Concentración hoy viernes en la Audiencia Nacional

Concentración el viernes a las 10.30 en la puerta de la Audiencia Nacional.

Jesús Rodríguez / Manu Simarro (La Directa)

Este mediodía un efectivo de 40 antidisturbios de la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra ha hecho acto de presencia en la Ciudad de la Justicia sin pedir permiso ni a la jueza decana ni al juez de Guardia -competentes por permitirles la entrada según fuentes jurídicas consultadas por este medio. Esta mañana 9 de las personas que se encontraban en la lista de 22 identificadas se han presentado con los correspondientes abogados para designar su letrado y mostrar su disposición a ser citadas por el juez Eloy Velasco. El Juzgado de Guardia ha comunicado los hechos a la Audiencia Nacional, y mientras esperaban la respuesta se ha producido la irrupción policial. Los Mossos han retenido periodistas, abogados y personas identificadas, hasta que el juez de guardia ha citado al mando del operativo en su despacho. Posteriormente Eloy Velasco ha ordenado al juez de Guardia que se inhibiera porque él ya había dado las órdenes correspondientes a los Mossos d’Esquadra y entonces es cuando se han producido las detenciones.

Declaraciones en la Audiencia Nacional suspendidas

Además, las declaraciones de los dos primeros detenidos en relación a los hechos del Parlament, previstas para hoy, han sido retrasadas hasta mañana a petición de las abogadas de la defensa. Así lo ha decidido el juez Eloy Velasco, titular del juzgado de instrucción central número 5. El 15M ha convocado, con el apoyo de entidades sociales y sindicales, una concentración hoy a las 19h para rechazar el proceso "represivo" abierto contra el 15M catalán. Por el momento, ya hay una decena de detenciones y citaciones efectuadas, y todavía quedan 22 que los Mossos pretenden efectuar durante los próximos días.

Detenciones irregulares

Fuentes jurídicas consultadas por este medio han podido confirmar que el juez de la Audiencia Nacional nunca ordenó ninguna detención de las 22 personas identificadas por los Mossos a raíz de la investigación de la protesta en las puertas del Parque de la Ciutadella el 15 de junio. Así consta en el expediente del caso. La Audiencia Nacional se ha limitado a imputar a 22 personas del movimiento 15-M de Cataluña, que habrían cometido presuntamente un delito contra las instituciones del Estado, contemplado en el artículo 498 del Código Penal con penas de entre 3 y 5 años de prisión. Aún así, los Mossos d’Esquadra detuvieron el lunes por la mañana a tres personas cuando salían de su domicilio o del trabajo. Una cuarta persona de Sant Andreu de Palomar fue detenida el lunes por la tarde en la Rambla del Arrabal de Barcelona, cuando se dirigía a trabajar.

La quinta detención llegó el martes. Una chica fue trasladada hasta comisaría para hacerle ficha policial y fotos, después quedó en libertad y será citada para ir a declarar en Madrid. Otra detención se produjo al mediodía, haciendo crecer la cifra total hasta seis. A media tarde se conocían la séptima y la octava detenciones, en este caso en el Vallès Oriental. Dos personas de Sants fueron detenidas el miércoles a mediodía. En todos los casos, la policía ha hecho fotografías y ha tomado las huellas dactilares de las personas detenidas. De hecho, según han explicado desde el Departamento de Interior, el objetivo de las fotografías es renovar las fichas policiales existentes (ilegales en caso de que las personas no hubieran sido detenidas anteriormente) así como los datos fisiométricos de la cara y el cuerpo. Estos datos servirán para hacer una comparativa con las grabaciones de vídeo recogidas por agentes policiales pocos días después de los hechos del Parlament. Esta actuación de última hora ha sido consecuencia de la respuesta que el juez de la Audiencia Nacional dio al Departamento de Interior tras recibir el primer informe de identificaciones, en el sentido que las pruebas contra las personas identificadas no eran suficientes, que necesitaban imágenes más concluyentes. Fuentes jurídicas han explicado a la Directa que estas sesiones fotográficas no son obligatorias y que las personas detenidas se pueden negar a ser fotografiadas.

El Departamento de Interior aseguraba haber pactado las detenciones sin un posterior traslado a Madrid, puesto que el consejero de Interior no quería que la Guardia Civil hiciera los traslados hasta la capital del Estado. El acceso al expediente confirma que las órdenes de detención y este supuesto pacto son una información falseada por el Departamento de Interior. Según fuentes del departamento de Felip Puig, el resto de personas serán detenidas durante esta semana para ser fichadas y fotografiadas y darles la citación.

Cerca de 2000 personas en la manifestación

El lunes por la tarde, centenares de personas se reunieron a la plaza de Catalunya de Barcelona y marcharon en manifestación por las Ramblas detrás de una pancarta que decía: "Si nos tocan a una nos tocan a todas". En la fachada del lujoso teatro del Liceo hicieron pintadas. En la calle Ferran ya sumaban 1.800 manifestantes, que finalmente convocaron una asamblea ante del Palau de la Generalitat, que ya estaba custodiado por Mossos y una barrera de vallas. En esta asamblea decidieron convocar una nueva manifestación el jueves 6 de octubre a las siete de la tarde en la plaza de Catalunya, coincidiendo con el día en qué las personas imputadas declaran en la Audiencia Nacional. En Madrid también han organizado una protesta convocada por el movimiento 15-M de la ciudad. El lunes por la tarde también se hizo una concentración solidaria en Girona dónde participaron una cincuentena de personas.

La postura de los abogados

Jaume Asens, uno de los abogados designados para el caso ha manifestado que las detenciones son un "escarnio público, innecesarias e irregulares", puesto que para entregar una citación no hace falta detener a nadie. Fuentes de la Audiencia Nacional han explicado que las primeras detenidas, que ya han quedado en libertad, tendrán que declarar delante del juez Eloy Velasco el jueves 6 de octubre y el viernes 7 por la mañana. Los hechos se remontan al 15 de junio, cuando miles de personas intentaron un bloqueo en el Parlament de Catalunya con el objetivo de evitar la aprobación de los recortes presupuestarios. La acción fue, según fuentes del 15-M, "masiva, determinada y no violenta". El movimiento de los indignados e indignadas de Barcelona ya redactó hace unos días un comunicado en qué denunciaba posibles detenciones.

Los Mossos y la Fiscalía Superior de Catalunya investigan los hechos

Los hechos del Parlament han sido investigados conjuntamente por Mossos d’Esquadra y la Fiscalía Superior de Catalunya. El consejero Felip Puig ya desveló el 23 de junio en su comparecencia a la comisión de Interior del Parlamento, dónde tildó las activistas de tropa “de infantería”. Las divisiones encargadas de la investigación han sido la División Central de Información (DCI) y la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC), comandadas por Adolf Broch y Josep Lluís Trapero, respectivamente. La investigación ha sido coordinada por el comisario Joan Miquel Gorro y la Jefatura Fiscal del Tribunal Superior de Justíca de Catalunya. En la comparecencia, Puig aseguró que había ordenado identificaciones de cuatro grupos de personas: organizadoras y convocantes, resistentes que bloquearon los accesos al Parque de la Ciutadella, activistas que agredieron diputados y diputadas y de otras que se resistieron a la acción policial.

Eloy Velasco admite a trámite una denuncia de Manos Limpias

La investigación de los hechos del Parlamento empezó el 16 de junio, el día siguiente del bloqueo simbólico indignado, con la interposición de una denuncia ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional por parte del sindicato ultraderechista Manos Limpias. En la exposición de hechos afirmaban que “2.000 personas autoproclamadas indignadas golpearon, escupieron y tiraron pintura a los parlamentarios catalanes” y que “los Mossos d’Escuadra fueron recibidos con piedras y golpes de botellas”, unos hechos que consideran que “han causado una situación de alarma social y han puesto en grave riesgo el sistema democrático y constitucional”. El sindicato pidió la imputación de las personas “autoras, cómplices, encubridoras e inspiradoras” de los hechos por presuntos delitos de coacciones y amenazas, contra las instituciones del Estado y de sedición. El magistrado Eloy Velasco admitió a trámite la denuncia a principios de julio pasado.

La fiscal pide a Velasco que se muestre competente

La fiscal de la Audiencia Nacional, María Teresa Sandoval Altelarrea, pidió el 5 de septiembre al juez Eloy Velasco que aceptara la competencia “para la investigación de los hechos delictivos ocurridos el 15 de junio de 2011 ante el Parlamento catalán”, competencia que creía “evidente” puesto que los hechos constituirían “delitos contra los altos organismos de la Nación”. La fiscal señalaba también que las causas abiertas a las siete personas detenidas el 15-J, que presuntamente habrían cometido delitos “de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad”, debían seguir su curso en el Juzgado de Instrucción 25 de Barcelona.

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