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Cuando “la seguridad ante todo” abre la puerta al Estado policial

Martes 10 de enero de 2017. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: Viento Sur

Francia

Por Roseline Vachetta

El 9 de septiembre de 1986 era promulgada la ley relativa a la lucha contra el terrorismo y los ataques a la seguridad del Estado, la primera de las llamadas leyes “antiterroristas”. Al arsenal judicial acumulado desde esa fecha, que permitía ya de sobra la represión de los delitos de cualquier tipo, el quinquenio de François Hollande añade una acumulación de textos liberticidas, en el camino de una reconfiguración del Estado en un Estado policial.

El 9 de septiembre de 1986 era promulgada la ley relativa a la lucha contra el terrorismo y los ataques a la seguridad del Estado, la primera de las llamadas leyes “antiterroristas”. Al arsenal judicial acumulado desde esa fecha, que permitía ya de sobra la represión de los delitos de cualquier tipo, el quinquenio de François Hollande añade una acumulación de textos liberticidas, en el camino de una reconfiguración del Estado en un Estado policial.

La creación de nuevos delitos conduce generalmente a más encarcelamientos. La ley de julio de 1996 había creado el delito de “asociación de malhechores en relación con una actividad terrorista” que incluía “la ayuda a las personas en situación irregular”. El Consejo Constitucional hizo suprimir este artículo. Suprimido en la ley pero no en los hechos, actualmente se sigue condenando a gente por haber ayudado a personas migrantes.

Por su parte, la ley del 21 de diciembre de 2012 inauguró el delito de “actividad terrorista individual”. Éste se funda en las costumbres, las relaciones, el visionado de determinadas páginas web… Juzga un comportamiento, una supuesta intención, no actos. Es la presunción de culpabilidad más que la presunción de inocencia. La solidaridad y el comportamiento son hoy merecedoras de sanciones penales que pueden conducir a la privación de libertad.

La privación de libertad

Otras medidas contribuyen igualmente a desarrollar la privación de libertad. Como la duración de las detenciones preventivas, inicialmente de 24 horas como máximo, pasando luego a cuatro días y ahora a seis si hay “riesgo de atentado” -una vez más, una noción muy vaga-. O el encarcelamiento de personas presuntamente inocentes, prevista como una excepción pero que ha aumentado un 11,5% entre 2014 y 2015. El endurecimiento de las penas es también real para el conjunto de los delitos, sobre todo los más pequeños, en particular los ultrajes a agentes y resistencia a la autoridad; actos de “delincuencia”, evidentemente más frecuentes cuando hay hiperpresencia policial, como en los barrios populares o durante las movilizaciones.

Esta política penal y carcelaria sirve a un gobierno que prefiere pagar cada año duras multas a causa de la sobrepoblación y la indignidad de las prisiones, así como financiar un plan de construcción de 10 000 plazas que contribuirán a la riqueza de los Bouygues (dueño una de las mayores empresas de la construcción en Francia. Ndt) y consortes, más que vaciar las prisiones. Para ir en esta otra dirección, habría que cambiar los criterios que continúan encerrando a los más pobres de nosotros en las prisiones de la miseria.

En fin, la retención de seguridad no está suprimida. Ésta autoriza el mantenimiento en centros cerrados, sin nuevo juicio, de personas que han purgado su pena, por una duración indeterminada con el pretexto de su peligrosidad. ¡Esto podrá servir en cualquier caso! Con las asignaciones a residencia y los centros de retención para personas que hayan recibido una OQTF (obligación de abandonar el territorio), la retención de seguridad es una de las verdaderas zonas de no-derecho de la “República”.

¡Todo el mundo fichado!

Si la presencia policial en nuestras vidas no es nueva, el gobierno Hollande ha multiplicado las leyes que intentan la geolocalización casi absoluta de nuestros hechos y gestos, desplazamientos, lazos familiares y sociales. Se trata para el poder de tender hacia el perfilamiento absoluto de los ciudadanos. La ley del 21 de diciembre de 2014 prolonga la vigilancia de los datos de conexión “con un objetivo preventivo”. La ley de información de 2015, adoptada en procedimiento rápido, coloca la vigilancia bajo el control directo del Primer Ministro y de sus servicios de información, legalizando la vigilancia de las comunicaciones sobre el territorio y con el extranjero.

Concretamente, el gobierno ha sacado a la justicia de los procesos de decisión, legalizando así las viejas prácticas de vigilancia de la policía secreta. La ley del 3 de junio de 2016 autoriza la utilización de nuevos dispositivos técnicos que permiten captar directamente las conexiones con la ayuda del IMSI (número único que figura en la tarjeta SIM y que permite a una red móvil identificar a un usuario) y de falsas antenas repetidoras. La puesta de cámaras en las celdas de detenidos es autorizada y los registros de los coches y bultos por la policía se hacen posibles sin autorización del procurador ni consentimiento del propietario.

Esta política de la información, con la excusa de buscar a eventuales terroristas, no solo certifica la puesta en cuestión drástica de las libertades sino que fabrica la sospecha que impulsa el racismo y la delación. Los discursos de Valls, “hay que neutralizar a los grupos terroristas”, “atacar a nuestro enemigo del interior”, “desradicalizar a los islamistas”, son verdaderos llamamientos a la guerra. Porque arrojan la duda sobre una parte de la población, musulmana o supuestamente musulmana, se convierten en un elemento constructivo de una frontera en el interior de la sociedad entre “ellos” y “nosotros”. Paralelamente se ven reforzarse todos los “relatos nacionales”, supuestamente históricos y científicos, alrededor de la identidad nacional.

En fin, no hay límite a la vigilancia de los ciudadanos: el megafichero TES (Títulos Electrónicos Seguros) que debe reunir los datos, en particular biométricos de 60 millones de franceses, instituido furtivamente por decreto del Ministro del Interior, es una prueba de ello. Es una política peligrosa, primero porque ninguna razón justifica este proyecto atentatorio contra el respeto de nuestras vidas, y sobre todo porque estos megaficheros podrían un día ser explotados para fines monstruosos, como nos ha enseñado la historia.

Hollande, presidente del “estado permanente de excepción”

Tras un año bajo el estado de emergencia, ¡el gobierno anuncia ya su prórroga durante todo el período electoral! Cazeneuve reconocía, no obstante, ya en mayo de 2016, que “hay una bajada de la eficacia del estado de emergencia, las detenciones han sido realizadas en los primeros meses de su instauración. 3579 detenciones administrativas en 7 meses, 67 condenas, de ellas 31 susceptibles de remitir a la apología del terrorismo y 5 por actos de terrorismo”.

Si el estado de emergencia no tiene utilidad en la lucha antiterrorista, tiene otra función: la de mantener el orden, su orden al servicio de los ricos. Ha llevado, en particular, a reforzar el plan Vigipirate. En vigencia desde el 8 de septiembre de 1995, bajo la responsabilidad directa del Primer Ministro, Vigipirate permite un control urbano policial y, desde enero de 2015, la movilización del ejército. 122 000 militares patrullan, de ellos 50 000 en el marco de la operación Sentinelle, en particular alrededor de las zonas declaradas sensibles, estaciones, aeropuertos, grandes acontecimientos festivos o deportivos… y, evidentemente, los barrios populares. Se movilizan medios enormes. Según el Ministro de Defensa, la operación Sentinelle cuesta un millón de euros al día. Con la militarización del espacio público, toda nuestra vida está controlada.

El número de prohibiciones creadas por el estado de emergencia es tan grande que toda acción de resistencia, aunque sea perfectamente legítima, se vuelve potencialmente ilegal. Y peligrosa: la represión violenta, con la ayuda de medios y de métodos que a menudo tienen que ver con la guerra, se encuentra legitimada. Las violencias policiales, aunque puedan herir a menudo y a veces matar, igual que los atropellos policiales en aumento en los barrios populares, permanecen impunes. La justicia de delitos flagrantes, con comparecencias inmediatas, cuyo número se ha doblado el año pasado, endurece sistemáticamente las penas que dicta.

El estado de emergencia no existe en los demás países europeos, aunque ellos también se enfrentan a ataques terroristas. En Francia -donde nació en el marco de la guerra de Argelia con el objetivo de dar cobertura legal a la gran violencia del Estado allí, fue luego utilizado para aplastar la revuelta kanaka y posteriormente la de los barrios populares en el otoño de 2005 lleva en su seno un claro tufo colonialista y racista.

La reconfiguración en curso del aparato del Estado

El Estado y sus instituciones son herramientas autoritarias al servicio de un sistema económico profundamente injusto y desigualitario. El Estado organiza la opresión, la división y si es posible la sumisión de los explotados en beneficio del capital. Pero este poder toma formas diferentes.

En Francia, el Estado de derecho está definido por una doble obligación: la separación y el equilibrio de los diferentes poderes, pues “solo el poder puede detener al poder”, y la protección de los derechos. Con toda evidencia no estamos ya en un Estado de derecho, puesto que no solo el gobierno no hace respetar nuestros derechos, ni siquiera los inscritos en el preámbulo de la Constitución, como el de la vivienda por ejemplo, sino que suspende cuando quiere los que existen todavía.

Es el caso del derecho de manifestación. El estado de emergencia ha dado plenos poderes al ejecutivo, excluyendo a la justicia, que sin embargo también está al servicio de los poderosos, pero a la que juzga cobarde el presidente de la República y a la que abuchean los policías en manifestaciones de aires sediciosos.

Los policías, recibidos por el presidente y el Ministro del Interior, obtendrán 250 millones de euros, munición de postas, material y armamento militar, con la benevolencia de una gran parte de la clase política tanto de derechas como de izquierdas y la complicidad de los sindicatos de policía rehabilitados por el gobierno; así como una promesa inestimable, la de un proyecto de ley que podría ser examinado antes de finales de año, sobre la presunción de legítima defensa. Solo el sindicato Sud Interieur ha advertido que “no se puede ir más lejos que el régimen de legítima defensa tal como lo conocemos; más sería un paso hacia el Estado totalitario”. Alain Brossat estima en Mediapart que liberándose de la ley que se supone están obligados a respetar, “están en la calle para exigir más poder, más libertad de acción y menos tutela. Sueñan con el Estado policial”. Según un sondeo del Cevipof, el 56% de ellos votaría en 2017 por el FN, el partido cuyo programa defiende sus reivindicaciones.

Pensar y actuar

Hay que tomar la medida de lo que está jugándose en esta conjunción entre las políticas económicas neoliberales y el refuerzo del autoritarismo policial. Derechas e “izquierdas” gubernamentales están impulsando transformaciones de fondo de las democracias burguesas, no obstante ya limitadas en numerosos terrenos.

El gobierno divide el campo popular mediante el miedo, el racismo, la represión, los ataques violentos contra todos nuestros bienes comunes. Con muchos otros, estamos movilizados por los derechos al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, por la acogida de todos las personas migrantes, contra sus grandes proyectos inútiles y sus guerras. Contra la identidad nacional, que va a estar sin duda en el corazón de las presidenciales, hay también que afirmar con más fuerza la identidad social y la comunidad de intereses de las personas oprimidas y explotadas. Hay que trabajar con todas las personas que lo quieran por la convergencia, la coherencia, la audacia de nuestros combates. Tenemos que cruzar todos los terrenos, desde el local al internacional. A ese precio es al que podremos poner en marcha una “política de los oprimidos”, que irá hasta derrocar este sistema.

P.-S.

L´Anticapitaliste nº 82 (noviembre 2016)

https://npa2009.org/idees/societe/l...

Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR

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