenazados de "darles de hostias" y tratados como "peores que los de Jarrai". Aunque estos jóvenes no se dirigieron a nadie de los presentes, algunas de las personas que estaban mirando a los reyes se encolerizaron e incluso pidieron a gritos que los fusilaran, cuando los jóvenes defensores de la República abrieron su pancarta.

Como consecuencia de este simple ejercicio del derecho a la libertad de expresión, han sido acusados de un presunto delito de alteración del orden público, por lo que la Audiencia Provincial de Huelva los juzgará el próximo día 19 de julio. Además, se les acusa también de una falta administrativa, sancionada con una multa que puede oscilar entre las 50.000 y el millón de pesetas.

Como añadidura de semejante esperpento, la policía y la guardia real tomó también los datos de un joven que se acercó a ver lo que estaba ocurriendo y al secretario de Administraciones Públicas de Comisiones Obreras, José Luis Rodríguez, que se acercó para interesarse por la actuación de la policía. Ambos también han sido acusados y tendrán que comparecer el próximo día 19.

Los nombres de los jóvenes acusados son: Aida Rodríguez, Vicente Cano, Jesús Farr, Agustín Benito, Emilio de la Rosa, Sergio Montes, Candela Sáenz, Damián García y Diego Medel.

Ante este desmedido, torpe y asombrosamente injustificado ataque a la libertad de expresión y contra la legitimidad de la defensa del republicanismo, que únicamente tiene parangón con los usos y abusos de la policía franquista, mostramos todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con estos jóvenes y con el miembro de Comisiones Obreras, ante el increíble atropello de los más básicos derechos ciudadanos de que han sido objeto, y expresamos nuestro más absoluto rechazo a lo que es una clara criminalización de algo tan legítimo como la defensa del republicanismo, una opción política libremente asumida por un gran número de españoles, merecedora del máximo de los respetos, y que, por supuesto, en ningún caso puede ser objeto de sanciones, multas o actuaciones coercitivas policiales.

"Condenan a un edil de Izquierda Unida a dos fines de semana por una pintada." (Nodo50 y Voces)

Nodo50 — 2000-06-17T12:41:00Z

Querido Javier:

Parece increíble que en el año 2000 tengas que pasar la noche de san Juan en prisión por escribir en un muro la verdad sobre la guerra. Pero así es: la vieja mierda que conocimos sigue ahí. Hace siglos, el maestro Gracián dijo de un juez antiguo en El criticón "Ya el nombre de juez se equivoca con el de vendedor del justo. Ya los mismos que habían de acabar con los males son los que los conservan, porque viven de ellos". Parece que aún seguimos ahí, en la vieja España.

Quienes te juzgan se quedan en las viejas formas. Pues lo que has hecho es lo que tiene que hacer un pacifista de hoy. Un pacifista de hoy no es alguien que esté dispuesto a aceptar pasivamente la paz de los cementerios con tal de que no haya conflicto. Un pacifista de hoy de los de verdad, no de los de boquilla es alguien que busca fórmulas para la resolución pacífica y racional de los conflictos. Un pacifista de hoy, amante de Russell, de Einstein y de Gandhi, como tú lo eres, sabe que los bombardeos de ciudades con la pretensión de ayudar a las víctimas de un etnocidio no reducirá nunca el número de las víctimas inocentes potenciales, sino que aumentará el número de las víctimas reales. Eso es lo que realmente pasó en Yugoslavia.

Cuando la mentira se impone y los de arriba engañan a las gentes con la mentira, los muros no se ensucian con la pintada de la verdad. Se convierten en soporte de la verdad.

Recibe un fuerte abrazo de un amigo solidario.

Paco Fernández Buey

ENVÍA UN TELEGRAMA O UN FAX La asamblea Local de Izquierda Unida en Jaén cree que puede ser útil tu colaboración enviando un telegrama o un fax al juzgado que ha condenado a Javier Aguilera. Sugerimos el siguiente texto, pero naturalmente puedes enviar el que mejor te parezca:

POR LA PAZ Y LA JUSTICIA: En solidaridad con Fco. Javier Aguilera

Los datos donde enviarlo son los siguientes: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1, calle Cronista González López, 4. Jaén. Telf. y fax: 953 217 068.

Introducida en la defensoria denuncia contra proyecto de ley de telecomunicaciones. (LibreComunicación)

Nodo50 — 2000-05-17T12:40:00Z

Caracas, 15 de mayo de 2000

El pasado jueves 11, miembros del Movimiento por la Libre Comunicación introdujeron ante la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela una denuncia contra el Proyecto de Ley del Régimen General de las Telecomunicaciones (versión del 05-04-2000), al entender que en su actual formulación lesiona severamente los derechos a la libertad de expresión y a la libre comunicación de las comunidades.

El proyecto de ley, que regula entre otros aspectos lo relacionado con los servicios de comunicación en los ámbitos de la radiodifusión sonora y difusión de televisión abierta y por suscripción, tiene como objeto "establecer el marco legal general de regulación de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho fundamental de los habitantes de la República a la comunicación" (art. 1). Sin embargo, su articulado limita el alcance de este derecho al "acceso a los servicios de telecomunicaciones" (art. 2), considerando a los ciudadanos como meros receptores de servicios, y no como titulares del derecho a la comunicación. Si bien el art. 6 reafirma que "el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la República", el art. 199 establece que el Estado "podrá reservarse para sí frecuencias en cada una de las bandas de radiodifusión sonora y de televisión abierta", sin que se reconozca el derecho de la sociedad organizada a ocupar porciones del espectro, así como a fundar y gestionar medios de comunicación por parte de las comunidades —como componente esencial del ejercicio del derecho a la comunicación—.

Adicionalmente, los requisitos establecidos por el proyecto de la ley para obtener concesiones de uso del espectro radioeléctrico resultan insalvables para las iniciativas comunitarias (emisoras comunitarias de radio y televisión, de baja potencia, alcance local y escasos recursos financieros). Por ello, el establecimiento de un régimen que sanciona administrativamente y penaliza hasta con cuatro (4) años de prisión (art. 197) a quienes, en libre ejercicio de su derecho a la comunicación, desarrollen actividades de radiodifusión sin la respectiva autorización, significa la criminalización del ejercicio del derecho a la libre comunicación, y supone un grave atentado contra los derechos y libertades de las comunidades e individuos.

De esta manera, quedaría descartada la posibilidad de que las comunidades, en uso legítimo de un patrimonio común, desarrollen actividades de radiodifusión y televisión abierta en libertad y sin limitaciones derivadas de sus capacidades financieras, vulnerando así el art. 57 de la Constitución, que consagra el derecho de toda persona a la libertad de expresión, "y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión"; así como el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece para los Estados la prohibición de "restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales (...) o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

El Movimiento por la Libre Comunicación coincide en la necesidad de actualizar el marco normativo de las telecomunicaciones vigente (que data de 1940), para adecuarlo al proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones previsto para el último trimestre de este año, el cual brindará nuevas oportunidades y ventajas para la sociedad venezolana. Sin embargo, la nueva ley no debe servir tan sólo a los fines de regular el mercado de las telecomunicaciones (reservando así el ejercicio del derecho a las empresas privadas comerciales), sino que además debe garantizar el derecho a la comunicación de los habitantes y comunidades de la República. Por ello, bajo el principio enunciado en el art. 211 de la Constitución de la República Bolivariana (participación de los ciudadanos en el diseño de leyes), el Movimiento por la Libre Comunicación llama a la apertura de un proceso de diálogo, con el fin de incorporar a la ley las garantías necesarias para el libre ejercicio de los derechos a la comunicación por parte de las comunidades, y muy particularmente de su derecho a fundar medios de comunicación radioeléctricos: radios y televisoras comunitarias.

El Movimiento por la Libre Comunicación articula a diversas organizaciones sociales de Venezuela con trabajo en el área de la comunicación en general, incluyendo a las involucradas en actividades de difusión radioeléctrica de baja potencia —estaciones de televisión y radio comunitarias—. El pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se hizo público el Manifiesto de la Libre Comunicación, firmado por más de cincuenta organizaciones sociales y comunitarias del país. El Manifiesto condensa los principios de derechos humanos que determinan el accionar de las diversas plataformas sociales y comunitarias venezolanas por la reivindicación de sus derechos civiles, así como plantea las exigencias mínimas para el logro de un marco general de promoción, protección y cumplimiento de estos derechos.

Más información en el sitio web http://www.librecomunicación.org, a través de correo electrónico por info@librecomunicacion.org, o por los teléfonos 016-6254278 y 014-2563445.

Proyecto LibreComunicación (Venezuela)

Nodo50 — 2000-05-11T12:39:00Z

Los colectivos populares de comunicación alternativa de Venezuela suscriben y divulgan el Manifiesto de la Libre Comunicación, el cual tiene como objetivos reivindicar el derecho a la libertad de expresión y comunicación y a fundar medios de comunicación por parte de las comunidades, así como alertar contra las posibles consecuencias de la inminente aprobación del Proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que puede vulnerar el disfrute de estos derechos humanos.

LibreComunicación, la Red Venezolana de Medios Comunitarios y diversas organizaciones populares que trabajan en comunicación popular, comunitaria o alternativa en el país, vienen protagonizando en los últimos meses un creciente proceso de articulación en torno al derecho a la libre comunicación y la libertad de acceso a los medios por parte de las comunidades. El Encuentro de la Libre Comunicación, realizado en Barquisimeto en los días 10 y 11 de marzo de este año, en el que participaron grupos y colectivos de Lara, Maracay y Caracas, supuso un paso más en la articulación de las experiencias de comunicación libre que existen en Venezuela. A partir de las discusiones colectivas, y motivados tanto por la necesidad de luchar por el libre acceso a fundar medios de comunicación comunitarios, como por la inminente aprobación del Proyecto de Ley de Telecomunicaciones (que puede vulnerar el acceso del movimiento popular a las radios y televisoras comunitarias). Los colectivos alli presentes redactaron el primer Manifiesto de la Libre Comunicación, presentado el miércoles 3 de mayo durante un evento sobre servicios públicos organizado por la Defensoría del Pueblo, la Comisión Andina de Juristas y CASETEL, en el Hotel Caracas Hilton.

LibreComunicación es un frente de varios grupos que trabajan en comunicación alternativa, libre, popular y/o contracultural en Venezuela. Es totalmente autónomo y no depende de ninguna institución gubernamental o privada. La Red Venezolana de Medios Comunitarios agrupa a una serie de iniciativas de medios de difusión de baja potencia de Venezuela, que buscan desarrollar procesos comunicativos en conjunto con organizaciones comunitarias y de base. Es una instancia de articulación autónoma y no depende de ninguna institución gubernamental o privada.

Más información en http://www.librecomunicacion.org

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MANIFIESTO DE LA LIBRE COMUNICACIÓN

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CONSIDERANDO que, de acuerdo a la resolución 59(1) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14-12-1946, la libertad de informar es un derecho humano fundamental de todas las personas;

CONSIDERANDO que el espectro radioléctrico es patrimonio común de la humanidad y que la única atribución que corresponde al Estado, al respecto, es administrarlo con criterios de igualdad y pluralismo democrático;

CONSIDERANDO que, de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), todos tenemos el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier procedimiento de nuestra elección;

CONSIDERANDO que, de acuerdo a esa misma Convención, el Estado tiene la obligación de no restringir este derecho por medios tales como el abuso de controles oficiales de frecuencias radioeléctricas o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones;

CONSIDERANDO así mismo que, de acuerdo con los artículos 57 y 58 de la Constitución Venezolana de 1999, la comunicación es libre y plural, y todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, haciendo uso de cualquier medio de comunicación y difusión;

CONSIDERANDO que, de acuerdo a los artículos 101 y 108 de nuestra Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar la emisión, recepción y circulación de la información cultural y el servicio público de radio y televisión como vía de acceso universal a la información;

CONSIDERANDO que los principios fundamentales de la UNESCO acerca de la libertad de comunicación consagran como elementos esenciales del desarrollo democrático y económico de las naciones el desarrollo de prensas y medios libres, independientes y pluralistas (principios plasmados en la Declaración de Windhoek de 1991; Declaración de Alma Ata de 1992; Declaración de Santiago de Chile de 1994; y Declaración de Sana'a de 1996);

CONSIDERANDO así mismo los principios y postulados de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Videazimut, que reúnen a iniciativas de comunicación independiente de todo el mundo;

RECORDANDO que tanto las necesidades como las posibilidades informativas y comunicativas de los sectores populares han sido históricamente expropiadas y excluidas de la agenda pública en beneficio de los sectores de poder económico, a través de trabas burocráticas, concesiones signadas por la corrupción y el compadrazgo político;

PREOCUPADOS porque la diversidad de iniciativas colectivas de comunicación alternativa a lo largo de todo el país ven limitadas sus posibilidades de ejercer el derecho a la libre expresión y comunicación, debido al apoyo oficial al monopolio de los medios radioeléctricos y de prensa promovidos por los sectores de poder económico;

COINCIDIENDO con un momento político que fundamenta su legitimidad en la profundización de la democracia a través de un mayor protagonismo y participación del pueblo en los procesos sociales;

PREOCUPADOS por las amenazas para la vigencia del derecho a la libre comunicación que puedan derivarse del diseño del marco legislativo de las telecomunicaciones, a causa del protagonismo de las grandes corporaciones y la exclusión de la participación de colectivos populares, la comunidad organizada y otros sectores de la sociedad; y

CONSIDERANDO que los nuevos proyectos de Ley y Reglamento de Telecomunicaciones que se discuten son acuerdos negociados entre el Estado y la empresa privada, que conciben las telecomunicaciones como actividades exclusivamente económicas y han sido diseñados especialmente para aprovechar la oportunidad fiscal que ofrece la apertura del sector de las telecomunicaciones a partir del año 2000;

DECLARAMOS QUE:

1. El desarrollo de las prácticas de comunicación libres y comunitarias basadas en los principios democráticos de la libertad, la igualdad y la participación, que defienden la pluralidad y la diversidad cultural, es esencial para la creación de espacios que apoyen la participación de los ciudadanos en un proceso democrático.

2. No habrá verdadera democracia ni acceso a la información si no se extiende la libertad de crear medios a las comunidades organizadas, en condiciones de igualdad y con un marco legal que favorezca el desarrollo de los mismos.

3. Los medios comunitarios desempeñan un papel fundamental en el refuerzo de los derechos culturales y sociales de las minorías étnicas y de los sectores más empobrecidos de la población.

4. Los contenidos de los medios radioeléctricos masivos están orientados de modo casi exclusivo a promover el consumo, debido a la concentración de intereses comerciales, lo que promueve la alienación y la transculturación en torno al hecho comunicativo y afecta las posibilidades educativas y de transformación propias de la comunicación.

5. La expansión continua de las corporaciones transnacionales que se caracteriza, entre otros, por la creación de conglomerados en el sector de los medios y la concentración de la propiedad, amenazan la existencia de medios comunitarios independientes e incluso la pluralidad de cualquier tipo de medio.

6. El acceso a los medios se debe sostener a través de la educación y la capacitación para desarrollar su comprensión crítica y permitir a la gente que desarrolle sus posibilidades en el ejercicio del hecho comunicativo a través de los medios.

7. La información nunca será veraz si no es posible establecer medios en condiciones de igualdad y, especialmente, si no existen las garantías necesarias para que las comunidades organizadas puedan fundar y gestionar sus propios medios.

8. La economía de mercado no es el único modelo para construir la infraestructura de las comunicaciones. La gente se debe considerar como productora y generadora de información y no sólo como "consumidora". Para ello, debe contar con las oportunidades necesarias para asumir el protagonismo en la creación, difusión y análisis de las informaciones, lo cual sólo puede lograrse a través de políticas y leyes que garanticen la democratización real de dicha infraestructura.

EXIGIMOS:

1. El reconocimiento oficial del sector de los medios comunitarios como un componente esencial de la radiodifusión de servicio público y como contribución vital al pluralismo en los medios y a la vigencia y disfrute de la libertad de expresión e información.

2. La creación por parte del Estado de un espacio público para el debate y la consulta en el cual los representantes de la sociedad civil y las comunidades organizadas (y no solo la empresa privada) participen en el diseño e instrumentación de las políticas, leyes y normativas de comunicación y telecomunicaciones.

3. La garantía en la nueva Ley y el nuevo Reglamento de Telecomunicaciones de que la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, los criterios técnicos y las prioridades de desarrollo promuevan e incentiven la creación de medios por parte de las organizaciones no gubernamentales y las comunidades organizadas, sin que se establezca ningún tipo de barreras políticas, económicas, administrativas, técnicas o de cualquier otra índole para el ejercicio del derecho a informar y a expresarse libremente, más allá de las que impone el uso de los recursos limitados del espectro radioeléctrico.

4. Que el Estado destine una significativa cuota de los ingresos fiscales provenientes de la carga contributiva de las empresas de telecomunicaciones para implantar planes de desarrollo y de formación de las estructuras culturales, comunitarias y cívicas de las comunicaciones.

5. Que el llamado Plan Nacional de Telecomunicaciones que adelanta el Estado tome en cuenta y favorezca la existencia y desarrollo de emisoras de radio y televisión comunitarias absolutamente autónomas y sin ningún tipo de injerencia oficial en la programación y emisión de contenidos.

6. La atribución de una parte significativa del espectro radioeléctrico para el uso por parte de micro-difusores y medios comunitarios.

=================================================================== Lista de grupos que se adhieren al Manfiesto y más información en: http://www.librecomunicacion.org

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