Solidaridad con los encausados de Udalbiltza
9 de julio de 2010.
Los días 15, 16, 22 y 23 de julio de 2010 y tras el verano, el 7, 8, 9,14,15 y 16 de septiembre, se desarrollará el juicio en la Audiencia Nacional de Madrid por el sumario 6/03, dirigido contra 22 concejales y trabajadores administrativos por pertenecer a Udalbiltza acusados “de un posible delito de integración en organización terrorista”. Se solicita para ellos penas de 10 a 15 años de cárcel.
La Asamblea de Ayuntamientos y Electos Municipales de Euskal Herria (Udalbiltza) se creó en 1999 para dotar a los territorios vascos de una representación institucional democrática con el apoyo de 1700 electos municipales pertenecientes a PNV, EA, izquierda abertzale e independientes de las siete provincias vascas.
Esta institución pretende afirmar la existencia del Pueblo Vasco como Nación contribuyendo a su estructuración institucional, impulsando la construcción nacional y avanzando en el proceso de interrelación entre los municipios de todos los territorios, en ámbitos como lengua, cultura, deporte, medio ambiente, ordenación del territorio, desarrollo económico y bienestar social. También tiene por objeto proyectar en el ámbito internacional la existencia del Pueblo Vasco como nación propia y diferenciada y actuar como tal en Europa.
Algunas de sus actividades han sido el Observatorio Económico y Social de Euskal Herria, la promoción de la igualdad entre géneros, suscribir el convenio con la Liga Internacional de los Derechos de los Pueblos, la caracterización vasca de la matrícula de los automóviles y de las señales de tráfico, el etiquetado “Hecho en Euskal Herria”, Guía de Turismo, etc…
El 29 de abril de 2003, las autoridades españolas realizaron un operativo policial, llevando a cabo registro y precintado de varias sedes de Udalbiltza, interrumpiendo una trayectoria de proyectos compartidos entre ayuntamientos de todos los territorios vascos.
Poco ha importado que los procesados sean cargos elegidos democráticamente por los ciudadanos de sus respectivos municipios y que los fondos se hayan dedicado a actividades culturales, deportivas y educativas, todas ellas de dominio público.
El fundamento de este macroproceso de la Audiencia Nacional, continuación del sumario 18/98 y del mas reciente de Egunkaria, no es jurídico, sino político y no protege sino que vulnera las libertades democráticas que dice defender. Su finalidad es criminalizar cualquier actividad que, mediante cambio pacíficos y democráticos, favorezca la vertebración de Euskal Herria como sujeto político.
El Relator sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, Martin Scheinin y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han denunciado públicamente su preocupación por el alcance excesivo de las definiciones de terrorismo en el estado español.
En el terreno jurídico, condenar ideas y prohibir actividades legítimas como las desarrolladas por los encausados en este proceso, supone profundizar la excepcionalidad de la legislación penal española, incluso en clara contradicción con la norma constitucional. En el terreno político, supone profundizar el déficit democrático del estado español y alejar una solución dialogada del conflicto entre el Estado español y el pueblo vasco.
Sin garantías de los derechos y libertades, no hay democracia. Su defensa requiere la movilización social en todo el estado contra las vulneraciones masivas de libertades. El derecho de un pueblo a decidir no debe ser ni prohibido ni ignorado.
Expresamos nuestra preocupación por este nuevo proceso antidemocrático e injusto, así como las elevadas penas que se solicitan a estos trabajadores y representantes de la voluntad popular. Reivindicamos el derecho de los representantes democráticos a crear y desarrollar instituciones de ámbito nacional.
Manifestamos nuestra solidaridad con los alcaldes, concejales y trabajadores encausados. Exigimos que la fiscalía retire la acusación contra Udalbiltza y todos los procesados en el sumario 6/03 y que dicha causa sea archivada.
Plataforma de Madrid en Solidaridad con los Porcesados de la Asamblea de Ayuntamientos y Electos Vascos (Udalbiltza)
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Manifiesto
La “Asamblea de Ayuntamientos y Electos Municipales de Euskal Herria, UDALBILTZA”, la primera institución nacional del Pueblo Vasco, fue creada en Bilbao el 18 de septiembre de 1.999 por la voluntad de más de 1.700 electos municipales de las siete provincias vascas con el fin de afirmar la existencia del Pueblo Vasco – Euskal Herria como nación; coadyuvar a su estructuración institucional; impulsar la construcción nacional de Euskal Herria; y avanzar en la colaboración entre los municipios vascos en ámbitos como la lengua, la cultura, el deporte, el medio ambiente, el desarrollo económico y el bienestar social.
El 29 de abril de 2003, las autoridades del Estado español ordenaron la realización de una operación policial, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, que culminó con la detención de varios de los cargos municipales electos que formaban parte de la institución así como de varios trabajadores. Dicha operación truncó una rica trayectoria democrática de proyectos compartidos entre ayuntamientos de toda Euskal Herria. Con posterioridad, se ordenó el procesamiento judicial de un total de 22 personas, cargos electos municipales y trabajadores de la institución. Próximamente, todas estas personas, así como la propia institución UDALBILTZA serán juzgadas bajo la acusación de terrorismo. Deberán hacer frente a solicitudes de penas de entre 10 y 23 años de privación de libertad, y a la ilegalización de la Institución.
Ante estos hechos los abajo firmantes nos dirigimos a la opinión pública para:
1. Manifestar nuestra profunda preocupación por el encausamiento de estos representantes municipales y trabajadores y por las graves penas de cárcel solicitadas por las acusaciones. Esta preocupación se sostiene sobre dos constataciones:
En primer lugar, no se atribuye a las personas encausadas ninguna actividad delictiva individualizada y en los argumentos de las acusaciones tan sólo se recogen actividades que entran en el desarrollo normal de las competencias municipales.
En segundo lugar, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Informe de Octubre de 2008 (CCPR/C/ESP/CO/5/2008-10-27) muestra “su preocupación por el alcance potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo en el derecho interno” e insta al reino de España a “la modificación de los artículos 572 a 580 del Código Penal para limitar su aplicación a las infracciones que revistan indiscutiblemente un carácter terrorista”.
2. Manifestar que el derecho de los/as representantes democráticamente elegidos/as en cualquier ámbito institucional a crear, impulsar, desarrollar y financiar instituciones de ámbito nacional, ya sean referidas al conjunto de Euskal Herria o a cualquier otra Nación del mundo, debe ser respetado tanto por el Estado Español como por cualquier estado que se considere democrático.
3. Manifestar y solicitar públicamente, por todo lo anterior, que la fiscalía retire la acusación contra UDALBILTZA y sus miembros procesados en el sumario de la Audiencia Nacional y que dicha causa sea archivada.
4. Manifestar nuestra solidaridad con las personas encausadas (alcaldes, concejales y trabajadores) en el sumario contra UDALBILTZA.
Aureli Argemí, August Gil Matamala, Bill Bowrin, Julen Zabalo, Pep Ruanyes, Yann Choucq, Tata Rafael Quispe, Rizgar Wan, Kathleen Funchion.
FIRMAS DE APOYO
El manifiesto en solidaridad con los encausados de Udalbiltza se puede firmar en: Plataforma de Madrid en Solidaridad con los Procesados de Udalbiltzia
