Miguel Martínez - Diagonal

Desalojo de Can Masdeu Mayo 2002

Negociar implica, primero, conversar: 1º con la propiedad del edificio; 2º con la policía; 3º con fiscales y jueces; 4º con técnicos funcionarios y con representantes políticos; 5º con organizaciones sociales y vecinos y 6º hasta con los mass media. Después, alcanzar algún acuerdo. Por último, cumplirlo. En el movimiento de okupaciones, no obstante, el debate se ha polarizado sólo en torno a la modalidad 4º y sobre un solo tipo de acuerdo posible: conseguir una mínima cobertura legal del edificio okupado y sus actividades. Y echando mucha leña al fuego, lo cual ha retraído a muchos de posicionarse nítida y públicamente (y en eso se vuelve a parecer al problema de fumar, ahora, dentro de los centros sociales: tampoco es sólo “individual” y cuesta mucho gestionarlo a gusto de todos, si es que sale a flote).

Es cierto que pocas asociaciones vecinales, culturales o deportivas serían beligerantes contra la posibilidad de que el Ayuntamiento les cediese o alquilase ventajosamente un espacio donde reunirse y desplegar su objeto social. También es cierto que pocas empiezan okupando el espacio y que ese primer paso las ‘identifica’ ante el resto de la sociedad y siembra la semilla de las subsiguientes prácticas alternativas y autogestionarias de vida a promover en el edificio. La cuestión de fondo habitual, pues, es: ¿cuán alternativas y autogestionarias son esas prácticas en los centros sociales? Casi nadie afirmaría que al entrar en una casa okupada se entra en un espacio plenamente liberado del capitalismo. Pero donde a algunos les irrita hasta la médula que se sacrifique ese primer pilar (el estatuto ilegal de la tenencia del inmueble), otros prefieren dedicar parte de sus energías a que el mismo no se venga abajo de súbito y, con él, el resto de la gente, animales y cosas usufructuarios de las plantas superiores. Más interrogantes, pues: ¿es sólo cuestión de preferencias?

‘Radicales’ y ‘reformistas’

Aunque las experiencias o tentativas en nuestras cercanías son escasas, los enfrentamientos ‘internos’ se han manifestado con virulencia: ¿se divide el ‘movimiento de okupaciones’ cuando alguno de los grupos que lo integran entra en la vía de la negociación número 4º? Es posible. Los hechos corroboran que hay colectivos que hacen mucho para excluir a los “reformistas negociadores” de actos comunes (manifestaciones, por ejemplo) y, a la inversa, que a éstos ya no les apetece colaborar con muchos de los “radicales intransigentes” (u “okupas de primera generación”). Y, a salto de mata, no faltan los políticos oportunistas y los opinadores profesionales para salir a la palestra con su soniquete de okupas ‘buenos’ y okupas ‘malditos’. Ya se sabe, es un dogma militar: “divide y vencerás”. Menos virulencia en los debates, más aceptación de la diversidad dentro del movimiento (en éste y en otros temas) y más cooperación real entre los distintos ‘sectores’ (cuando se tercie) son buenos antídotos contra esos dos vectores de división y aniquilación (el sectario interno y el etiquetador externo).

Para concluir: el punto 4º tiene pros y contras, a corto y a largo plazo. Si tiene éxito puede dar estabilidad a los proyectos alojados, conseguir más reconocimiento y repercusión pública de sus prácticas, e interferir en el modelo oligárquico y corrupto de la democracia de partidos. Desventajas: esa estabilidad suele concretarse en un oneroso alquiler, para llegar a ella el esfuerzo de tiempo y tragarse sapos es considerable, cuando no queda una frustración por todo el desgaste sufrido sin resultados palpables. Negociar, a mi juicio, parece sólo una forma más de defensa de la expropiación originaria para conseguir que más gente ahora y después pueda reapropiarse colectivamente de lo que se ha sustraído a la especulación inmobiliaria. Nada más, y nada menos.

Miguel Martínez es profesor de Sociología de la UCM y miembro del Seminario Historia Política y Social de las Okupaciones en Madrid-Metrópolis.

::Fuente: Diagonal

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