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Electricidad: el gran negocio a costa de los españoles

Martes 16 de junio de 2015. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: Atlantica XXII

Por Bernardo Solís

El negocio de la electricidad en España es, sin duda, uno de los más rentables del mundo. Son las propias empresas quienes fijan los precios teniendo en cuenta el uso: el ciudadano solo sabe cuánto tiene que pagar cuando le llega el recibo a casa. Asociaciones de consumidores han reclamado a los distintos Gobiernos que se hagan auditorías públicas para conocer los costes reales de producción. Pero las compañías se han negado y, hasta ahora, la Administración no ha podido, o no ha querido, exigir que éstos sean públicos y transparentes.

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Concentración ante la sede de HC en Oviedo contra la subida de las tarifas eléctricas. Foto / Pablo Lorenzana.

Según Jordi Castilla, abogado experto en derecho energético, “la electricidad es el único bien de consumo en el que el comprador desconoce, en el momento en que lo adquiere, el precio que va a pagar por él”. Esto es algo así como entrar en una tienda de ropa, adquirir un traje sin saber lo que le cuesta y, una vez que se lo ha llevado a casa, el comercio le enviara una factura por el importe de la chaqueta y el pantalón. Por ello, la asociación FACUA-Consumidores en Acción ha planteado en Bruselas una queja, considerando que viola el derecho de los consumidores a conocer el precio antes de comprar.

¿Por qué pagamos cada vez más por la electricidad? La liberalización del sector energético, que se inició en 1997 con la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) 54/1997, anunciada por los políticos como la gran oportunidad para una bajada de precios, convirtió de hecho el mercado eléctrico español en un oligopolio dominado por Endesa, Iberdrola y (en menor medida) Gas Natural Fenosa. Según datos de FACUA, el recibo de la luz ha subido en enero de 2015 un 3,9% con respecto a diciembre y un 17,7% con respecto al mismo mes del año anterior, pasando de 67,62 a 79,62 euros mensuales.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, considera que la liberalización del sector eléctrico en España ha sido un engaño a los ciudadanos: “Los políticos nos mintieron, porque dijeron que el libre mercado iba a suponer, gracias a la competencia entre empresas, una bajada de los precios. Pero lo que se ha creado en España es un oligopolio que impone las tarifas en función de sus propios objetivos, dejando de lado el interés de los ciudadanos”.

Subastas al alza

Actualmente, en España, el precio de la electricidad se establece mediante el sistema de subasta. El sector genera la energía a medida que lo demanda el país. Si se necesita una determinada cantidad, las empresas ponen a funcionar sus centrales. Primero las más baratas: solares y eólicas, cuyo coste es prácticamente cero; luego las nucleares. Si se demanda más energía, comienzan a operar las térmicas, convencionales o de ciclo combinado, cuyos costes son mucho mayores.

El problema está en que, al final, todo se paga en función de lo que ha costado el kilovatio más caro. Son los denominados “windfall profits”, cuya traducción más aproximada sería “beneficios caídos del cielo”. El sistema de subasta es también la causa de que la electricidad sea más cara en invierno que en verano: mientras que en el estío suele ser suficiente el uso de las energías renovables, en los meses de más frío el consumo es más elevado, por lo que el precio se eleva considerablemente. No olvidemos que se paga por igual a todas las centrales en función del kilovatio más caro de producir.

Jordi Castilla apunta que, de este modo, se rompen las leyes de oferta y demanda: “Al usuario le es imposible saber a qué precio está pagando la energía, lo que burla un principio básico del mercado libre: que los consumidores sepan el precio antes de adquirir (o no) un producto. En el caso de la luz, eso se traduciría en que las personas podrían optar por adecuar su consumo en los momentos en los que el precio de electricidad se disparara”. Actualmente es posible conocer, hora a hora, el precio de la luz, conectándose vía internet con Red Eléctrica Española. Pero la realidad es que pocas personas están dispuestas a estar permanente conectados para conocer las tarifas de cada momento.

El abogado apunta, además, a la posibilidad de un fraude por parte de algunas compañías para aumentar ilícitamente sus beneficios: “Se ha comentado que las eléctricas, en lugar de seguir la secuencia lógica -hacer funcionar primero las más baratas y, en función de la demanda, operar con las de mayores costes-, paralizan las eólicas y ponen a funcionar las térmicas desde el minuto cero, con lo que obligan a pagar el precio más caro. Hay sospechas de que eso ocurrió en el invierno de 2013”.

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Procesión. En el pasado había en España procesiones contra las sequías y la pobreza energética nos retrotrae a esos tiempos. En la fotografía, una procesión bordea la central térmica de Soto de Ribera. Foto / Pablo Lorenzana.

Lastres del déficit y costes de transición

Pero es que, además, el precio de la electricidad en España se ve encarecido por dos conceptos que se llevan arrastrando desde la liberalización del sector: el déficit de tarifa y los costes de transición a la competencia, que los distintos Gobiernos no han podido -o no han querido- atajar.

Uno de los conceptos más oscuros es el denominado déficit de tarifa. Jordi Castilla lo explica así: “El déficit de tarifa se genera porque, según las eléctricas, el coste de producir energía es más alto que la remuneración que se paga a las empresas. Así, si el kilovatio cuesta 100 y a ellos se les paga 90, hay una cantidad que falta y que hay que abonar”. Este déficit no ha hecho más que crecer desde la época de la liberalización del sector. “Los Gobiernos, en lugar de resolverlo, se dedicaron a pedir préstamos para pagar a las eléctricas, con lo que los intereses de la deuda no han hecho más que crecer como una bola de nieve”, añade.

Actualmente esos costes de producción los determinan las propias eléctricas. Para el jurista, “el Estado debe obligar a los operadores a hacer auditorías públicas, transparentes, que determinen cuál es el coste real de la energía. Una vez establecido éste, añadiendo las plusvalías, es el Gobierno el que tendría que fijar el precio de la luz, sabiendo cuál es el coste real, y no el que digan las empresas”. Rubén Sánchez tiene claro por qué esto no se hace: “En lugar de velar por los derechos de los consumidores, el Gobierno de turno sirve a los intereses de las compañías, que establecen los precios que les convienen”.

En cuanto a los denominados costes de transición a la competencia, derivan directamente del proceso liberalizador, tal como explica el abogado: “En las negociaciones previas, las eléctricas reclamaron sus derechos adquiridos. Dijeron: ‘Yo me he gastado muchos millones en construir centrales nucleares o de ciclo combinado, haciendo cálculos de recuperar la inversión en treinta o cuarenta años y ahora, con la liberalización, el precio de la electricidad va a bajar y yo voy a perder parte de la inversión’ ”. Las empresas estimaron en torno a 56.700 millones de euros los costes de transición a la competencia.

Pero con la liberalización del sector ocurrió justamente lo contrario: el precio de la electricidad no ha dejado de subir. Por lo tanto, Jordi Castilla considera que “las eléctricas deberían haber devuelto ese dinero al Estado, o haberlo empleado para compensar el déficit de tarifa. Pero no han hecho ni lo uno ni lo otro”.

Cada vez más grandes

Todo ello explica por qué las empresas eléctricas españolas han crecido exponencialmente desde los años noventa del pasado siglo. Así, a Endesa se la conoce en medios bursátiles como “la niña bonita del Ibex 35”. Iberdrola pasó de ser la tercera o cuarta eléctrica de España a ocupar ese mismo rango, pero a nivel mundial. ¿Cómo es posible, a pesar del déficit que -supuestamente- tenían?

Jordi Castilla apunta, una vez más, a la convergencia de intereses entre las empresas y los sucesivos Gobiernos: “En la sociedad en la que vivimos, el capital está muy por encima de los intereses de los ciudadanos”. También considera que esa misma razón explica, al menos en parte, por qué a los españoles nos cuesta tanto entender el recibo de la luz: “Es verdad que la electricidad no es un bien tangible, como pueden ser los alimentos. Si yo adquiero un kilo de manzanas las puedo ver y coger, lo que no es posible cuando yo compro kilovatios. Pero es que, además, tampoco interesa que sea transparente la factura de la electricidad. A los lobbies del sector no les conviene”.

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