"Si vuelvo, ¡me mato!"
26 de diciembre de 2009.
"Siguiendo la estela del Defensor del Pueblo, y también los testimonios de muchos chavales afectados y de grupos y personas muy cercanas a nosotras, que están trabajando seriamente para desenmascarar la red de maltrato institucional que se oculta en la loable protección de menores, Amnistia Internacional ha redactado un informe, que si se tuviera en cuenta podría cambiar cosas, pero bueno, ya sabemos lo que sucede con estos trabajos...
Informe de Amnistía Internacional sobre los centros de menores
Lo que es seguro un material importante para manejar en nestras charlas y fundamentar nuestras denuncias, así que lo colgamos aqui, para que se use, y por supuesto, recomendando máxima difusión.
Introducción
La situación de los niños y niñas que se encuentran en centros terapéuticos del sistema de protección en España por trastornos de conducta y dificultad social despertó la atención de la opinión pública durante los primeros meses del año 2009, tras publicarse en el informe
del Defensor del Pueblo del Estado español experiencias concretas de desprotección institucional y abusos contra sus derechos humanos.
Hasta entonces, dicha realidad había permanecido invisible, pese a los esfuerzos de organizaciones y profesionales comprometidos
con la defensa y protección de los derechos humanos de los menores por conseguir lo contrario.
Durante el año 2008, y dentro de la campaña Exige Dignidad, Amnistía Internacional recabó información que impulsó la investigación que este informe recoge. Con este trabajo se pretende que el Estado español responda y cumpla con sus obligaciones internacionales y salvaguarde los derechos humanos de los menores. Para ello, la organización ha examinado la protección institucional proporcionada y sus carencias a la luz de los estándares internacionales, y ha incluido casos que le preocupan en materia de derechos humanos.
Los casos que fueron puestos en conocimiento de Amnistía Internacional por parte de menores, familiares, abogados, educadores y otros profesionales incluyen castigos físicos, aislamiento, suministro abusivo de medicación, ausencia de servicios adecuados para el
cuidado de su salud y otras conductas y omisiones que, en algunos casos, tuvieron como desenlace el suicidio de alguno de los menores.
El Defensor del Pueblo públicó un informe monográfico sobre la situación de los menores con trastornos de conducta o en situación de dificultad social en los centros de protección terapéuticos el 2 de febrero de 20091. Sin embargo, las reacciones de las autoridades competentes para investigar y corregir las situaciones denunciadas en dicho informe no fueron diligentes ni ajustadas a las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos. La negación del problema o la puesta en marcha de actuaciones mínimas en el mejor de los casos, han sido la norma general. El Estado español no ha tomado las medidas necesarias para garantizar que todas las autoridades, especialmente las administraciones autonómicas con competencias en la materia, responden a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos.
Con ocasión del examen periódico ante el Comité contra la Tortura, el Estado español fue interrogado al respecto, pero en su respuesta no informó de ninguna investigación que se hubiera abierto a causa de los abusos denunciados en el informe del Defensor del Pueblo y sólo destacó los esfuerzos de coordinación entre un número considerable de instituciones e instancias a distinto nivel y con diferentes competencias y roles en el sistema de protección.
A raíz de esta insatisfactoria respuesta, el 19 de noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura se dirigió de nuevo al Estado español y reiteró su preocupación sobre las alegaciones de aislamiento y administración de fármacos de forma contraria a los artículos 11 y 12 de la
Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité contra la Tortura recomendó que se tomaran las medidas oportunas para asegurar unas condiciones humanas dignas, y que se investigaran exhaustivamente todas las alegaciones de abusos o malos tratos cometidos en
estos centros.
Con la investigación realizada por Amnistía Internacional, la organización ha podido constatar la falta de voluntad de la mayoría de las autoridades por despejar la opacidad que rodea al sistema. De entrada, las Administraciones autonómicas denegaron el acceso de los
investigadores de la organización a los centros terapéuticos. Esta negativa fue explícita en algunos casos. En otros, fue ignorada o se hizo lo imposible para que no se llevaran a cabo las visitas acordadas a fuerza de imponer condiciones inaceptables.
El informe de Amnistia Internacional -ciento cuatro páginas, en .pdf-, aquí o abajo adjunto
Fuente: Tortuga
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Documentos adjuntos
- EUR4110109-21965 (PDF - 1.6 MB)