Testimonios sobre redadas y libertad de expresión

13 de marzo de 2011.

“Una de las veces salía a comprar el pan en Lavapiés, por la mañana, me detuvieron y me soltaron a las 3 de la madrugada. En otra ocasión caminaba por la calle Montera a las 10 de la noche, iba a ver un amigo al que le llevaba un regalo..."

Noticia tomada de Diagonal

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ADAMA. 30 ANOS. GAMBIA. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE SIN PAPELES DE MADRID

"TODAVÍA ESTOY ESPERANDO QUE ME DEVUELVAN EL PASAPORTE"

Lleva en Madrid cuatro años y los comienzos fueron muy duros. En Gambia tenía dos tiendas de ropa de mujer con solo 26 años, pensó que podía mejorar su vida viniendo a España. Que recuerde ha sufrido siete controles de identificación. Por el calabozo ha pasado en más de una ocasión después de estas redadas.

“Una de las veces salía a comprar el pan en Lavapiés, por la mañana, me detuvieron y me soltaron a las 3 de la madrugada. En otra ocasión caminaba por la calle Montera a las 10 de la noche, iba a ver un amigo al que le llevaba un regalo. Me pararon el alto desde muy lejos. Me pidieron el pasaporte de mi país, todavía estoy esperando a que me lo devuelvan, y querían que les acompañara."

"¿Por qué yo entre todas estas personas?¿Porque soy negro?- les pregunté. ¿es que no hay libertad? Si no te gusta, vuelve a tu puto país-me contestó uno de ellos. Nunca llegué a casa de mi amigo, me llevaron a comisaría y me soltaron a las cuatro de la tarde del día siguiente."

"Otras veces me paran y no me llevan. Una de esas, estaba trabajando, repartiendo publicidad en Sol, con dos chicos rumanos más. Se acercó la policía y me pidió la documentación sólo a mí. Entiendo este es tu trabajo, pero entonces pídele la documentación a todo el mundo, no sólo a mí porque soy negro, porque me haces sentir mal y pienso que eres racista y mala persona. La policía se dio la vuelta y se fue, creo que le dio vergüenza, hay de todo."

“Acabas yendo con miedo, hasta que llegué aquí nunca había confrontado a la policía. Afortunadamente he encontrado a gente que me quiere mucho; el principio fue mucho más duro”. “¿Estrategias para evitar redadas? Ahora tengo una situación regular. Antes, si estoy trabajando o he quedado con algún amigo estoy en casa estudiando, viendo la tele, leyendo...En la calle siempre va a haber policía buscando inmigrantes, negros. Si estás en casa seguro que no te pillan, si no estás te pillan seguro.”

"Hace un mes pararon en la calle a un amigo y le pidieron los papeles. El chico se asustó porque no tenía e intentó huir. Un montón de policías de paisano salieron corriendo detrás de él, le cogieron y le tiraron al suelo. Yo me acerqué (me llamó una amiga común que iba con él); para que no le golpearan sobre todo. Le dije, “no ha hecho nada, solo no tiene papeles”. Una de las policías me apuntó con la pistola y me dijo, “vete, si no quieres una bala”.

"Mi amigo estuvo casi tres días encarcelado y le pusieron una multa de 50 euros. Hay gente que ve estos abusos y pasa de largo, así no va a cambiar la situación. También es que a estas personas les caen multas por quejarse ante una redada. A una señora de 70 años en un restaurante senegalés, por quejarse para que no se llevaran a la gente del restaurante la llevaron a la comisaría y le pusieron una multa. ¡A una señora de 70 años! Con la crisis, nos culpan de muchos males."

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ROSSÍO RODRÍGUEZ LIZARAZU, BOLIVIA. DETENIDA POR GRABAR UNA REDADA

“LOS PERROS TIENEN MÁS DERECHOS QUE LOS SIN PAPELES”

Cansada de que le pidieran regularmente los papeles y de que el Gobierno negara la existencia de estos controles, esta boliviana de 40 años decidió documentar uno de ellos. Su lucha no ha sido en vano.

Rossío volvía del trabajo a las diez de la noche cuando se encontró con un control masivo de documentación en el Metro de Avenida de América, Madrid, y decidió grabarlo, a pesar de que en ese momento la situación de esta boliviana era irregular desde el punto de vista legal. “Siempre me piden los papeles y acababa de ver a Rubalcaba en la tele diciendo que las redadas no existían, traté de documentar lo contrario”, comenta.

La policía le quitó el móvil a la fuerza torciéndole la mano y le borraron no sólo el vídeo de la redada, sino hasta las fotos de sus hijos. Se pasó dos días completos detenida en comisaría, poniendo en riesgo la salud de las personas mayores a las que cuidaba y su propio trabajo, que no perdió.

De su periplo legal destaca asombrada: “En el primer atestado la policía dijo que cuando me vieron sacar el móvil, ¡pensaron que era terrorista! Los dos policías me acusaron de haberles pegado cuando eran mucho más grandes que yo, y yo era la única que contaba con un parte de lesiones”. Al final la acusaron de falta leve y tuvo que pagar una multa de 80 euros, pero perdió algo más valioso: le denegaron los papeles que estaba regularizando.

En el momento en que la detuvieron, de hecho, iba con una compañera de trabajo que tuvo miedo de declarar como testigo por las consecuencias que pudiera tener esta acción en la renovación de su autorización de residencia y trabajo. “Yéndome a un extremo, a veces pienso que en este país los perros tienen más derechos y más visibilidad que las personas sin papeles”, piensa.

Con su valentía, Rossío ha conseguido ya más visibilidad para estas cuestiones. Además ha recurrido el caso con una abogada experta en derechos humanos. Cuando nos contaba esta historia acababa de firmar su permiso de residencia ligado al trabajo.

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CHEIKH DIA, SENEGAL. DETENIDO OCHO VECES EN DOS AÑOS

“PASO MUCHO TIEMPO EN CASA, EN LA CALLE TE PUEDEN DETENER”

Vive alerta y no es para menos. La policía le ha detenido ocho veces en dos años, incluso mientras hacía gestiones administrativas. Se ha dado un plazo para volver a su país, donde cree que ahora se vive mejor.

Le detuvieron haciendo gestiones en los juzgados de plaza Castilla para regularizar su situación. Le preguntaron por la documentación, le pidieron una multa de 200 euros que no tenía y se lo llevaron a la comisaría. Cheikh Dia, senegalés de 27 años, estuvo allí hasta las cinco de la tarde, desde primera hora de la mañana. Otras veces ha llegado a estar dos días encerrado, tomando galletas por toda comida (parece que es lo único que dan de comer en comisaría durante las detenciones preventivas, incluso durante tres días).

Le han detenido ocho veces en dos años. Sabe que en Puente de Vallecas (Madrid), donde vive, hay más policía los lunes y los viernes y conoce las zonas donde se concentran. “Si eres negro, te piden la documentación.

Paso mucho tiempo en casa, en la calle te pueden detener. Tengo un amigo al que acaban de encerrar en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante dos meses, dos meses encerrado por no tener papeles, antes era un mes. No ha hecho nada, no ha robado ni ha cometido ningún delito”, nos cuenta.

“Vine buscando una vida mejor, pero no tengo trabajo porque no tengo papeles. Si los españoles están en paro, ¿qué vamos a hacer los extranjeros? Cada año que pasa es más duro. España es un país en crisis, antes trabajábamos en la construcción, ahora no hay construcción."

"Sólo nos queda vender en la calle, y cada vez está peor. La gente apenas compra, la policía te persigue”, desgrana. Quiere ahorrar dinero para comprar el billete que le devuelva a Senegal: “No quiero aguantar más. Si el año que viene no tengo papeles, me vuelvo a mi país. Si ni siquiera puedes salir por la noche, ¿qué es esto? Un buen amigo mío ya se ha vuelto”.

En Senegal antes de venir estudiaba árabe. Es imán. “Yo creo que ahora en mi país se está mejor. Ahora veo a algunos extranjeros que llegan y duermen en la calle. Al menos en Senegal vivía con más solidaridad”, resume.

CÁMARAS ENCAUSADOS

DEL PIE DE LA NOTICIA A LOS TRIBUNALES

JUICIO Y 100 EUROS DE PROPINA

Alicia Mesonero estaba fotografiando redadas en Lavapiés (Madrid) como colaboradora de DIAGONAL. La policía le pidió su DNI cuando intervino para preguntar por una detención. Más tarde fue citada para un juicio por alteración del orden público en el que declaró un policía que no estaba cuando la identificaron. La multa ascendió a 100 euros.

40 HORAS EN UNA CELDA A 3 GRADOS

Pedro Armestre, un fotógrafo independiente, fue detenido junto con los 15 activistas de Greenpeace que se encaramaron el 15 de febrero a una de las torres de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) para exigir su cierre. Armestre fue detenido 40 horas en una celda a tres grados de temperatura. Ahora afronta un juicio por desobediencia.

TESTIGO INCÓMODO EN UN DESALOJO

El fotógrafo José Alfonso (ABC) tuvo que identificarse ante la policía mientras cubría un desalojo en la Cañada Real de Madrid. No le dió importancia hasta que recibió a los pocos días una citación para un juicio por desorden público. Fue absuelto.

COACCIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO

Albert García, fotógrafo del semanal independiente catalán La Directa, interpuso dos querellas contra agentes de los Mossos d’Esquadra por coacciones y amenazas. La primera, cuando hacía fotos y la segunda, más grave, tras una ‘visita’ de uno de los agentes mientras Albert se encontraba trabajando de camarero. Los mossos fueron absueltos.

Fuente: Diagonal

Libertad de circulación, libertad de expresión


La crisis arrecia y se recrudece la situación para las personas inmigrantes, acorraladas por la falta de trabajo, las enormes dificultades para regularizar su situación y el acoso al que se ven sometidas en la calle por la policía. Mientras que desde el Gobierno se niega tal hostigamiento, ciudadanos y profesionales de la información denuncian prácticas como los controles masivos de documentación con criterios raciales. Vigilar a los vigilantes es legal pero supone arrestos, multas y detenciones. Además del caso del fotógrafo de este periódico, Edu León, desgranamos otros de los que acontecen a un lado y otro de la cámara.

“Es la tercera vez que me paráis esta semana, esto no hay quien lo aguante”, se queja con cansancio un adolescente negro en un locutorio en el madrileño barrio de Lavapiés, junto con dos colegas a los que la policía acaba de pedir la documentación. Estaban haciendo fotocopias para el próximo examen en el instituto. Se trata de una escena cotidiana en un creciente número de barrios y ciudades dentro de la fortaleza de los países más ricos y que se replica, incluso, en algunos de los países menos pobres de entre los empobrecidos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha denunciado a España, en una audiencia celebrada el 23 de febrero en Ginebra, por la detención de inmigrantes según perfiles racistas.

Destacan que “la policía se maneja con circulares racistas para detener a inmigrantes indocumentados” y que “sindicatos de policía han revelado que deben cumplir con una cierta cantidad de detenciones”.

El acoso al inmigrante con sistemáticos controles de identidad basados en criterios raciales constituye una de las ‘performances’ públicas con las que el poder mantiene posiciones ante la crisis: da seguridad a unos, a aquellos que se sienten ahora más amenazados que nunca, atemorizando a otros. Buena gestión del miedo de todos. Organizaciones de inmigrantes enmarcan estas redadas en una estrategia de creciente “racismo institucional”, junto con otros hechos, como la denegación arbitraria de tarjetas de residencia o las trabas administrativas para empadronarse.

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SON ILUSIONES

No obstante, el ministro que mejor ha entendido que la política se hace en las ruedas de prensa, Alfredo Pérez Rubalcaba, insiste en su tesis: “No hay redadas, las prohíbe la constitución”. El responsable de Interior afirmó en la presentación del balance de la lucha contra la inmigración ilegal, a finales de enero, que los 3.321 extranjeros expulsados en 2010 por estar en situación irregular fueron localizados en “operativos antiterroristas o en controles de alcoholemia”.

La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), ante lo que calificó como “falta de transparencia del Gobierno en la publicación de datos oficiales”, investigó en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2009 y desveló que ese año fueron expulsadas 8.935 personas de las 16.590 que fueron detenidas y que entraron a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). “La privación del derecho a la libertad de las personas no estuvo justificada entonces en la mitad de los casos”, denuncia AEDIDH.

Al tiempo que organismos internacionales vigilan la labor de los gobernantes, en la calle cada vez más ciudadanos y profesionales de la información velan también por el buen desempeño de la labor de los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado. Su trabajo se puede observar, fotografiar y grabar dentro de la legislación vigente. La sociedad de la vigilancia puede volverse contra sus promotores.

Nahia y Cristina, dos vecinas de Bilbao, se pararon a observar la detención de un inmigrante en la noche del 23 de diciembre de 2009 y las detuvieron hasta las cuatro de la madrugada. Más de un año después, la Audiencia de Bizkaia reabre el caso por posible arresto ilegal. “Se trata de terror machista policial. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que denuncien estas prácticas abusivas y no se acostumbren a vivir con ellas, y a los responsables municipales para que cesen de sus puestos a estos maltratadores uniformados o, en caso contrario, dimitan”, señalan.

Rossío Rodríguez Lizarazu, además de mirar, sacó su móvil y grabó a los policías que estaban ejecutando un control de identidad. “Acababa de ver en la tele a Rubalcaba diciendo que las redadas no existían , estaba tratando de documentar lo contrario”, cuenta a DIAGONAL.

Boliviana y en situación irregular, acabó detenida y le denegaron los papeles que estaba tramitando. Vea aquí su relato

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DERECHO A INFORMAR

Además de la libertad de expresión de este ‘periodismo ciudadano’, muchos profesionales reclaman libertad de prensa, derecho a informar. Edu León, coordinador de fotografía de este periódico, enfrenta ahora su cuarto juicio en menos de un año, por documentar, junto con Olmo Calvo y David Fernández (también de DIAGONAL), los controles de identidad a inmigrantes. Las repetidas detenciones de León, alguna de las cuales es mencionada en el informe sobre libertad de prensa 2010 de Reporteros Sin Fronteras, han provocado la solidaridad de decenas de compañeros. Muchos de ellos se han convertido en protagonistas involuntarios de noticias paralelas a las realidades que querían fotografiar.

La freelance Alicia Mesonero fue denunciada y llevada a juicio por fotografiar una redada; acabó pagando una multa de unos 100 euros, bajo amenaza de arresto. A finales del pasado enero absolvieron a José Alfonso (ABC) en un juicio por fotografiar a dos policías. Pedro Armestre (AFP PHOTO) pasó un día y medio, entre el 15 y el 16 de febrero, en una celda a tres grados por hacer fotos en la última acción de Greenpeace en la central nuclear de Cofrentes (Valencia).

Jesús Feria (La Razón), Josep Lluis Sellart (El País), Walter Astrada (La Nación, France Press), Guillem Valle (ADN), José Colón (Público) y Martín Carrasco (EFE) han sido agredidos y/o detenidos por la policía mientras trabajaban. Albert Garcia (La Directa) llevó a juicio a Mossos d’Esquadra por acoso y continuas amenazas a finales de 2010. Son sólo una muestra.

COBERTURAS DE RIESGO

¿IDENTIFICARSE POR INFORMAR?

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Ministerio del Interior ultiman, desde hace meses, un convenio para identificar a periodistas gráficos en coberturas con la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

La Asociación de la Prensa de Madrid, la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y TV y la Delegación del Gobierno de Madrid negocian por su parte un acuerdo por el que se garantizará la seguridad sólo a aquellas personas identificadas ante la policía con un peto y el DNI.

En Cataluña se identifican con un brazalete naranja, lo que ha mejorado la situación, aunque no ha acabado con los incidentes entre reporteros gráficos y policía, y tampoco protege a quienes practiquen un ‘periodismo ciudadano’ en auge.

Fuente: Diagonal

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