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La justicia que las Farc están dispuestas a acatar

Miércoles 29 de julio de 2015. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: Semana

Enrique Santiago Romero es un jurista español de cincuenta años experto en derecho internacional humanitario, militante de Izquierda Unida. Formó parte del equipo jurídico que inició la querella en la Audiencia Nacional contra Augusto Pinochet y que junto al juez Baltasar Garzón consolidaron la acusación que mandó a la cárcel al dictador chileno.

Ha sido asesor de distintos procesos de víctimas de la dictadura franquista y opera en el ámbito de la organización que protege a los refugiados políticos en España. Lleva uno de los procesos contra el expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional y es experto en Derecho internacional humanitario.

Desde hace un año se convirtió en el asesor jurídico de las FARC para la Mesa de Conversaciones de La Habana, por invitación y auspicio del gobierno noruego. Actualmente hace parte de la subcomisión jurídica, junto al reconocido político conservador Álvaro Leyva y al abogado defensor de derechos humanos Diego Martínez. Su visión de la justicia transicional y los dilemas que se tratan de resolver en Cuba permite ver qué tanto castigo está dispuesta a aceptar la guerrilla, y cuáles fórmulas de acuerdo hay en discusión.

SEMANA: ¿Entienden las FARC que hoy los procesos de paz requieren una dosis de justicia?

Enrique Santiago: Las FARC entienden perfectamente el derecho internacional. Prueba de ello es que se han aprobado medidas concretas como la Comisión de Verdad, con estándares muy altos.

SEMANA: ¿Aceptan que podrían ir a un tribunal?

E.S.: Si este proceso de paz se plantea como el escenario para juzgar a una de las partes, por supuesto que lo van a rechazar. Esa no es una alternativa porque esto no es una derrota ni una rendición.

SEMANA: Habrá alguna dosis de impunidad…

E.S.: En Colombia hay impunidad pero no son las FARC las que han disfrutado de ella. Ese es un gran equívoco. Según el informe preliminar de la Corte Penal Internacional, el Estado colombiano ha perseguido a las guerrillas. Son miles de guerrilleros condenados, miles de encarcelados, miles de abatidos.

SEMANA: ¿Entonces dónde está la impunidad? ¿En las Fuerzas Armadas?

E.S.: Tampoco. En casos como los falsos positivos se está avanzando, hay multitud de militares detenidos, por supuesto más tropa que altos oficiales pero no hay absoluta impunidad. Los grandes nichos de impunidad están en los instigadores del paramilitarismo, por un lado, y los grupos políticos que están detrás de las actuaciones del Estado, por el otro.

SEMANA: Explíquese.

E.S.: ¿Dónde acaba la cadena de mando del Estado en una dictadura? A lo mejor en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pero en una democracia acaba en el palacio presidencial y en el consejo de ministros, y eso está plenamente establecido por la jurisprudencia internacional.

SEMANA: ¿Es decir que las FARC quieren que ministros y presidentes se sienten en el banquillo?

E.S.: Desde el punto de vista jurídico, los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto no son únicamente quienes han empuñado las armas. Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia internacional no hay inmunidad de ningún cargo político.

SEMANA: ¿Quién establece quiénes son estos máximos responsables?

E.S.: Lo tenía que haber establecido la Fiscalía. Pero no lo ha hecho. ¿Cómo es posible que haya solo una sentencia, una, sobre financiación del paramilitarismo? En un país donde ganaderos, gremios y empresarios han instigado, organizado, financiado el paramilitarismo para cometer crímenes de lesa humanidad.

SEMANA: ¿La Fiscalía no ha hecho su parte?

E.S.: La Fiscalía creó una unidad de contexto sobre los delitos de las FARC y tiene documentados más de 50.000 crímenes y hay 800 funcionarios trabajando en eso. Pero la propia Fiscalía reconoce que no hay una unidad de contexto para los casos de crímenes de Estado ni del paramilitarismo. ¿No es eso un trabajo unidireccional?

SEMANA: Bueno, pero ha habido todo un proceso de Justicia y Paz…

E.S.: Del que apenas hay 33 sentencias a pesar de que hubo 37.000 desmovilizados. Y esas sentencias afectan exclusivamente a combatientes. Eso es un engaño.

SEMANA: ¿Aspiran las FARC a una amnistía?

E.S.: Las FARC no están pidiendo una amnistía general, pero sí una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos, que se definirán en su momento. Ahora, todos en La Habana son muy conscientes de que los crímenes internacionales no están cubiertos por ninguna amnistía. Y que se necesita un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad sobre estos hechos, y que se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador. Eso tiene efecto de cosa juzgada en cualquier sistema jurídico.

SEMANA: ¿Para esos delitos fue que se creó el Marco Jurídico para la Paz?

E.S.: Creo que las FARC nunca aceptarán ese marco porque a pesar de que fue pensado con buena intención tiene dos problemas: el primero es que lo creó de manera unilateral una de la partes, sin contar con la otra. Y el segundo, más grave, es que inhabilita para participar en política a quienes resulten condenados por crímenes de lesa humanidad o de graves de guerra. Cuando los miembros de una organización como las FARC han pasado 50 años en armas y deciden abandonarlas, lo único que no se les puede prohibir es que participen en política. Eso no tiene ningún sentido ni está contemplado en el derecho internacional.

SEMANA: Y eso afecta directamente al secretariado de las FARC…

E.S.: Póngase en los zapatos de los nueve comandantes guerrilleros si quedan excluidos de la participación en política. Eso es una mala estrategia, un error, y un obstáculo muy serio que el Estado tendrá que resolver.

SEMANA: ¿Cuál sería entonces el modelo de justicia en versión de las FARC?

E.S.: La insurgencia entiende que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y esclarecer; de perseguir y sancionar. El asunto es que hay muchas formas de cumplir con estas obligaciones. La Constitución colombiana establece en su artículo 66 transitorio un instrumento extrajudicial de investigación y sanción. En derecho, cuando la sanción se cumple, se extingue la responsabilidad penal.

SEMANA: ¿Cómo sería ese mecanismo extrajudicial?

E.S.: Hay que diseñarlo. Pero puede ser una sala dentro de la Comisión de la Verdad, o por fuera de ella, donde a cambio de una verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas. Y habrá que crear un tribunal de cierre que ratifique las sanciones que se impongan desde esta instancia extrajudicial. Este tribunal también tendrá que juzgar a quienes no quieran ofrecer verdad completa y exhaustiva, e imponerles las penas que el sistema ordinario establezca.

SEMANA: ¿Qué tipo de penas tendrían entonces los máximos responsables?

E.S.: Penas alternativas para quienes estén dispuestos a dar verdad, no dar repetición y a reparar.

SEMANA: Pero la fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que algo de privación de la libertad debe haber… E.S.: Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad. Creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval.

SEMANA: El presidente, el procurador, los ministros y hasta el fiscal coinciden con la idea de que haya algo de privación de la libertad…

E.S.: Si alguna autoridad del país cree que debe haber pena de prisión, me imagino que lo estará pensando para todo el mundo y no solo para las FARC. Por tanto tendrán que dirigirse a aquellos a los que la justicia no ha perseguido.

SEMANA: En la Colombia de hoy no es viable que un presidente termine en un tribunal junto a las FARC.

E.S.: Esa ya es una consideración política y lo mío es lo jurídico, y en ese terreno está claro que la cúspide de la cadena de mando alcanza a ministros, presidentes y a toda la cadena política.

SEMANA: ¿Lo que quieren las FARC es un trato simétrico con el Estado?

E.S.: Las FARC no buscan una simetría absoluta. No están diciendo que si Timochenko va a la cárcel, Santos vaya también. Están diciendo que si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir. Buscan más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto. Porque la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país, ni de lejos.

SEMANA: ¿Tendremos acuerdo sobre justicia en cuatro meses?

E.S.: Perfectamente puede estar cerrado en cuatro meses siempre y cuando no haya posiciones maximalistas como que unos van a la cárcel y los otros no. Si la posición es todos vamos a la cárcel, las FARC no tendrán problema.

SEMANA: Pero la sociedad colombiana es maximalista…

E.S.: La sociedad colombiana lo que está demandando es que no haya impunidad. El Estado debe cumplir su obligación de investigar, perseguir y sancionar, y sobre eso ya hay acuerdo. Ahora, el Estado tiene que garantizar que no va a haber repetición de esos hechos.

SEMANA: El expresidente Uribe, como jefe de la oposición, tampoco dejaría pasar una fórmula de cero cárcel…

E.S.: De todos los presidentes, Uribe es el que debería estar más preocupado de que este modelo de verdad salga adelante. Insiste mucho en la prisión pero él es el que tiene más papeletas. En España tiene un proceso penal abierto y en condición de imputado.

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