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Este enero 18 antifascistas madrileños se enfrentan a hasta siete años de prisión

Sábado 27 de diciembre de 2014. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: Todo por Hacer

[El siguiente texto ha sido redactado por parte de las personas detenidas durante la concentración que tuvo lugar en el barrio madrileño de Vallecas el 28 de marzo de 2009. Hemos tomado la decisión de hacer pública nuestra realidad judicial.]

El 9 de enero de 2015 comienza el juicio contra 18 personas detenidas el 28 de marzo de 2009 en Vallecas, tras las protestas contra una manifestación del grupo neonazi “Movimiento Patriota Socialista” (MPS). Aquella tarde la Delegación de Gobierno autorizó una manifestación de extrema derecha en los alrededores del Metro de Pacífico. Por aquel entonces, había transcurrido menos de año y medio del asesinato por parte de un militar fascista de Carlos Palomino, joven vecino del barrio vallecano. Los neonazis habían diseñado su manifestación como una provocación en toda regla, apoyándose en la presencia de numerosos fascistas provenientes de todo el Estado para presenciar un partido de la selección española contra Turquía y sacar a pasear su mensaje de odio por los barrios populares de Madrid. Si la manifestación del MPS oficialmente iba a suponer un “apoyo a los trabajadores españoles”, en lo que supone una primera muestra del discurso hipócrita de la ultraderecha ante las consecuencias socioeconómicas de la crisis, los lemas coreados de la misma se dirigían casi exclusivamente a insultar a cualquier persona de otro origen o ideología política, haciendo especial hincapié en provocar a familiares, amigxs y vecinxs de Carlos Palomino y en pedir la libertad para su asesino, que sería juzgado pocos meses después.

En este contexto resulta especialmente sorprendente que la policía permitiera a la manifestación nazi salirse del recorrido estipulado por la propia Delegación del Gobierno. Así, ante la pasividad policial, unos 100 nazis bajaron hacia el Puente de Vallecas, en dirección contraria al itinerario legalizado. Allí, como no podía ser de otra manera, cientos de vecinos manifestaban su repulsa contra el fascismo, el racismo y la xenofobia concentrándose por los aledaños del Puente de Vallecas. La policía cargó contra los y las vecinas protegiendo una manifestación que, recordemos, se había salido de su recorrido. Por si esto fuera poco, los manifestantes fascistas, algunos armados con palos, llevaban visibles cascos del Cuerpo Nacional de Policía, como demuestran numerosos videos y fotos de los hechos.

El resultado de las cargas policiales y los siguientes altercados, fueron 25 personas detenidas, de las cuales 7 eran menores de edad. Los fascistas y sus gritos de odio racistas y xenófobos tuvieron, y siguen teniendo, el amparo de un Estado que, como siempre y cada vez más, nos hace recordar en sus formas de actuación a su pasado franquista. Los organizadores del MPS sabían hasta donde podían llegar y en parte lo consiguieron: provocar, generar el caos en el barrio y detenciones. Tenían muy claro que la policía iba a custodiarlos sin dudar en contener, atacar contundentemente y reprimir cualquier muestra de repudia que se encontraran en el camino.

Cabe preguntarse también cuáles eran las órdenes de la Delegación de Gobierno y la de los mandos policiales. ¿Qué buscaban? ¿Cuál era el objetivo de dicha trampa-provocación?

Ahora, después de casi 6 años, nos llega el juicio a los 18 detenidos mayores de edad, en el cual nos enfrentamos a una suma de 81 años de cárcel, una de las peticiones fiscales más desorbitadas por una manifestación que se recuerda en Madrid en mucho tiempo.

Las penas que pide la fiscalía van de los 2 años para 6 de los acusados, pasando por 4 años para otros cinco, hasta los 7 años para los restantes siete acusados por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, daños y lesiones. Evidentemente, la fiscalía demuestra que no le importa ni la evidente provocación fascista, ni la participación multitudinaria por parte de los vecinos en defensa de un barrio de todas y para todos, ni el tiempo transcurrido. A la fiscalía no le importa nada que no sea buscar amedrentarnos con el objetivo de desmovilizarnos a nosotrxs, y de paso mandar un aviso a todo tipo de respuesta social en la calle. Sabemos que mañana puede ser cualquiera la siguiente víctima de la represión; y nosotrxs seguiremos participando activamente por unos barrios, una ciudad, y una sociedad, más vivible para todos y todas. Por si esto fuera poco, las multas que acompañan a la petición de prisión ascienden a 108.000 euros, además de casi 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil reclamado por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, Ibercaja, Banco Santander, Caixa Cataluña, Caixanova y Gas Natural.

Auténtico despropósito teniendo en cuenta la situación de crisis en la cual estamos inmersos. Esto responde a una estrategia del Estado, conocida por cada vez más activistas, que consiste en ahogar a los movimientos sociales en impagables multas.

La connivencia de las autoridades con los acontecimientos quedó patente en las justificaciones de Soledad Mestre, entonces Delegada del Gobierno en Madrid, que declaró que no iba a “consentir que alguien, de la ideología que sea, considere que un barrio es suyo; no van a dividir la ciudad por ideología”, añadiendo que “todo el mundo, siempre que cumpla la ley, puede manifestarse donde quiera”.

Dichas declaraciones levantaron bastantes ampollas en su momento, y llevaron a una veintena de vecinos a okupar una sede del PSOE en Vallecas en abril de 2009. Finalmente Soledad Mestre se vio obligada a abrir un “expediente sancionador” al MPS “por no cumplir con el recorrido que se estableció para su manifestación.” Una multa para quienes propagaron el odio por Vallecas. Peticiones de 81 años de cárcel para quienes les hicieron frente.

Las sociedades en las cuales vivimos son diversas; esa es su riqueza. No podemos tolerar expresiones de discriminación por motivo de nacionalidad, género, color de piel, orientación sexual o cualquier otro motivo xenófobo. Estamos viendo cómo el crecimiento de la extrema derecha favorecida por el contexto de crisis económica es un riesgo real para cualquier persona; Clement Méric, asesinado en Paris en junio de 2013 o Pavlos Fyssas, cantante de rap griego asesinado en septiembre del mismo año por militantes del partido político fascista Amanecer Dorado, lo demuestran. El fascismo comete cada año en Europa miles de agresiones: basta de impunidad. Pensamos, ahora más que nunca, que es necesario continuar mostrando nuestro rechazo público contra el fascismo y el racismo. Ahora más que nunca, la necesidad de construir sociedades más justas e igualitarias pasa por no tolerar las expresiones excluyentes de nazis y fascistas.

Después de casi 6 años de proceso judicial ya tenemos fecha de juicio: será los días 9, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 30 de enero de 2015 a las 10.00 en la Macrosala del Juzgado de lo Penal 21, en Julián Camarillo 11.

[…]Nuestro juicio es sólo otro más. Otro juicio político que se enmarca en la estrategia represiva de un estado incapaz de solucionar los problemas de la gran mayoría de las personas; sin embargo, el estado español sabe muy bien cómo criminalizar, amordazar, golpear, torturar y encarcelar a los y las ciudadanas que no se resignan. […]Recordando a Carlos y a todas las personas asesinadas que lucharon por un mundo más justo frente al nazismo y al fascismo, seguimos pensando que aquel 28 de Marzo de 2009 estábamos dónde teníamos que estar. […]

Hoy como ayer, seguimos puño en alto. NO PASARAN. Detenidos Vallekas ‘09.

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