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De la Sección : {1. Noticias Destacadas}

Carta de una docente catalana a Alfonso Guerra: “Usted no recuerda, pero nosotros no olvidamos”

Por Maribel Gómez

Lunes 16 de octubre de 2017 NODO50

Yo soy catalana por obra y gracia del Caudillo de España. Soy de esa generación que nació en Cataluña porque los fascistas asesinaron o persiguieron a nuestros abuelos.

Hay personas que con el paso del tiempo cambian o cambian sus actitudes. Algunas quizás modifican la percepción que tienen de las cosas; otros, con el paso de los años, adquieren la experiencia, la maduración que les hace vivir con su entorno con la capacidad reflexiva que incluso les permite comprender lo que nunca se habían propuesto entender. No es su caso, señor Guerra…

Parece que usted no sólo no ha adquirido esa madurez contemplativa y reflexiva, sino que, además, ha perdido la memoria. Ayer, en su intervención en Onda Cero, afirmó que las escuelas y centros educativos de Cataluña hace 40 años que están controlados por un profesorado sectario que se dedica a adoctrinar su alumnado de manera fascista, a la manera de Adolf Hitler y sus juventudes hitlerianas. Con sus afirmaciones de ayer, señor Guerra, usted me insultó, me agredió y, por ello, ahora dejaré de hablar de usted para hablarle de mí.

Sabe, yo soy catalana por obra y gracia del Caudillo de España. Soy de esa generación que nació en Cataluña porque los fascistas asesinaron o persiguieron a nuestros abuelos. Soy hija y nieta de aquellos andaluces que consiguieron rehacer su vida lejos de una Andalucía sometida a los terratenientes falangistas, que crearon un hogar en una tierra que se tuvo que rehacer de la represión franquista y que colaboraron en la creación de la escuela pública catalana a finales de los años 70. Una escuela pública, señor Guerra, que contó con un consenso político y social en el que participaron la mayoría de familias proletarias venidas de Andalucía y que fue un modelo surgido de una decisión democrática.

Sabe, yo soy de esa generación nacida en 1970 que no fuimos escolarizados en catalán, que todavía sufrimos las lecciones de maestros franquistas, que crecimos en plena transición, que pasamos miedo la noche del 23-F y que vivimos el entusiasmo de nuestros padres el día que ustedes, los del PSOE, ganaron las elecciones. Soy de esa generación que, mientras usted llegaba a ser vicepresidente del gobierno, trabajábamos para estudiar en la universidad.

Como le decía antes, señor Guerra, ayer me agredió, pero no sólo a mí… Ayer, usted escupió sobre la memoria de todos los muertos en manos del fascismo español; insultó a todos los padres y madres que han colaborado en la construcción de un modelo educativo consensuado; agredió a diferentes generaciones de profesionales de la educación que, desde 1975, han trabajado para que la educación en Cataluña sea siempre el garante de la transmisión y consolidación de los valores propios de una sociedad democrática.

Usted, con su actitud beligerante, no es nadie para situarme, a mí y a todos mis compañeros de profesión, a la misma altura que a los asesinos de nuestros abuelos. Usted, protagonista del primer caso de corrupción del gobierno socialista, no puede acusarnos de desarrollar desde las escuelas un movimiento prefascista. Usted, hijo de militar, que justifica las cargas policiales contra nuestros conciudadanos no puede acusarnos de ser despreciables.

Y es que usted, señor Guerra, no ha cambiado: sigue viviendo de la agresión verbal, de la mentira injuriosa, de la difamación injustificada… Porque tal vez usted ha olvidado que un día ejerció de socialista, pero nosotros recordamos que, en realidad, no lo fue nunca. Hoy, con sus dictados injuriosos, usted se asocia a la extrema derecha española, mientras nosotros, el profesorado catalán, seguimos trabajando para nuestro pueblo. Passi-ho bé, señor Guerra!

Maribel Gómez
Profesora de Secundaria del Departament d’Ensenyament

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Cómo los multimillonarios llegan a ser multimillonarios

Por James Petras

Sábado 14 de octubre de 2017 NODO50

Estados Unidos tiene el mayor índice de desigualdad, la tasa de mortalidad más alta, los impuestos más regresivos y el mayor subsidio público a banqueros y multimillonarios que ningún otro país capitalista desarrollado.

En este ensayo examinaremos las raíces socio-económicas de la desigualdad y la relación entre la concentración de riqueza y el retroceso de las clases trabajadora y asalariada.

Cómo los multimillonarios llegan a ser multimillonarios

La evasión impositiva, en todas sus formas, es una de las fuentes más constante de la riqueza de los multimillonarios. Contrario a lo que dice la propaganda mediática a favor de los negocios, entre un 67 y un 72% de las corporaciones no pagan ni un céntimo después de los créditos y exenciones fiscales que reciben... mientras que los trabajadores pagan de un 25 a un 30% de sus ingresos en impuestos. La tasa de la minoría de corporaciones que pagan impuestos fue del 14%.

Según el Servicio de Renta Interna de EE.UU. (IRS, según sus siglas en inglés), la evasión impositiva de los multimillonarios asciende a $458 mil millones de dólares por año, casi un billón de dólares en pérdida de ingreso público cada dos años, según este cálculo moderado.

Las corporaciones más grandes de EE.UU. guardan más de 2,5 billones de dólares en paraísos fiscales del exterior, donde no pagan impuestos o pagan impuestos bajísimos de menos del 10% de tasa impositiva.

Mientras tanto, las corporaciones estadounidenses en crisis se beneficiaron de una ayuda de más de $14,4 billones de dólares (Bloomberg solicitó 12,8 billones) de dinero público, de fondos combinados entre el Tesoro y la Reserva Federal, provenientes mayoritariamente de los contribuyentes estadounidenses, que en su mayoría son trabajadores, empleados y jubilados.

Los banqueros que se beneficiaron del rescate con dinero público invirtieron los préstamos sin interés o con bajas tasas de interés y ganaron miles de millones, la mayor parte de los cuales provino de ejecuciones hipotecarias de viviendas de la clase trabajadora.

A través de resoluciones judiciales favorables y ejecuciones hipotecarias ilegales, los banqueros desalojaron a 9,3 millones de familias. Más de 20 millones de personas perdieron sus propiedades, a menudo debido a deudas ilegales o fraudulentas.

Una pequeña cantidad de estafadores financieros, incluyendo ejecutivos de los principales bancos de Wall Street (Goldman Sachs, J. P. Morgan y otros), pagaron multas, pero nadie fue a la cárcel por el gigantesco fraude que causó la miseria de millones de estadounidenses.

Hay otros banqueros estafadores, como el actual Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, que se enriquecieron con ejecuciones hipotecarias ilegales de miles de viviendas en California. Algunos fueron enjuiciados, pero todos fueron exonerados, gracias a la ayuda dada por líderes del Partido Demócrata durante el gobierno de Obama.

Silicon Valley y sus multimillonarios innovadores hallaron nuevas maneras de evadir impuestos usando paraísos fiscales en el exterior y deducciones impositivas dentro del país. Incrementan su riqueza y las ganancias corporativas pagando localmente salarios en el umbral de pobreza a sus trabajadores manuales y de servicios. Los ejecutivos de Silicon Valley “ganan” mil veces más que los trabajadores del sector productivo.

Las desigualdades de clase son enfatizadas con las divisiones étnicas: los multimillonarios blancos, chinos e indios (de la India) explotan a trabajadores afroamericanos, latinoamericanos, vietnamitas y filipinos.

Los multimillonarios en conglomerados comerciales como Walmart, explotan a los trabajadores pagándoles salarios de miseria y proveyéndoles beneficios escasos o nulos. Walmart obtiene $16 mil millones de dólares de ganancias por año gracias a que solo le pagan a sus trabajadores entre $10 y $13 dólares por hora y dependen de la asistencia estatal y federal para que le brinde a las familias empobrecidas el servicio Medicaid [1] y cupones para alimentos. El plutócrata de Amazon Jeff Bezos explota trabajadores pagándoles $12,5 por hora mientras que él ha acumulado más de $80 mil millones de dólares en ganancias. El CEO de la empresa UPS gana $11 millones por año explotando a sus trabajadores con un pago de $11 por hora. El CEO de Federal Express, Fred Smith, gana $16 millones anuales y le paga a sus trabajadores $11 por hora.

La desigualdad no es un resultado de la “tecnología” ni de la “educación” -eufemismos contemporáneos que alimentan el culto de superioridad de la clase dominante- como les gusta decir a los economistas y periodistas liberales y conservadores. La desigualdad es el resultado de los salarios bajos, las enormes ganancias corporativas, las estafas financieras, la evasión impositiva multimillonaria y la entrega de miles de millones del tesoro público a las corporaciones. La clase gobernante domina la “tecnología” de explotar el Estado a través del saqueo de su erario y de la clase trabajadora. La explotación capitalista de trabajadores del sector productivo con salarios bajos provee miles de millones adicionales a las fundaciones filantrópicas multimillonarias asociadas para pulir su imagen pública usando otra forma de evasión de impuestos: las “donaciones”, que sirven para exaltar su propia importancia.

Los trabajadores pagan impuestos desproporcionados en educación, salud, servicios públicos y sociales y subsidios a los multimillonarios.

Los multimillonarios en la industria armamentista y los conglomerados de seguridad y mercenarios reciben más de $700 mil millones de dólares del presupuesto federal, mientras que más de 100 millones de trabajadores estadounidenses carecen de atención sanitaria adecuada y sus hijos asisten a escuelas en edificios deteriorados.

Trabajadores y jefes: tasas de mortalidad

Los multimillonarios y sus familias disfrutan de una vida más larga y saludable que los trabajadores. No necesitan ni de seguros médicos ni de hospitales públicos. Un CEO vive un promedio de diez años más que un trabajador y disfruta de veinte años más de condiciones de vida saludable.

La atención médica privada provee los tratamientos más avanzados y seguros, incluyendo los medicamentos más efectivos, lo que permite que los multimillonarios y su familia vivan más y en mejores condiciones. La calidad del servicio médico en general, y la alta capacitación de los profesionales a cargo presentan un agudo contraste con el servicio médico disponible para el resto de la población. Esta situación crea un apartheid, o sistema segregado, en la atención médica en EE.UU.

Los trabajadores son tratados y maltratados por el sistema de salud: Reciben tratamiento médico inadecuado y, a menudo, inepto; atención superficial de parte de asistentes médicos sin experiencia y terminan siendo víctimas de una extendida práctica de exceso de medicación con narcóticos y otros medicamentos altamente adictivos. La medicación excesiva recetada por “profesionales” incompetentes ha contribuido de manera significativa a la muerte precoz de trabajadores, ha incrementado los casos de sobredosis de opiáceos, discapacidad causada por adicciones y el descenso en la pobreza, que muchas veces trae consigo la pérdida del hogar. Estas prácticas irresponsables han creado ganancias multimillonarias adicionales a las empresas aseguradoras de élite, las cuales pueden suspender las pensiones y las responsabilidades de los seguros médicos cuando los trabajadores lesionados, enfermos, discapacitados o adictos salen del sistema o mueren.

La reducción de la expectativa de vida de los trabajadores y miembros de su familia es un motivo de celebración para Wall Street y la prensa financiera. Más de 560.000 trabajadores murieron por el uso de opiáceos entre 1999 y 2015, lo que contribuyó a bajar la expectativa de vida de los asalariados y redujo las responsabilidades para pagar pensiones tanto de Wall Street como del Seguro Social (Social Security).

Las desigualdades son acumulativas y afectan a varias generaciones y sectores sociales.

Las familias de los multimillonarios, hijos y nietos, heredan miles de millones. Tienen acceso privilegiado a las escuelas y a las clínicas más prestigiosas; y convenientemente se enamoran de personas igualmente privilegiadas y bien conectadas con las que unen fortunas y forman imperios financieros aún más grandes. Su riqueza les permite comprar una cobertura de prensa favorable, incluso servil, y les garantiza acceso a los abogados y contadores más influyentes para encubrir estafas y evasión impositiva.

Los multimillonarios contratan a innovadores y managers de maquilas -con diplomas en negocios (MBA)- para que inventen nuevas maneras de recortar los salarios, incrementar la productividad y asegurarse de que las desigualdades se profundicen aún más. Los multimillonarios no tienen que ser ni los más brillantes ni los más innovadores, puesto que ellos pueden simplemente comprar en el “libre mercado” ese talento y descartarlo a su antojo.

Los multimillonarios compran a otros o se unen a otros, formando directorios entrelazados (interlocking directorates [2] ). Bancos, tecnología de la información, fábricas, almacenamiento, alimentos, artefactos, laboratorios farmacéuticos y hospitales están directamente relacionados con las élites políticas que se deslizan por las puertas rotatorias para reunirse con el FMI, el Banco Mundial, el Tesoro de EE.UU., los bancos de Wall Street y los prestigiosos bufetes de abogados.

Consecuencias de las desigualdades

En primer lugar, los multimillonarios y sus asociados políticos, legales y corporativos ejercen un dominio sobre los partidos políticos. Designan a los líderes y a todo aquel que desempeñe un puesto clave asegurándose que los presupuestos y las medidas políticas incrementarán sus ganancias, erosionarán los beneficios sociales de las masas y debilitarán el poder político de las organizaciones populares.

En segundo lugar, se traslada el peso de la crisis económica sobre los hombros de los trabajadores: los echan y los vuelven a contratar a tiempo parcial, como mano de obra temporal. Los rescates con dinero público, aportado por los pagan impuestos, son subsidios que los multimillonarios reciben gracias a la doctrina que sostiene que los bancos de Wall Street son demasiado grandes para fracasar y los trabajadores son demasiado débiles para defender su salario, trabajo y estándar de vida.

Los multimillonarios compran a las élites políticas, que a su vez designan a las autoridades del Banco Mundial y del FMI que tienen la tarea de establecer políticas que congelen o reduzcan los salarios, recorten las obligaciones de las corporaciones y de la salud pública y aumenten las ganancias privatizando empresas públicas y facilitando el traslado de las corporaciones a países con salarios e impuestos más bajos.

Como resultado, los trabajadores -que reciben pago por hora o por mes- están menos organizados y tienen menos influencia; trabajan más por menos dinero, sufren mayor inseguridad laboral y más lesiones -físicas y mentales- en el lugar de trabajo, caen en el deterioro y la discapacidad, salen del sistema, mueren anticipadamente y más pobres y, en el proceso, proveen ganancias inimaginables para la clase multimillonaria. Incluso las adicciones y la muerte son fuente de ganancia -como puede atestiguar la familia Sackler, fabricante de Oxycontin [3] .

Los multimillonarios y sus acólitos políticos sostienen que una agudización del sistema impositivo regresivo incrementaría inversiones y puestos de trabajo. Los datos dicen otra cosa. El grueso de las ganancias repatriadas se usan para comprar acciones de la propia cartera con el fin de incrementar las ganancias de sus inversores; no se invierten en la economía productiva. Los conglomerados entienden que menos impuestos y más ganancias es igual a más compras de empresas (más concentración) y mayor migración hacia países con salarios más bajos. En realidad, los impuestos son menos de la mitad de lo que dice la tasa y son un factor principal en la agudización de la concentración de riqueza y poder -ambos causa y efecto a la vez.

Las élites corporativas, los multimillonarios del complejo Silicon Valley-Wall Street están relativamente satisfechos de que sus preciosas desigualdades sean garantizadas y expandidas con los presidentes Demócratas y Republicanos, mientras continúan los “buenos tiempos”.

Lejos de la élite multimillonaria, los capitalistas locales también claman por mayor inversión pública en infraestructura para expandir la economía interna, menos impuestos para aumentar las ganancias y más subsidios estatales para incrementar la capacitación de la fuerza de trabajo mientras se reducen los fondos para salud y educación pública. No son conscientes de la contradicción que esto involucra.

Dicho de otra manera, la clase capitalista como un todo, la nacional y la internacional, persiguen las mismas políticas regresivas, promoviendo la desigualdad en su lucha por incrementar su parte en las ganancias.

Ciento cincuenta millones de contribuyentes asalariados han sido excluidos de las decisiones socio-políticas que influyen directamente en su salario, empleo, tasas de impuestos y representación política.

Ellos entienden o por los menos tienen la vivencia de cómo funciona el sistema de clases. La mayoría de los trabajadores conocen las injusticias derivadas de los falsos “tratados de libre comercio” y del sistema impositivo regresivo que abruman a la mayoría de los trabajadores.

Sin embargo, la desesperación y hostilidad del trabajador se enfoca directamente contra los “inmigrantes” y contra los “liberales” que han apoyado la importación de mano de obra barata y poco calificada con el disfraz de “libertad”. Esta imagen “políticamente correcta” de la mano de obra importada sirve para encubrir una política que ha servido para abaratar los salarios, beneficios y condiciones de vida del trabajador de EE.UU, ya sea en la tecnología, construcción o sector productivo. Los conservadores adinerados, por otra parte, se oponen a la inmigración con el disfraz de “ley y orden” y para bajar el gasto social -a pesar del hecho de que todos ellos usan los servicios de niñeras, tutores, enfermeras, doctores y jardineros. Sus sirvientes pueden también ser deportados si fuera conveniente.

Los temas planteados a favor o en contra de los inmigrantes eluden la causa de origen de la explotación económica y la degradación social de la clase trabajadora: la alianza entre la clase multimillonaria y la élite política.

Para revertir las prácticas impositivas de carácter regresivo y la evasión de impuestos, los bajos salarios y el incremento de las tasas de mortalidad causado por narcóticos y otras causas que se pueden prevenir -que redundan en ganancias para las compañías aseguradoras y la industria farmacéutica- es necesario forjar alianzas que conecten a los trabajadores, pensionados, estudiantes, discapacitados, ciudadanos desalojados, deudores, subempleados e inmigrantes como una fuerza política unificada.

¡Es más fácil decirlo que hacerlo, pero al menos hay que intentarlo! Absolutamente todo está en juego: vida, salud y felicidad.

Notas de la traductora:

[1] Medicaid es un programa que provee servicios médicos a las personas de recursos limitados. Cofinanciado por el gobierno federal y los gobiernos estatales, es administrado por cada estado, el que tiene amplio poder de decisión para determinar quién puede acceder al programa.

[2] Intelocking directorate se refiere a la relación entre miembros de directorios de diferentes corporaciones en la que la misma persona forma parte de varios directorios. La conexión cobra mayor relevancia cuando los productos de las empresas involucradas se supone que deben competir en el mismo mercado, pero, por conflicto de intereses no lo hacen y, por tanto, no cumplen con las leyes federales antimonopólicas, como la ley Clayton, que prohíbe específicamente la existencia de directorios entrelazados.

[3] Oxycontin: analgésico opiáceo de acción prolongada.

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La anomalía española y el derecho a decidir

Por Andrés Piqueras. Profesor de Sociología y Antropología Social de la Universitat Jaume I

Jueves 12 de octubre de 2017 NODO50

El Reino de España es una anomalía histórica. Es el único país-Estado europeo, junto con Portugal, en el que el fascismo no fue derrotado (gracias a la colaboración de casi todo el resto de Europa), y que por tanto no ha ajustado cuentas con su pasado dictatorial. Es por eso que el partido que heredó ese monopolio político, el PP (previo paso como AP), se niega sistemáticamente a condenar el terrorismo de Estado que supuso el franquismo.

Por eso el Estado español se sigue riendo de todas las indicaciones de la ONU para ejercer la memoria histórica y la compensación de las víctimas de esa dictadura y mantiene más de 100.000 desaparecidos en las cunetas y fosas de su suelo. Por eso ni las principales familias franquistas ni la Iglesia que apoyó la dictadura han devuelto tampoco jamás las propiedades que robaron a la población republicana. Es un país-Estado que abortó cualquier proceso de reforma agraria y tiene por eso mismo decenas de miles de personas mendigando asignaciones institucionales para vivir.

“España” ha sido una anomalía anacrónica aislada del mundo, que tuvo que engancharse en condiciones de sumisión a la Europa que estaba gestando el Gran Capital en los años 80. Se vio forzada, así, a desindustrializarse y convertirse en un país de servicios turísticos: el parque temático de Europa. Eso explica porqué nuestra economía tiene unas bases tan endebles y ante cualquier crisis cíclica capitalista siempre sale la peor parada: estamos en el pódium de los ganadores en tasas de desempleo, desigualdad social, pobreza infantil, fracaso escolar… Pero por eso también crecemos más cuando la fiesta del capital ficticio-especulativo está en auge, es decir, cuando proliferan las “burbujas” financieras como pompas de jabón.

Al calor de esos precedentes no nos podemos extrañar de que la corrupción sea un proceso normalizado, estructural, de la economía-política española. ¿Por qué habría de parecer raro que seamos el único país-Estado que tiene al frente del Gobierno a un partido “investigado” como tal por corrupción y otros delitos (siendo una de las organizaciones con el mayor número de presos de todo el territorio europeo), y a pesar de ello y de la destrucción deliberada y sistemática de pruebas, no se “investiga” a su presidente? En cualquier otro país europeo ese partido no estaría facultado para poder estar al frente del Gobierno. No podría presentarse a elecciones después de haber ganado al menos varias de ellas “dopado” con financiación ilegal.

Tampoco parece muy extraño que en un país como éste los miembros de las más importantes instancias judiciales estén puestos por los partidos dominantes de la oligarquía (los mismos que constituyeron el Bipartido del Régimen, para turnarse sine die en el Gobierno). Y que por tanto el poder judicial en su conjunto se transforme tan a menudo en un ariete de combate contra las luchas sociales, en defensa de aquella misma oligarquía.

La propia jefatura de Estado, la monarquía, también es parte de esa anomalía. No olvidemos que en este país-Estado coexisten dos reyes, pues el más viejo exigió no perder esa condición al abdicar y así no tener que responder ante la ley, y el más joven no tiene la más mínima voluntad de llevar un Estado de naciones ni la menor idea ni propensión a hacer algo por una sociedad descuartizada por el capital. Su última intervención pública es propia de lo más rancio de la burguesía que nunca superó el franquismo (es lo que tiene no haber sido derrotada), incluso con claros tintes decimonónicos. Lo más patético que ha expresado en Europa un jefe de Estado desde la Segunda Guerra Mundial. Un verdadero rey-ultra, a quien nadie ha votado y que ha tirado por la borda frente a las naciones de España cualquier posibilidad de legitimarse.

¿A quién le puede extrañar que haya alguna sociedad-nacional que se quiera ir de aquí? Como recordaba hace poco Pérez Royo, Cataluña, que está en el origen del derecho a la autonomía en el Reino de España, es la única comunidad autónoma cuyo Estatuto de Autonomía no ha sido aprobado por su Parlamento y ratificado por sus ciudadanos. La única.

Claro que es deseable que la sociedad catalana, como tantas otras, vaya más allá de la vertiente nacional en cuanto al Derecho a Decidir. Pero al menos con su accionar masivo y su rebeldía a ser ninguneada, nos ha ofrecido una oportunidad de oro al resto de la población.

La sociedad catalana, convirtiéndose poco a poco en pueblo, nos refuerza la oportunidad de comenzar un proceso constituyente por la Democracia: para extender el Derecho a Decidir a todos los ámbitos de la vida económica y sociopolítica. Decidir para que nunca en adelante se entreguen miles de millones de euros a la Banca haciéndolos pasar por un “préstamo”. Para que nunca más las pérdidas de los ricos se las tengamos que pagar todos. Para que ningún partido en el poder institucional pueda hacer contra-reformas laborales y sociales en perjuicio de la población, sembrando el mercado laboral de contratos-basura y dejando al menos a dos generaciones de jóvenes sin ningún futuro; para que la evasión y el fraude fiscales del gran empresariado dejen de ser tan masivos como impunes. Decidir si nuestra riqueza social tiene que pasar o no a manos privadas, si los renglones estratégicos del país (energía, trasportes, comunicaciones, recursos) tienen o no que ser vendidos a las transnacionales de cualquier sitio por los mismos que se llaman “patriotas”. Decidir si aceptamos a una persona como jefe de Estado por el único mérito de ser Borbón y sin que se presente a elecciones.

Decidir si queremos una televisión pública que se hace cada vez más un “remake” del NO-DO. Todo ello sirva sólo como ejemplo.

En las encrucijadas históricas es cuando todas las partes de un orden se retratan. Frente a la luz cegadora ciertos cuerpos se hacen más traslúcidos. Los partidos y sindicatos institucionales (PPSOE-CCOUGT), que vienen sosteniendo el Régimen postfranquista desde los años 70, dejan claro que su función consiste en seguir sosteniéndolo a toda costa. La fuerza “emergente” creada para desviar la protesta social y lo instituyente hacia lo institucional, también, pero de otra forma: con reformas que eviten la verdadera transformación de clase. Su ambigüedad calculada, sus juegos de “significantes vacíos” y su hablar sin decir nada (“ni de izquierdas ni de derechas”), pueden funcionar en tiempos de normalidad social para pescar en todos los charcos. Pero en las encrucijadas históricas, cuando no se puede evitar el posicionarse, terminan decantándose por lo constituido, descartando sumarse a lo destituyente (como han demostrado tristemente durante largos meses en el caso catalán) para dejar hasta más ver lo constituyente.

Por eso, antes de que la vieja o la nueva oligarquía política prepare(n) su “revolución pasiva” (cambiar las cosas para que todo siga igual), hay que actuar rápido en pos de un movimiento destituyente del Régimen postfranquista, un Régimen hediondo de corrupción, usurpador de la riqueza colectiva, descuartizador de las redes de salud, educación e investigación, destructor de la negociación colectiva y arquetipo en cambio del pelotazo, el amiguismo, las burbujas y especulación financiera que nos han traído hasta aquí. Tanto las fuerzas “emergentes” como la vieja izquierda hoy empeñada en suicidarse, tienen buenas y suficientes bases para tirar por ese camino, como bastantes de estas últimas han empezado a hacer ya.

A medio plazo, no veo que se pueda descartar un desplome del propio modo de producción capitalista, porque este sistema se hace más rígido y totalitario, lo que le lleva cada vez a ser más incapaz de cambiar para aliviar las crecientes tensiones sociales (el discurso del Rey y la actitud del Bipartido son una palmaria muestra de ello). Porque es anti-social en todas sus actuales dinámicas y no tiene –porque los ha eliminado-, los “sensores” que en el capitalismo industrial existían a través de las luchas de clases. Y eso porque a través de la “institucionalización” (judicialización) y mercantilización de las relaciones sociales y políticas puso fuera de servicio el sistema político, la tan ensalzada o manida, según desde el lado que se mire, “democracia liberal”, que permitió solventar en las formaciones sociales centrales parte de las contradicciones propias al sistema de explotación capitalista.

La “salida” nacionalista puede que no sea nada del otro mundo, pero supone la grieta más fácil por la que se escapa el agua del pantano político-social en el que estamos. Desaprovechar esa coyuntura en nombre de la “legalidad” o incluso de la “pureza revolucionaria”, es de una ceguera política indigna de decirse de izquierdas. La Historia pasará por encima de quien no esté a la altura de los tiempos.

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La revuelta democrática catalana y la reacción de Rajoy

Por Daniel Raventós y Gustavo Buster

Miércoles 11 de octubre de 2017 NODO50

Cuarenta y ocho horas después de la jornada del referéndum del 1 de octubre, Catalunya vivió lo que unos llamaron huelga general y otros paro cívico, pero que en cualquier caso movilizó a centenares de miles de personas y en algunas ciudades las concentraciones fueron de una masividad desconocida hasta ahora. El referéndum del 1 de octubre, pase lo que pase en los próximos días y semanas, será recordado, y no sólo en Catalunya, como una de las jornadas más espectaculares de lucha pacífica de la población por el derecho a la autodeterminación, y en contrapartida, también como una de las más contundentes represiones de las fuerzas policiales contra los derechos de reunión, expresión y voto. Incluso en medios políticamente tan moderados como The Economist podía leerse en un reciente editorial: “Si el señor Rajoy pensaba que rompiendo cabezas pondrían fin al secesionismo, no podía estar más equivocado.”

Si bien la participación en el referéndum no llegó al 50%, lo que resulta memorable es que precisamente votaran más de 2 millones de personas en las condiciones de represión que hubo. Hacer especulaciones sobre la gente que hubiera votado en condiciones normales es inútil, pero nadie puede dudar que el número de participantes hubiera sido mucho mayor. Aventurar que todas las personas que no votaron eran contrarias al referéndum no puede ser mantenido con la más mínima plausibilidad. Es más, cuando después de una intensa campaña los partidos contrarios al referéndum han conseguido movilizar en Barcelona a la resucitada “mayoría silenciosa” –con autocares traídos de todo el Reino- las cifras, sin dejar de ser importantes, son las que son: 350.000 personas. La propia “Sociedad Civil Catalana”, la organización instrumental que ha organizado la manifestación habla continuamente de los catalanes contrarios a la autodeterminación como de una minoría “acosada”.

Lo hemos dicho muchas veces en Sin Permiso: un referéndum legal en Catalunya sobre cómo quiere vivir políticamente y cómo quiere relacionarse con los demás Estados sería el final técnico del régimen de 1978. Solamente así puede entenderse la intransigente y violenta oposición del gobierno y partidos dinásticos a la autodeterminación catalana legal y pactada.

La reacción del gobierno Rajoy

A las enormes movilizaciones soberanistas catalanas del 1 y el 3 de octubre, que arrinconaron políticamente al gobierno -hasta el punto de que el grupo parlamentario socialista pidió un pleno para recusar a la vicepresidenta Sainz de Santamaría- Rajoy respondió desvelando la verdadera naturaleza del régimen del 78. Felipe VI intervino como portavoz de los “poderes fácticos” para exigir la inmediata actuación de los poderes públicos contra el Govern de la Generalitat, “inadmisiblemente desleal” por cumplir el mandato del Parlament de Catalunya, y restaurar el pleno funcionamiento de la Constitución de 1978.

Es la cuarta vez en la historia del régimen que esta amenaza se hace patente: en el momento de su constitución, en el 23-F, en el referéndum de la OTAN y ahora tras el 1 de octubre catalán.

No es necesario insistir demasiado sobre lo que comentaristas de distinto signo han dicho sobre el discurso de Felipe VI la misma noche de la gran jornada de movilización del 3 de octubre. Bastaba con saber que el responsable del mensaje constitucional es el propio Rajoy: repitió sus mismos argumentos, que él a su vez reiteró en una entrevista de El País el domingo. Ningún asomo de “conciliación” o algo parecido: ni mención de las casi 900 personas heridas por la Guardia Civil y la Policía Nacional española el 1 de octubre, ni la menor alusión a una cierta conciliación entre las partes, ni diálogo.

En palabras de Javier Pérez Royo escritas poco después del mencionado discurso al referirse a la ausencia absoluta de neutralidad respecto a los partidos políticos: “En su discurso del martes dejó de serlo [neutral]. Y además se notó. Y mucho. Por lo que dijo y por cómo lo dijo. Su lenguaje, también el corporal, fue de una agresividad extraordinaria, con expresiones no solo contundentes sino hirientes.” Su alineamiento con el PP y Ciudadanos, dejó incómodo hasta al otro puntal del régimen del 78, el PSOE. Que fuera, como el mismo constitucionalista aseguraba, un gran error, es algo que aquí no importa. Fue un aviso de cómo entiende y piensa tratar la monarquía la lucha del pueblo catalán por su soberanía. Monarquía que solo puede vivir si el régimen del 78 se mantiene y que es su principal cortocircuito institucional en caso de crisis.

Rajoy respondió al desbordamiento de su gobierno por los acontecimientos, y a las críticas que llovían desde Aznar a Felipe González por no aplicar el artículo 155 y detener a Puigdemont y Junqueras, con una escalada cuya “proporcionalidad” se mide ya en la exigencia de salvar su propia carrera política.

La campaña de prensa del “nacionalismo constitucionalista”

Así puede entenderse también la reacción de la mayor parte de la prensa española después del 1 de octubre y de los acontecimientos que se han ido sucediendo a lo largo de la semana. Resulta muy llamativo el contraste con el tratamiento de los mismos hechos por parte de la prensa extranjera. No puede hablarse de una posición unánime sobre la solución para la cuestión nacional catalana, pero la reacción ante las cargas policiales sí lo ha sido: inadmisible. Los observadores internacionales tampoco han dudado un instante. En el informe preliminar de los observadores internacionales presentes para verificar la limpieza del referéndum del 1 de octubre, puede leerse: “Fue una operación de estilo militar orquestada de forma centralizada y cuidadosamente planificada. Nos dejó anonadados que mandos policiales armados y enmascarados entrasen en los colegios electorales con el objetivo de impedir un proceso democrático pacífico”.

Por claro contraste, gran parte de la prensa española, en todo caso la más influyente, ha sido unánime en rebajar, matizar, “poner en contexto”… la brutalidad policial. Hay quien incluso ha llegado a afirmar que la represión estaba justificada ante la desobediencia de leyes. ¡Cómo suenan estas palabras o de parecido tenor en lugares donde ha habido dictaduras, como es el caso de la de Franco! Pero llegar a rebajar o “proporcionar” la represión policial que todo el mundo pudo (y puede) ver en centenares de vídeos, se acerca a la charlatanería.

Son charlatanes en un sentido muy preciso, el que le da Harry Frankfurt en su maravilloso estudio On Bullshit: el charlatán no es necesariamente un mentiroso (que miente sabiendo que miente porque sabe la verdad, pero pretende engañar), simplemente no le interesa si lo que dice o insinúa es verdad o mentira, sólo persigue la impresión. Lo que menos le importa al charlatán es la verdad. Frankfurt asegura que “una actitud displicente hacia la verdad es más o menos endémica entre el colectivo de publicistas y políticos, especies cuyos miembros suelen destacar en la producción de charlatanería, mentiras y cualquier otro tipo de fraudulencia e impostura que puedan imaginarse”.

Puigdemont, las citaciones por sedición y la movilización de la “mayoría silenciosa”

Veinticuatro horas mas tarde, el aludido president de la Generalitat respondió al discurso real: “no así, Majestad”. Y reiteró la existencia de un mandato soberano del Parlament de Catalunya que le obliga democráticamente.

Un día después estaban citados a declarar a Madrid el Major (Mayor) de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de las dos principales organizaciones sociales soberanistas, Jordi Sánchez de la ANC y Jordi Cuixart de Òmnium Cultural, investigados por sedición. Su arresto provisional, que exigía una parte importante de la derecha española, hubiera desencadenado una nueva movilización popular masiva en Catalunya durante el fin de semana. Pero el gobierno decidió darse tiempo y espacio para movilizar a su propia base social, en Madrid el sábado y en Barcelona el domingo, y hacer patente a su “mayoría silenciosa”.

Con lo que no contaba es con el éxito de una iniciativa ciudadana, “Parlem, Hablemos”, que a través de las redes sociales convocaron concentraciones ante los ayuntamientos de todo el Reino con banderas blancas exigiendo el diálogo entre los gobiernos de Madrid y Barcelona frente a las amenazas de la escalada represiva.

Pedro Sánchez, sometido a la presión de los “poderes fácticos” de su propio partido -los mismos que impusieron su dimisión en el comité federal del 1 de octubre de 2016 para forzar la abstención del grupo socialista que hizo posible el actual gobierno minoritario de Rajoy-, envió un twitter de apoyo: “Diálogo y convivencia. La calle nos los pide. Estemos a la altura, estamos a tiempo”. Y lo mismo hizo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: “La gente es mejor que sus gobernantes. Siento orgullo y esperanza viendo Madrid así”.

La posición de la dirección del PSOE quedó fijada: solo en el caso de una declaración unilateral de independencia apoyaría incondicionalmente a Rajoy. Mientras tanto, PSOE y Podemos coincidían en un espacio común definido por la petición de diálogo y convivencia, respaldado por la mayoría de las declaraciones de gobiernos e instituciones internacionales.

La “huida” empresarial

Desde el jueves, el gobierno Rajoy recurrió a un “poder fáctico” más importante que la “mayoría silenciosa”: la (supuesta) “mano invisible del mercado”. A golpe de llamada de las organizaciones empresariales y los ministerios de Hacienda y Economía, empresarios y financieros catalanes contrarios o muy hostiles al derecho de autodeterminación por no decir a la independencia (Miquel Valls, Juan Rosell, Joaquim Gay de Montellà, Isidre Fainé, Josep Lluís Bonet, Josep Oliu…) comenzaron a anunciar el traslado de las sedes sociales de sus empresas fuera de Catalunya. Poco importó que la decisión exigiera la convocatoria de las juntas de accionistas: el gobierno Rajoy aprobó el viernes un decreto autorizando a los comités de dirección de las empresas a tomar la decisión por si mismas. En una nueva demostración de que con “legalidad” (dudosa) no hace falta democracia (al menos en el espacio social regulado por el derecho mercantil), en Madrid o en Beijing, CaixaBank y su matriz, Banco de Sabadell, Gas Natural, Grupo Agbar, Oryzon, Dogi…desfilaron denunciando la inseguridad jurídica del procés, las consecuencias de la salida de la UE de materializarse la independencia de Catalunya… y su apoyo al gobierno Rajoy.

El impacto mediático ha sido enorme. El económico se puede medir por la subida en bolsa de las acciones de las empresas que deslocalizaban sus sedes sociales. Y el político ha desvelado cual sería la naturaleza social de una República catalana, que no cuenta con el apoyo del entramado del 3% que articulaba el capitalismo de amiguetes del régimen del 78 en la Catalunya autonómica gobernada por Pujol.

La motivación que hay detrás de esta deslocalización, además de otros factores políticos como los explicados, es defender el valor de las acciones y, en el caso de los bancos, que la posible salida de la eurozona por una hipotética independencia efectiva de Catalunya, los deje sin el acceso al recurso del Banco Central Europeo como prestamista de última instancia.

Si algo ha fraccionado el “bloque independentista” ha sido este encuentro con la realidad entre la base social que ha sostenido a CDC y la orientación política del nuevo PDdCAT más allá de la vaporosa “inquietud empresarial por la inseguridad económica”. Si el 1 de octubre importantes sectores del movimiento popular soberanista superaron sus ilusiones sobre la naturaleza del estado con la intervención represiva policial contra las urnas y los votantes; tras la huelga del día 3 y el lock-out patronal que supone los traslados de sedes sociales, la dirección de Junts pel Sí esta descubriendo las limitaciones sociales de su interclasismo soberanista.

El primero en reconocerlo fue Artur Mas en una entrevista en el Financial Times: “Para ser independientes aun hay algunas cosas que no tenemos”. Y lo mismo vino a decir el Conseller Santi Vila, que auguró la tautología de que la declaración unilateral de independencia conllevaría la suspensión del gobierno autonómico, por lo que era necesario más tiempo para el diálogo.

Una “sociedad fracturada”, y entre la DUI y el “diálogo”

El gobierno del PP, Ciudadanos, los sectores más autoritarios y derechistas del PSOE (una vez más los Guerra, Bono, Leguina, Rodríguez Ibarra…) quieren mano dura contra la movilización catalana que tan en crisis ha puesto al régimen del que son sus principales valedores. Pero la mano dura debe justificarse, aunque lo de menos sea la verdad. La excusa utilizada es la “fractura” de la sociedad catalana cuando en realidad estamos ante la quiebra del consenso constitucional.

Lo utilizó, por ejemplo, Felipe VI en su discurso del día 3 (“hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”), lo utilizan muchos dirigentes del PP, del PSOE y, claro está, de Ciudadanos. Independientemente de la veracidad de esta afirmación, la pregunta es ¿se puede “coser” mediante la represión esa “fractura” social? Cuando se defiende un referéndum legal y pactado lo que se esta proponiendo es que se construya un nuevo consenso con la participación de todos los ciudadanos, dándoles directamente la palabra. La alternativa es darle derecho de veto a una supuesta minoría, alegando que es una “mayoría silenciosa”, incapaz de ejercer una ciudadanía que delega en las élites gobernantes cuestionadas por la mayoría. La pregunta sigue en pie: con la aplicación, por ejemplo, del artículo 155 (de facto ya aplicado), o con el estado de excepción ¿estaría menos “fracturada” la sociedad catalana? En todo caso, no parece ser la negación violenta del derecho a la autodeterminación lo que puede arreglar esa supuesta “fractura” social.

Finalmente, por motivos e intereses distintos, todos los actores en este drama han trazado la línea roja en la “Declaración Unilateral de Independencia” (DUI) que, de acuerdo con la Ley de transitoriedad aprobada por el Parlament de Catalunya debería proclamarse 48 horas después de comunicados oficialmente los resultados del referéndum. No hay que recordar que tanto el referéndum como la Ley de transitoriedad han sido declarados “inconstitucionales” y vaciados de todo poder jurídico por el Tribunal Constitucional.

¿Qué valor jurídico puede atribuir el gobierno Rajoy a lo que no da ninguno? Se trataría de un acto de rebeldía que le obligaría a detener y juzgar a los firmantes de la declaración por incitación a la ruptura del orden constitucional. Lo que al tratarse de la propia Generalitat y el Parlament le obligaría a intervenirlos.

Ciudadanos ha pedido, acompañado ahora por todos los “poderes fácticos” del régimen del 78, la aplicación preventiva de esa intervención utilizando el artículo 155 de la Constitución. Y la convocatoria de elecciones autonómicas en Catalunya. Pero a diferencia de Albert Rivera, Mariano Rajoy no tiene la seguridad ni de obtener una mayoría alternativa no soberanista en Catalunya ni de poder sobrevivir a la crisis constitucional que se abriría en todo el estado. El problema político catalán ya se ha trasladado a Madrid, amenazando al gobierno minoritario del PP. Pero ahora se proyectaría la “fractura” social al conjunto del Reino, como presagian las manifestaciones de este sábado.

El espacio político antes de esa “línea roja” ha sido ocupado por los llamamientos al “diálogo”, que cada actor también define de manera distinta según sus objetivos tácticos y sus intereses. Rajoy no puede apoyarse en él sin una desmovilización previa del movimiento popular soberanista catalán, porque cualquier “diálogo” supondría un cuestionamiento del régimen del 78. De manera directa con la propuesta de negociar un referéndum legal de Unidos Podemos, y a medio plazo de una reforma constitucional federalista del PSOE encapsulada en la comisión parlamentaria que ha tenido que aceptar Rajoy para cooptar a Pedro Sánchez para sus objetivos tácticos.

En el transcurso de una semana, “ganar tiempo” para el “diálogo” se ha convertido en la pesadilla de la crónica anunciada de una crisis constitucional y política sin precedentes. Puigdemont y su Govern están obligados por sus propias leyes, a menos que el Parlament reconozca al ser informado de los resultados del referéndum que la represión hizo imposible su pleno ejercicio y que, por lo tanto, este está aun pendiente. Y el gobierno Rajoy no podrá obviar la intervención y una nueva escalada represiva si, por el contrario, el Parlament considera que el referéndum, a pesar de la represión (que es su principal activo moral) es plenamente vinculante.

Fuera de este dilema, creemos, está la mayoría del movimiento soberanista popular en Catalunya y la mayoría de la opinión pública que se ha movilizado estos días a favor de una solución “legal” y “democrática”. Esa solución, y esa confluencia de intereses pasa, inevitablemente, por una alternativa de izquierdas en el conjunto del Reino, aunque no es la garantía de nada para la lucha por la autodeterminación catalana. Quizás sea una condición necesaria, pero no suficiente como la historia de la transición es un ejemplo repetido.

En esta tragicomedia, no deja de ser asombroso la parodia de interpretaciones legales retorcidas para satisfacer necesidades formales o tácticas: el PSC consigue retrasar el pleno del Parlament de Catalunya el lunes para proteger a sus diputados de los efectos de una DUI “inconstitucional”. Pero “Catalunya si que es pot” obtiene su convocatoria el martes para que el President informe de la “situación política”.

A estas alturas lo único evidente es que el régimen del 78 se encuentra en un callejón sin salida, que puede prolongar su crisis mediante una lógica táctica en la que se sacrifican objetivos estratégicos con tal de dañar sustancialmente al adversario. Estamos ante una situación tan cambiante que lo que hoy puede ser un argumento bueno para continuar la lucha por la autodeterminación efectiva de Catalunya, mañana puede parecer una opción francamente mala para tal objetivo. Así que lo menos aconsejable es ofrecer líneas de actuación inamovibles.

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Murcia se ha levantado

Por Beatriz Gimeno

Martes 10 de octubre de 2017 NODO50

La gente de Murcia ha tenido mala suerte porque su levantamiento histórico contra la manera en que el Partido Popular entiende la democracia, es decir, sin contar con los vecinos y vecinas; contra su manera de gobernar, a favor de la especulación y de los intereses de las empresas…ha coincido con la semana catalana. Son cuestiones muy diferentes pero en ambos casos tienen que ver con la democracia, con la manera en que la gente quiere poder tomar decisiones que afectan a sus vidas y con anhelos sociales perfectamente legítimos. El PP entiende la democracia como un estorbo, y suele responder a cualquier demanda popular a palos. La gente de Murcia lleva más de tres semanas manteniendo en la calle su exigencia de que el AVE no parta su ciudad en dos mitades con un muro de 9 kilómetros por medio, aunque llevan más de 20 años con un activismo constante que ahora ha explotado. Estas semanas se han producido en esa ciudad las mayores manifestaciones de la historia murciana y el asunto nos recuerda al levantamiento del barrio del Gamonal.

La última manifestación multitudinaria se produjo el 1-O, menuda fecha, cuando más de 50.00 personas abarrotaron la Gran Vía de esta ciudad contra la llegada del AVE en superficie; ese día tomó la calle una marea humana decidida a dejar constancia de que las ciudades tienen que ser para quienes viven en ellas, y no para los intereses especulativos de las empresas apoyadas siempre por sus cómplices en las instituciones. Ya llevamos demasiado tiempo en el que nuestras instituciones, especialmente los municipios, han servido como despachos de apoyo a esas empresas y sus intereses y han generado una corrupción institucional y sistémica que sólo ahora, y desde la llegada de algunos alcaldes y alcaldesas, se puede pensar en limpiar. Los llamados municipios del cambio están aún lejos de haber podido poner la institución al servicio de las personas y se están encontrando con enormes dificultades para llevr a cabo sus programas, aunque en algunas ciudades se están dando pasos esperanzadores. No es el caso de Murcia, en todo caso, que sigue en manos de los especuladores.

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La ciudad es el espacio más cercano, es dónde vivimos; cómo se gobierne nos afecta extraordinariamente y la democracia, aquí más que en ningún otro sitio, tiene que estar pegada a la gente; los municipios tienen que contar con los vecinos, no cada cuatro años, sino todo el tiempo y, desde luego, para las decisiones más importantes. El proceso de escucha en los municipios tiene que ser constante. Lo que no puede hacer un Ayuntamiento que se diga democrático es tomar decisiones contra la opinión de la ciudadanía, y mucho menos cuando ésta exige apropiarse de su ciudad para convertirla en un espacio de vida y no de especulación.

Las empresas cuyos intereses están en juego en el caso del AVE y en otras muchas políticas municipales, así como los representantes institucionales que les dan cobertura, sólo entienden las ciudades como espacios de negocio en donde la gente molesta si no consume, en donde la gente sobra y donde todo el territorio y todas las actividades son susceptibles de ser explotadas comercialmente. Por eso no les importa que la gente se tenga que marchar de sus barrios de toda la vida a lugares no deseados ni escogidos por ellos, que no tengan actividades de ocio, cultura o deportivas baratas o gratuitas y de calidad; por eso quitan los bancos en donde la gente se sienta para descansar al sol y lo llenan todo de terrazas de bares; por eso llenan de cemento las plazas y los jardines, para que nadie se detenga en ellas. Por eso buscan acabar con cualquier actividad que suponga pensar en común, disfrutar en común, vivir en común encontrarse, encontrarnos, y también ejercer derechos humanos básicos como lo es, en este caso, la movilidad para las personas con diversidad funcional. Y así van minando la vida, y el disfrute y también la posibilidad de imaginar y construir juntas vidas mejores que las que tienen preparadas para nosotros.

Los vecinos de Murcia llevan muchos años luchando por el soterramiento del AVE, y por la no división de la ciudad, y en esta lucha se han encontrado con que los partidos políticos les han mentido sin ningún problema. Cuando el Partido Popular estaba en la oposición apoyó sin pudor todas las reivindicaciones de las plataformas que llevan desde los 80 luchando para que cuando llegara el AVE a la ciudad, lo hiciera de manera que sirviera para que la gente viviera mejor, y no para que los especuladores ganasen dinero. “Primero el AVE, luego ya soterraremos”, les dicen ahora. Pero la paciencia de la gente tiene un límite y la ciudadanía se ha lanzado a la calle para decir que no, que primero la gente, que no quieren el AVE si el AVE destroza la ciudad en la que viven.

Sucedió en Gamonal y ha sucedido ahora en Murcia. La gente se resiste a ser expropiada de todo y quiere seguir entendiendo su ciudad como espacio de vida y convivencia, lo que quiere decir como espacio democrático. Y Murcia entera lleva 15 días literalmente en la calle. Y lo único que ha hecho el gobierno ante lo que, obviamente, es una demanda mayoritaria, legitima, de sentido común y necesaria, ha sido mandar a la policía, mentir, hacer caso omiso de las plataformas ciudadanas, como hace siempre. Así entiende el Partido Popular la democracia. Esto es lo que hay y si no os gusta saco la porra.

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