Pero así son las reglas con las que permitimos que se organice nuestra sociedad: no es la disponibilidad de personas capacitadas y dispuestas a desarrollar una tarea, ni la necesidad social de que se lleve a cabo, sino su rentabilidad, lo que determina que dicha actividad se realice o no. El problema es que la rentabilidad privada a corto plazo como criterio supremo para la toma de decisiones suele obtener resultados disparatados, si se analizan desde el sentido común más elemental. Y el disparate alcanza cotas demenciales en situaciones de crisis como la actual.

Cómo explicar que es precisamente cuando la sociedad tiene mayores problemas económicos cuando más gente capaz y dispuesta a trabajar nos “sobra”. No hace falta ser de otro planeta, cualquiera con dos dedos de frente detecta el sinsentido de la situación. Puede que los datos estén perdiendo ya la capacidad de impresionarnos, pero no debiéramos dejar de dimensionar el despropósito. Según el INE en el segundo trimestre de 2012 el número de personas en situación legal de desempleo se acercaba a los 6 millones, lo que significa que de cada 4 personas que pueden y quieren trabajar, hay al menos una que no puede hacerlo. Casi la mitad de la población en paro lleva más de un año sin trabajo, y esa es aproximadamente la proporción de desempleados que no accede a ninguna prestación ni subsidio. Nadie, ni el gobierno, ni el FMI, ni el BCE, ni el más osado de los tertulianos, se atreve a negarnos que la situación no sólo no va a mejorar en el corto plazo, sino que empeorará. Como siempre, tras los promedios se esconden realidades aun más insoportables. Por ejemplo, entre la juventud ya hay más personas en desempleo que trabajando. Y tengamos en cuenta que la gente joven es el espejo donde se anticipa nuestro futuro colectivo: una juventud sin futuro es una sociedad desahuciada. Un último dato demoledor: actualmente hay casi 1.800.000 familias en las que ningún miembro tiene un empleo legal, por precario que sea.

Además, hay que considerar que el desempleo coexiste con otros rasgos también típicos de nuestra economía y que ahora se agudizan: precariedad, bajos sueldos, derechos sociales y económicos incompletos, servicios públicos insuficientes, parte importante de la población desvinculada del mercado laboral formal por razones “ajenas a su voluntad” (y que por tanto no “salen” en las estadísticas), y un desgraciadamente largo etcétera. Y como sabemos, la catastrófica situación laboral desencadena múltiples procesos de exclusión económica y social. El caso de las familias desahuciadas de sus viviendas habituales, o el de las personas que no pueden financiar el coste de los medicamentos que necesitan, serían suficientes para convencer a nuestro visitante marciano de que la lógica que rige nuestra sociedad no sólo es disparatada; también es muy peligrosa.

Seguramente el 15 de mayo de 2011 la mayoría de nosotros no éramos capaces de imaginarnos la velocidad con que seguirían sucediéndose los ataques en el terreno del empleo y los derechos laborales. Sin embargo, cuando en uno de sus primeros encuentros en la Plaza del Carmen la nutrida asamblea de economía de Sol decidió dividirse en subgrupos temáticos, todo el mundo vio con naturalidad que uno de los primeros en formarse fuera el de “laboral”. Al poco de acomodarnos en la esquina de la plaza que nos fue asignada fuimos conscientes de la dificultad del ámbito delimitado. ¿Laboral? El listado de problemáticas que nos sentíamos obligados a tratar era amplio y complejo. Inabarcable, llegamos a pensar. Pero rápidamente vislumbramos que el paro, como problema en sí mismo y como manifestación de una determinada forma de entender la organización social del trabajo y la riqueza, ocuparía un lugar central.

En efecto, las discusiones de aquel subgrupo de laboral, que luego iban siendo socializadas en la asamblea de economía, se estructuraron en gran medida en torno al paro y sus problemáticas asociadas. Visto con perspectiva, y teniendo en cuenta la improvisación reinante y la enorme heterogeneidad del grupo, cabe felicitarse por no pocas de las cuestiones analizadas. No tardamos, por ejemplo, en detectar las trampas del discurso productivista, que utiliza la creación de empleo como mantra que pretende justificar cualquier iniciativa generadora de puestos de trabajo, por muy insensata que sea desde el punto de vista medioambiental. El grupo concluyó sin mayor dilación que el desempleo es un problema gravísimo, pero que la insostenibilidad ecológica del actual modelo también lo es, por lo que las alternativas propuestas deberían ser coherentes con ese diagnóstico.

Las reflexiones en torno a la consideración del trabajo reproductivo también ocuparon un tiempo importante. La necesaria equiparación completa del estatus laboral de las trabajadoras domésticas pareció una cuestión obvia, pero el tratamiento de aquellas tareas reproductivas que se llevan a cabo al margen del mercado fue más complejo. Las trampas de la mal llamada “conciliación”, la importancia de reivindicar unos servicios de educación infantil y atención a la dependencia públicos, de calidad y gratuitos, o el papel crucial de los horarios y los permisos de maternidad/paternidad, fueron aspectos ampliamente debatidos.

La discusión sobre estos y otros temas puso al descubierto cómo imaginar alternativas en torno a la problemática del (des)empleo nos obligaba a conectar con propuestas de otros ámbitos, avanzando de esta forma hacia alternativas cada vez más globales y coherentes. Elementos como una fiscalidad potente y muy progresiva, una red de servicios públicos amplia y de calidad, o un sistema de pensiones justo y suficiente, se descubrieron piezas necesarias dentro de un esquema amplio donde el desempleo podría dejar de ser un problema.

Quizás sea anecdótico, pero en todo caso resulta una anécdota muy significativa el que entre las dos propuestas de “laboral” que tuvimos que elegir para incluir en el documento consensuado por la asamblea de economía de Sol (http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/06/propuestas-abiertas-de-la-comision-de-economia-sol/) estuviera la “reducción efectiva de la jornada y la vida laboral”. Explícitamente, el texto consensuado señalaba el reparto del empleo como instrumento para “la redistribución de la riqueza y de todos los trabajos (también de los que se realizan en el ámbito doméstico)”.

En estos tiempos -es decir, con la que está cayendo-, puede parecer una ingenuidad mayúscula. Sin embargo, lo cierto es que la alternativa de repartir el empleo es una fórmula sencilla y eficaz no sólo para acabar con el paro, sino también para conseguir un reparto más equitativo de la riqueza y caminar hacia una mayor racionalización de la producción, del consumo y de nuestro tiempo. En nuestra sociedad el empleo es el mecanismo básico que permite el acceso a los ingresos, los derechos y el espacio público. Lo más lógico, por tanto, es organizarlo de forma que ningún colectivo quede excluido. Por otra parte, vidas y jornadas laborales demasiado largas son causa de múltiples problemas, tanto de orden personal como social.

Aunque partidos y sindicatos mayoritarios obvien la evidencia, la idea de repartir el empleo es de una lógica aplastante: nuestra sociedad se lo puede permitir y las ventajas asociadas saltan a la vista. El problema, como sabemos, es que la rentabilidad cortoplacista que rige el sistema y el sentido común que puede salvarnos del desastre, apuntan en direcciones opuestas. Pero ese es, precisamente, el mayor logro del movimiento hasta el momento: construir y difundir un sentido común colectivo que apele a nuestra inteligencia y a nuestro sentido de la justicia. Aunque desafíe, qué le vamos a hacer, las reglas de este disparatado sistema.

Bibiana Medialdea
Colectivo Novecento

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