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¿Haciendo negocios en medio de la barbarie?

Sábado 8 de diciembre de 2012. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: Revista El Viejo Topo nº 267. Abril de 2010

Empresas españolas en Colombia

Por David Chaparro

El Grupo Marítimo Terminal de Contenedores de Barcelona también está haciendo las Américas. Sólo que su puerto de arribada es extremadamente conflictivo: se ha asociado con el grupo empresarial más importante y dudoso de Buenaventura (Colombia), el Grupo Empresarial del Pacífico, intentando controlar el negocio de un puerto por el que circula no menos del 30% de la cocaína colombiana, en una región en la que las violaciones de los derechos humanos (incluido el asesinato) son habituales. En su propaganda el Grupo TCB presume de “responsabilidad social corporativa”. Pero el movimiento se demuestra andando.

Transitar por Buenaventura implica sentir cómo la humedad empapa la ropa y el calor suaviza los movimientos; el bullicio de las calles, el delirante caos del tráfico hace pensar en las urbes africanas. Buenaventura se encuentra en el impetuoso Océano Pacífico, y es también, de lejos, el puerto más importante que tiene Colombia. Orgullosamente, algunos políticos locales afirman que por ahí transita el 60% de la carga del país, aunque pasan por alto varias cifras escandalosas: la pobreza supera el 80%, y los niveles de analfabetismo (17%) y desempleo (33%) son mucho más altos que los promedios en Colombia.

Cuando se camina por el centro de la ciudad, en lo que se conoce como la isla Cascajal, en la Bahía de Buenaventura, llama la atención que todos los dueños de los lugares comerciales y establecimientos de servicios son mestizos, y controlan desde la cerveza al frente del mar hasta las galletas de contrabando. Mientras, los afrocolombianos, asentados desde hace siglos en estas tierras, asumen los trabajos físicos y los peor pagados. Sin conocer la ciudad, se percibe un molesto aire racista: los laboriosos inmigrantes de las montañas imponen su versión del desarrollo, y desdeñan con cinismo las interesantes adaptaciones al territorio que lograron los afrocolombianos durante cientos de años; los lugareños asumen con dosis inimaginables de dignidad, dulzura y fuerza su condición de oprimidos en su propia tierra.

Esta versión del desarrollo, basada en acumular barrigas descomunales, llamativas cadenas de oro y casas ostentosas, contrasta con los preocupantes indicadores de violencia y violaciones de los derechos humanos. Buenaventura es uno de los municipios con mayores niveles de desplazamiento forzado y registra los más altos índices de homicidio en el país; es el escenario de una de las más cruentas guerras entre todos los actores armados que tienen presencia en Colombia. Las cifras hablan por sí solas: uno de cada diez habitantes ha sido desplazado, dos de cada mil personas son asesinadas o desaparecidas cada año. Mientras tanto, los negocios se hacen cada vez más rentables: el puerto que opera en la isla tuvo ganancias superiores a los 50.000 millones de pesos (unos 17 millones de euros) en el año 2008, y se ha convertido en el escenario donde se pretende construir uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Colombia.

“Vender a Buenaventura no es una tarea fácil, pero lo esta mos logrando, mostrando que hay confianza en el futuro del puerto”. Estas palabras pertenecen al presidente del Grupo Empresarial del Pacífico, Oscar Isaza Benjumea uno de los principales inversionistas de la ciudad en los sectores del comercio, combustibles, construcción, telecomunicaciones y puertos, al anunciar una inversión de unos veinte millones de dólares en el primer centro comercial de la ciudad. El día de la inauguración, cientos de familias empobrecidas que se agolpaban en la entrada del edificio para conocer ese centro comercial fueron ahuyentadas con chorros de agua y gases la- crimógenos, gracias a la eficaz acción de la policía nacional. Este hecho podría resumir el estilo del Grupo Empresarial del Pacífico: grandes inversiones de desarrollo, construidas en territorios en los que impera el terror.

Y las inversiones en la ciudad parecen no cesar. En palabras del señor Isaza: “Vienen grandes inversiones que necesitarán muchos servicios a su alrededor... Tenemos fe en la institucionalidad y en que las condiciones de la ciudad cambiarán”. La altura moral de este empresario queda clara si se recuerdan sus afirmaciones sobre la expropiación de los territorios indígenas en una entrevista que le hicieron hace quince años: “Todos quieren tierras, negros, indígenas, colonizadores, todos ellos. Los indígenas, me pregunto, ¿para qué quieren más re- servas? Ellos no usan las tierras que han conseguido, ¿qué producen en sus reservas?” Estas declaraciones las hacía como gerente de proyectos del Pacífico en la gobernación del Valle del Cauca, proyectos que década y medio después ha logrado ejecutar desde sus propias empresas.

Paramilitares, droga y violencia.

De acuerdo a organizaciones no institucionales, la ciudad de Buenaventura ha alcanzado los mayores niveles de desplazamiento en el país, recordando que Colombia es el país con mayor desplazamiento forzado en el hemisferio occidental, con cerca de 4,3 millones de personas.

La interpretación de la grave situación del conflicto en el puerto es explicada por organismos gubernamentales en base a que Buenaventura es “un sitio estratégico y puerto para la salida de la droga y la entrada de armas, razón por la cual la disputa se da por el control de barrios estratégicos por su acceso al mar”. Sin embargo, no en todas las zonas en las que se presenta la disputa de actores armados existen rutas de comercio ilícito. En este sentido, varias organizaciones sociales, a partir de su conocimiento de la zona, afirman: “La situación (de Buenaventura) responde a un interés de expropiación del territorio para la implementación de proyectos y megaproyectos de interés económico de expansión portuario, industrial y protección de rutas para el tráfico de drogas”. Efectivamente, en zonas en las que se presentan importantes proyectos de infraestructura, entre ellos la portuaria, se han presentado graves casos de intimidación sobre los lugareños para que abandonen las zonas que, posteriormente, son adquiridas por terceros en un macabro juego de especulación con el precio de la tierra.

Este fenómeno puede ser explicado con la institucionalización de una influyente clase dirigente, que ha sabido lavar importantes flujos dineros del narcotráfico a través de la adquisición de áreas que tienden a valorizarse con las inversiones de expansión portuaria. Efectivamente, los flujos de droga que salen de la ciudad y del puerto pueden llegar a ser muy importantes: de las cerca de 700 toneladas de cocaína que pueden salir de Colombia al año, se calcula que un porcentaje no inferior al treinta por ciento proviene de esta zona.

Hay evidencias de ello a partir de las continuas incautaciones que se realizan en aguas internacionales, así como en otros puertos que reciben contenedores provenientes del puerto de Buenaventura. Esta hipótesis parece corroborarse con los testimonios de algunos trabajadores que han observado contenedores que reciben tratamiento especial por parte de altos funcionarios del puerto, afirmando que quienes han visto accidentalmente la carga han resultado asesinados fuera de la zona portuaria.

Por otro lado, la desmovilización del paramilitarismo en la ciudad parece haber sido un fracaso, y las estructuras paramilitares se mantienen para, en muchos casos, mantener la seguridad en zonas que les pueden resultar de interés a ciertos sectores “empresariales”. Además, la connivencia de los grupos paramilitares con la fuerza pública parece mantenerse, como señalan algunos testimonios: “Uno ve ejército y policía en los alrededores de todos los barrios, pero parece que están dejando que se maten entre guerrilleros y paramilitares sin pensar en los riesgos que corren los civiles.” Es una complicidad denunciada durante varios años, solamente visibilizada por algunos comandantes paras que, al declarar ante la justicia, se ñalaron la financiación por parte de sectores empresariales y comerciales para la conformación de grupos paramilitares en la región. Una de las declaraciones más esclarecedoras fue la realizada por el jefe paramilitar HH, antes de ser extraditado por el delito de narcotráfico a los Estados Unidos: “En esta guerra... los ricos se beneficiaron, hay que contar la verdad para que esas personas no sigan utilizando la guerra para beneficiarse económicamente”, por lo que “las empresas que se beneficiaron de nuestra guerra también deberían pagar”.

La magnitud de los crímenes realizados por estos grupos sólo puede ser di- mensionada por las declaraciones del mismo HH, quien afirmó que en la región fueron asesinadas más de mil personas entre 2000 y 2001 “en colaboración con agentes del Estado”, además de confirmar varios lugares en los que se enterraban los cadáveres. Durante el período de violencia dominado por el paramilitarismo, desde el año 2000 en el que estos grupos se establecieron en la ciudad, se puede estimar la desaparición de casi 3.000 personas y cerca de 5.000 asesinatos perpetrados con las peores prácticas de horror.

Un inversor que mira hacia otro lado

En este difícil contexto, el Grupo Marítimo Terminal de Contenedores de Bar- celona (GM-TCB) se asocia con el grupo comercial y empresarial más importante de la ciudad, el Grupo Empresarial del Pacífico. Lo que hizo la empresa española fue adquirir el 30% de la Sociedad Portuaria Terminal Contenedores de Buenaventura, que se perfila como el segundo mayor puerto de la ciudad. Asume la operación del puerto durante un período de treinta años, hasta el año 2035, con un coste total de 220 millones de dólares para un proyecto que espera mover cerca de 250.000 contenedores cada año en su primera fase. Para el grupo TCB éste sería su primer puerto en el Pacífico, lo que supone consolidar la expansión de sus operaciones hacia el continente asiático. Aunque hasta la fecha no se cuenta con elementos probatorios contundentes, existen algunas circunstancias que dejan serias dudas sobre la honorabilidad de los socios del grupo catalán.

La única empresa del Grupo Empresarial del Pacífico reportada ante la Superintendencia de Sociedades es la estación de servicio Brisas del Pacífico, que es una de las tres empresas de Buenaventura que se encuentran entre las 5.000 más grandes registradas a nivel nacional en la superintendencia. Esta empresa muestra un comportamiento irregular, ya que, a pesar de tener referencias de ella desde el año 1982, sólo se disponen los datos de registro en la Superintendencia correspondientes a los años 2006 y 2007. La corporación Brisas del Pacífico tiene como objeto social el “comercio de combustibles y lubricantes”, y en el año 2007 sus beneficios fueron de 4.362 millones de pesos, mientras que los ingresos operacionales fueron de 3.584 millones. Esta evidente contradicción, en la que las ganancias fueron superiores a las ventas, sólo puede ser explicada gracias a los ingresos no operacionales, que en los registros no aparecen. Además, su patrimonio aumentó en un año en 2.700 millones de pesos, sin que se pueda entender el origen lícito de este significativo incremento de capital.

Otra sociedad miembro del Grupo Empresarial del Pacífico, Data Control Portuario S.A., es la empresa que controla los movimientos de carga en el puerto, del que salen sobresalientes cantidades de contenedores embarcados con cocaína. Por otro lado, el patrimonio líquido del señor Isaza se incrementó un 300% entre los años 1990 y 1993, con ingresos 2,5 veces superiores a su patrimonio. Más adelante, en el período comprendido entre 1998 y 2005, incrementó su patrimonio líquido personal desde 1.975 millones a 3.633 millones de pesos, período en el que llevó a cabo buena parte de sus sobresalientes invensiones en el sector portuario, de hidrocarburos y de telecomunicaciones.

Aún más grave que lo anterior son los preocupantes antecedentes de violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en las zonas en las que se están construyendo los grandes proyectos de infraestructura, entre los cuales está la Terminal de Contenedores de Buenaventura. En la llamada Comuna 5, que corresponde al área de influencia del proyecto, se intensificaron los asesinatos, las desapariciones y las torturas, especialmente entre los años 2002 y 2005. Si bien el Gobierno nacional atribuye los episodios de violencia a confrontaciones entre los grupos armados por el control de rutas del narcotráfico, el hecho es que se observan de manera recurrente casos de compras irregulares de viviendas y de tierras.

En la Comuna 5, como en todas las comunas de la ciudad con acceso al mar, los pobladores asocian la violencia a procesos de especulación y acumulación de la tierra, como lo muestra este testimonio: “En el barrio Lleras, por ejemplo, los actores armados están asesinando a una persona diariamente, y están obligando a muchas familias a abandonar sus viviendas. Prácticamente los tenderos han desaparecido del barrio. Buena parte de Lleras está ubicado en sector de bajamar, donde precisamente existen planes de modernización y construcción de muelles particulares”. Aunque no existen elementos probatorios para acusar judicialmente a estas empresas de beneficiarse a través de la especulación con el precio de la tierra de la intensificación de la violencia en la zona en la que se ejecuta su proyecto, no deja de llamar la atención la coincidencia de los hechos de violencia con el avance en la implementación del proyecto.

En Buenaventura, los testimonios obtenidos con enorme dificultad plantean la estrecha relación de los miembros de la fuerza pública con los grupos narcotraficantes, entre los que se encuentran grupos armados insurgentes y paramilitares. Todo ello deja un angustioso clima de impunidad y silencio que pretende atraer la inversión extranjera y la “confianza del inversionista”. En este sentido, cabe preguntarse cuál es la versión del Grupo Terminal de Contenedores de Barcelona al respecto, dado que desarrolla sus operaciones en una ciudad que en los últimos años ha llegado a ser una de las poblaciones más violentas de Colombia.

La inversión de GM-TCB en Buenaventura que se acerca a los 25 millones de dólares ha pasado por alto los graves antecedentes de desplazamiento y los crímenes que se han dado en la zona donde se construye el puerto. El Grupo Marítimo Terminal de Contenedores de Barcelona ha comenzado a operar en una región en la que se han registrado los más graves antecedentes de violaciones a los derechos humanos en Colombia, en la cual se ha logrado la “paz y la estabilidad” con el ejercicio sistemático de la violencia por parte de grupos de extrema derecha asociados con el narcotráfico, quienes han logrado desplazar a miles de familias y presionar para la concentración y el cambio de manos de tierras que empiezan a tomar valor con las grandes inversiones que se están ejecutando en dicha zona. A este respecto, cabría preguntarse si GM-TCB no debería llevar cabo un estudio minucioso antes de hacer sus millonarias inversiones en regiones donde se producen graves violaciones de los derechos humanos. Dado que los medios de comunicación colombianos se han venido refiriendo a la violencia que se da en el puerto como una de las más graves del país, sería bueno cononocer si la empresa es consciente de que gran parte de los autores de la violencia generalizada en la ciudad podrían estar beneficiándose con el proyecto de Terminal de Contenedores. Antes o después, la empresa tendrá que responder a estas preguntas.

Notas

1. “El Éxito aterriza en Buenaventura”, El País (Colombia), Cali, 17 de enero de 2008.
2. Jon Barnes, The Colombian Plan Pacífico: Sustaining the Unsustainable, Colombia Human Rights Committee of Chicago, 1995.
3. US Office on Colombia, “Desplazamiento interurbano masivo en Buenaventura”, 9 de noviembre de 2008.
4. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, “Diagnóstico Departamental del Valle del Cauca”, Vicepresidencia de la República, junio de 2007, p. 9.
5. Proceso de Comunidades Negras, Palenque el Congal, Nomadesc, Pastoral Afrocolombiana y otras organizaciones, “Declaración de la Audiencia Social por la Vida”, Buenaventura, 1 de junio de 2007.
6. Los testimonios son escasos, ya que existe un gran temor a oponerse o a denunciar las presiones por el control de la tierra; las personas que han denunciado desapariciones, asesinatos o presiones de grupos paramilitares han sido sistemáticamente asesinadas.
7. La incautación en México de 25 toneladas de cocaína (equivalentes a 400 millones de dólares), provenientes de Buenaventura, constituyeron el mayor decomiso en la historia de México. [“25 Toneladas”, Semana, 4 de noviembre de 2007]. Otras incautaciones de cocaína procedente de Buenaventura en: “Coca Submarina. Pequeño submarino cargado de cocaína proveniente de Buenaventura”, El Espectador, 17 de julio de 2008; “Incautan 3,5 toneladas de coca en el puerto de Buenaventura”, El Espectador, 22 de marzo de 2009.
8. Por razones de seguridad, en todas las citas se omiten los nombres de las personas que ofrecieron sus testimonios.
9. «Frank Pearl, alto consejero para la reinserción, indicó que la experiencia con el Bloque Calima no se puede considerar exitosa, y que Buenaventura en particular ha sido inmanejable. “Tuvimos que suspender el apoyo psicológico durante un mes, pues la integridad física de nuestros equipos corrió grave peligro”, aseguró». [El País (Colombia), Cali, 17 de diciembre de 2007].
10. “‘HH’ se confiesa”, El Espectador, 2 de agosto de 2008.
11. “El Ventilador de ‘HH’”, El Espectador, 6 de septiembre de 2008.
12. Jesús Durán, publicación Territorio Pacífico, Proyecto Regional del Pacífico (Orewa, Cocomacia, Ascoba, Acadesan y otras organizaciones), mayo de 2007.

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