Por Begoña Lalana (abogada que ha representado a la acción popular contra los GAL)

El poder tiene tendencia a ser benigno consigo mismo, a permitir conductas que no toleraría en otro caso

Como recordaba el auto del Pleno de la Sala de lo Penal relativo al conocido como caso Pinochet: “Debe tenerse en cuenta que las muertes, lesiones, coacciones y detenciones ilegales aludidas eran efectuadas en la clandestinidad, no en ejercicio regular de la función oficial ostentada, aunque prevaliéndose de ella”.

Los llamados a investigar los crímenes del terrorismo de Estado, son personas integradas en el propio Estado y en la mayoría de los casos subordinadas a quienes adoptan las decisiones.

La función del proceso penal

El poder tiene tendencia a ser benigno consigo mismo, a permitir conductas que no toleraría en otro caso. No es necesario retroceder en los principios de los años ‘80, en los que los GAL llevaron a cabo sus siniestras actividades, para encontrar ejemplos de ese trato.

Tan sólo hace unos meses, el 7 de noviembre de 2010, en una entrevista al diario El País, quien era presidente del Gobierno durante la actividad terrorista de los GAL; reconoció que se había sometido a su consideración volar la cúpula de ETA, manifestando de forma espontánea que ese tipo de decisiones le correspondía adoptarlas a él. Ningún poder del Estado ha abierto una investigación sobre estas revelaciones, a nadie parece interesar qué institución pública discutía con el presidente de Gobierno acerca de cometer un crimen, de quién partió la iniciativa, si otros dirigentes políticos intervenían en aquellos debates, etc.

La función del proceso penal es ante todo, descubrir la verdad material: la mayoría de los atentados cometidos por los Grupos Antiterroristas de Liberación no han sido sometidos a enjuiciamiento. Los que sí se han presentado ante los tribunales españoles o franceses han sido enjuiciados sin examinar quienes fueron los autores intelectuales de los GAL, nunca se sometió tampoco a enjuiciamiento el papel de los servicios secretos –españoles y franceses– en la trama, numerosas preguntas siguen sin respuesta judicial.

La condena de quien fuera ministro del Interior del primer Gobierno de Felipe González, José Barrionuevo; y del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, por el secuestro de Segundo Marey, o de éste último por los pagos a Amedo para garantizar su silencio, fue suficiente para muchos: certificaba la responsabilidad gubernamental.

Es derecho de cualquier ciudadano de una sociedad democrática ejercer activamente el control sobre los funcionarios y los gobernantes que no ajustan su actuación a la legalidad. Como ya se recogiera en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, la sociedad tiene derecho a pedir cuentas a todo agente público sobre su administración.

De ninguna forma hemos de renunciar al derecho de saber quiénes idearon y ordenaron estos crímenes

La contribución de las personas que en 1988 se personaron en el Sumario 1/88 para ejercitar la acción popular ha sido un modesto ejemplo del ejercicio de un derecho; el de la búsqueda de la verdad y la toma de posición activa en contra de la impunidad.

En ese empeño han destacado en muchos casos las propias víctimas del GAL y sus defensores, que lograron avances significativos en la investigación, como la desclasificación de los papeles del CESID.

Hay también un buen número de periodistas que han trabajado en busca de una información completa sobre esta historia inacabada, y aún hoy continúan indagando en las cloacas, españolas y francesas.

Entre el primer crimen de los GAL en 1981 –el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala– y el último hasta ahora conocido –la reivindicación en nombre de los GAL del asesinato del parlamentario Josu Muguruza e intento de asesinato de Iñaki Esnaola, el 20 de noviembre de 1989 en Madrid– hay casi 30 víctimas mortales que tienen derecho a la verdad.

En 1985 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que “toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”.

Es posible que el tiempo haga que prescriban los delitos antes de que lleguen a enjuiciarse, pero de ninguna forma hemos de renunciar al derecho de saber quiénes idearon y ordenaron estos crímenes, y así colocar a cada uno en el lugar que le corresponde en la historia.

En el caso de los GAL, es necesario que podamos incorporar a nuestra propia memoria colectiva lo que fue verdaderamente aquella organización y quiénes fueron los responsables de los asesinatos, verdaderas ejecuciones extrajudiciales, y de la ruptura del sistema de garantías y derechos que son universalmente reconocidos para cualquier ciudadano.

Esta es la mejor forma de cerrar la herida abierta, cada hecho esclarecido será un punto de sutura, cada hecho impune, un riesgo para cada uno de nosotros.

22 MUERTES SIGUEN SIN JUZGARSE

En abril se celebró la vista contra el que fuera jefe superior de Policía de Bilbao, acusado de haber financiado en 1986 los ametrallamientos de dos bares en el sur de Francia, que dejaron seis heridos graves (entre ellos dos niñas). El sumario había sido concluido hacía más de 12 años pero estuvo varios años “traspapelado” en la Audiencia Nacional. En ese contexto, Eusko Alkartasuna y Aralar presentaron en el parlamento vasco una proposición no de ley para que fuera reconocida “justicia, reparación y verdad” a las víctimas del GAL y los grupos de extrema derecha, e instaba al Gobierno español y al Poder Judicial a reabrir los procedimientos judiciales. Los votos de PSE, PP y UPyD lo impidieron. En el debate, se recordó que ni uno solo de los pocos condenados por los GAL sigue encarcelado y que han sido indultados. Todavía quedan sin juzgar 22 muertes causadas por los GAL.

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